Ana Paula Ordorica
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Pandemia del Covid-19 no es pretexto para el mal uso de los recursos públicos: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) denunció este lunes la presunta compra irregular de 2 mil 500 ventiladores para atender a pacientes graves con Covid-19.

Al indicar que recibieron en las instalaciones del partido una serie de documentos de manera anónima, señaló que el contrato fue firmado el 31 de marzo pasado y ampara la compra de los 2,500 aparatos, entre ellos 500 ventiladores de traslado pediátrico-adulto Covid-19 y 2,000 ventiladores adulto-pediátrico para Covid-19 por un total de 80 millones 725 mil dólares más el Impuesto al Valor Agregado.

“Según el acuerdo firmado entre la empresa Stefano International Commerce Co., LTD con sede en Shanghai, China y el Presidente de Levanting Global Servicios LLC S.A, Valdemar Pérez Ríos con fecha 30 de marzo, el precio pactado por 2,500 ventiladores es de 32 millones de dólares. De esta forma, con el precio establecido en el contrato, el IMSS podría comprar 6,305 ventiladores, 3,804 más”.

Los contratos exhibidos por Acción Nacional, demostrarían una ganancia para el empresario revendedor de más de mil 100 millones de pesos.

Levanting Global Servicios LLS, S.A contratada para adquirir los ventiladores, reporta experiencia en servicios de ingeniería en exploración y producción de petróleo; petroquímica y generación de electricidad. Sin embargo, no tiene experiencia en equipo médico.

Por estas razones, dijo el dirigente del PAN, Marko Cortés, se decidió, a través de la Coordinación Jurídica del partido, presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación directa.

“La emergencia derivada de la pandemia del COVID-19 no puede ser pretexto para el mal uso de los recursos públicos; comprendemos la premura de conseguir los ventiladores, pero al mismo tiempo exigimos el cumplimiento de las leyes y refrendamos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, agregó.

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Ante el Covid-19, primero los pobres … ¡y los proyectos de infraestructura de AMLO!

Pese a que los nuevos lineamientos del gobierno federal en relación a la pandemia del Covid-19 indicaban que las industrias del acero, cemento y vidrio sólo podrán tener actividad mínima, aquellas que tengan contratos con el gobierno deberán continuar con sus actividades.

Así quedó publicado ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se señalaron los lineamientos al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus nuevo coronavirus.

El acuerdo establece lineamientos para empresas que brinden servicios de tecnología de la información, energía eléctrica, mensajería. Para las de producción de acero, cemento y vidrio, “mantendrán una actividad mínima que evite efectos irreversibles en su operación”.

Sin embargo, establece que las empresas de producción de acero, cemento y vidrio deberán continuar con la actividad que les permita cumplir con los compromisos de corto plazo en proyectos prioritarios del Gobierno Federal.

“Aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno Federal, continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transísmico; así como los contratos existentes considerados como indispensables para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad”, dice el acuerdo. 

Ayer, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no había informe de avances de la refinería ni del aeropuerto, ya que aún no había un permiso por parte de la Secretaría de Salud para que se siguiera trabajando en estas obras.

El lunes 30 de marzo el presidente aseguró que no cancelaría la construcción de ninguno de los proyectos prioritarios durante la pandemia. 

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Foto: MXvsCORRUPCIÓN

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La UIF revisará a todas las empresas que obtengan algún contrato del gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en su administración se valora la posibilidad de crear un cuerpo de seguridad para cuidar las oficinas de gobierno.

Durante su conferencia matutina, el mandatario explicó que esta mañana, en la reunión del Gabinete de Seguridad, se abordó el tema sobre el resguardo de oficinas, que eran vigiladas, y en algunos casos siguen, por policías privados.

“Tratamos en la mañana lo de el tener ya, un órgano para dar seguridad a las oficinas federales, una policía federal sólo para dar servicio de vigilancia a oficinas del gobierno”, refirió el mandatario desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

Aseguró que en el resguardo de los edificios se llegó “al colmo” que la Secretaría de Gobernación, quien anteriormente se encargaba de la extinta Policía Federal, contrató servicio de seguridad privada.

