Tag

delito

Browsing

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre el caso de su hermano Pío López Obrador, y dijo que debe ser castigado si se demuestra que es culpable de actos de corrupción.

«Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia», contestó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue a Pío López Obrador por videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, durante la campaña electoral de Chiapas en 2015.

«Lo de mi hermano ha quedado muy claro, de manifiesto, que no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación», añadió López Obrador. Recordó que en 2018 le dieron «su confianza millones de mexicanos» y prometió que no los traicionaría.

Ofreció una disculpa a quienes afecta que siga denunciando actos de corrupción, pues dijo, es el principal problema de México; sacó de su bolsillo un pañuelo blanco para declarar que «ya no se permite la corrupción». Y aunque admitió que todavía hay actos de corrupción «abajo», aseguró que «arriba ya no hay», en referencia a los altos funcionarios del gobierno.

Recordemos que el 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador apareció en un video en el que se observan presuntas entregas de dinero de parte del entonces funcionario del gobierno de Chiapas, David León Romero.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido (Morena) a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó el año pasado que no encontró «nada significativo» en la investigación sobre el hermano del presidente.

Sin embargo, Pío López Obrador no es único hermano de AMLO señalado de estos actos; en julio pasado se divulgó en el sitio Latinus material de 2015 en el que Martín Jesús López Obrador, otro hermano del presidente, recibe presuntamente 150,000 pesos en efectivo de David León Romero.

El Gobierno federal pidió revisar las 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto este año en el país tras el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra su criminalización.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, señaló que existen 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país.

«Las autoridades locales y federales debemos asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse todos los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país», declaró la funcionaria.

Sus declaraciones se producen después de que la Suprema Corte declarara el martes pasado inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.

Y aunque el fallo de la SCJN solo invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, estado donde se castigada con penas de hasta tres años de prisión por abortar de manera voluntaria, la decisión de los ministros crea un criterio obligatorio para todos los tribunales del país.

Y es que el aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

La Conavim citó que las entidades con más carpetas abiertas por aborto son Estado de México con 93, Nuevo León con 67 y Ciudad de México con 52, pese a que en la capital existe la interrupción legal del embarazo hasta la duodécima semana de gestación.

«Cabe destacar que estas tres entidades concentran el 49% de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año», advirtió la comisión, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El organismo también destacó las cifras de Tamaulipas con 28 casos; Querétaro con 22; Baja California y Guanajuato con 18 cada uno; Hidalgo con 15; Veracruz con 14 y Michoacán con 13, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tras el fallo del martes, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública dispondrá de abogados públicos para defender a las mujeres procesadas por el crimen.

«Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación», coincidió la Conavim.

Foto: Twitter @GIRE_mx

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este martes que obtuvo de un juez penal, en el sistema tradicional, una orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlider del PRI en la capital, por el delito de trata de personas

El juez también giró ordenes de aprehensión en contra de cuatro personas más, tres de ellas mujeres, quienes son probables responsables de los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa.

Entre las personas involucradas figuran la actual diputada priista de la Ciudad de México, Sandra Esther Vaca Cortés, y quien fuera exsecretario de finanzas del tricolor, Roberto Zamorano.

La dependencia capitalina indicó que a efecto de dar cumplimiento a esta orden judicial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha solicitado la colaboración de la Fiscalía General de República (FGR), del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y de las fiscalías de las entidades federativas, para la búsqueda, localización y aprehensión de las personas ya citadas.

Recordemos que la Fiscalía General de Justicia reabrió en septiembre pasado la investigación en contra de Gutiérrez de la Torrey demás implicados en una red de prostitución, al considerar que las indagatorias realizadas en la administración pasada tuvieron omisiones graves que afectaron el proceso.

La FGJ-CDMX informó que también se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el congelamiento de las cuentas bancarias de dichas personas.

Una de las «prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, por lo que, a través de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas y de la Policía de Investigación (PDI), ha implementado un esquema de protección para las personas agraviadas», dijo la Fiscalía sobre el tema.

Fue en el 2014 que la periodista Carmen Aristegui presentó un trabajo especial: «La red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre”, donde se dio a conocer la forma en que operaba la red desde las oficinas del PRI en la capital del país.

