Tag

corrupción

Browsing

Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sostuvieron un encuentro con Olga Sánchez Cordero y Zoé Robledo, quienes han sido propuestos como Secretaria y Subsecretario de Gobernación para la próxima administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La reunión estuvo presidida por el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, y participaron las comisionadas María Patricia Kurczyn Villalobos y Blanca Lilia Ibarra Cadena, y los comisionados Carlos Bonnin Erales, Oscar Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez.

El Instituto indicó que entre los temas abordados, se discutió la importancia del INAI en el combate a la corrupción, dado que de él dependen el Sistema Nacional de Transparencia e integra el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Archivos.

Se acordó mantener una colaboración de manera estrecha y coordinada, con respeto a la autonomía del órgano constitucional autónomo, con la Secretaría de Gobernación (Segob) del nuevo gobierno federal. En ese sentido se señaló que el vínculo permanente para esta tarea será Zoé Robledo.

Por su parte Sánchez Cordero enfatizó la invitación al INAI para participar en los proyectos del nuevo gobierno encaminados a consolidar el derecho a la verdad y la rendición de cuentas en el país.

 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que está trabajando en dos grupos de iniciativas de reformas que presentará al Congreso de la Unión el 1 de diciembre: una relacionada con la austeridad republicana y la otra con el estado de bienestar.

El combate a la corrupción; el fraude electoral en cualquiera de sus manifestaciones, es decir: compra de voto, uso de recursos para favorecer a candidatos, falsificación de actas, entre otros; así como el robo de hidrocarburos, serán considerados delitos graves, sin derecho a fianza, señaló el tabasqueño.

En cuanto al primer paquete que tiene que ver con la austeridad, López Obrador dijo que “se reformará el artículo 108 constitucional para que el presidente en funciones sea juzgado por los delitos de corrupción y también se va a abolir el fuero constitucional a servidores públicos”.

De igual forma, AMLO habló de modificar la ley reglamentaria del artículo 127 para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República; en este paquete se incluirán modificaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública para reducir el gasto corriente.

“Vamos a llevar a cabo una política de justicia laboral, que va a consistir en bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos y mantener los de los servidores públicos intermedios, y que los que ganan menos tengan un aumento progresivo”, señaló López Obrador.

Con respecto al segundo paquete, el tabasqueño explicó que tiene que ver con el estado de bienestar en el que será prioridad orientar el presupuesto para garantizar la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad, para ello se modificará el artículo 3 y “se cancelará la mal llamada reforma educativa”.

En este paquete, dijo, se considera el aumento a la pensión de adultos mayores, la pensión para discapacitados pobres, y se convertirá en ley el derecho al estudio y al trabajo de los jóvenes.

El presidente electo informó que las iniciativas de reformas las estará coordinando Julio Sherer Ibarra, quien será el coordinador de la Consejería Jurídica de la presidencia de la República.

El PRI en el Congreso de la Unión trabajará durante la próxima Legislatura en reducir la desigualdad y la pobreza en el país ante el nuevo escenario político, pero con mucha claridad sobre las facultades que tiene el partido como oposición que son, dijo Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del tricolor.

Luego de confirmar que René Juárez Cisneros será el coordinador de los diputados del PRI en la LXIV Legislatura, y Miguel Ángel Osorio Chong será el líder de la bancada tricolor en el Senado de la República, la dirigente expresó que el panorama político del partido es que tiene una representación más pequeña de lo que habían alcanzado siempre en las cámaras del Congreso, pero eso no significa que no tengan una responsabilidad grande con la gente que votó por ellos.

Ruiz Massieu subrayó que en el seno del PRI realizan un análisis a fondo sobre las distintas causas que los llevaron a obtener el resultado del pasado 1 de julio, por lo que revisan las actitudes que los alejaron de la ciudadanía, “las formas de hacer política y de vincularse desde el partido con la gente, con la militancia, con los gobiernos que surgen de sus filas y con los gobiernos a los cuales son oposición”.

En entrevista con Grupo Fórmula, la presidenta del tricolor afirmó que todos en el PRI aceptan que la corrupción los golpeó y es una problemática que tienen que enfrentar.

