De pie junto a un agricultor de caña de azúcar que usa una prensa de madera tirada por caballos para exprimir jugo en un cubo de plástico, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio una demostración de su visión del mundo económico.
En una visita a La Huasteca la semana pasada, cerca de la región del Bajío, que es la potencia en la fabricación de alta tecnología de México, el presidente nacionalista de izquierda, que se enorgullece de no tener una cuenta o una tarjeta de crédito, enalteció las virtudes de las microempresas artesanales que dijo que eran “como o más importantes” en términos de creación de empleo y desarrollo, que las grandes empresas.
“Esta es la economía que estamos impulsando”, dijo, mientras bebía su jugo de caña.
El día después de su viaje, despidió abruptamente al titular del organismo encargado de medir la pobreza y evaluar los programas sociales que han sido un pilar de su gobierno en los ocho meses que lleva.
El despido de Coneval de Gonzalo Hernández Licona, cuatro días después de que escribió un editorial diciendo que los recortes presupuestarios estaban paralizando la capacidad del organismo para funcionar, fue lo último en una purga de tecnócratas e instituciones que el presidente dice que son corruptos, despilfarradores y que obstaculizan la transformación de México después de 36 años de fallidas políticas “neoliberales” centradas en el mercado.
Pero algunos inversionistas y analistas temen que al perseguir el espejismo de un regreso a la era dorada del crecimiento de hace medio siglo, con el estado firmemente conduciendo el país, el hijo de comerciantes de cabello cano está coqueteando con el tipo de demagogia que podría llevar a México por un peligroso camino populista.
“Hay una sensación de que la historia comienza con él, que nada del pasado funciona y que tiene que comenzar una nueva era”, dice Enrique Krauze, un prominente historiador que se ha enfrentado a un presidente que alguna vez llamó un “mesías tropical”. “No solo está tomando decisiones, buenas o malas, sobre política económica, sino también sobre instituciones, que requirió tanto esfuerzo construir. Estoy realmente preocupado”.
México publicará el miércoles datos del PIB del segundo trimestre que se espera que muestren que la economía está cerca de la recesión, luego de una fuerte contracción a principios de año, una caída en la creación de empleo y la actividad económica más baja en 13 años. Citibanamex, un banco líder, ha reducido su pronóstico de crecimiento para 2019 a solo 0.2 por ciento en marcado contraste con la promesa del presidente del 2 por ciento.
Sin embargo, con índices de aprobación de hasta el 70 por ciento y su principal barómetro económico, el peso, manteniéndose estable frente al dólar, López Obrador se siente reivindicado en su apuro por deshacerse de las políticas del pasado y revisar las instituciones en línea con sus creencias, sin importar el malestar que pudiera causar.
“Creo que si su proyecto es cambiar el status quo, las tensiones políticas son normales”, dice Ignacio Marván, profesor del CIDE y ex asesor de López Obrador cuando era alcalde de la Ciudad de México. “No es contrario al riesgo. No tiene miedo de tomar decisiones difíciles, luego retrocede”.
“[Pero] él puede estar pensando eso. . . dar concesiones ahora debilitaría su apoyo “.
El político de 65 años asumió el cargo en diciembre después de una victoria aplastante que le otorgó un enorme respaldo popular y el control de ambas cámaras del Congreso. Se ha movido rápidamente para centralizar la toma de decisiones en sus manos y consolidar un nivel de poder sin precedentes ahora que finalmente llegó a la presidencia en su tercer intento.
López Obrador ha presionado para cambiar la forma en que muchas dependencias y organismos gubernamentales gastan dinero, con grandes reducciones en los gastos operativos para permitir que más recursos vayan directamente a las personas.
Pero las esperanzas de que demostraría ser un administrador pragmático de la economía, como lo fue durante su período como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se están desvaneciendo rápidamente. López Obrador ya ha alarmado a los inversionistas al desechar un proyecto aeroportuario de $13 mil millones parcialmente construido y avanzar con una refinería planificada de $8 mil millones que pocos en la industria petrolera creen que tiene sentido o que se puede construir a tiempo y según el presupuesto. Si bien sus objetivos de erradicar la corrupción y la distribución más justa de la riqueza son ampliamente reconocidos, muchos temen que sus métodos signifiquen un regreso a las políticas nacionalistas fallidas de la década de los setentas.
A medida que avanza en su deseo, que espera “con todo mi corazón y mi alma”, que los futuros gobiernos no puedan echar atrás, el estilo de confrontación de López Obrador lo ha enfrentado con los reguladores de energía, con la Policía Federal que dijo “no estaba a la altura” y a calificar como “vergonzosa” a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Carlos Urzúa, su aliado desde hace mucho tiempo, renunció como Secretario de Hacienda después de una dramática disputa con el presidente, alegando que las decisiones políticas no se basaban en “evidencia”.
Se une a una creciente lista de víctimas: Germán Martínez, que renunció como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Guillermo García Alcocer, como titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Tonatiuh Guillén como jefe del Instituto Nacional de Migración (INM) en medio de recortes presupuestarios, intromisiones interdepartamentales y diferencias de políticas.
El mensaje que se ha dado es que no solo los críticos, aquellos que no están de acuerdo con la forma radical en que el presidente a combatido la corrupción y todo los rastros del “período neoliberal” son enemigos o prescindibles. Pues las instituciones también pueden ser sacrificadas, ya que el presidente impone su agenda intransigente a la segunda economía más grande de América Latina.
“El problema es que su idea no es construir más instituciones técnicas”, dice Jacqueline Peschard, ecomisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. “Él subordina todo a su narrativa, que es más moralizante que técnica”.
El presidente se niega a considerar sugerencias de que puede haber ido demasiado lejos en su purga de personal técnico y en la reducción de presupuestos y recortes salariales que ha implementado en un intento por liberar recursos para destinarlos al gasto social.
Culpó a Coneval en Twitter diciendo que gastó más el año pasado en alquiler de oficinas que en sus estudios. Cuando Denise Dresser, una analista que critica a López Obrador, dijo que debería explicar la fuente de sus datos y “mejorar las instituciones y no solo demonizarlos”, fue atacada por los seguidores del presidente.
López Obrador dice que los recortes presupuestarios son vitales para acabar con las malas prácticas arraigadas y construir un “nuevo paradigma” en la política económica que brinde bienestar, y no solo un mayor producto interno bruto.
Su cruzada contra instituciones autónomas en un país donde la oposición está cercana a desaparecer después de la paliza electoral y que el presidente enfrenta pocos otros controles y contrapesos, ha alarmado incluso a los principales aliados del gobierno. Gerardo Esquivel, a quien López Obrador designó como miembro de la junta de gobierno del Banco de México defendió la existencia de Coneval.
Algunos analistas temen que el Inegi, el organismo estatal de estadísticas, que ya ha tenido que cortar diversas encuestas debido a los recortes presupuestarios, podría ser la próxima víctima. López Obrador dijo recientemente a La Jornada, un periódico de izquierda, que su presidencia “no fue solo un cambio de gobierno sino un cambio de régimen, por lo que medimos las cosas de una manera diferente”.
México es una democracia relativamente joven con instituciones históricamente débiles que incluyen un sistema judicial corrupto y sindicatos poderosos y motivados políticamente. Durante las tres cuartas partes del siglo XX estuvo bajo un régimen efectivo de un solo partido hasta que el Partido Revolucionario Institucional perdió el poder en 2000. Su regreso, de 2012 a 18, en medio de una espiral de corrupción y empeoramiento del crimen, provocó el disgusto de los votantes y una carrera precipitada hacia los brazos de López Obrador.
Texto original publicado por Jude Webber en FT
