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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desmintió la nota periodística publicada por el diario Reforma, en donde aseguraron que se le exigió a los jueces no criticar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclarando que se trata de una nota falsa, pues cada juzgador cuenta con la autonomía de emitir sus sentencias.

Lo anterior, luego de que el medio asegurara que la magistrada Claudia Mavel Curiel López comunicó a sus homólogos que, por instrucciones de la presidencia de la Corte, los jueces debían evitar críticas y comentarios públicos contra el mandatario federal, pues de lo contrario serían sujetos a procedimientos administrativos de responsabilidad.

A través de un comunicado, el CJF indicó que no ha emitido señalamiento alguno en ese sentido ni cuenta con las facultades para hacerlo. Agregó que Reforma no buscó que emitiera una postura al respecto, además de que su función es encargarse de que los jueces federales cuenten con las herramientas necesarias para emitir sentencias con plena autonomía que estas sean acatadas.

Asimismo, destacó que la postura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar que a su vez preside el CJF, es pública: “El poder judicial de la Federación es un contrapeso constitucional que se hace efectivo a través de las resoluciones de sus juzgadores. Su función no está en la arena política partidista, sino en la actividad jurisdiccional; es decir dictando sentencias con apego a la Constitución”.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detalló el fallo del juzgado donde se rechazó la admisión de la hipoteca de una propiedad de Diego Fernández de Cevallos ya que no cubre con la fianza que necesita Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora para salir de prisión, pues necesita la cantidad de 100 millones de pesos para alcanzar la libertad.

“Pues si bien el fedatario público que la constituyó otorgó al predio el valor de 402 millones 825 mil pesos, ello lo hizo con base en un avalúo en el que, lo que se determinó, fue el valor comercial y no el exigido por la ley procesal penal”, indicó el CJF.

Según el diario Reforma, el CJF publicó el pasado 21 de diciembre que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México determinó que la escritura antes mencionada no cumple con los requisitos señalados en el artículo 405 del Código Federal de Procedimientos Penales.

“Tampoco señala que la hipoteca deba cubrir la reparación del daño a cuyo pago pudiera condenarse al procesado. En caso de controversia, erróneamente sujeta a las partes a la jurisdicción de los tribunales locales, pues es el fuero federal al que le corresponde conocer y resolver los conflictos que se susciten”, señaló la Judicatura.

En este juzgado es donde se lleva a cabo el proceso penal contra Padrés por la supuesta defraudación fiscal que asciende a 70 millones 415 mil 367 pesos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó al Consejo de la Judicatura Federal entregar los testimonios grabados de Mario Aburto Martínez, asesino del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y de Othón Cortez, involucrado en el caso.

“Se instruyó al Consejo de la Judicatura Federal entregar los vídeos y grabaciones de audio de los careos que sostuvo Othón Cortez Vázquez con Mario Aburto y otros testigos como parte de la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio”.

En un comunicado, el INAI informó que “en el pleno ha quedado de manifiesto el interés de la sociedad mexicana de conocer la verdad, así como la investigación y los elementos de prueba de la autoridad de procuración de justicia”, manifestó.

Y es que, un particular solicitó los vídeos y las grabaciones de audio de los careos del 26 y 29 de mayo y del 1 de junio de 1995 entre Othón Cortez Vázquez y Mario Aburto Martínez. Así como los careos del 26 y 29 de mayo de 1995 entre Othón Cortez Vázquez y un testigo.

Luis María Aguilar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ordenó a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas iniciar una indagatoria contra el magistrado Adolfo Serrano Ruiz, quien en redes sociales es identificado como #LordMinistro.

Y es que, el magistrado de un Tribunal en Veracruz fue exhibido en fotografías mostrando su colección de relojes de alta gama, automóviles de lujo y su afición por los habanos.

En relación a estas publicaciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió la indagatoria que permita esclarecer la consistencia de sus ingresos y su situación patrimonial.

De acuerdo con las autoridades, esta indagatoria no prejuzga la situación del magistrado, pero advirtieron que de encontrar anomalías en sus ingresos, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes que, en un extremo, podrían derivar en su destitución.

El caso salió a la luz, luego de que usuarios de redes sociales criticaron al magistrado por presumir sus excesivos lujos, tras lo cual, Serrano eliminó sus cuentas de Instagram y Twitter, en las que se identificaba como @the_cigar_magistrate y @Dadyserrano, respectivamente.

El magistrado Francisco Arcovedo Montero tiene a 14 familires trabajando en juzgados y tribunales en Campeche, lo que lo tiene bajo la mira del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Y es que, de acuerdo con una investigación que se le sigue, de la cual da cuenta el diario Reforma, el titular del Primer Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito colocó a tres hijos, tres sobrinos, la ex esposa, dos yernos, un compadre, dos comadres y el esposo e hijo de una de las comadres.

El rotativo señala que si bien son 14 los cercanos al magistrado, el CJF ha resuelto que sólo por dos de estas contrataciones se puede iniciar un procedimiento de responsabilidad y, eventualmente, sancionar a Arcovedo Montero.

Según los datos, fue el 31 de octubre, cuando el Pleno del CJF dio entrada al procedimiento contra el magistrado, así como contra los jueces de Distrito Adrián Novelo Pérez y Miriam Cámara Patrón, adscritos en Campeche y Yucatán.