“Creo que todos los que estamos haciendo una reflexión seria sabemos que este es un tema que en la elección fue muy relevante, pero que desde hace tiempo los mexicanos están reclamando actitudes distintas de quienes somos partido, gobierno, legisladores, representantes”, dijo.

“Ahora tenemos mucha claridad de que nos tenemos que comportar conforme a ese estándar que estamos exigiendo y eso implica un gran trabajo”, concluyó Ruiz Massieu.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está siendo investigado en Estados Unidos por supuestamente lavar más de 1,200 millones de dólares de la compañía petrolera estatal PDVSA.

De acuerdo con el periódico estadounidense Miami Herald, Maduro junto con otras ocho personas malversaron fondos del ingreso petrolero para hacer fortunas ilegales en Estados Unidos y otros países.

Asimismo, los acusados aprovecharon su acceso al sistema de cambio de moneda extranjera, que ofrece una tasa más favorable para convertir bolívares a euros, indica la investigación.

Aunque en la investigación el nombre de Maduro no aparece tal cual, fuentes aseguraron al diario que se refieren a él como “oficial venezolano 2”.

Presuntamente también están involucrados sus hijastros; Raúl Gorrín, propietario de la cadena televisiva venezolana Globovisión; un alemán arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, un colombiano naturalizado nacido en Estados Unidos, detenido en Italia el pasado miércoles y en espera de ser extraditado.

Esta operación habría comenzado en diciembre de 2014 con un plan de cambio de moneda para malversar 600 millones de dólares de PDVSA, obtenidos a través de sobornos y fraudes.

Los demandados supuestamente usaron a un socio, que se convirtió en una fuente confidencial para los federales para lavar una parte de los fondos de PDVSA.

Según el reporte, para mayo de 2015, la conspiración había duplicado el monto a mil 200 millones de pesos malversados ​​por la compañía petrolera.

María del Refugio Ruiz Moreno, diputada local del PRI en Jalisco, afirmó en entrevista con un programa de radio de la entidad que si le bajan el salario como legisladora “tendrá que robar”.

En entrevista con la cadena DK, la diputada habló sobre el Sistema Estatal Anticorrupción y de la reducción salarial para diputados, argumentando que de ver reducido su sueldo tendrá que recurrir al ilícito.

Esto ante la pregunta de un locutor, sobre si estaría dispuesta a bajarse el sueldo.

“Si me lo bajo, entonces ya voy a tener que robar, porque entonces para poder viajar a todo mi distrito a mí no me dan ni un peso de gasolina, ni un vale de caseta, ni una comida”.

Sumado a esto, “Cuquita”, como se le conoce a la legisladora, enfrenta otro problema, pues se descubrió que contrató a su propio hijo en el Congreso local, con un salario de 40 mil pesos mensuales.

El Movimiento Juvenil del PRI exigió su destitución inmediata y su expulsión del partido por ambos escándalos.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) indicó que presentará al actual Gobierno Federal y al equipo de transición del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un documento que plantea acciones concretas para establecer regulaciones e incentivos que favorezcan el diseño y ejecución de las contrataciones del gobierno.

Señaló que el enorme monto de recursos involucrados en las contrataciones de gobierno, es un incentivo para que el diseño de las licitaciones o mecanismos de adquisición sean susceptibles a la simulación de competencia o a la presencia de actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores.

Indicó que tan solo en 2017, se adjudicaron más de 228 mil contratos públicos, con un valor superior a los 585 mil millones de pesos. 78% de los contratos se otorgaron por medio de una adjudicación directa, 10% por medio de una invitación a cuando menos tres personas, y solo 12% por medio de una licitación pública.

Detallaron que las entidades del Estado mexicano tienen la obligación constitucional de adquirir bienes y servicios en procesos transparentes y competidos para obtener las mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad.

Sin embargo, la COFECE asegura que de forma recurrente se presencian procesos de adquisición irregulares, donde se usan métodos de excepción a la licitación mediante justificaciones ambiguas o subjetivas; se restringe la participación por medio de requisitos innecesarios; se dirigen los concursos otorgando ventajas a determinados agentes con ciertos perfiles comerciales o especificaciones técnicas, entre otras irregularidades.

