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En medio de una caótica sesión en la que hubo golpes, empujones, bombas de humo y hasta una manifestación, el Congreso del estado de Nuevo León designó la noche de ayer al gobernador interino en reemplazo de Samuel García.

Recordemos que el emecista solicitó licencia al cargo para buscar la presidencia con Movimiento Ciudadano a las elecciones presidenciales del próximo año.

El Congreso se instaló en sesión para poder hacer el nombramiento; sin embargo, las tensiones escalaron cuando decenas de manifestantes, algunos con el rostro cubierto, y presuntamente simpatizantes de MC, entraron por la fuerza al recinto.

Al grito de “¡Vendidos!” y entre empujones y golpes, los manifestantes se concentraron en los pasillos de la cámara donde se lanzaron gases, lo que obligó a interrumpir temporalmente la sesión, según videos difundidos en redes sociales.

Dirigentes de Movimiento Ciudadano y de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que controlan el congreso estatal y son adversarios de García, se culparon mutuamente de los actos violentos.

La sesión se reanudó tras los incidentes pues los diputados contrarios a García insistían en que debía ser designado el gobernador interino, algo que MC quería aplazar. Así, los opositores eligieron por 25 votos a favor al vicefiscal estatal, Luis Enrique Orozco Suárez, para el cargo, ignorando a los cuatro candidatos propuestos por el propio García, quien dijo, eran de su movimiento y darían continuidad a su proyecto,.

Y es que García regresó a la gubernatura el pasado martes, de la cual se había separado para irse al arranque de su precampaña. Su regreso, de pisa y corre, obedecía a que la licencia que se le concedió fue de seis meses, y si rebasaba este tiempo, el Congreso estaba facultado a convocar a elecciones extraordinarias, algo que pondría en riesgo su eventual regreso.

Previo al nombramiento de Orozco, el precandidato de Movimiento Ciudadano anunció que si el PRI y el PAN elegía un gobernador que no cumpliera las condiciones establecidas por jueces federales, presentaría un recurso judicial para detener la designación.

“Que voten lo que quieran. En el tribunal les voy a ganar”, advirtió García. Y es que compartió una sentencia en la que se ordenaba a los legisladores locales hacer el nombramiento por consenso y unanimidad, y respetando el mandato constitucional que le otorgó el triunfo a MC en el 2021.

Samuel García, de 35 años, se registró este mes como precandidato del partido naranja para competir junto a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez en los comicios presidenciales de junio de 2024. Sin embargo, no quiere arriesgar su posición como gobernador. ¿Qué sigue para García? En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con José Antonio Crespo sobre el tema.

El Congreso español reeligió este jueves como presidente del Gobierno al líder socialista, Pedro Sánchez, con 179 votos a favor de su investidura, tres más de la mayoría absoluta necesaria, de un total de 350 diputados.

Sánchez recibió el apoyo de los partidos de izquierdas, independentistas, nacionalistas y regionalistas con los que alcanzó acuerdos tras ser propuesto como candidato por el rey Felipe VI el pasado 3 de octubre.

Antes de la votación, el líder socialista reivindicó la plena legitimidad de su investidura e instó al conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, ganador de las elecciones de julio, a que asuma su derrota.

Recalcó que su Gobierno es plenamente constitucional al residir en el Parlamento la representación de los españoles.

Un Gobierno que, recordó, tiene un poder sólo limitado por las leyes y el mandato temporal que conlleva.

“La democracia solo es posible si se acepta esa derrota temporal y limitada. Así es la democracia parlamentaria y así debe seguir siendo si queremos preservar nuestra convivencia libre y pacífica”, sostuvo Sánchez.

Tras dos tensas sesiones de investidura, marcadas por la aprobación de la amnistía a los independentistas catalanes, Sánchez logró la reelección para su tercer mandato como presidente del Gobierno español, donde deberá mantener un complejo equilibrio con todas las formaciones que le apoyaron.

La presidenta del Congreso español, la socialista Francina Armengol, comunicará este jueves al rey de España, Felipe VI, el resultado de la votación de investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para cumplir con el artículo 99 de la Constitución española, Armengol comunicará al monarca español la confianza que ha otorgado la Cámara al candidato y que Felipe VI lo nombrará presidente.

Este nombramiento se publicará previsiblemente mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), día en el que con mucha probabilidad Sánchez tomará posesión de su cargo ante el rey.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad, la designación del gobernador interino realizada por el Congreso del Estado de Nuevo León, José Antonio Salinas Garza, al considerarlo inelegible.

El pasado 25 de octubre el Congreso de Nuevo León le otorgó a Samuel García, gobernador de dicha entidad, una licencia temporal para separarse del cargo debido a sus aspiraciones políticas.

Sin embargo, como gobernador interino, el Congreso nombró a José Antonio Salinas Garza, magistrado con licencia del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Tan pronto hizo dicho nombramiento y el funcionario realizó la toma de protesta correspondiente, la Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado admitió una controversia constitucional local y en ella se ordenó la suspensión del acto impugnado dejando vigente el nombramiento del gobernador interino.