La organización Artículo 19, que conduce la defensa de la escritora Lydia Cacho, informó este miércoles que luego de 15 años de lucha, la noche de ayer, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, notificó el auto de formal prisión dictado en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, señalado como autor intelectual en el delito de tortura en contra de la periodista.

La decisión del juzgado significa, según Artículo 19, que existen elementos probatorios de la probable responsabilidad del exgobernador en la comisión del crimen. La orden de auto de formal prisión es por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista

Recordemos que Marín fue detenido el pasado 3 de febrero en Acapulco, Guerrero.

La organización adelantó que continuarán con el robustecimiento de las pruebas que han sido recabadas y presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con la intención de obtener la máxima pena en contra del exgobernador, que es de 12 años de prisión por el delito de tortura, conforme a la ley vigente en el momento de los hechos.

Destacaron que el auto de formal prisión contra Marín, es el primer caso en el que se procesa a una figura política de alto nivel «en ser detenido y procesado por violaciones» derechos humanos y «en menoscabo de la libertad de expresión».

Señalaron que la justicia no será plena hasta que sea condenado el exgobernador y junto con él, todos los responsables, además de que se tiene que cumplir con la reparación integral del daño para Cacho y su familia, así como garantizar las medidas de no repetición.

«Esperamos un proceso feroz, pero estamos preparadas. Hicieron funcionar una maquinaria muy grande y nosotros también tuvimos que hacerlo, porque nos fueron bloqueados todos los recursos aquí en México», declaró esta mañana Araceli Andrade, defensora y representante de Lydia Cacho en una conferencia de prensa.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvieron a Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien fuera subsecretario de Capital Humano y jefe de gabinete en el gobierno capitalino en la administración de Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía de la ciudad, Ulises Lara López, indicó que el hombre es probable responsable de delitos cometidos por servidores públicos.

Indicó que el exfuncionario fue detenido sin uso de la fuerza y con respeto a sus derechos humanos, durante un cateo en un inmueble de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El probable responsable fue trasladado para la certificación médica correspondiente y su posterior internamiento al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. En las próximas horas, el juez de control que lo requirió determinará su situación jurídica.

Vázquez Reyes ya había sido detenido en diciembre del año pasado, pero fue liberado debido a que obtuvo un amparo.

Lara López recordó que el pasado fin de semana, la Fiscalía anunció la vinculación a proceso de María del Carmen Ramírez Jasso y Óscar Armando Peña Avendaño, exconsejeros suplentes, luego de que un juez los consideró probables responsables de delitos cometidos por servidores públicos y les impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Asimismo, el martes pasado un juez también vinculó a proceso a Joel Pazol Ruiz, por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos. El juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 e internado en el Reclusorio Norte.

De acuerdo a las indagatorias, se pudo establecer que en abril de 2016 estos cuatro exservidores públicos fungieron como consejeros suplentes de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (Caprepol), uno de ellos como presidente suplente.

La Fiscalía señaló que posiblemente realizaron actos para dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, lo que ocasionó un perjuicio a la hacienda pública del Distrito Federal (Ciudad de México) por más de 293 millones pesos.

Esta tarde, Óscar Andrés Flores alias «El Lunares», líder de La Unión Tepito logró que un juez ordenara de nueva cuenta su libertad, luego de ser trasladado al Reclusorio Norte el fin de semana pasado, cuando otro juez lo había puesto en libertad.

El juez determinó este viernes que no se acreditó que «El Lunares» hubiera participado en el delito de secuestro exprés, por el que se le había reaprehendido cuando salía del penal del Atliplano, en el Estado de México.

Su libertad fue ordenada el pasado 8 de febrero por la juez federal Beatriz Moguel quien determinó la “insuficiencia de datos de prueba” para vincularlo a proceso.

«El Lunares» es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la capital del país.
Tras ordenarse su liberación el fin de semana pasado, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, explicó que había otra orden de aprehensión por el delito de privación de la libertad personal en su modalidad de secuestro exprés agravado, emitida el 30 de noviembre de 2019.
En ese momento, Godoy aseguró que “estamos trabajando, no va a quedar libre”, lo cual quedó rebasado este viernes, al quedar por segunda vez, en menos de seis días, en libertad.