Por ello, la Comisión presentará el documento al Gobierno Federal, al Equipo de Transición del Virtual Presidente Electo, a los próximos legisladores federales y al Sistema Nacional Anticorrupción, para “unir esfuerzos en la búsqueda del mejor ejercicio posible del gasto público”.

 

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó hoy 50 medidas que forman parte de su plan de austeridad y combate a la corrupción luego de reunirse con integrantes de su próximo gabinete.

“Se terminan todos los métodos con la política tradicional, se va a romper el molde en el que se hacía la política tradicional. Ese fue el mandato del pueblo”, sostuvo López Obrador tras su reunión.

Los nuevos lineamientos, que entrarán en vigor a partir del 1 de diciembre, son:

1. Se reformará el Artículo 108 de la Constitución para agregar que el Presidente de la República en funciones puede ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.

2. Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.

3. Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.

4. La Fiscalía General contará, en los hechos, con absoluta autonomía; no recibirá consigna del Presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual, “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

5. La Fiscalía Electoral estará encargada de garantizar que las elecciones sean limpias y libres; a evitar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos o candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral. Su distintivo será la imparcialidad y su misión la de establecer en México una auténtica democracia.

6. La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitir bajo ninguna consideración, el predominio de la impunidad. El mandato que recibimos del pueblo en las elecciones del 1º de julio de 2018, consistió, básicamente, en confiarnos la apremiante tarea de acabar con la corrupción y la impunidad. La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, tratase de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez, por la casa empieza.

7. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales; así como la de sus familiares cercanos y será publica y transparente en todos los casos.

8. El Presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.

9. No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios.

10. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.

11. No habrá más de cinco asesores por secretaría.

12. Solo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes.

13. No habrá bonos ni otras canonjías, el salario será integral, según la Constitución que a la letra dice: “Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.”

14. Se limitarán los viáticos al mínimo.

15. No habrá partida para gastos médicos privados.

16. No habrá caja de ahorro especial; es decir, dejará de existir la partida conocida como “seguro de separación individualizada”.

17. No se viajará al extranjero sin autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo.

18. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.

19. Nadie tendrá guardaespaldas, solo los encargados de la seguridad.

20. Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados (oficialías mayores, oficinas de prensa, publicaciones, defensorías jurídicas, compras, contraloría interna y otras) y estas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación, dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión.

21. Se reduce toda la estructura de confianza en un 70 por ciento de personal y del gasto de operación.

22. Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad de quienes ganan más de un millón de pesos anuales, de manera progresiva; pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del gasto actual.

23. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Se venderá la flotilla de aviones y helicópteros. Solo quedarán los destinados a la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para enfermos.

24. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República.

25. No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares.

26. No podrá contratarse a familiares.

27. Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y, cuando menos, 8 horas diarias.

28. No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en las oficinas públicas.

29. Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno.

30. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía y de otras dependencias, no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública.

31. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado, si no lo tiene permitido o no cuenta con autorización para ello.

32. Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos.

33. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente.

34. No se remodelarán oficinas, ni se comprará mobiliario de lujo.

35. Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios.

36. Los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación.

37. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de espacios públicos, instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos.

38. La residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura.

39. Desaparecerán las partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al Presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares.

40. Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas; el sistema de inteligencia del gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y al combate a la delincuencia.

41. Se cuidarán los bienes de la oficina a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo.

42. Se evitarán gastos de oficinas innecesarios y se ahorrará energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, de internet, gasolinas y otros insumos pagados por el erario.

43. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de los servidores públicos.

44. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.

45. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública, con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU.

46. No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados o senadores. Se acabará la vergonzosa práctica del soborno o de los llamados moches.

47.Ningún funcionario público podrá recibir regalos, cuyo valor exceda los 5 mil pesos.

48. No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.

49. En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a los originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen, no toleren las prácticas de sobornos o de corrupción.

50. Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción y causen daño a la hacienda pública. En caso de anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales; es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes.

En conferencia de prensa dimos a conocer los lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana

Posted by Andres Manuel Lopez Obrador on Sunday, July 15, 2018

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó hoy que su Gobierno y México se han comprometido a trabajar de “manera estrecha” en asuntos comerciales, de seguridad y frontera.

Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa que ofreció junto al canciller Luis Videgaray al término de una reunión en la que ambos funcionarios reafirmaron que los dos países son “vecinos, socios y amigos”.

“México es un socio regional y mundial y como ejemplo podemos trabajar con el Salvador, Guatemala y Honduras para reducir la inseguridad y violencia, y así mejorar las oportunidades”, indicó Pompeo.

Destacó que al luchar contra la corrupción, se generarán mejores y mayores oportunidades para la región, lo que coincidió con la línea discursiva que ha empujado Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde su campaña. Pompeo explicó que así se podrá “reducir la migración que socava la seguridad en Estados Unidos”.

 

Aun cuando quizás Andrés Manuel López Obrador no viva en Los Pinos, a tres mil quinientos metros del lugar en donde han vivido los presidentes de México desde Lázaro Cárdenas, se ubica la delegación Miguel Hidalgo. Ahí, tan cerca de Los Pinos, regresa como alcalde Víctor Hugo Romo.

Romo ya fue delegado de Miguel Hidalgo por el PRD y el balance de su gestión la marcó la corrupción. Corrupción que abarcó desde la extorsión a restauranteros, antreros y constructores, hasta el desarrollo de edificios plagados de irregularidades en donde Romo pedía su ‘diezmo’ de un departamentito para él o sus cercanos.

Ahora regresa bajo las silgas de MORENA. Ganó por poquito: 5 mil 49 votos de los 226 mil 502 que se emitieron. Algunos dicen que su triunfo fue gracias a la compra de votos y el rebase de tope de gastos de campaña. Cuando menos eso ha reportado quien quedó en segundo lugar, Margarita Martínez Fisher, del Frente (PAN, PRD y MC) cuya queja está ahora en el Tribunal local y seguramente llegará hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la explicación más sencilla es que Romo ganó arrastrado por el tsunami de López Obrador.

¿Cómo es posible que AMLO que habla de que el poder es humildad; de honestidad valiente y de que su bandera es no a la corrupción tenga entre los suyos a un personaje como Víctor Hugo Romo?

Basta comenzar con decir que actualmente existe una denuncia penal en su contra a la que no se ha presentado a declarar porque tiene fuero como Asambleísta. La denuncia es por una serie de obras que realizó cuando estuvo al frente de Miguel Hidalgo cuyas irregularidades siguen costándole a la delegación, ahora municipio, y que en pocas semanas deberá pagar 70 millones de pesos a la Tesorería.

Las obras señaladas en la denuncia en contra de Romo son tres principalmente: El mercado Escandón; el edificio delegacional y el parque El Mexicanito. Sobre estas tres obras y sus irregularidades hay documentos presentados y acreditados ante las instancias penales correspondientes que señalan pagos anticipados; cambios a los proyectos originales; uso de empresas como Elementos Estructurales y Construcción BC S.A de C.V cuya existencia no ha podido comprobarse por lo que cumplen con las características de las llamadas empresas fantasmas, e incumplimiento en los plazos de construcción.

Incluso hay dos ex funcionarios de la administración de Romo que están vinculados a proceso por las irregularidades en estas obras. Martín Adolfo Mejía Briones y José Carlos García Chávez quienes fungieron como Director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Director de Obras, respectivamente.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

El juez brasileño, João Gebran Neto, revocó la orden de excarcelación “inmediata” del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva dictada por otro magistrado horas antes,  por lo que deberá permanecer en prisión.

Gebran Neto es uno de los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, corte que condenó a Lula en segunda instancia a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.