Eso no dejó conforme a Samuel García y su equipo jurídico, quien insiste en que Javier Navarro Velasco, su actual secretario general de Gobierno, debe ser el responsable de la oficina ante su ausencia. Por ello , el aún gobernador acudió a la Sala Superior del TEPJF.

A propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, previo reconocimiento de la competencia del Congreso local de nombrar al gobernador interino, la Sala Superior revocó el nombramiento del magistrado con licencia como gobernador interino.

Los magistrados determinaron que existe una prohibición expresa, prevista en la Constitución local, consistente en que las magistraturas del Poder Judicial local y las personas servidoras públicas del estado están impedidas para ocupar cualquier cargo en el gobierno, lo cual es consistente con el artículo 116 de la Constitución federal, que prevé el sistema de separación de poderes a través del cual se garantizan los principios de independencia, autonomía, certeza e imparcialidad, que son necesarios para el desarrollo de las funciones de gobierno.

Sin embargo, se validó que el Congreso local tiene la facultad para hacer el nombramiento de la persona que ejercerá la gubernatura de forma interina, por lo que pese a lo que señala Samuel García, serán los legisladores del estado, que dominan el PAN y el PRI, quien nombren a quien lo reemplazará a partir del 2 de diciembre próximo, fecha en que surte efecto su licencia.

Todo este problema político en Nuevo León se da debido a la intención de Samuel García de buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano en el 2024.

No lleva ni diez años de haber ingresado a la política y García quiere ser ser Presidente.  Lo que llamada la atención es que realmente busca la silla presidencial o solo servirá de herramienta al presidente López Obrador como un factor de división en el voto opositor.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político, sobre las aspiraciones políticas de Samuel García.

Derivado de la licencia solicitada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien busca la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió dos controversias relacionadas con los nombramientos de quien sería el gobernador interino.

La licencia que presentó el emecista, y que fue concedida por el Congreso local, le permite separarse temporalmente del cargo a partir del 2 diciembre próximo, aunque el aún gobernador ya comenzó con actividades relacionadas a su aspiración política.

Al respecto, se presentaron dos controversias; la primera por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, quien demandó la invalidez de la designación del Gobernador Interino que recayó en el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa.

La segunda, la presentó el Congreso del Estado, que demandó la invalidez de un acuerdo del Gobernador en el que designó a su Secretario General de Gobierno como encargado del despacho del Poder Ejecutivo local.

Ambas controversias fueron admitidas por la SCJN, y el ministro Javier Laynez determinó conceder la suspensión en tanto se resuelve de fondo el asunto.

  1. Queda sin efecto la designación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado como Gobernador interino y la toma de protesta respectiva.
  2. Queda sin efecto el acuerdo emitido por el Gobernador respecto a la designación del encargado del despacho durante su licencia.

El ministro indicó que la decisión tiene el objeto de no poner en riesgo el principio de separación de poderes previsto en los artículos 49 y 116 de la Constitución Federal.

Por otro lado, se negó otorgar una suspensión en el sentido de que el Congreso se abstuviera de llevar a cabo cualquier designación; es decir, que quedan a salvo las facultades del Poder Legislativo local para designar al Gobernador interino de dicha entidad.

Así, la determinación implica que el Congreso estatal será quien designe al nuevo mandatario interino.

La solicitud de licencia que presentó Samuel García para separarse del cargo ha generado una crisis política en Nuevo León.

Y es que el Congreso del Estado aprobó la solicitud que el gobernador presentó para separarse del cargo por un periodo de seis meses, con el fin de buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, además de autorizarle separarse del cargo, el Congreso nombró a José Arturo Salinas Garza como gobernador interino de la entidad.

El también presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, rindió protesta al cargo el pasado miércoles, a pesar de que su gestión iniciaría hasta el próximo 2 de diciembre, cuando entre en vigor la licencia de Samuel García.

En la solicitud de licencia que presentó, Samuel García propuso a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, como gobernador interino.

Eso generó reacciones de García y de diversos liderazgos de MC. El gobierno estatal rápidamente dijo que impugnará el nombramiento de Arturo Salinas pues asegura que está imposibilitado para ocupar el cargo.

Samuel García calificó el nombramiento como algo ilegal. Llamó “payasos y cabrones” a los legisladores tras el nombramiento que hicieron. Les pidió “ponerse a jalar”.

“Yo con lo del Segundo Informe y viendo este circo, ¿qué es esto? y a parte inelegible el vato (Arturo Salinas) es el Poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una persona, ya te exhibiste, ya puede ser hasta el rey el Poder Judicial, (ser) el Ejecutivo y Legislativo y hasta el de Metrorrey, que maneje los camiones, ¡no saca una ‘chingada’ sentencia y quiere manejar el estado!”, cuestionó en un evento.

Arturo Salinas asumió como presidente del Tribunal Superior de Justicia el pasado 1 de agosto de 2023, cargo que habrá de concluir el 31 de julio de 2025. Por esta razón, el funcionario también solicitó licencia al cargo para asumir el interinato de la gubernatura.