“Se tenían contratos de 50 mil elementos de policías particulares privadas. Se llegó al extremo, al colmo, de que la Secretaría de Gobernación, que manejaba la Policía Federal contrataba servicios particulares, a policías para vigilar sus oficinas. Eso ya no se permite, hay contratos vigentes que poco a poco se van a ir cancelando, es poner orden en la administración, indicó el presidente

Al respecto, informó que la empresas que obtienen contratos en la actual administración son analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para evitar que se cometan ilegalidades como sucedió en gobiernos pasados.

AMLO dijo que se revisa que las compañías a las que se les otorga alguna licitación, no estén señaladas por malos manejos, incluso si son extranjeras.

“Ahora estamos revisando, en todos los casos se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, Inteligencia Financiera (revisa); a ver, quiénes son, de dónde vienen, si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos o no”.

El presidente aseguró que ahora ya no se pagan excesos, por ejemplo, como sucedía con la adquisición de medicinas en donde tres empresas controlaban la venta de medicamentos y materiales de curación y eso elevaba los costos, o se adquirían, dijo, “productos chatarra y caros”.

“Ya no hay el moche, el 10 por ciento: ‘Te doy este contrato, pero te mochas’. A ver, que nos digan, el que venga aquí y diga: Tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio, y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones”, afirmó el mandatario.

López Obrador hizo un llamado para que las compañías no den “moches” y hacer frente a sobornos, pues dijo que todas las empresas que estén interesadas en obtener algún contrato, lo pueden hacer sin necesidad de entrar a un proceso de corrupción.

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Las empresas de gasoductos recibirán más dinero que antes, acusa Calderón

A través de sus redes sociales, el expresidente Felipe Calderón hizo un llamado al gobierno federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a hacer públicos los contratos que se modificaron respecto a los gasoductos, con el fin de comprobar el ahorro que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Debe publicarse el contenido de los viejos y nuevos contratos, para comparar”, dijo el exmandatario.

Y es que indicó que todo indica que las empresas dueñas de los gasoductos recibirán más dinero que antes, “lo que equivale que todos los usuarios pagaremos más”.

Añadió que era preocupante constatar lo que en su momento dijo el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa: no saben que es ‘valor Presente’.

De igual forma aprovechó para hablar sobre el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer.

Recordó que el Seguro Popular cubrió desde 2008 todos los medicamentos y tratamiento para niños y jóvenes de hasta 18 años para todo tipo de cáncer.

“Antes, 7 de cada 10 niños con leucemia morían. Después de ello 7 de 10 sobrevivían. Mi apoyo a los papás en lucha”, añadió Calderón.

Al respecto, utilizando la famosa idea del presidente López Obrador, Calderón indicó que el servicio “sí era Seguro y sí era Popular”.

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Pese a lluvia de amparos, Santa Lucía va: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este miércoles que ya se concluyó la liquidación con todas las empresas que tenían contratos en el aeropuerto de Texcoco.

“Ayer se terminó, se finiquitó ya el tema, todas las empresas y cumplimos con el compromiso que hicimos de hacernos cargo de bonos, de actuar con responsabilidad, de no afectar a ningún inversionista; y cumplimos también con el compromiso de no quedar a deber ni un peso a los constructores. Ya se terminó con eso”, indicó AMLO.

Adelantó que en los próximos días el secretario de Comunicaciones y Transportes ofrecerá mayores detalles.

El mandatario añadió que se liquidaron cientos de contratos que se resolvieron sin acudir a instancias judiciales, en donde prevaleció un trabajo de conciliación, de mucho diálogo, y que representaron ahorros.

Sobre el tema de los aeropuertos, AMLO dijo que confía en que se resolverá el problema de la saturación del actual aeropuerto, además de que con el nuevo proyecto aeroportuario se van a ahorrar, en tres años, más de 100 mil millones de pesos.

En ese sentido dijo, se está creando el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto, que no se va a cerrar y la rehabilitación del aeropuerto de Toluca, que se había dejado de usar y es un buen aeropuerto.

“Y lo tercero es que va el Aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía, va a pesar de la lluvia de amparos. Vamos a construir el aeropuerto de Santa Lucía”, insistió AMLO.

