El ex candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) de dicho partido, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los presuntos “moches” que han cometido funcionarios de primer nivel del actual gobierno de Baja California, encabezado por el morenista Jaime Bonilla.
Martínez Veloz explicó que en el estado se han repetido actos de corrupción, mismos que se han denunciado oportunamente y existen evidencias sobre el uso de 28 millones de pesos que fueron utilizados para favorecer contratos a distintos empresarios, “es por eso que acudimos a la FGR para que intervenga y dé certidumbre a la ciudadanía y a los empresarios del estado”.
Acompañado de los dirigentes nacionales Ángel Ávila, Camerino Márquez y la dirigente estatal Brenda Villena, agregó que “los moches empezaron a producirse a partir de la detención del chofer de la ex Secretaria del Bienestar Social, que portaba la cantidad de cuatro millones 700 mil pesos y, a partir de ahí, empiezan a aparecer una serie de declaraciones por parte de funcionarios, exfuncionarios y empresarios que señalan que hubo al menos 28 millones de pesos que le fueron solicitados a distintos empresarios a cambio de favorecerlos con contratos cuando llegara a ocupar su cargo”, acusó.
El ex candidato del PRD detalló que dichos recursos fueron utilizados en una asociación llamada “voluntariado de Jaime Bonilla” y de acuerdo con declaraciones de la Secretaria del Bienestar, parte de esos recursos fueron destinados para distribuir mochilas y promover la figura y la imagen del ya gobernador electo.
En ese sentido, Ángel Ávila señaló que Jaime Bonilla es un personaje nocivo para la vida pública del país, pues a menos de un mes de tomar protesta como gobernador se destapan ese desvío de recursos por parte de funcionarios de primer nivel, “ya renunció la Secretaria del Bienestar y el Oficial Mayor, por tanto esas acciones deben ser investigadas de manera inmediata”, subrayó.
Precisó que la decisión de acudir a la FGR es porque las autoridades locales no van a resolver conforme a derecho, pues hace unos días nombraron al nuevo Fiscal de Baja California que es nada menos que el compadre de Jaime Bonilla, por tanto, no hay confianza en las autoridades del estado resuelvan a favor de la legalidad.
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