El dictamen que fue aprobado en el Congreso local refiere que Salinas Garza estará al frente de la gubernatura será del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue uno de los primeros en reaccionar a lo que sucede en Nuevo León.

El compañero de partido de García dijo que lo que hizo el Congreso de Nuevo León “es una vergüenza”, criticando el actuar de las dirigencias nacionales del PRI y el PAN. Dijo que eso muestra que no son confiables para que haya un frente opositor serio.

“Yo he sido de los que han levantado la voz para decir que este país necesita un frente opositor, pero cuando ves esas acciones te das cuenta de lo que son y del daño que le han causado a estos partidos las dirigencias nacionales que tienen, que son de vergüenza, porque todo eso es una muestra de la manera en que hacen política (…) Markito y compañía, Alitos, dan pena ajena”, declaró el gobernador de Jalisco.

En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, presentó una demanda de juicio político contra Arturo Salinas, por usurpación de funciones, atribución ilegal de facultades y por violar la Constitución, al rendir protesta como gobernador interino de Nuevo León.

Álvarez Máynez afirmó que una persona que viola así flagrantemente la Constitución no puede conducir el Poder Judicial de un estado, además, “ha demostrado un interés partidista, ha demostrado un sesgo en sus resoluciones y no podemos permitir este golpismo de buitres que está sucediendo en Nuevo León”.

El emecista aclaró que en Nuevo León no hay vacío, ya que tiene un gobernador constitucional legítima y legalmente electo en las urnas por la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas; “el PRI y el PAN no se pueden abrogar el derecho de apropiarse de una gubernatura y mucho menos de ponerla en manos de quien también preside el Poder Judicial”.

Consideró que se trata de “una de las peores trapacerías jurídicas en la historia de la República, en la historia contemporánea”.

Quien también respaldó a Samuel García fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró su apoyo al gobernador.

“Yo apoyo a Samuel porque es el gobernador de Nuevo León”, declaró ayer el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Por segundo día consecutivo, Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) volverán a manifestarse este martes en 18 puntos de la capital, correspondientes a los centros de trabajo que tienen, para exigir se respeten sus derechos laborales, esto ante la iniciativa que se discute en el Congreso sobre la extinción de 13 fideicomisos.

Y es que los trabajadores aseguran que con la desaparición de los fideicomisos que Morena y partidos aliados impulsan, se verán afectados sus salarios y prestaciones. Desde ayer convocaron a un paro de labores.

Alrededor de 54 juzgados y tribunales federales suspendieron sus labores de manera oficial en la Ciudad de México, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores del PJF y el Colegio de Secretarios y Actuarios, replicaron el paro en el resto de las entidades del país.

Las protestas que afectarán la circulación y colapsarán vialidades centrales este martes, son las siguintes:

1.- San Lázaro (Eduardo Molina No. 2, Col. Del Parque)
2.- Instituto de la Judicatura Federal (Sidar y Rovirosa No. 236, Col. Del Parque)
3.- Edificio sede en Insurgentes Sur (Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel).
4.- Edificio Prisma (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel)
5.- Edificio Florida (Av. Insurgentes Sur No. 1888, Col. Florida)
6.- Edificio Ajusco 170 (Picacho Ajusco No. 170 Col. Jardines en la Montaña)
7.- Edificio Ajusco 200 (Picacho Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña)
8.- Edificio Reclusorio preventivo Norte (Jaime Nunó No. 175, Col Cuautepec Barrio Bajo Zona Escolar)
9.- Edificio Reclusorio preventivo Sur (Circuito Antonio Martínez Castro y Javier Piña y P, ubicado en Col. San Mateo Xalpa)
10.- Almacén General Antiguo (Antiguo Camino Culhuacán No. 202, Col. Santa Isabel Industrial)
11.- Edificio Anexo Revolución (Av. Revolución No. 1886, Col. San Ángel)
12.- Edificio Revolución 1508 (Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn)
13.- Edificio Revolución 1340 (Av. Revolución No. 1340, Col. Guadalupe Inn)
14.- Edificio Periférico Sur (Blvd. López Mateos No. 1950, Col. Tlacopac)
15.- Edificio Las Flores (Blvd. López Mateos No. 2321, Col. Tlacopac)
16.- Torre Zafiro II (Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal)
17.- Edificio Canoa (Canoa No. 79, Col. Tizapan San Ángel)
18.- Instituto Federal de Defensoría Pública (Bucareli No. 22 y 24, Col. Centro)

Al respecto, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, desafió a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a demostrar que extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación afecta a los trabajadores.

“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman 6 mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”.

El morenista acusó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de estar utilizando a los trabajadores para defender sus interés, lo que consideró es una mala estrategia pues insistió en que la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral o contraprestación de los trabajadores.

“Que le digan realmente la verdad a los 55 mil 800 trabajadores, si alguno de los fideicomisos, que son por más de 9 mil millones de pesos, está vinculado a los derechos laborales y sociales adquiridos por ellos. Es falso”, manifestó.

