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Entre mayo y junio de 2013, un grupo de comerciantes, pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que ofrecen comida al turismo a lo largo de los 2 kilómetros de playa en Guayabitos, en el municipio de Compostela, fueron a Tepic, la capital, a manifestar su descontento con la situación que se vivía en el estado.

Era insoportable, los pagos por derecho de piso, los secuestros, las amenazas de muerte y los asesinatos los estaban ahogando a los empresarios. Se enfrentaron a Édgar Veytia, un hombre duro quien apenas unas semanas atrás, en febrero de ese mismo año, había sido nombrado Fiscal pero que desde hacía tiempo era quien estaba al mando de la policía.

Entre los comerciantes que visitaron la oficina de Veytia en la Fiscalía del Estado estaban los dueños de modestos hoteles a quienes un grupo de hombres con armas largas los sacaron a empujones de sus casas para que firmaran contratos de venta sobre sus negocios con una empresa constructora llamada DUVASA.

“Tienes que cooperar para la causa”, le exigían unos policías al empresario Gerardo Montoya mientras lo torturaban para que entregara su casa.

El exfiscal Édgar Veytia ordenaría a nombre de quien quedaría la propiedad. Esto es parte de uno de los 2 mil testimonios que muestran un mecanismo para apoderarse de casas, terrenos, comercios y negocios en el que aparecieron involucrados el exgobernador Roberto Sandoval y el propio Veytia, detenido en Estados Unidos y quien, ahora se supo, trabajó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscando espacios para almacenar drogas.

Todos sabían que, bajo sus órdenes, operaba un grupo de encapuchados, armados y a bordo de camionetas sin placas. Se trataba de policías que habían sembrado el terror en Nayarit desde que Sandoval asumió el cargo de gobernador, según consta en los testimonios obtenidos por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Alguien grabó el encuentro dentro de la oficina de Veytia. A lo largo de 54 minutos, en medio de la discusión, se escuchan gritos de una mujer. En al menos cinco ocasiones se oyen nítidamente los alaridos de alguien que sufre profundo dolor físico. Pide que paren, que se detengan.

MCCI obtuvo una copia de la grabación que, desde hace tiempo, circula entre los vecinos de Guayabitos. Algunos de ellos han entregado a otros periodistas este material, sin embargo, hasta el momento nunca se había hecho público. La organización comprobó con fuentes ajenas a la comunidad de Guayabitos que sí se trata de la voz del exfiscal quien ahora está detenido en Estados Unidos y al borde de una condena tras confesar que protegió al narcotráfico.

Los nombres de esas fuentes no pueden darse a conocer por razones de seguridad ya que la mayor parte de los policías, comandantes, testaferros y cómplices del exfiscal todavía viven y operan Nayarit.

 

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Este lunes el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo informó que en el periodo de enero a julio de este año, los delitos de alto impacto tuvieron una disminución al pasar del 36 al 31 por ciento.

Durante su participación en la Reunión Nacional de Seguridad y posteriormente en la Conferencia de Prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador mexiquense puntualizó que el robo de vehículo también tuvo una disminución el cual, dijo, disminuyó en 11 por ciento.

Del Mazo detalló que el robo al transporte público también comienza a mostrar una disminución, con lo cual se atiende una de las demandas que más aquejan y dañan a la población.

En este tema en particular, indicó que son 17 municipios mexiquenses los que concentran el 89 por ciento del robo en el transporte público, y manifestó que entre las acciones que se llevan a cabo para inhibir este delito se encuentran el equipar las unidades con cámaras de video vigilancia, botones de pánico y sistemas GPS.

En el caso del homicidio doloso, precisó que de enero a la fecha ha habido una disminución del nueve por ciento.

Respecto al tema de la sobrepoblación penitenciaria, el mandatario estatal dio a conocer que el Estado de México cuenta con 22 penales, que tienen una capacidad para 13 mil 500 reclusos, sin embargo, hay casi 28 mil, lo que representa una sobrepoblación del 120 por ciento.

Por tal motivo, dijo, se construirán dos penales más en la entidad y agradeció al Gobierno de México el que se estén trasladando a reclusorios federales a personas privadas de la libertad, principalmente catalogadas como de alta peligrosidad.