El magistrado contradijo la decisión dictada horas antes por el juez federal de turno Rogerio Favreto, quien este domingo concedió a Lula un “habeas corpus” solicitado por diputados del Partido de los Trabajadores (PT), formación liderada por el expresidente. Luiz Inácio Lula da Silva permanece preso desde el pasado 7 de abril por corrupción pasiva.

 

Con información de Agencias / Foto: Especial

Un juez brasileño concedió este domingo la  libertad inmediata al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien permanecía preso desde el pasado 7 de abril por corrupción pasiva.

El tribunal federal concede así el habeas corpus a Lula tras reconocer la sentencia condenatoria en segunda instancia, aunque condiciona el cumplimiento de la pena a una fundamentación que justifique la necesidad de la entrada en prisión.

Lula  da Silva fue condenado por el juez federal Sergio Moro y por un tribunal regional a doce años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en San Pablo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.

Con ello, el exmandatario podría intentar competir en las elecciones presidenciales del 7 y 28 de octubre. En caso de que no se lo permitan, podrá acudir al Tribunal Electoral para que decida. Si consiguiera el estatus de candidato, el proceso judicial seguiría su curso. Y, si finalmente la Justicia da la razón al juez Moro, los votos que haya recibido serán anulados.

 

 

Con información de Agencias / Foto: @LulaOficial

Ulises Ruíz, dirigente de la corriente del PRI ‘Democracia Interna’, aseguró que la derrota que sufrió el tricolor en la elección de este 1 de julio, se debió a una larga cadena de desaciertos, entre los que mencionó la percepción de un gobierno corrupto, el aumento de la inseguridad y la pobreza.

A través de un carta abierta reconoció que la victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era apabullante e indiscutible, mientras que el tricolor, debido a un los desaciertos en la conducción del Partido por parte de quienes “lo secuestraron” en los últimos años, lo llevaron a un penoso tercer lugar.

Indicó que el PRI cometió errores como privilegiar las decisiones cupulares en la definición de liderazgos y candidaturas, confundiendo la política de madurez con el amiguismo. “La percepción de la sociedad de un gobierno corrupto, el desgaste del partido que había recuperado la presidencia; el aumento en la inseguridad y la pobreza”, fueron situaciones que condujeron a los resultados de este domingo”.

Indicó que después de la decisión cupular por nombrar al candidato presidencial, prevalecieron las imposiciones, el amiguismo, el compadrazgo, los caprichos de una clase gobernante “insensible y prepotente”. Lamentaron que no hubo ejercicio político que privilegiara candidaturas fuertes, y sólidas, y por el contrario, hijos, amigos y funcionarios sin carrera ocuparon los espacios en las boletas.

Señalaron que siempre existió un reclamo desde los estados por la falta de apoyo por parte del Comité Ejecutivo Nacional.

Condenaron la “estrategia de campaña a todas luces fallida”, la cual dijeron buscó el segundo lugar dedicando más recursos para atacar al candidato del PAN, que apostarle por alcanzar al primer lugar.

“Lo señalamos en repetidas ocasiones, era indispensable abanderar las demandas de la sociedad y proponerle un cambio decidido en las políticas fallidas de desarrollo social, de combate a la inseguridad y a la corrupción. No era posible insistir en una continuidad que repudió la ciudadanía”, señala la carta de Ruíz.

Señalaron como factores de la derrota, la dirección que dio al partido Enrique Ochoa y la labor de Aurelio Nuño como coordinador de campaña.

Aseguraron que el rechazo al gobierno de la República del 80% se trasladó como rechazo al Partido.

Sin embargo, concluyeron afirmando que como dice el refrán que “no hay mal que por bien no venga”, la derrota de este domingo le otorga al partido la posibilidad de recuperarse, de resurgir y de reconstruirse. “En un país que se dice democrático, nadie gana para siempre y nadie pierde para siempre”.

