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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que este martes encargó la redacción del decreto para excarcelar antes del 15 de septiembre, a presos que lleven 10 años sin sentencia, personas torturadas, mayores de 75 años y a mayores de 65 años con enfermedades degenerativas.

“Tiene que entrar en vigor pronto y tenemos que tener resultados antes del 15 de septiembre. Están trabajando en ello”, dijo el mandatario en Palacio Nacional.

Recordemos que el presidente anunció la semana pasada su intención de llevar a cabo esta excarcelación, puesto que, según dijo, el 43% de los 220,000 reos del país están en prisión preventiva sin sentencia.

López Obrador dijo que este martes pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que “preparara el decreto”.

El mandatario enfatizó que se buscará excarcelar a cuatro tipo de reos: los que lleven más de 10 años sin sentencia, los que tengan más de 75 años, los que tengan más de 65 años y sufran alguna enfermedad crónica degenerativa, y los que “fueron víctima de tortura”.

Los beneficiarios de la excarcelación no podrán ser presuntos responsables de “delitos de sangre graves”, aclaró el mandatario.

Al ser cuestionado, el mandatario reconoció que no se tiene un cálculo definido del número de presos que podrían beneficiarse de esta medida.

“Va a haber un procedimiento pero hay que esperar a cómo se va a elaborar el decreto y si necesitamos contar con el apoyo del Poder Judicial”, añadió AMLO.

Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el gobierno federal en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, con el objetivo de reducir la demanda en las cárceles.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó en marzo pasado una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios federales, de un total 288, es decir, 60% del total.

El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de la minuta por la que se expide la Ley de Amnistía, argumentando que con su aproJbación en este momento, se ayudará a “descongestionar” los centros penitenciarios y así disminuir el contagio de Covid-19 al interior de los reclusorios.

El proyecto de decreto fue aprobado, en lo general y los artículos no reservados, con 68 votos en favor, 14 en contra y dos abstenciones.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, remitió el documento al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, es decir, para que el presidente López Obrador lo promulgue.

El dictamen señala que muchas de las conductas que mantienen privadas de su libertad a aquellos que las cometieron, no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni pone en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir.

“Dicho en otras palabras y de manera contundente, la amnistía reconoce que las cárceles del país hay personas que pudieran ser inocentes o podrían haber compurgado su pena en libertad”, se resalta en el texto.

Uno de los objetivos principales que resaltó la bancada de Morena es que el proyecto de decreto es reinsertar al tejido social a diversos grupos que sufren de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, así como por su situación de pobreza, como es el caso de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron una defensa adecuada.

El proyecto decreta amnistía en favor de mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales.

Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.

Se aclara que la amnistía se aplicará para dichos casos, cuando las personas no sean reincidentes, respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y siempre que los ilícitos mencionados se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto.

Respecto del tema del aborto, se favorecerá a la madre del producto del embarazo interrumpido, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, cuando la conducta delictiva se haya realizado sin violencia y con el consentimiento de la madre.

En cuanto a los delitos contra la salud, la amnistía será procedente cuando la persona que los cometió se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, tenga discapacidad permanente, o el ilícito lo haya realizado por indicación de su pareja sentimental, pariente consanguíneo, por temor fundado, o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada.

La ley aplicará para las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores, hasta en dos tantos, a la dosis máxima de consumo personal, y cuando no haya sido con fines de distribución o venta.

Respecto al robo simple y sin violencia, se implementará el ordenamiento cuando no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.

La Ley de Amnistía será procedente en cuanto al delito de sedición, cuando se haya invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas, con el propósito de alterar la vida institucional. No aplicará la ley cuando se trate de terrorismo o haya causado privación de la vida, lesiones graves a otra persona o utilizado armas de fuego.

El dictamen indica que no se beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.

Finalmente, se señala que podrían beneficiarse a más de dos mil 600 personas con la Ley de Amnistía.

El senador Damián Zepeda del PAN, mostró su rechazo a la propuesta, a la cual calificó como un “capricho de Morena”. Además, lamentó que la sesión no se convocará para aprobar un plan de rescate económico emergente y de apoyo a la salud de los mexicanos.

Por su parte Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, lamentó que en la sesión de ayer se haya “limitado la agenda” y no se atendiera la crisis en México ni se trabajara ara establecer un plan integral que salve vidas, detenga el deterioro de la economía o mitigue los efectos de la pandemia de coronavirus.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, dijo que se trata de un dictamen muy importante y más ahora en tiempos de la pandemia. Es un acto de humanidad para que aquellas personas, que no obstante haber cumplido el 50 por ciento de su pena y tener buena conducta, no pueden salir por su situación de pobreza o por haber sido víctimas de extorsión, puntualizó.

Senadoras y senadores de Morena, PAN, PT y Movimiento Ciudadano presentaron diversas propuestas de modificación; sin embargo, fueron rechazadas por la mayoría del Pleno. El dictamen fue aprobado, en lo particular y en sus términos, con 63 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones.

El gobierno local informó que durante las primeras horas de este miércoles, se realizó el traslado de 140 personas privadas de la libertad de diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México a centros federales.

El Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruíz Ortega, informó que se organizó el operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y en coordinación con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Explicó que las personas trasladadas cuentan con perfiles de alto riesgo; aclaró que los movimientos son por seguridad institucional y para reforzar la gobernabilidad de los centros penitenciarios locales.

Detalló que los traslados se hicieron desde seis centros locales: del reclusorio oriente 35 personas, del reclusorio norte 17, de la Penitenciaría 34, del módulo Diamante 18, del CEVASEP I fueron 13  y del CEVASEP II 23.

La Corte de Casación de Italia rechazó este martes la demanda de las autoridades mexicanas sobre la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, argumento las deficiencias del sistema penitenciario mexicano.

Según reporta el diario Reforma, los magistrados italianos basaron su decisión al considerar que el gobierno mexicano no cuenta con las condiciones necesarias para la extradición de Yarrington, debido a una situación crónica, constante y sistemática de violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país.

El alegato fue hecho por la defensa del político, quien dijo que había un riesgo para su cliente debido al trato inhumano y degradante que se vive en las prisiones mexicanas.

Tras su resolución, pasó a manos del ministro del ramo, Andrea Orlando, la decisión de extraditar al político a Estados Unidos, país que también ha reclamado al mexicano para juzgarlo por narcotráfico.

Sin embargo, la situación política italiana surgida tras las elecciones del pasado 4 de marzo, que no han permitido la formación de un nuevo gobierno, impide que el ministro Orlando tome la eventual decisión en contra del político mexicano.

 

Con información de Reforma y Notimex / Foto: Archivo APO