Mier Velazco expresó que la iniciativa busca acabar con estos mecanismos utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “no es con ellos (trabajadores), ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios, a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo”, dijo.

El mandatario pidió a los trabajadores no dejarse engañar por los de arriba, pues aseguró que lo que se propuso en el Congreso fue quitarle privilegios a los altos mandos.

“No se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones (…) que les pregunten a los trabajadores del poder Ejecutivo, a quién se le redujo el sueldo, a quién se le quitaron prestaciones”, dijo.

En ese sentido, coincidió con lo expuesto por Mier Velazco y llamó a que no se use o manipula a los trabajadores, pues dijo, ellos mismos se dan cuenta de cómo están las cosas al interior del Poder Judicial, con los privilegios de los ministros, entre los que mencionó sus servicios de chóferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para mejoras en sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, entre otros.

Dijo que son esos lujos con esos sueldos que en general van de los 600 a 700 mil pesos mensuales lo que están defendiendo los de arriba. Añadió que los 15,000 millones de pesos en privilegios que se buscan recuperar a través de los fideicomisos, se podrían entregarían en becas a estudiantes de primaria, beneficiando a más de 2 millones de niños pobres.

Sobre una de las imágenes que se viralizó ayer de las protestas, López Obrador dijo que “no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLITO, no importa; no me importa nada, porque está como cuando insultan”, remató.

Desde ayer, en una columna publicada en EL UNIVERSAL, Ernestina Godoy reconoció que busca ratificarse en el cargo de Fiscal General de la Ciudad de México por un periodo más.

Sin embargo, fue este martes cuando compartió un video explicando sus razones:.

Señaló que el Consejo Judicial Ciudadano ya hizo la consulta de manera formal, en la cual confirmó que sí buscar ratificarse como Fiscal de la Ciudad, pues dijo, la capital merece una fiscalía que esté al servicio de la gente, algo que dijo, está convencida que ella y el equipo que ha conformado  representa

“Hemos adquirido una gran experiencia y tenemos muchas cosas que están por consolidarse, y algunas que sabemos que tenemos ya echar a andar y no fue tiempo suficiente. Se nos vino la pandemia, y eso nos alentó un poco”, explicó.

Sin embargo, se dijo segura que pueden llegar a ser una institución ejemplar, “la mejor Fiscalía”, que responda para lo que es: para procurar justicia.

Recordemos que la Constitución de la Ciudad de México establece que la persona titular de la Fiscalía durara´ cuatro años y será´ electa por mayoría calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, y añade que la o el Fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta del Consejo.

Ernestina Godoy fue la encargada de llevar a cabo la transición de Procuraduría a Fiscalía a Fiscalía.

La presentación de unos supuestos cuerpos “extraterrestres” en la Cámara de Diputados por parte del ufólogo Jaime Maussan, ha desatado todo tipo de comentarios, incluidas burlas y desacreditaciones.

Voces científicas han calificado de “fraude” los supuestos cuerpos de “seres no humanos”.

Jaime Maussan presentó dos cajas en las que, según dijo, había cuerpos “desecados” encontrados en Perú en 2017 que calificó de “seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre”. Las figuras tenían el tamaño del esqueleto de un niño.

“Si el ADN nos está demostrando que no son seres humanos y que no hay nada que se parezca en el mundo a esto, así lo debemos de tomar; son seres no humanos, no les queremos decir extraterrestres porque no lo sabemos”, dijo el martes ante los legisladores.

Los supuestos cuerpos fueron encontrados en el desierto costero peruano de Nazca, lugar conocido por unas enigmáticas figuras gigantescas talladas en la tierra, pero nunca fueron presentados físicamente en Perú pese al intento de difusión de Maussan, que solo mostró fotos en una conferencia.

La Fiscalía peruana fue contundente en 2017 al concluir, con base en un informe realizado por el Instituto de Medicina Legal, que las figuras eran “muñecos manufacturados de data reciente, los cuales han sido cubiertos con una mezcla de papel y pegamento sintético para simular la presencia de piel”.

También precisó que “no son los restos de alienígenas ancestrales que han intentado presentar” y que “para elaborar la estructura interna de los muñecos se usaron huesos de animales que fueron modificados para generar una forma humanoide”.

Así como en Perú se cuestionó lo presentado por Maussan, el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó que a partir de sus estudios se pueda aseverar que los supuestos cuerpos pertenezcan a extraterrestres, como afirmó el ufólogo.

Durante su exposición, Maussan mencionó una investigación realizada por el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores (LEMA) de la UNAM, que determinó, mediante un análisis de carbono 14, que se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos.

Sin embargo, LEMA salió a aclarar que los trabajos de datación por carbono 14 en ese laboratorio “únicamente están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario y en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras”.

“El LEMA se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite”, insistió el laboratorio de la UNAM.

Asimismo, precisó que cualquier información distinta al referido análisis de 2017 elaborado por LEMA y que no de relaciones a la datación por carbono 14 “carece de total validez”.