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, aclaró esta mañana su postura sobre el delito de feminicidio. Lamentó la forma como los medios de comunicación han tratado el tema y negó que piense renunciar a la FGR.

«No quiero desaparecer el feminicidio, sino facilitar su investigación», señaló en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al afirmar que la protección de las mujeres y los grupos vulnerables es prioridad de su gestión, en coordinación con el Gobierno Federal.

«Ese delito deberíamos hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad; lo ideal sería homologarlo», expuso el fiscal.

“Lo que estamos haciendo es visibilizar un problema grave, estableciendo que hay un grupo muy delicado de seres humanos a los que hay que proteger», abundó.

Gertz Manero recordó que fue invitado por la bancada de Morena a una reunión antes del inicio del actual periodo ordinario de sesiones legislativas, y en dicho foro planteó una mejor judicialización para la protección de las mujeres.

Consideró que el delito de feminicidio «no está suficientemente claro» para hacer la defensa porque en los homicidios no hay un aumento en los homicidios en general, pero sí en los feminicidios.

Explicó que en los últimos años el feminicidio ha crecido 137%, pero la tipicidad de este ilícito ha obstaculizado a la justicia. Por ello, su propuesta es agilizar los procedimientos legales para salvaguardar a las mujeres.

El fiscal denunció que en los últimos días la prensa ha malinterpretado sus palabras e incluso inventó la versión de su renuncia.

“Me han enfermado, me han renunciado, me han parece que hay grupos a los que estoy molestando, pero es mi trabajo, expresó Gertz Manero.

Alejandro Gertz Manero entregó esta mañana un cheque de dos mil millones de pesos que fueron recuperados de una investigación de combate a la corrupción.

“El patrimonio de México, los bienes de la nación han sido saqueados, por eso se debe combatir, por eso, hemos iniciado una serie de acciones penales para recuperar los bienes de la nación. Y hoy podemos anunciar que estamos entregando un cheque de 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado», dijo el Fiscal.

Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho, al presentar el tema durante la conferencia matutina, que “nunca en la historia nunca se había recuperado dinero de la corrupción, estamos en el terreno de lo inédito. Se ha tomado la decisión para que ese dinero regrese al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado».

A un año de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana la presentación del informe de acciones para atender a los familiares de las víctimas.

“Esto del ‘huachicol’ es producto de la desatención, de no dar opciones, de no dar alternativas, desde luego manejado por un grupo de delincuentes pero con una base social”, explicó el mandatario en su conferencia matutina.

El jefe del Ejecutivo exhortó a las comunidades cercanas a ductos de combustible a que no participen en este tipo de actividades, que más allá de su carácter delictivo representan un riesgo para la vida de las personas.

Informó que el robo de combustibles continúa aunque con una disminución significativa que derivó en ahorros de 50 mil millones de pesos como resultado de la aplicación del plan contra el robo de combustible.

Indicó que Hidalgo y el Estado de México son las entidades con mayor incidencia en este delito.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, explicó que la atención a las víctimas y familiares se realizó desde la coordinación interinstitucional integrada por las secretarías de Bienestar; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Agricultura y Desarrollo Rural y de Cultura, en colaboración con la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Detalló que se llevaron a cabo acciones inmediatas para la identificación y registro de familiares desaparecidos, hospitalizados o fallecidos; apoyos terapéuticos, funerarios, para la ampliación del panteón de Tlahuelilpan, humanitario con 15 mil pesos por familiar afectado a fin de reducir la vulnerabilidad, así como la asignación de recursos desde el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2019.

Además, se distribuyeron Becas para el Bienestar, recursos a niñas y niños hijos de madres trabajadoras, seguros de vida para jefas de familia, pensiones para adultos mayores, Tandas para el Bienestar y estímulos a la producción.

La subsecretaria detalló que el 14 de octubre Pemex adquirió un inmueble para la construcción del memorial en Tlaxcoapan, Hidalgo.

Este sábado, cuando formalmente se cumpla un año del incidente, la subsecretaria Diana Álvarez y un grupo de servidores públicos visitarán al pueblo de Tlahuelilpan.

