El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sorprendió este lunes al mostrarse abierto a que se modifique la iniciativa de la reforma judicial que presentó al Congreso, y que se discute en foros de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados.
“Que se ajuste, nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, adelante”, dijo el presidente López Obrador al ser consultado sobre el tema.
Puso como ejemplo detalles que, aseguró, se les “fueron” en la redacción.
“Por ejemplo, se nos fue en la incitativa de que tiene que tener cinco años de experiencia, los que puedan participar como jueces, magistrados. Yo he estado en contra, sin embargo, se nos pasó, porque yo soy más partidario de que una mujer, un hombre que se titula como abogado sale pues con mucho entusiasmo de hacer valer la ley. Está lleno de frescura, de ideales, de llevar a la práctica de la máxima de que ‘Al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie’”.
Y aunque se mostró abierto a estas modificaciones, insistió en que la reforma al Poder Judicial es indispensable porque actualmente impera la corrupción, con jueces, magistrados y ministros que son “instrumentos al servicio de intereses creados y de la delincuencia organizada y la de cuello blanco”.
La apertura que mostró, que no es nueva, es señalada por sus detractores como un intento más de simular que la propuesta se discute, como ha pasado en otros casos, que al final, termina con pequeñas modificaciones que convienen a Morena, y desechando todo lo que se expone en los fotos de discusión.
López Obrador señaló que la reforma judicial debe concretarse “sin imponer nada, sin excluir que participen, que se sometan al escrutinio público los actuales jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo decida”.
Tal como lo acordó con su virtual sucesora, AMLO llamó a que se continúe con el debate que arrancó a inicios de mes, para que se conozcan argumentos de todos los que quieran participar y el pueblo tenga toda la información.
Señaló que una de las cosas que deben corregirse es acabar con los llamados sabadazos.
“Los jueces ordenan la salida de delincuentes los viernes por la tarde-noche, los clásicos sabadazos. ¿Cómo vamos a estar en estos tiempos todavía con los sabadazos? Y algunos ahí defensores a ultranza de todos estos organismos corruptos, hablando de que está bien el Poder Judicial”, reclamó.
Finalmente, el mandatario insistió que la reforma no es un intento de venganza contra el Poder Judicial, con quien recordemos, ha estado enfrentado desde el inicio del sexenio, aunque sus ataques eran menores cuando Arturo Zaldívar estaba al frente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CSJ9.
“Nosotros pensamos que esto va a ayudar mucho a que no haya impunidad, que se viva en un auténtico estado de derecho”, remató.
Sobre la reforma judicial, más de una veintena de exgobernantes de España y América Latina condenaron la propuesta del presidente López Obrador.
Los ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) consideran que la reforma se presta para el servicio de objetivos ideológicos, la aplicación de un derecho penal del enemigo y el aseguramiento de la reelección indefinida de los gobernantes.
En una declaración firmada, 23 exmandatarios consideran que se trata de una reforma que implica “el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial” y representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional.
“Nos preocupan profundamente las posibles consecuencias de esta reforma en cuanto a la debida garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, expresaron.
Llamaron a asegurar “la autonomía e independencia de los jueces y los equilibrios y contrapesos al ejercicio del poder” y rechazaron cambios que puedan “debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral”.
Agregaron que la propuesta “busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión”.
Para los exmandatarios, entre ellos José María Aznar y Mariano Rajoy, ambos españoles, se trata de una reforma que sigue “los mismos experimentados bajo las dictaduras y autoritarismos electivos emergentes en América Latina”.