Reiteró el aeropuerto de Santa Lucía se tendrá con menos dinero, con más calidad, además de que no se va a hundir ninguno de los aeropuertos, como se iba a hundir el de Texcoco.

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Nos quitamos un problema liquidando los contratos del NAIM: AMLO

Este sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con la liquidación de los contratos para la construcción del Edificio Terminal de Pasajeros del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Gobierno federal se “libró de un problema”.

Durante un evento en Matías Romero, Oaxaca el presidente dijo: “Ya prácticamente se terminó de liquidar lo que se le debía a las empresas que se contrataron para hacer el aeropuerto en Texcoco. Ya se pagó esa deuda y nos liberamos de un problema, porque ese aeropuerto que querían hacer significaba cerrar dos aeropuertos, para hacer el de Texcoco se tenía que cerrar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se tenía que cerrar el aeropuerto militar de Santa Lucía”.

El viernes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que finiquitó el contrato para la construcción del Edificio Terminal de Pasajeros del NAIM por un monto de 14 mil 220 millones de pesos.

El contrato había sido celebrado entre el Consorcio Terminal Valle de México (CTVM) y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

El Grupo Aeroportuario y el consorcio integrado por Cicsa, Prodemex, GIA, La Peninsular e ICA lograron un acuerdo en el que establecieron desistir de las demandas y establecer un finiquito del contrato equivalente a 16.7 por ciento de lo que hubiera costado el edificio principal; es decir, los 14 mil 220 millones de pesos, señaló la SCT en un comunicado.

En Oaxaca el presidente criticó que se el NAIM se construía en un terreno que se hunde “más de medio metro por año” y declaró “¿En qué cabeza cabe hacer un aeropuerto en un lago? (…) ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Pues ‘los billuyos’, el negocio. Iban a cerrar el actual aeropuerto, que son 600 hectáreas e iban a convertir esas 600 hectáreas en grandes centros comerciales, como Santa Fe, en un negocio inmobiliario”

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Austeridad de la 4T afecta a la UNAM. La SCT le suspende servicio de internet

La Dirección General de Cómputo de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio por terminado un contrato por el que se les proveía servicio de nternet a 35 sedes de la institución.

En el documento que se hizo llegar a las diferentes áreas de la UNAM, se informó que fue durante el periodo de asueto que la SCT dio por terminado el contrato referente al servicio de internet que se otorgaba a través de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA).

Detalló que dicha red daba servicio a 35 sedes de la UNAM en todo el país, además de que representaba el 54.24% de la capacidad de conexión a internet.

Y aunque la SCT indicó que reactivaría el servicio mediante una licitación pública, advirtió que eso sucedería en septiembre próximo; sin embargo, la DGTIC indicó que podría alargarse dicho tiempo.

“La desconexión de la Red NIBA ya nos está afectando en la calidad del servicio, pero nos estamos apoyando con los enlaces contratados con recursos de la universidad que son de mejor capacidad”, indica la circular con número 006/2019.

Según la revista Forbes, Felipe Bracho Carpizo, titular de la DGTIC, confirmó el corte del servicio, y señaló que la SCT les informó que ya se concluyó el proceso de licitación por lo que pronto se reanudará el servicio.

Aclaró que la UNAM no se ha quedado sin conectividad, ya que se tienen enlaces de menor capacidad y “hasta ahora hemos podido mantener bien los servicios en toda la institución”.

Hasta ahora la SCT no ha emitido ningún posicionamiento o información al respecto.

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AMLO buscará conciliar contratos ‘leoninos’ en sector energético

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno de México busca un acuerdo con Canadá sobre los contratos de gasoductos, que él ha denominado “leoninos”, para establecer un diálogo con las empresas.

“Se va a buscar que mediante la conciliación se resuelva el problema”, dijo.

AMLO precisó que dichos contratos son “abusivos porque se entregaron para beneficiar a las empresas”, indicó que en ese sentido se revisarán los acuerdos para que las empresas ayuden y que no se tuviera que pagar en exceso.

“Si esos contratos se aplican tal cual, se terminaría de quebrar la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se arruinaría, que de por sí la entregaron muy disminuida, muy mal económicamente, saqueada prácticamente”, declaró.

