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Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó sobre las personas que permanecen detenidas a raíz de las acciones que se emprendieron para combatir el robo de combustibles, el llamado huachicoleo.

El mandatario dijo que recibió un informe en el que se reportó que los detenidos a partir de que se inició la nueva estrategia, fue de 600. Sin embargo dijo que debido a que la ley es muy “laxa, muy blanda”, la gran mayoría han quedado en libertad.

“Sólo se han podido mantener alrededor de 60 presuntos responsables o culpables del robo, ese fue el informe que nos entregaron el día de hoy”, dijo AMLO.

Aprovechó para exhortar a los legisladores a que aprueben cuanto antes las reformas para que el robo de combustible sea un delito grave.

Finalizó indicando que hay muchas denuncias abiertas respecto a dicha práctica, más de 200, tan solo de enero y febrero.

El gobierno estadounidense anunció hoy el enjuiciamiento de inmigrantes que reingresen de manera indocumentada a Estados Unidos, cometan fraude o sean miembros de pandillas, de redes de contrabando de personas o cárteles de tráfico de drogas.

 

El procurador general Jeff Sessions dijo que todos los adultos indocumentados que sean detenidos en la frontera no serán liberados y se dará prioridad al procesamiento judicial de aquellos que agredan a agentes federales durante el cumplimiento de su deber.

 

“A quienes continúen buscando entrar de manera impropia e irregular a este país, les advierto, esta es una nueva era, esta es la era Trump. Se acabaron la ilegalidad y la abdicación del deber de cumplir la ley, y las políticas de detención y liberación del pasado”, dijo en Nogales, Arizona.

 

Las nuevas prioridades de cumplimiento de la ley de la administración Trump incluirán acciones legales contra quienes transporten o refugien a inmigrantes indocumentados y especialmente contra quienes reingresen al país tras haber sido deportados.

 

Bajo las nuevas directrices, los inmigrantes indocumentados que reingresen serán acusados de una felonía o delito mayor -hasta ahora era una violación administrativa-, mientras que aquellos que reingresen después de una remoción previa, serán enjuiciados por un delito grave.

 

Para apoyar su misión, el Departamento de Justicia anunció el despliegue de 25 jueces migratorios a centros de detención en la frontera y la contratación de 50 jueces adicionales este año y 75 más en 2018, a fin de reducir el “rezago significativo de casos pendientes”, precisó Sessions.

 

“No podemos darnos el lujo de esperar 18 a 24 meses para que trabajen estos jueces”, indicó.

 

Al respecto dijo que se implementará un plan más eficiente de contratación que exige el mismo nivel de escrutinio que antes de las capacidades legales de los jueces, pero reduce el tiempo de contratación. “Debemos de reducir el rezago en nuestras cortes de inmigración, insistió.

 

Durante su mensaje, el procurador general recordó el caso de la estadounidense Kate Steinle, asesinada por el indocumentado mexicano Francisco Sánchez en San Francisco en 2015.

 

Con información de Noticieros Televisa/Foto: Twitter