Señaló que por tratarse de un convenio comercial no puede revelar más detalles, aunque informó que en mayo de 2017 el LEMA realizó un estudio de datación por Carbono 14 a un conjunto de muestras que según la información proporcionada por el cliente eran de piel y de tejido cerebral de aproximadamente 0.5 gramos.

Los estudios, abundó, fueron emitidos en junio del mismo año y entregados al usuario que lo solicitó.

El Laboratorio Nacional de Espectrometría de México también indicó que los integrantes de LEMA no realizan ningún tipo de muestreo ni entran en contacto con la fuente original de la muestra “in situ”.

En ese sentido, Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que el asunto “no tiene ni pies ni cabeza” y como científica desconfió de alguien que ha dicho haber hablado con la Virgen de Guadalupe.

“Para la UNAM es muy triste esta situación”, agregó. “Hay intentos muy serios de la humanidad para buscar vida extraterrestre.”

El diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena, quien organizó el evento donde Maussan presentó los supuestos cuerpos, dejó claro que la Cámara ni avala ni niega las tesis planteadas y solo pretende escuchar “todas las voces” dada la relevancia del tema.

La sesión parlamentaria  tuvo lugar meses después de que una similar se desarrollara en Estados Unidos y generara muchas reacciones de controversia.

Un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense dijo que su país probablemente está al tanto de actividad “no humana” desde la década de 1930 y que el gobierno ha ocultado tal programa, algo que el Pentágono negó.

La Cámara de Diputados aprobó, con mayoría calificada de 444 votos a favor, cero en contra y una abstención, el dictamen que modifica el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política, en materia de periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, lo cual busca evitar dobles Congresos.

El dictamen aprobado señala que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

En los transitorios, el documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que la duración en el cargo de las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXV Legislatura del Congreso de la Unión será del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024.

Mientras que la duración en el cargo de las senadoras y los senadores electos para las LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión se computará a partir del 1 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2024.

Además, las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXVI Legislatura durarán en el ejercicio de su cargo 36 meses, es decir, del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027.

En tanto que, las y los senadores electos para las LXVI y LXVII Legislaturas durarán en el ejercicio de su cargo 72 meses, del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2030.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz  de Morena, aclaró que el dictamen no es una reforma electoral, pues no altera el proceso donde compitan los partidos ni se empalma con el siguiente periodo electoral.

“No es una reforma legal, sino es una reforma que propone que la parte sobre el inicio de los trabajos del Congreso quede como estaba antes del año 2014 (…) precisar algo que quedó confuso en el artículo 65 y que podría causar problemas al grado de que imaginariamente hubiera dos Legislaturas empalmadas en un mes de calendario legislativo”, señaló.

El diputado del Morena, Alejandro Robles Gómez, acusó que el problema que había se debía a “como se legislaba en los tiempos en los que solamente había ‘PRIAN’ con lo mismo, cuando no había debate, ni discusión, aquí sí había sólo levantadedos en aquel entonces”.

Afirmó que el fondo del decreto de 2014 fue la privatización del petróleo; no había consulta y se hacía constitucional la corrupción en el país. Acusó a los partidos de oposición de ser los responsables de lo que ahora se soluciona.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, suscribió, junto con el senador Eduardo Ramírez, una iniciativa de reforma constitucional para evitar que entren en funciones de manera simultánea dos Legislaturas.

Los legisladores explicaron que la propuesta busca reformar el artículo 65 de la Constitución para establecer el 1 de septiembre como la fecha de instalación del Congreso General.

Señalaron que, a través de la reforma electoral de 2014, se adelantó, sin argumentos suficientes, el inicio del periodo de sesiones por un mes en el año en que inicia su encargo el Presidente de la República, a pesar de las profundas implicaciones que esto tendría en la agenda legislativa.

“La duración de los periodos legislativos no debería estar vinculada a la sincronización de los ciclos electorales y presidenciales, sino más bien a una duración uniforme que permita una planificación efectiva, una toma de decisiones informada y una representación equitativa”, detallaron.

En el documento se advierte que, ante el riesgo de socavar la independencia y el papel del Congreso de la Unión como órgano de representación popular, se tiene la necesidad de restaurar el texto original de la Constitución y dar certeza al inicio del primer periodo de sesiones ordinaras el 1 de septiembre de 2024, y así sucesivamente.

Se hace referencia a que la reforma de 2014 introdujo una variación injustificada a la duración en el ejercicio del cargo de las y los diputados federales, en tanto que su responsabilidad duraría 37 meses en relación con el inicio del periodo del Ejecutivo federal.

“Si su elección coincide con el año en el que inicia el periodo constitucional del Presidente de la República, su encargo duraría 37 meses, pero en el año en el que no coincidieran, las y los diputados electos durarían 35 meses en el cargo, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 51 constitucional”, explica la iniciativa.