AMLO sostuvo que así como el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, está en su derecho de velar por los derechos de las empresas de su país, el Gobierno de la República también buscará defender los bienes e intereses del pueblo.

Finalmente, descartó que este tema afecte la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en aquel país.

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Pese a promesa de AMLO, gobierno otorga contratos a empresas fantasmas

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el tema de los contratos gubernamentales para empresas fantasmas no fue algo que acabara con la anterior administración, pues pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de desterrar la corrupción, su gobierno ha incurrido en dichas prácticas.

Reporta que tan solo en lo que va de 2019, el gobierno ha entregado cinco contratos por 16.7 millones de pesos a empresas fantasma.

En un trabajo especial, la organización relata los casos en que se benefició a estas empresas. El 7 de febrero de 2019, la oficina del IMSS en Tapachula, Chiapas, anunció una adjudicación directa para la “adquisición de materiales diversos”. Para poder recibir el contrato, la compañía “invitada” tenía que enviar su cotización a través de la plataforma Compranet. Cumplido el requisito, el 14 de febrero la compañía recibió un contrato por 294 mil pesos.

Otro caso: el 31 de diciembre de 2018, la delegación del ISSSTE en Michoacán publicó una convocatoria de licitación pública para la adquisición de material para osteosíntesis (tratamiento de fracturas), material de curación de alta especialidad y material de laboratorio. Tres empresas hicieron preguntas para saber si podían cumplir con los requisitos específicos de la institución, pero solo una de ellas: Desarrollos Biotecnológicos del Bajío (DBB), acabó haciendo una propuesta.

A la licitación también acudió otra compañía, Interacción Biomédica, la cual optó por no hacer preguntas y solo envió su cotización. Después de revisar la documentación y analizar las ofertas, el 21 de enero el ISSSTE determinó que DBB no había cumplido con todos los requisitos, por lo que firmó tres contratos con la única empresa que “resultó solvente, por cumplir con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos”. El monto total asignado fue de 10.8 millones de pesos.

En los dos casos anteriores la empresa ganadora fue Interacción Biomédica S.A. de C.V.

Y aunque no deberían generar mayor controversia la asignación y firma de los contratos, se encontró un “pequeño detalle”: desde el 26 de julio de 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había publicado que Interacción Biomédica S.A. de C.V. era una empresa fantasma.

El 30 de enero de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la convocatoria a una licitación para la verificación de la calidad en las “obras de construcción, modernización, reconstrucción y observación de la Red Carretera Federal” en Sonora. Cinco empresas hicieron preguntas al respecto, para finalmente 18 hacer propuestas económicas. De acuerdo con la convocatoria, los participantes debían entregar varios documentos, uno de ellos, una “constancia de situación fiscal emitida por el SAT, expedida no mayor a 20 días a la fecha de la apertura y presentación de la proposición”. Al recibir las propuestas, tres de los 18 participantes no habían cumplido con dicho requisito.

En la SCT evaluaron las diferentes cotizaciones y documentos, y el 5 de marzo de 2019 emitieron su fallo: ocho empresas fueron desechadas porque incumplían con requisitos de la convocatoria y se consideraron insolventes. De entre las diez restantes, la SCT eligió a la que aseguró “las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes” y firmó un contrato por 6.6 millones de pesos.

La empresa ganadora, Índico RT S.A. de C.V., era una de las licitantes que no había hecho preguntas y que tampoco entregó su constancia del SAT, pues desde el 21 de noviembre de 2018 aparecía en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como una empresa fantasma.

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Coparmex pide a AMLO no traicionar la oferta política que lo llevó al poder

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que una de las razones fundamentales del triunfo del hoy Presidente de la República, fue su promesa de conducir un gobierno caracterizado por la austeridad, la integridad y la transparencia.

Sin embargo dijo que luego de cuatro meses de gobierno, la transparencia no ha sido el sello distintivo de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Son visibles conductas, que de ser reiteradas, pondrán en entredicho la existencia de prácticas de integridad y comprometerán el combate a la corrupción”, señaló la Confederación a través de un comunicado.

