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México rechazó por primera vez autorizar una nueva variedad de maíz transgénico, en una señal de que el gobierno federal está endureciendo su posición en torno a los cultivos modificados genéticamente.

A finales de agosto, la Cofepris rechazó un permiso para una nueva variedad de maíz transgénico solicitada por la empresa farmacéutica y de cultivos alemana Bayer, según datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

La Cofepris determinó que la nueva variedad de semilla estaba diseñada para tolerar el glifosato, añadiendo que consideraba peligrosa la sustancia ampliamente utilizada, y dijo que su rechazo se basaba en un “principio de precaución”, según los datos.

El presidente del CNA, Juan Cortina, dijo en entrevista con la agencia Reuters que los importadores mexicanos de maíz comenzarán a sentir el impacto del rechazo a la brevedad. “Ahí hay ya un primer obstáculo, que no es inmediato, pero que ahí va a venir”, dijo, añadiendo que existen otros siete permisos pendientes de semillas de maíz transgénico que llevan entre 14 y 34 meses esperando resolución. Consideró que la decisión viola el acuerdo comercial de América del Note, el TMEC.

Mientras que organismos reguladores de todo el mundo han determinado que el glifosato es seguro, en junio del año pasado Bayer se comprometió a pagar 9,600 millones de dólares para resolver alrededor de 100,000 demandas, al tiempo que negaba las reclamaciones de que el herbicida causara cáncer.

En el pasado, el gobierno federal aprobó unas 90 variedades de maíz transgénico para su importación, entre casi 170 autorizaciones totales de semillas genéticamente modificadas, incluyendo algodón y soya. Pero bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Cofepris no ha aprobado ninguna semilla transgénica.

El año pasado, México importó más de 16 millones de toneladas de maíz de proveedores estadounidenses, casi todo cultivado a partir de variedades transgénicas. México es autosuficiente en producción de maíz blanco, que se utiliza para hacer tortillas, el alimento básico, pero depende en gran medida de las importaciones de maíz amarillo, tanto para la alimentación de ganado como para numerosos usos industriales, como la fabricación de cereales y salsas.

Recordemos que López Obrador emitió un decreto a finales del año pasado que pretende prohibir para 2024 tanto el glifosato como el maíz transgénico para consumo humano, pero aún existe confusión sobre si la prohibición se aplicaría también al grano destinado a alimentación de ganado o a la demanda industrial.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifestaron su desacuerdo con el acuerdo alcanzado entre representantes de la Iniciativa Privada y el gobierno federal en material de subcontratación.

Indicaron que la iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende limitar la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales.

Advirtieron que su aprobación en los términos en que se encuentra ahora dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”, indicaron.

Enfatizaron que rechazan que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, y por el contrario, señalaron que la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit  y el IMSS, en sus actividades de fiscalización.

Aunque mostraron su desacuerdo, indicaron que están a favor de las prácticas legales que favorezcan la creación de empleos y promuevan a inversionistas con dimensión social, por ello dijeron que resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de las malas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos por una absoluta minoría.

Reiteraron su disposición al diálogo para lograr un acuerdo que reconozca y vaya en el sentido de su posición Regulación sí, Prohibición no.

“Este diálogo debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses”, señalaron.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) emitió un posicionamiento respecto a que a partir de este martes, Estados Unidos impondrá un arancel del 17.5% a las importaciones de jitomate mexicano, ya que no se renovó un acuerdo que suspendió una investigación antidumping estadounidense.

El organismo indicó que los productores mexicanos de tomate no pagarán la cuota compensatoria del 17.5% a las exportaciones que se realicen a Estados Unidos, en tanto que no exista una notificación del Departamento de Comercio de dicho país sobre la conclusión del Acuerdo de Suspensión de tomate mexicano vigente desde 2013.

Recordó que el pasado 6 de febrero, el Gobierno de Estados Unidos notificó a México su intención de dar por concluido el Acuerdo mencionado en un plazo de 90 días, el cual vence hoy y por lo cual se informó sobre el nuevo arancel.

Sin embargo, dijo el CNA, “aun no existe una notificación formal por parte del Departamento de Comercio y la conclusión del plazo no impide que continúen las negociaciones bilaterales”.

El Consejo Nacional Agropecuario confió en que se logre un nuevo Acuerdo en el corto plazo, para evitar un efecto negativo en una industria que exporta más de dos mil millones de dólares y genera más de 400 mil empleos en el país.

Aclaró que, en el caso que se lograse un acuerdo, se otorgará un plazo para la entrada en vigor por 30 días; ese periodo los productores mexicanos deberán pagar un 17.5% de cuota compensatoria misma que se reembolsaría una vez entrando en vigor el nuevo acuerdo.