“Llevan nuestro pésame, nuestra solidaridad. No debe de haber motivo para estigmas, somos todos productos de circunstancias, es la circunstancia la que lleva a ciertas actividades o procederes. Nadie puede sentirse culpable. Los que pierden la vida en este caso están ahí y buscan sobrevivir, un ingreso, un apoyo y sus familias lo mismo. Ellos merecen todo nuestro apoyo y solidaridad”, remató el presidente.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo este lunes un amparo por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual invalida la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de peculado que se le impuso el 20 de mayo de 2018.

Sin embargo, Duarte de Ochoa continuará preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el delito de lavado de dinero, por el cual fue sentenciado en septiembre del año pasado a nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.

El amparo obtenido por la defensa del exmandatario estatal también obliga al juez de control que dictó dichas medidas a realizar una nueva audiencia para determinar nuevamente si lo vincula o no a proceso por el delito de peculado.

De acuerdo con la resolución del citado Tribunal Colegiado se deberán analizar nuevamente las pruebas y testimonios por el cual se determinó vincularlo a proceso y en su caso fundarlas y motivarlas.

La vinculación por el delito de peculado por un monto de 220 millones de pesos en contra de Javier Duarte quedó sin efecto hasta en tanto se realice una nueva audiencia del juez de control.

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados hizo un llamado a que el proceso penal en contra de la exsecretaria federal, Rosario Robles, no atienda venganzas políticas, y la justicia se mantenga imparcial.

Recordaron que la bancada panista denunció con anterioridad acciones de opacidad, corrupción y los desvíos en los fondos en los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“El 16 de octubre del año pasado, la entonces secretaria compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados y ahí, frente a ella, se le mencionaron las irregularidades que se presumía existían en su gestión, así como el hecho de que se mantuviera el halo protector de la impunidad”, señalaron los legisladores.

Señalaron que se dará seguimiento al proceso contra la excolaboradora del sexenio pasado, con el propósito de que a Rosario Robles no se le vulneren sus derechos humanos y el debido proceso.

Pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe con autonomía y sin dejar de fincar las responsabilidades que se comprueben llegue hasta las últimas consecuencias y sobre todo la impartición de justicia.

Por su parte la diputada de Morena, Dolores Padierna, confió en que la FGR aportará todas las pruebas del delito imputado a la extitular de Sedatu dentro de los dos meses que se le dictaron de prisión preventiva justificada.

“Hay que investigar a fondo para que esa sonrisa de ‘Rosario, no te preocupes’ sí tenga de que preocuparse. Ahora se tiene que rendir cuentas a las responsabilidades a las que uno tiene lugar. El servicio público es para servir al pueblo, nada más. Si alguien quiere llegar al servicio público para servirse de él será sancionado”, señaló la legisladora.

Padierna Luna consideró que las autoridades deben recuperar los recursos públicos que fueron desviados en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

La diputada morenista refirió que los abogados de Robles Berlanga declararon que ella informó a su sucesor en Sedesol, José Antonio Meade, sobre las anomalías detectadas en la dependencia, por lo cual la FGR debe abrir una línea de investigación al respecto.

Tras diez horas y media de audiencia, concluyó la comparecencia de Rosario Robles ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. En dicha audiencia, la Fiscalía General de la República imputó a la exsecretaria federal el delito de ejercicio indebido del servicio público.

De acuerdo a lo argumentado por la Fiscalía, Robles Berlanga supo del desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en contra del patrimonio de la Nación a través de la llamada «Estafa Maestra».

Y aunque se le imputó el delito, no se le vinculó a proceso, pues la defensa de la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto solicitó la ampliación del término de 144 horas para presentar pruebas y evitar que se le vincule a proceso.

Así, la situación jurídica de Rosario Robles se definirá hasta el próximo lunes, fecha que dictó el juez para que la acusada se presente a una nueva audiencia en punto de las 18:00 horas.

El fiscal Mario Fonseca Barrera expuso que “la hoy justiciable (Robles) fue omisa en su calidad de garante como secretaria de Estado y poder detener estos actos de corrupción por parte de funcionarios que se encontraban bajo sus órdenes cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu”.