Explicó que como parte de los 100 compromisos del Plan de Gobierno anunciado por el mandatario el día que asumió como Jefe del Ejecutivo, aparecen en el 51 y 52 que las compras del gobierno se harían de forma consolidada, y que los contratos de obra se llevarían a cabo mediante licitación pública; además, se ofertó que ambos procesos se harían con la observación de la ciudadanía y de Naciones Unidas.

Dijo que las asignaciones directas de proyectos como el Tren Maya y la refinería en Dos Bocas, no están cumpliendo con dichos compromisos, y se apartan de las prácticas básicas de transparencia y de rendición de cuentas.

Recordó que para el Tren se han otorgado por asignación directa el estudio de costo-beneficio, el contrato de asesoría jurídica, y el Plan Maestro; mientras que para la refinería la licitación para su construcción será restringida a cuatro empresas internacionales.

Además expusieron que de acuerdo con el portal oficial Compranet de los casi 30 mil contratos registrados con inicio de vigencia en 2019, el 74.4% de los mismos, es decir, 21 mil 758 se han otorgado de forma directa, sin licitación.  Sólo en 5 mil 300 contratos, equivalentes a poco más del 18.1% del total, se han adjudicado a través de un proceso de licitación pública.

“Desde Coparmex, hacemos un llamado al Presidente de la República para no traicionar la oferta política que lo llevó al poder”, señaló. Pidieron al mandatario erradicar de fondo la corrupción en el sector público. “Necesitamos que las asignaciones directas, las invitaciones restringidas, y las compras sin convocatoria, sean casos verdaderamente excepcionales”, remató.

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A los testigos sociales el gobierno les pagaba una especie de soborno: AMLO

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la forma en que se actuó en la pasada administración, en relación a la revisión de los procesos de licitación de los siete gasoductos que actualmente están paralizados.

Se informó al presidente que, al hacer una revisión, se detectó que se utilizó una figura de testigo social u observador social para avalar la pulcritud de los procesos y de los contratos. En seis de los siete casos se utilizó como aval moral a la organización Transparencia Mexicana.

El mandatario indicó que se revisarán los mecanismos que se empleaban en los contratos o procesos de licitación, pues acusó que “ha habido mucha simulación”.

“Estas instancias, supuestamente independientes, autónomas, de la sociedad civil, han servido para legitimar contratos leoninos, los testigos sociales son ciudadanos expertos, aparentemente autónomos, independientes, que avalan este tipo de contratos”, sostuvo López Obrador.

Acusó que dichas figuras fueron “decorativas, por decir lo menos”, pues dijo que más bien sirvieron como “alcahuetes” para que se firmaran los contratos. Dijo que así era como cumplían con el requisito cuando la negociación se había hecho a puerta cerrada, “con influyentísimo y con corrupción de por medio”.

Adelantó que se revisarán los procedimientos para terminar con las simulaciones. Señaló que “a los testigos sociales se les paga, cobran, es una especie de soborno, lo digo con todo respeto, y no quiero generalizar, pero ya es tiempo de hablar con claridad sobre las cosas”.

Remató asegurando que en su gobierno no se utilizará la figura de testigos sociales, aunque si se verá la forma de que haya transparencia total y de que no haya simulación.

 

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Gobierno se deshará de empresas con mala reputación

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no va a renovar contratos con empresas que tengan mala reputación, sea cual sea el servicio que vengan prestando.

Afirmó que se está cuidando que las adquisiciones del gobierno se hagan con transparencia y con honestidad, en todos los casos.

Reconoció que había muchos abusos por parte de las empresas, en general, “estaba podrido el gobierno, putrefacto, una corrupción generalizada”. Por eso dijo, se está limpiando, “el cochinero” que les dejaron.

El mandatario fue cuestionado sobre la relación que se tiene con la empresa ‘La Cosmopolitana’, la cual es proveedora de alimentos en todos los penales del país, y a quien se le ha acusado de tener contratos abusivos.

Se le cuestionó si Julio Scherer, actual Consejero Jurídico de la Presidencia, estaría participando en la revisión de dichos contratos, ya que su despacho trabajó con la empresa durante cinco años.