 

Jesús Silva-Herzog Márquez

REFORMA

 

 

Andrés Manuel López Obrador está convencido de que México padece un solo problema. Un problema del que surgen todos. Los más antiguos y los más complejos comparten raíz. La corrupción es causa de la desigualdad, de la falta de crecimiento, de la delincuencia, de la contaminación, de la baja calidad educativa, de lo que sea… Resolver la corrupción es solucionarlo todo. El primer lopezobradorista de la nación no tenía que escuchar las preguntas que se le formulaban en el último debate porque tenía la misma respuesta para hablar de cualquier reto del país. Terminar con la corrupción es la medicina que lo cura todo. Lo curioso es que la medicina de Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción es Andrés Manuel López Obrador. Si soy Presidente acabará la corrupción. La frase no ha sido un desliz de vanidad. La ha repetido muchas veces y seguramente se la cree. Si el Presidente es honesto todos serán honestos: los secretarios, subsecretarios y directores; los gobernadores, los alcaldes, los policías y los inspectores. La omnipotencia del aura.

La voluntad política, el ejemplo público son, desde luego, valiosos en la lucha contra la corrupción. Pero creer que el hálito de santidad basta para terminar con la corrupción es un engaño. El gobierno de López Obrador en la capital no fue ajeno a los escándalos de corrupción. Tampoco dan mucha confianza muchos de los conversos a su causa. Que se engañen quienes quieran dejarse engañar. Que se tapen los ojos quienes quieran ignorar las evidencias de la corrupción que también rodea a quien será seguramente presidente de México.

En buen momento se ha hecho público el uso que la senadora Layda Sansores daba a la partida destinada a apoyar su labor legislativa. El reportaje de Denise Maerker de hace unos días exhibió que la candidata de Morena a la alcaldía de Álvaro Obregón empleó esos recursos para comprar, entre otras cosas, maquillaje y tintes de pelo; bacalao noruego y jamón serrano, joyas y juguetes de precio exorbitante. Nada que tenga, ni remotamente, relación con sus gestiones legislativas. Lo advertía bien Maerker en el reportaje: el problema no es solamente el abuso de la campechana que emplea esos recursos como le da la gana sino de la institución que avala esas prácticas. ¿Hay algún oficio que pidiera a la senadora justificar el vínculo entre la muñeca de $4,940.00 y sus actividades parlamentarias?

Decía que llega en buen momento el reportaje de Televisa porque anticipa una tentación en el futuro gobierno: creer que la lucha contra la corrupción es una lucha contra sus adversarios de siempre; negar que tendría que ser, también, una lucha contra muchos de sus aliados. Lo exhibido no deja lugar a dudas. Nadie puede negar que se trata de un abuso grotesco. Así tenga la complicidad de la administración, así sea práctica habitual en el Senado se trata de un acto elemental de corrupción: emplear recursos que tienen un propósito público para beneficio privado. Ridícula ha sido la defensa que intentó la candidata en un comunicado en el que disfrazaba su abuso como un acto de beneficencia y en el que se retrata como víctima de los malos. Si de algo soy culpable es de ser una mujer generosa, escribía, con otras palabras.

Nadie puede ser elocuente cuando lo pillan con las manos en la masa. Era imposible que la candidata Sansores expusiera un alegato atendible. Sus aliados, en cambio, tenían la oportunidad de mostrar su compromiso con la probidad y con la ley. Todos, o casi todos, fallaron. Andrés Manuel López Obrador reaccionó como lo hace habitualmente: descalificando la crítica. Es parte de la guerra sucia, dijo el candidato presidencial. La candidata al gobierno de la Ciudad de México siguió la misma pauta. Para Sheinbaum los documentos (cuya autenticidad no ha sido cuestionada por nadie) eran calumnias. Lo más preocupante es lo dicho por Irma Eréndira Sandoval porque ha sido propuesta por López Obrador para ocupar la Secretaría de la Función Pública. Las revelaciones exigían a su juicio cerrar filas contra los enemigos: “Mi solidaridad y apoyo con (sic) nuestra senadora y próxima alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores”. ¿Puede una mujer que reacciona de esa manera ocupar una posición clave en la lucha contra la corrupción?

Lo que retratan los reflejos de López Obrador, Sheinbaum y Sandoval es que en su lucha contra la corrupción importa más la lealtad que la probidad. Serán pillos pero son nuestros pillos.