Al término de la audiencia, Rosario Robles sostuvo que volverá a presentarse el próximo lunes, «de forma voluntaria»; explicó que aunque estaba fuera del país, cuando se enteró de la situación, regresó inmediatamente y «vine voluntariamente. Estaré aquí el próximo lunes a la hora indicada”.

Este jueves la Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público por presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros que podrían causar un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 369 mil 846 pesos.

De acuerdo con la Fiscalia el quebranto, que se habría dado vía ‘La Estafa Maestra’, se ejecutó a través de al menos 27 convenios generales de colaboración y sus respectivos apéndices firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol) con diversas universidades de los estados de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo Chiapas y algunas empresas de comunicación de Sonora, Quintana Roo e Hidalgo.

En la audiencia que se celebra este jueves, también se señaló que entre las irregularidades de los convenios está que muchos servicios no se realizaron e incluso son inexistentes, y jamás se verificó que las instituciones tuvieran la capacidad técnica para realizar los mismos.

La Fiscalía hizo una imputación general, por lo que la defensa de Robles pidió al juez que se detallara con precisión la fecha de los citados convenios, personas que los firmaron y el contenido de los contratos para establecer la imputación a su clienta.

Esta petición fue aceptada, por lo que se declaró un receso que concluirá hasta las 17:00 horas de este jueves.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este lunes la presentación de la estrategia multisectorial para promover el bloqueo de los celulares robados y extraviados en la capital del país.

Recodó que la semana pasada presentaron el fortalecimiento de la estrategia de seguridad, en la cual se contempla reducir al máximo el robo de celulares.

Como parte de dicha estrategia, hay un eje que habla de la coordinación, en donde recae el proyecto del robo de celulares, pues ahora, se tendrá una coordinación directa con las telefónicas, con los operadores de telefonía y con la ciudadanía.

Para explicar el tema, enfatizó que el número de celular no lo es todo para bloquear el celular, pues el número de celular corresponde al chip, pero no al aparato. Para poder bloquear el celular, explicó, la telefónica tiene que tener el vínculo entre el chip y el celular, aunque no siempre ocurre eso, ya que el 80% de los teléfonos que se venden en el país, son de prepago, es decir, se compran y se van recargando de acuerdo con el uso que el usuario les de.

Subrayó que para detener la venta de celulares robados, no solamente se está apostando por tener mayor presencia policíaca que evite el robo como tal, sino que se trabajó en una estrategia completa.

Lo primero, es que la ciudadanía conozca su número de IMEI, que es el identificador del equipo celular; se puede obtener marcando del teléfono *#06# y de esa manera, tendrán el dato; deberá ser registrados en la página de Alameda Central o en la aplicación de Alameda Central, para que a su vez lo registre en LOCATEL.

Así, LOCATEL tendrá esa información, y cuando llegue a haber un robo de celular, se bloqueé no solamente el chip sino se bloqueé el celular, el aparato; «y la única manera de hacerlo es diciéndole a la telefónica: bloquea mi celular, mi número de IMEI es este que está aquí (…) de esa manera el celular robado queda absolutamente bloqueado».

Adicional, dijo que mañana se publicará un decreto en donde se prohíbe la venta de celulares en los tianguis de la Ciudad de México; de tal manera que se evitará que se vendan celulares que son principalmente robados.

Como parte de la estrategia, se analiza ver de qué manera la venta del celular se registre, es decir, si vende en las distintas tiendas de autoservicio, que quede necesariamente registrada la persona a la que se le vende el chip y el teléfono celular.

Finalmente, la mandataria local anunció que se trabaja en algunos cambios legales para fortalecer o penar más a quien roba el celular.

«No nos vamos a cansar y vamos a buscar todas las estrategias necesarias para disminuir los delitos en la Ciudad de México y que construyamos juntos una ciudad segura», remató Sheinbaum Pardo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su gobierno pondrá orden para evitar los problemas de la evasión y defraudación fiscal, para lo cual ya se trabaja en un plan específico para acabar con dicha práctica.

AMLO indicó que el tráfico de facturas era un negocio permitido por el anterior gobierno federal. “Se permitió el huachicoleo en las facturas”, e indicó que dicha práctica provocó la evasión fiscal de millones de pesos.