“Si Julio Scherer fue, antes de entrar al gobierno, abogado de esta empresa, pues ahora si a él le tocara atender este asunto no podría por cuestiones, no solo de conflicto de intereses, sino por cuestión ética, moral, pero hay otras instancias”, enfatizó AMLO.

Señaló que para hacer dichas revisiones está la Secretaría de la Función Pública o la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que es la que concentra todo lo relacionado con las compras de gobierno.

“No estamos permitiendo nada de irregularidades, cero corrupción, cero impunidad”, dijo AMLO. Denunció que, al hacer las revisiones, han encontrado que una de las características del viejo “régimen corrupto”, fue que firmaban contratos por un plazo largo, pues dijo que había concesiones entregadas a 40 o 50 años.

 

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Gobierno respetará contratos para extraer petróleo: AMLO

El Gobierno de México respetará todos los contratos que se firmaron con empresas particulares, nacionales y extranjeras, para la explotación de la industria petrolera en el marco de la llamada reforma energética, afirmó este lunes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acompañado del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, el ejecutivo federal exhortó a los particulares que cuentan con esos contratos, a invertir lo suficiente y a extraer petróleo.

“Se respetarán todos los contratos, no vamos a cancelar ningún contrato que se haya suscrito con empresas particulares, nacionales o extranjeras”, aseveró el Presidente en el marco del 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Y agregó: “No hay inversión suficiente y no han extraído petróleo. Los invitamos a que inviertan, a que produzcan y a competir en buena lid”.

“Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Pemex va a resurgir, va a consolidarse, ellos, los que recibieron contratos, tienen la posibilidad de hacer lo propio y vamos a demostrar de qué lado hay más eficiencia, ése es el desafío, qué es mejor, el que Pemex contrate de manera directa y se mantenga como empresa de la nación o las privatizaciones”, dijo el mandatario.

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El gobierno era una simple oficina de contratos, lamenta AMLO

Al ser cuestionado sobre el anuncio que se ha hecho de que no habrá intermediarios en las compras del Gobierno Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que no habrá intermediarios en la entrega de los fondos destinados a la gente.

Enfatizó que se va a evitar la contratación de despachos para la elaboración de tareas que puedan realizar las instituciones de gobierno, pues dijo, se tiene la capacidad de que dichos proyectos sean realizados por los trabajadores del gobierno.

“Se había llegado al colmo de que el gobierno era una simple oficina de contratos. Existían las secretarías, las subsecretarías, las direcciones, las áreas, el personal, los técnicos, pero si se necesitaba algún proyecto se contrataba afuera, con un despacho, aunque se pudiese hacer con los mismos servidores públicos. Entonces, todo eso se está evitando”, dijo AMLO.

Indicó que ahora que está él al frente de la administración pública, si se requiere un proyecto, incluso arquitectónico, serán los arquitectos del gobierno quienes lo realicen.

Como ejemplo dijo, el gobierno federal anterior contrataba a 50 mil elementos de policías privadas para cuidar las instalaciones del gobierno. Explicó que casi todas las dependencias tenían contrato con empresas privadas para la seguridad de las instalaciones y de las oficinas del gobierno, mientras que la seguridad pública era atendida por 10 mil elementos.

Lamentó que el estado de indefensión de la gente era total, mientras el gobierno sí estaba protegido.

Afirmó que lo que pasaba en el gobierno era un desastre, “un desbarajuste, era algo de ineficiencia extrema, de no importarles”, por lo que ahora se pondrá orden para que no haya intermediarios y que el gobierno cumpla con su función.

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IMSS benefició a empresa del hijo de uno de sus empleados con contratos por 526 mdp

De 2015 a 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró medicinas por más de 526 millones de pesos a Marzam, empresa farmacéutica que aumentó significativamente sus ventas en dicho periodo y cuyo propietario es Luis Doporto Alejandre, hijo de Héctor Doporto Ramírez, integrante del Consejo Técnico del IMSS, órgano que tiene injerencia en las licitaciones y entrega de contratos.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela cómo la empresa Marzam se vio beneficiada a pesar de que autoridades la tenían bajo la lupa porque, en el cambio de dueños, Luis Doporto recibió dinero, por alguien cercano a uno de sus competidores, María Matarazzo, esposa de Pablo Escandón, dueño de Nadro otro de los grandes distribuidores de medicamentos.