Y es que recordemos que la reforma de 2014 refiere que el nuevo Congres, que emane de los resultados de las elecciones federales de2024, deberá entrar en funciones el 1 de agosto; los actuales diputados y senadores rindieron protesta para un periodo constitucional que concluirá el 31 de agosto del 2024.

Considerando eso, sería un mes en que habría dos Congresos, lo que se busca eliminar con la iniciativa que se presentó.

En ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Mier Velazco, había adelantado que la iniciativa contaría con el respaldo de la mayoría.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró esta mañana que propondrá una iniciativa de reforma constitucional para reconocer los derechos de los animales y declararlos como seres sintientes.

“Sí, estamos de acuerdo, hay que continuar con el proceso en el Congreso para que se apruebe en el Senado la reforma legal y sí vamos nosotros a presentar una iniciativa para la reforma al artículo 4 (de la Constitución)”, expresó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina.

Aunque la Cámara de Diputados aprobó una reforma para proteger los derechos de los animales en marzo pasado, la iniciativa quedó estancada en el Senado, que ahora debe esperar al próximo inicio de sesiones en septiembre.

En este contexto, López Obrador prometió una iniciativa propia para modificar el artículo 4 de la Constitución, que entre otras cosas garantiza el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda y a la cultura.

“Lo puedo asegurar, vamos a esperar el nuevo periodo de sesiones, pero ya vamos a empezar a trabajar”, sostuvo.

La lucha por declarar a los animales como seres sintientes ha crecido en los últimos años, con entidades como Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Durango que ya lo han establecido en sus legislaciones locales.

Se estima que en México siete de cada 10 animales de tipo domésticos sufren de algún tipo de maltrato, con más del 70% de los perros y 60% de los gatos en situación de calle, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la reforma al artículo 4 de la Constitución que enviará López Obrador también establecerá la pensión universal para adultos mayores a partir de los 65 años y un apoyo económico universal para personas con discapacidad.

“Y esto que tiene que ver con el trato humano, respetuoso a los animales, para la reforma en el Artículo 4 a la Constitución”, remarcó el mandatario.

Nuevo León aprobó, con 22 votos a favor y 10 en contra, el matrimonio igualitario, luego de 4 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara que se legislara a favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

“Al no existir ningún diputado que haya presentado alguna reserva, entonces es aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que contiene la iniciativa de reforma diversos artículos del Código Civil para el estado de Nuevo León”, anunció en el Congreso estatal.

En las reformas aprobadas están el artículo 140, que establece que solo pueden contraer matrimonio los hombres y mujeres que han cumplido dieciocho años.

También está el artículo 147 donde se precisa que el matrimonio “es la unión legítima de dos personas para guardarse fidelidad y crear entre ellos una comunidad de vida permanente y ayuda mutua”.

El artículo 148 establece que, “para contraer matrimonio, los hombres y las mujeres necesitan haber cumplido dieciocho años”, y en el artículo 291 Bis se señala que “el concubinato es la unión de dos personas, que durante más de dos años hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio entre sí”.

La iniciativa, presentada el 20 de febrero de 2019, no fue dictaminada, debido a la omisión del Congreso del Estado que se negó llevar a cabo las reformas para modificar los artículos relacionados con la figura del matrimonio que la SCJN declaró inválidos por ser inconstitucionales.

La iniciativa de reforma fue presentada por los legisladores Waldo Fernández de Morena, y Jessica Martínez del PRI, quienes celebraron la aprobación del matrimonio igualitario.

“Las personas LGBT solo tenemos algo seguro cuando presentamos iniciativas y es que vamos a recibir un no, pero de vez en cuando recibimos un sí y ese sí nos cambia el mundo, nos cambia la vida, es un sí que nos acerca a garantizar nuestra dignidad como personas en una sociedad que históricamente nos ha despreciado”, dijo Martínez tras el fallo.

Ciudad de México fue la primera entidad en que fue reconocido el matrimonio igualitario en 2010. Le siguieron otros estados como Quintana Roo (2012); Coahuila (2014); Chihuahua y Nayarit (2015); Campeche, Michoacán, Morelos y Colima (2016); Chiapas (2017); San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California Sur y Oaxaca (2019); Puebla y Tlaxcala (2020); Sinaloa, Baja California, Yucatán, Querétaro, Sonora, Zacatecas y Guanajuato (2021); Jalisco, Veracruz, Durango, Estado de México, Tabasco y Guerrero y Tamaulipas (2022).

Así, el matrimonio igualitario ya es legal en todo el país, coincidiendo con la celebración del mes del orgullo.

Foto: Twitter @Jessy_MtzNL

El Senado de Estados Unidos aprobó la noche de ayer a favor de suspender el límite de endeudamiento del gobierno federal, tras semanas de tensas negociaciones y a solo cuatro días de la fecha límite para evitar la amenaza de caer en default.

Los economistas advirtieron que el país podría quedarse sin liquidez para pagar sus deudas el lunes próximo, dejando un estrecho margen para la promulgación de la ley de Responsabilidad Fiscal, que extiende la autorización de endeudamiento del país hasta 2024, a cambio de un recorte del gasto federal.