El titular del Ejecutivo estatal destacó también el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal en materia de seguridad, con acciones como la presencia de la Guardia Nacional, Ejército y Marina en 32 regiones mexiquenses, donde ya se encuentran más de tres mil 500 elementos castrenses.

Tras su publicación en la Gaceta Oficial, este viernes entraron en vigor las reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, aprobadas por Congreso local el pasado martes 31 de julio.

Con ello, el feminicidio, la reincidencia, el robo a celular, a cuentahabiente, casa habitación y automóvil, robo con portación de arma, extorsión y despojo, serán sancionados con mayor gravedad.

En cuanto a la Ley de Cultura Cívica, ya se sancionará con 20 y hasta 36 horas de trabajo comunitario a quien veje, intimide, maltrate físicamente o incite a la violencia contra un elemento policial.

Las autoridades capitalinas indicaron que dichas modificaciones al marco legal buscan contribuir a la disminución de índices delictivos como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de la Ciudad junto a los rubros de atención a las causas, mayor presencia policiaca, trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional.

El delito de feminicidio, la violación más grave a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, será sancionado con penas que van de 35 a 70 años de prisión.

El robo a celular constituye no sólo una afectación patrimonial sino también una sustracción de información personal o confidencial que puede derivar en otros delitos. Se castiga con 2 a 6 años de prisión. El robo a cuentahabiente se sanciona con 2 a 6 años de prisión, mientras que el de casa habitación se agrava de 4 a 10 años.

Asimismo, el robo de automóvil se sanciona ahora con 4 a 8 años de prisión. Con 5 a 10 años de cárcel se castiga a quien extorsione, pena que aumentará al doble cuando lo realice o participe un servidor o ex servidor público; si es vía telefónica, la penalidad aumenta dos terceras partes.

Quien cometa un delito con medios violentos o con arma será castigado con 3 a 8 años de prisión. El despojo simple es penado con 2 a 5 años de prisión; y con 6 a 10 años de prisión cuando sea agravado, esto es, cometido contra mayores de 60 años o se utilice documentación falsa.

El empresario mexicano Alonso Ancira, negó este martes, ante un juez español, los delitos de corrupción y lavado de dinero, de los que es acusado en México, y acusó que todo se trata de una persecución política en su contra.

Ancira, reclamado por nuestro país, se volvió a negar a ser extraditado, así que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fijará una fecha para que un tribunal resuelva si se cumplen los requisitos para su extradición.

Sin embargo, la Subdirectora de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de España confirmó la semana pasada que el Consejo de Ministros de su país determinó que la solicitud de extradición formal de Alonso Ancira reunía los requisitos para continuar el procedimiento en vía judicial.

Recordemos que el empresario fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto español de Palma, en la isla mediterránea de Mallorca, y con anterioridad se negó entonces a ser extraditado, al tiempo que pidió su libertad condicional.

En ese momento ingresó en prisión por orden de Pedraz, que un mes más tarde le impuso una fianza de un millón de euros para salir de la cárcel. El empresario pagó esa cantidad y quedó en libertad el 1 de julio pasado.

El juez impuso entonces a Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir de España, así como la retención de su pasaporte.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal por la compra-venta de la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio Lozoya. También se le vincula con el caso Odebrecht.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez una audiencia inicial para vincular a proceso a Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en relación a la llamada Estafa Maestra.

Los delitos que se le estarían fincando a Robles serían contra la administración pública, por el uso indebido de recursos, derivado de los supuestos desvíos multimillonarios desde las dependencias que dirigió.

De acuerdo con un documento presentado el pasado 25 de julio, dirigido al juez de control en turno del Centro de Justicia penal Federal en la Ciudad de México con sede en el reclusorio Sur, la FGR pide la audiencia de imputación y vinculación de proceso de la ex colaboradora de Enrique Peña Nieto.

“Por medio del presente solicito de la manera más atenta se me señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular imputación y vinculación de proceso, en contra de María del Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público”, se lee en el escrito dirigido al juez.

Tras la audiencia inicial, donde se le imputarán los delitos, será el juez quien determine si hay los elementos necesarios para vincularla a proceso, aunque podría alcanzar fianza debido a que el delito del que se trata no amerita prisión preventiva.

