Ana Paula Ordorica
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2021, el año más violento para los defensores del medio ambiente en México

Al menos 25 defensores del medio ambiente fueron asesinados en México durante 2021 y el total de agresiones de diversos tipos fue de 238, reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Con estas cifras, el 2021 se apuntó como el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014, fecha en que el CEMDA elaboró su primer informe.

En el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que anualmente elabora la ONG, se informó que en 2021 “el número de personas defensoras asesinadas fue de 25, es decir, 7 casos más que en 2020”.

Los estados de Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos fueron las entidades con el mayor número de agresiones letales en contra de personas defensoras.

En el reporte se precisó que en el periodo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 ocurrieron, al menos, 108 eventos de agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

“Cabe señalar que en un evento de agresión se pueden perpetrar varias agresiones de diversos tipos, por lo cual, el número total de éstas fue de 238. Esto significa que el número de eventos de agresión se incrementó en un 66.15% y las agresiones aumentaron 164.44% respecto al año 2020”, indicó la organización.

Según CEMDA, la agresión más común fue la intimidación con 65 registros (27.31% del total), seguida por el hostigamiento con 36 registros (15.13%), las amenazas con 31 registros (13.03%), las agresiones físicas con 24 registros (10.08%) y los homicidios con 22 registros (9.24%), entre otros.

“En cuanto a los homicidios, por tercer año consecutivo se registró un aumento en el número de personas defensoras ambientales asesinadas”, señaló el reporte.

De esta manera, el año 2021 se ubica como el segundo lugar en agresiones letales desde el inicio de la labor de investigación del CEMDA (2014), solo por detrás de las 29 personas defensoras víctimas de homicidio registradas en el 2017.

La ONG expuso que “al menos 58 personas defensoras ambientales han sido asesinadas en lo que va de la actual administración federal”, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien llegó al poder el 1 de diciembre de 2018.

Entre los estados con el mayor número de ataques letales, el primer lugar lo ocupa Oaxaca, donde se contabilizó un total de 8 personas defensoras asesinadas durante el 2021, de las cuales 2 se tratan de probables ejecuciones extrajudiciales.

Expuso que el caso que destaca por la violencia que lo rodea es el de Paso de la Reina, comunidad de personas chatinas, mixtecas y afromexicanas que, desde hace décadas resiste ante la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del Río Verde.

Durante 2021 en dicha comunidad fueron asesinados en el marco de dicho conflicto Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, Jaime Jimenez Ruiz, Manuel Cartas Pérez, Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández.

Le siguen los estados de Guerrero, Sonora y Morelos con el mayor número de agresiones letales después de Oaxaca. En Guerrero se documentaron cuatro asesinatos (Isaías Elacio Palma, Carlos Marqués Oyorzábal, Marco Antonio Arcos y Ramiro Ventura Apolonia).

Sonora registró también cuatro asesinatos (José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega, Luis Urbano Domínguez Mendoza y Tomás Rojo Valencia), los dos últimos pertenecientes a la comunidad indígena Yaqui, y en Morelos se registraron tres homicidios (José de Jesús Sánchez García, RodrIgo Moralez Vázquez y Alejandro García Zagal).

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En 2020 se mantiene la violencia contra personas defensoras de los DDHH ambientales

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó este miércoles el “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2020”, el cual indica que 2020 fue uno de los años más violentos de la última década.

Se indica que 18 defensores ambientales en nuestro país fueron asesinados, mientras que se registraron 65 ataques y un total de 90 agresiones.

Las agresiones incluyeron ocho ataques vinculados con la oposición al Tren Maya, proyecto prioritario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La violencia registrada en 2020 contrasta con las 39 agresiones registradas en 2019, de las que un tercio fueron homicidios, señaló el CEMDA.

Desde su primer informe, la organización ha reportado 460 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente en el periodo de 2012 a 2018.

“Luego de ocho años de registro y documentación, CEMDA constata que prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio”, indicó el documento.

Además de ser es el país más peligroso para el periodismo del hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), organizaciones internacionales sitúan a México como uno de los más peligrosos para activistas ambientales y defensores de derechos humanos.

El CEMDA reportó el mayor incremento de agresiones en los estados de Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz. Casi la mitad de las agresiones fueron contra defensores del sector forestal e inconformes con proyectos de vías de comunicación.

Más allá del Tren Maya, el informe documentó tres agresiones relacionadas con la carretera en San Francisco Xochicuautla, Estado de México; tres por la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México, y tres más de construcciones de carreteras en diferentes estados.

“En menor porcentaje, se cometieron agresiones en el sector de la minería, la industria eléctrica y el turismo, entre otros”, añade el informe.

La agresión más frecuente, por segundo año consecutivo fue el homicidio, seguido de las amenazas, la intimidación, la criminalización, el hostigamiento, las lesiones físicas, la desaparición, el uso indebido de la fuerza pública, el robo, el desalojo forzoso, el secuestro, y el allanamiento.

Pero la organización también denunció la difamación y la estigmatización de parte de autoridades federales. En el 40% de los casos el agresor registrado fue presuntamente un agente del Estado y en 4.6% fue alguna empresa privada.

La asociación criticó que el actual gobierno ha dejado sin recursos al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y eliminó el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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