La cámara alta del Congreso aprobó el proyecto de ley después de que la Cámara de Representantes hiciera lo propio, con lo que no habrá un enfrentamiento por el tema de la deuda hasta después de las elecciones presidenciales.

El acuerdo, negociado directamente por el presidente estadounidense, Joe Biden, y los republicanos, fue aprobado en el Senado con una mayoría de 63 contra 36. Los demócratas encontraron los apoyos que requerían, y más, dentro de las filas republicanas.

“Nadie logra todo lo que desea en una negociación, pero no nos equivoquemos, este acuerdo bipartidista es una gran victoria para nuestra economía”, afirmó Biden en una declaración en redes sociales que llegó tan pronto se aprobó.

Dijo además que promulgaría la ley “tan pronto como sea posible” y además dijo que ofrecerá un mensaje a la nación. Se espera que eso suceda este mismo viernes.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, señaló que el país podrá “tener un respiro de alivio” tras evitar un “catastrófico” colapso económico.

El límite de deuda de los Estados Unidos ha sido elevado más de 100 veces para permitir que el gobierno cumpla con sus compromisos de gastos, por lo general sin mayor contratiempo, y con el apoyo de los demócratas y republicanos.

Ambas partes consideran que aumentar el límite de deuda es políticamente tóxico, pero reconocen que no hacerlo hundiría la economía estadounidense en una recesión, sacudiendo además los mercados mundiales.

Los republicanos esperaban usar esta ampliación de la deuda para criticar lo que consideran gastos excesivos del gobierno demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2024, aunque los aumentos en el techo de deuda solo cubren los compromisos ya asumidos por ambos bandos.

Congresistas y senadores estudian el proyecto de ley para elevar el techo de deuda acordado entre la Casa Blanca y los republicanos, que según medios locales reportan que no termina de convencer a todos.

El presidente Joe Biden participó este lunes en un acto en el cementerio de Arlington, en la capital estadounidense, en el que visitó, junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, la Tumba al Soldado Desconocido.

Aunque ofreció un discurso en el que llamó a la unidad, no tuvo ninguna referencia al asunto que ha tensado al máximo la política en las últimas semanas, la subida del techo de deuda para evitar la suspensión de pagos.

Tras anunciar ayer que había llegado a un acuerdo definitivo con el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el proyecto de ley fue enviado a congresistas y senadores, y explicado por la Casa Blanca y por el propio McCarthy a los miembros de su partido.

Como advirtió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la semana pasada, será el 5 de junio cuando Estados Unidos se quede sin dinero para cumplir con sus pagos.

El tiempo es muy ajustado ya que la ley tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes, el Senado y firmada por el propio Biden antes de llegar a la fecha límite. Por ello, el Ejecutivo y los republicanos se han puesto en marcha para conseguir que salga adelante a tiempo.

Según fuentes de la Casa Blanca citadas por medios, hoy y mañana el Ejecutivo de Biden realizará llamadas con los demócratas de la Cámara de Representantes y habrá tres reuniones cada día centradas en la política energética o los cambios en los programas de asistencia para familias necesitadas, algunos de los puntos que se han modificado para satisfacer las demandas de recortes de los republicanos.

Las sesiones informativas estarán dirigidas por varios funcionarios de la Casa Blanca, que tendrán la misión de conseguir que los legisladores del partido admitan los recortes, que según Biden han sido necesarios pero protegen las “prioridades clave” de su gobierno.

El portal Axios publica la guía que circula entre los demócratas sobre el proyecto de ley, texto en el que se afirma que no se han aceptado las “demandas extremas” de los republicanos y en el que se llama a votar sí.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes trabajan de manera responsable para evitar un incumplimiento devastador de nuestra deuda (…) Los republicanos extremos de MAGA (afines al expresidente Donald Trump) están amenazando imprudentemente con una recesión que acabará con el empleo”, afirma el texto.

El proceso para aprobar la ley arrancará mañana, cuando se reunirá el Comité de Reglas de las Cámara de Representantes, encargado de considerar los proyectos de ley, programar las votaciones y determinar el debate.

Este será un momento clave, ya que en el comité, con nueve republicanos y cuatro demócratas, están tres de los conservadores más acérrimos, Tom Massie (Ky), Ralph Norman (S.C.) y Chip Roy (Texas), quienes han criticado el proyecto de ley.

Este último ha afirmado que intentará detenerlo: “Antes de este acuerdo, el país se dirigía a toda velocidad hacia la bancarrota… después de este acuerdo, el país seguirá a toda velocidad hacia la bancarrota”, apuntó.

Sin embargo, McCarthy continúa afirmando que contará con el apoyo de la mayoría republicana en la Cámara baja. En una entrevista con Fox News aseguró que más del 95% de los republicanos de la Cámara están entusiasmados con el acuerdo.

En total se necesitan 218 votos para la aprobación en la Cámara de Representantes, que cuenta con 435 congresistas, 222 republicanos y 212 demócratas.