 

De visita por Chihuahua, el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, volvió a asegurar que los ataques que ha recibido por parte del Gobierno Federal han sido por su determinación de investigar los actos de corrupción del presidente Enrique Peña Nieto.

“Hoy el gobierno federal, Enrique Peña Nieto, me ataca con todo tipo de mentiras, de calumnias, de videos, por una sola razón, porque me atreví a decir que cuando yo sea Presidente de México habrá una fiscalía autónoma, independiente, que va a investigar a Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos de corrupción de este sexenio, Ayotzinapa, la Casa Blanca, Odebrecht, la Estafa Maestra”, dijo ante la militancia panista del estado.

Condenó que en ese sentido López Obrador haya ofrecido perdón a los gobernantes corruptos, y todo por su obsesión por llegar al poder, pues eso lo llevó a pactar con ellos. Indicó que así como lo ha dicho públicamente: no los va a tocar y les va a a cuidar las espaldas.

En el caso específico de Chihuahua, indicó que cuando sea Presidente de México, se le va a terminar la protección a César Duarte, pues el actual gobernador Javier Corral, “ha hecho todo, ha hecho hasta lo imposible porque haya justicia, órdenes de aprehensión ha desafiado al poder hasta el más alto nivel, pero el gobierno federal ha protegido a César Duarte”.

Reiteró que el combate a la corrupción es su compromiso, por lo que pidió la ayuda de todos los mexicanos, para lograr un cambio verdadero en el país. “Si ustedes están conmigo, no daré ni un paso atrás, vamos para adelante, tope donde tope, no habrá venganza, pero sí habrá justicia, y los que la hicieron, la van a pagar”.

 

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, candidato independiente a la Presidencia de la República, sostuvo hoy que de ganar la elección encabezará una administración austera y carente de privilegios para los funcionarios públicos.

Señaló que en su eventual administración se eliminarán los seguros de gastos médicos, la asignación de vehículos y las rentas de teléfonos móviles para todos los funcionarios del Gobierno. Adelantó que quienes sean invitados a incorporarse al servicio público deberán tener una situación económica satisfactoria para evitar cometer actos de corrupción”.

“El que quiera ser funcionario tienen que tener resuelta su vida económica. No tenemos por qué estar enriqueciendo a las personas”.

Puntualizó que con él en el poder, habría cero gasto del Gobierno en medios de comunicación, cero gasto en el Gobierno en el asistencialismo, cero gasto en el Gobierno “en la egolatría y soberbia de los gobernantes, cero gasto en el Gobierno en teléfonos celulares, cero gasto en el Gobierno en comidas en restaurantes”.

Luego de que la noche de ayer se difundiera una investigación sobre supuestos gastos personales que la Senadora con licencia del PT, Layda Sonsores, cargara al Senado, fue la ahora candidata a alcaldesa en la CDMX quien negó las acusaciones y afirmó que todo se trata de una represalia por denunciar actos de corrupción de sus adversarios.

A través de sus redes sociales, la candidata difundió una carta en la que dijo que los recursos de los que informó en el programa En Punto de Noticieros Televisa, no fueron para gastos personales, sino que fue para la fiesta navideña que se organizó en el Senado para los 700 empleados de limpieza.

Indicó que también se compraron regalos para el festejo que le organiza a su equipo de trabajo, quienes laboran bajo honorarios y sin seguridad social. “Logramos que nuestros compañeros de resguardo e intendencia tuvieran un vestidor digno y un comedor; las condiciones eran deplorables. Se logró un aumento al salario y hoy tienen acceso a una buena comida por cinco pesos”.

Describió que los gastos en despensa que aparecen en las facturas fueron donados a actos relacionados con su labor legislativa, tales como el apoyo a caravanas migrantes, de maestros, entre otros.

Indicó que las “calumnias” contra ella son respuesta a las denuncias que ha hecho de actos de corrupción realizados por el ex Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, Héctor Serrano y Leonel Luna.

Compartió también varios testimonios de los empleados de limpieza del Senado, contratados por el outsourcing FONATUR, quienes indicaron los regalos que les fueron otorgados en los festejos a los que Sansores hace referencia.