Adelantó que como parte del plan, se busca que quieren incurran en dicha práctica no alcancen fianza, pues la obtención de facturas apócrifas pronto será clasificada como delito grave, para lo cual se cuenta con una iniciativa en ese sentido.

Por su parte Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), indicó que con corte al 16 de junio, se tenían identificadas 8,204 empresas factureras, quienes efectuaron operaciones equivalentes a 1.6 billones de pesos, dejando un daño fiscal de 354 mil millones de pesos.

Señaló que las empresas han ido «sofisticando sus transacciones simuladas», por lo que han podido crecer en los últimos años. Los estados donde más se ubican estas empresas son: la Ciudad de México, con 1,064 empresas, (13%); Jalisco, con 840 compañías (10%); y Nuevo León, con 712 firmas (9%).

Informó que al utilizar un modelo informático, que permitió analizar el comportamientos atípicos de ingresos y deducciones, el SAT obtuvo una muestra de 150 empresas, las cuales facturaron 282,000 millones de pesos (mdp) en los últimos dos años. A dichas factureras se les suspendió.

La funcionaria indicó que tiene una estimación de que las 150 empresas incurrieron en una posible evasión superior a los 62,000 millones de pesos.

Aclaró que en las acciones que se están implementando para combatir dicho delito, se perseguirán tanto a los vendedores de las facturas como a quienes las compren.

Finalmente informó que se han presentado 23 denuncias contra empresas factureras ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que en los próximos días se presentarán cinco más. Añadió que al interior de la dependencia se identificaron a seis funcionarios que colaboraban para crear empresas fantasma, por lo que fueron separados de sus cargos.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que reabrió la investigación en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI capitalino, por el delito de trata de personas.

Esto, luego de un amparo promovido por tres mujeres, quienes lo acusaron de encabezar una red de trata y prostitución al interior de dicho partido político después de que, en primera instancia, el priísta consiguiera una resolución de no ejercicio de la acción penal.

Según detalló la dependencia investigadora local en un comunicado oficial, luego de que en julio de 2015 se resolviera que no existían pruebas para acusar a Gutiérrez de la Torre de manejar una supuesta red de prostitución dentro de su partido, un juez de Distrito de Amparo en Materia Penal y del Tribunal Colegiado correspondiente determinó que deben continuar las indagatorias para determinar la participación del implicado en una supuesta red de tráfico sexual.

Tras la resolución se ordenó que el expediente iniciado en primera instancia en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales se decline a la Fiscalía especializada en el delito de trata de personas, a efecto de que continúen las indagatorias y se investigue el ilícito con perspectiva de género.

La Procuraduría capitalina informó que se encuentra a la espera de la determinación del juez de Distrito, a fin de conocer si la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales dio por cumplida la resolución emitida.

Antecedentes del caso señalan que el agravio hacia las víctimas fue difundido el 2 de abril de 2014 a través de medios electrónicos, en los que se manifestaron diversas conductas ilícitas, presuntamente atribuibles al imputado.

En lo que va de la presente administración no sólo los homicidios dolosos están en su nivel histórico más alto, también los feminicidios.

Así lo revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) difundidas este jueves por la noche, en las que se señala que en el primer cuatrimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 323 feminicidios en todo el país.

Se trata de una cifra 32 por ciento mayor a la registrada en el periodo diciembre de 2017 a marzo de 2018, cuando hubo 245 feminicidios; 48 por ciento más al periodo diciembre 2016 a marzo 2017, cuando hubo 218 casos, y 69 por ciento mayor a la cifra de diciembre 2015 a marzo 2016, cuando hubo 191 feminicidios.

Las cifras indican que, en términos absolutos, Veracruz ocupa el primer lugar nacional, pues, entre enero y marzo registró 46 casos, más del doble de los ocurridos en el Estado de México, segundo lugar de la lista, con 21 casos.

Si se analiza el número de feminicidios por cada 100 mil habitantes, Sonora ocupa el primer lugar, con una tasa de 1.29; seguido de Veracruz, con 1.08; Tabasco, con 0.78; Morelos, con 0.77, y Coahuila, con una tasa de 0.58.