Nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados este lunes a penas que alcanzan los 13 años por el fracasado intento de secesión de 2017.
En la sentencia del Tribunal Supremo, el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, recibió 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el máximo tribunal en Madrid.
Otros ocho independentistas, en algunos casos encarcelados desde hace casi dos años, recibieron condenas de 9 a 12 años de prisión por sedición, y algunos por malversación. Entre los condenados figura la ex presidente del parlamento catalán, Carme Forcadell, sentenciada a 11 años y medio.
Después del anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo, decenas de catales salieron a las calles para manifestar su rechazo a la decisión.
Romeva, Turull i Bassa, les segones penes més altes amb 12 anys de presó per sedició i malversació https://t.co/1UrXNZNTGS #SentènciaProcés pic.twitter.com/xp09ST0Zfk
— 324.cat (@324cat) October 14, 2019
Los jueces descartaron la acusación de rebelión elevada por la fiscalía, que había solicitado 25 años de prisión contra Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Carles Puigdemont, expresidente catalán huido en Bélgica.
Junqueras aprovechó el fallo para llamar a la movilización, en una carta publicada en la web de su partido: “Volveremos, y volveremos más fuertes (…) no tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos”.
Además de Junqueras y Forcadell fueron condenados el expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixar, 9 años para cada uno) y cinco antiguos ministros regionales.
Los tres restantes condenados son exmiembros del gobierno catalán de Puigdemont, que estaban en libertad condicional y fueron condenados cada uno a una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia.
Los doce fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación ilegal, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una “República catalana” que nunca se materializó.
Poco después de conocerse la sentencia, el Supremo emitió una nueva orden internacional de detención contra Puigdemont, por sedición y malversación de fondos.