De acuerdo con MCCI, el Consejo Técnico del IMSS otorgó los contratos a Marzam, al mismo tiempo que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Fiscal, investigaban a la compañía por los delitos financieros, sin que esto fuera un impedimento.

En abril de 2016 el caso también fue tomado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), luego de que en la investigación periodística mundial “Panamá Papers” se descubriera que en la transacción recibida por Luis Doporto estuvo involucrada Marina Matarazzo con 53.3 millones de dólares.

Esta operación entre la esposa de Pablo Escandón, dueño de Nadro, apuntaba hacia una posible operación oculta para acaparar el mercado de fármacos en México.

La investigación iniciada por la Cofece estuvo abierta durante dos años y seis meses, tiempo en el que Luis Doporto Alejandre nunca aceptó ante las autoridades que recibió dinero de Matarazzo. Sin embargo, en octubre de 2018, admitió la triangulación de ese dinero, aunque argumentó que solo se trató de un préstamo.

Luis Doporto, según datos de la Cofece y de la PGR, aparece como dueño legal de Casa Marzam a partir de 2015, en tanto que su padre, Héctor Doporto Ramírez, se desempeña desde 2010 como miembro del Consejo Técnico del IMSS con un sueldo bruto mensual de 104 mil pesos.

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In BRÚJULA

Los privados no le ven la cara a la CFE

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se decidió promover la creación de 24 gasoductos por parte de empresas privadas para que proveyeran a la CFE de gas natural para generar energía eléctrica por dos razones.

La primera es que el único proveedor de gas natural para la CFE hasta ese momento era Pemex, pero entre los varios problemas de la empresa y ante la caída en la extracción de crudo, la producción de gas natural también presentó una caída sostenida desde 2009, lo que comenzó a generar un problema de desabasto para la CFE.

La segunda es que la CFE no tenía el capital suficiente para construir los gasoductos, pero sabía que mediante inversión privada la generación de energía no solamente se garantizaría, además sería más barata que las dos alternativas: utilizar combustóleo, que sale cuatro veces más caro para la CFE, o diésel, que sale seis veces más caro.

De esos 24 gasoductos 17 ya están operando, proveyendo de gas natural a la CFE, en un esquema que es el que ha seguido no solo México, sino gran parte del mundo, para bajar los precios de la electricidad y, en los casos más exitosos, como en Francia y la empresa Engie, utilizar energías renovables.

A la fecha entonces quedan 7 gasoductos por comenzar operaciones. Tres de ellos están cerca de concluir sus obras. El primero es el gasoducto La Laguna-Aguascalientes cuya licitación ganó la empresa Fermaca en 2016 y tendría que haber comenzado a operar en enero del 2018. Trae sin duda un retraso que, por alguna razón no le interesó mencionar al presidente López Obrador en la mañanera del lunes pasado. De las 4 empresas que tienen los contratos por estos 7 gasoductos, a Fermaca no se le mencionó. Solamente a Grupo Carso; IEnova y Transcanada.

En situación similar están el gasoducto Samalayuca-Sásabe de Grupo Carso y el gasoducto Marino de IEnova y Transcanada. Este gasoducto transportará gas natural del sur de Texas a Tuxpan. Se está construyendo en el mar, de ahí su nombre, para evitar los sabotajes que han sufrido los otros cuatro gasoductos que aun no pueden surtir de gas natural a la CFE, pero que aun así están recibiendo los pagos acordados bajo contrato.

La condición contractual es que, una vez inicien operaciones y concluido el contrato establecido, las empresas involucradas sigan proveyendo del gas natural a la CFE que ya les pagó mientras el ducto no puedo operar.

Es decir, el dineral que dijo el presidente López Obrador que la CFE le está pagando a IEnova y Transcanada, lo está pagando porque el estado es responsable de liberar los gasoductos de quienes los sabotean o se amparan por conflictos en las zonas por las que atraviesan los ductos. No es, por lo tanto, dinero tirado a la basura. Será recompensado a la CFE una vez concluya el plazo de los contratos con los privados.

 

Columna completa en El Universal

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