El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, el dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación, para sancionar a quienes con fines de lucro interrumpan el tránsito.
Se estableció que habrá penas de tres meses hasta siete años de prisión, así como sanciones económicas que van de los 65,160 a los 86,880 pesos, a quienes tomen casetas y pidan dinero a los automovilistas.
Con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, se avalaron en lo general las reformas al artículo 533 y la adición de un artículo 533 Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que garantizan la seguridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y abonan a resguardar los recursos del erario público.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el diputado del PAN Víctor Manuel Pérez Díaz, precisó que la intención es brindar mayor certeza jurídica y garantizar el Estado de derecho en las vías generales de comunicación.
Mencionó que se sancionará a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en algunos de ellos, con afanes de lucro.
Indicó que el bloqueo en las casetas de cobro afecta “a que mercancías de primera necesidad no lleguen a su debido tiempo; en casos extremos paraliza la actividad económica, incrementa los precios de algunos productos y pone en riesgo la integridad y la seguridad de los usuarios de las mismas”.
El diputado precisó que en los hechos, se han visto en bloqueos a las vías generales de comunicación a personas que son seudomanifestantes.
Los bloqueos, añadió, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va del presente año, originaron pérdidas sectoriales cercanas a los siete mil millones de pesos; esto representa un golpe a las finanzas del Estado mexicano.
Recordó que los bloqueos a las vías férreas se han incrementado 119% respecto a 2019, y en promedio su duración es de 12 días.
Se busca que quien interrumpa la prestación de servicios u operación de carreteras, vías férreas y aeropuertos se les imponga un castigo.
El diputado Víctor Manuel resaltó que el bloqueo de los servicios de peaje es un negocio inmenso, “es un nuevo huachicoleo; en promedio, grupos delincuenciales obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas. En casetas con mayor afluencia como la de Tlalpan, en la Ciudad de México, puede ser por arriba del millón de pesos”.
Los diputados precisaron que no se criminaliza la libre manifestación y anunció que se presentará una reserva para reforzar el respeto a las garantías constitucionales, establecidas en la Carta Magna, en donde se mantienen las penas como se encuentran actualmente a la ley vigente.