Si la ley se aprueba el miércoles en la Cámara Baja podría votarse en el Senado a partir del jueves. En la Cámara Alta demócratas cuentan con 51 escaños frente a los 49 de los conservadores y se requieren 60 votos para la aprobación.

Según fuentes de la Casa Blanca y una hoja informativa distribuida por los republicanos, el acuerdo suspenderá el límite de la deuda hasta el 1 de enero de 2025, tras las elecciones presidenciales de 2024.

El proyecto de ley mantiene el gasto no relacionado con la defensa en 2024 y lo aumenta solo el 1% en 2025, después de que se hicieran ajustes.

Los recortes no afectarán a programas de sanidad ni a la seguridad social, pero sí a algunos programas sociales como el de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.

El pleno del Congreso peruano declaró, finalmente este jueves, ‘persona non grata’ al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

La decisión fue tomada con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, en relación a una moción con ese planteamiento que fue aprobada el pasado lunes por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

“Expresar su rechazo a las inaceptables declaraciones del señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen, una vez más, una violación al principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado, recogido en la carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de las obligaciones jurídicas dispuestas en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico; ambas violaciones del derecho internacional, en perjuicio del Perú”, señala la moción.

No es la primera vez que el Congreso peruano declara “non grata” a líderes de otros países. Lo hizo en enero contra el expresidente boliviano Evo Morales y en febrero contra el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, también por sus declaraciones poco favorables al gobierno dirigido por la presidenta Dina Boluarte.

Sin embargo, López Obrador restó importancia a esta moción, ahora aprobada en el Pleno del Congreso peruano, y dijo que para él era “un timbre de orgullo que los que actúan de esa manera me declaren non grato”.

El presidente indicó que el Congreso peruano inventó “delitos de corrupción” contra el expresidente Castillo. “Fue una destitución por el planteamiento que hizo el presidente (Pedro Castillo) de desaparecer el Congreso, lo que hacen es lo destituyen a él y lo encarcelan, y le inventan delitos de corrupción, son cosas distintas”, señaló.

Castillo, ahora encarcelado por tres años de forma preventiva mientras es investigado por los presuntos delitos de corrupción y rebelión, intentó disolver el Parlamento e iniciar un gobierno de excepción el 7 de diciembre.

López Obrador ha venido insistiendo que la presidenta Dina Boluarte es una “usurpadora”, y ha reiterado México no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico debido a que Boluarte no es legítimamente “presidenta del Perú”.

México y Perú rompieron relaciones diplomáticas y mantienen lazos a nivel de encargado de negocios. Sobre este conflicto diplomático, en Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Brenda Estefan, analista internacional.

Una comisión del Parlamento peruano aprobó este lunes un pedido para declarar “persona non grata” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante su negativa de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú y sus presuntas injerencias en asuntos internos.

La solicitud al pleno parlamentario, que debe evaluar el pedido en otra sesión cuya fecha no se conoce, también busca impedir el ingreso a territorio peruano al mandatario mexicano.

No es la primera vez que el Congreso peruano declara “non grata” a líderes de otros países. Lo hizo en enero contra el expresidente boliviano Evo Morales y en febrero contra el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, también por sus declaraciones poco favorables al gobierno dirigido por la presidenta Dina Boluarte.

El pedido afirma que López Obrador ha realizado declaraciones “ideologizadas” y “cargadas de falsedades”, sobre el fracasado intento de disolución del Parlamento por parte del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, que permitió asumir el poder a Boluarte y el inicio de la tormenta política que, tras sucesivas manifestaciones, ha dejado más de 60 muertos.

Al respecto, esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, López Obrador dijo que para él era “un timbre de orgullo que los que actúan de esa manera me declaren non grato”, en referencia a lo que discutía en el Congreso.

El presidente indicó que el Congreso peruano inventó “delitos de corrupción” contra el expresidente Castillo. “Fue una destitución por el planteamiento que hizo el presidente (Pedro Castillo) de desaparecer el Congreso, lo que hacen es lo destituyen a él y lo encarcelan, y le inventan delitos de corrupción, son cosas distintas”, señaló.

Castillo, ahora encarcelado por tres años de forma preventiva mientras es investigado por los presuntos delitos de corrupción y rebelión, intentó disolver el Parlamento e iniciar un gobierno de excepción el 7 de diciembre.

El Congreso lo removió horas más tarde. Castillo comenzó a ser investigado por presunta corrupción poco después de iniciar su gobierno de 16 meses.

México y Perú rompieron relaciones diplomáticas y mantienen lazos a nivel de encargado de negocios.

López Obrador insistió la semana pasada que Boluarte es una “usurpadora” y que México no entregará la presidencia del bloque económico Alianza del Pacífico a Perú, país al que corresponde dirigir el grupo, debido a que Boluarte no es legítimamente “presidenta del Perú”.

El Congreso peruano es una de las instituciones más desprestigiadas e impopulares, según encuestas. La firma Ipsos Perú indicó que el Parlamento tenía 79% de desaprobación en mayo, apenas 13% lo respalda.