De acuerdo a lo que reveló Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Estafa Maestra es un esquema que se utilizó en 11 dependencias del gobierno en la administración de Peña Nieto, para hacer convenios con universidades públicas para realizar supuestos servicios, aunque éstas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos “desaparecieron”.

Será el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas cuando se realice la audiencia inicial. Dado el delito, Rosario Robles podrá no asistir a la cita y sólo enviar a sus abogados.

Juan Collado movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra controladas por la Banca Privada d’Andorra (BPA), mediante cuentas, cuyos titulares, en su mayoría, eran sociedades ubicadas en las Antillas Holandesas. Las transacción se habrían hecho entre 2006 y 2015.

De acuerdo con el periódico español El País, el abogado detenido el 9 de julio pasado acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la mayor parte de los 120 millones “se nutrieron de traspasos internos de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA”.

Según lo publicado por el diario, entre las sociedades mercantiles que traspasaron recursos al abogado de figuras como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, el empresario Carlos Ahumada, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, entre otros, estaban constructoras, inmobiliarias, compañías textiles e informáticas.

En 2015, las cuentas del abogado mexicano fueron congeladas, tras el cierre de dicho banco por supuestas irregularidades, y posteriormente una jueza de Andorra embargó los fondos de Juan Collado, “85.7 millones de euros en 11 cuentas”, por presunto lavado de dinero.

En octubre de 2018, la investigación fue archivada después de que la entonces Procuraduría General de la República  (PGR) enviara a la juzgadora diversos informes que exculpaban a Collado, bajo el argumento de que obtenía ingresos lícitos, por lo que las autoridades de Andorra no pudieron actuar penalmente.

De acuerdo con el rotativo, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), organismo que congeló el dinero de Collado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear los recursos, lo que se realizó en el actual gobierno mexicano.

“Semanas después de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el letrado fue detenido el pasado 9 de julio en México por lavado de dinero y delincuencia organizada”, precisó El País.

Quienes llevaban la investigación en Andorra, señalan burlas por los informes de México que exculpaban al prominente abogado, además por la contradicción por su arresto por delitos similares por los que fue indagado en ese país europeo.

“La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior presidente”, señaló una autoridad andorrana, de acuerdo con el diario español.

También precisó que el análisis de los movimientos del abogado mexicano señala que mediante transferencias extranjeras, Juan Collado cobró en Andorra 10.3 millones, y que su patrimonio financiero en esa nación “sirvió para avalar préstamos”.

Con esos créditos, detalló, Collado compró propiedades en Acapulco, México y Miami, Estados Unidos, así como dos aviones de negocios, “según un informe de la Policía de Andorra del 24 de marzo de 2017, que bautiza las pesquisas como Operación Jet”.

En una parte de la investigación, El País refirió que las pesquisas sobre Collado en Andorra iniciaron a raíz del análisis de la estructura financiera de una exdirectiva de la BPA.

“Guardar la confidencialidad del patrimonio”, en tanto, fue la preocupación de Collado para mover los recursos en Andorra, puntualizó la publicación española, que añadió que el abogado señaló que transfirió a esa nación inicialmente 25 millones desde cuentas personales en México (15 millones) y Estados Unidos.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que la estrategia de seguridad esté fallando ante los altos índices delictivos en el país.

“El primer objetivo es romper la tendencia, revertir la tendencia, y número dos, avanzar en la reducción de estos índices de criminalidad. Estimamos a mitad del sexenio, haber regresado razonablemente la paz y la tranquilidad al país”, señaló.

Luego de haber inaugurado el Foro internacional “Seguridad de Instalaciones vitales”, el secretario Durazo rechazó que la dependencia a su cargo cuente con una ficha delictiva de los hombres de nacionalidad israelí que fueron asesinados en el Centro Comercial Plaza Artz de la Ciudad de México este miércoles, como lo afirmó la Embajada de Israel en México.

“No tenemos elementos para coincidir con esa valoración, si el Gobierno de la Ciudad requiere la colaboración para avanzar en la investigación, la prestaremos, en este momento no contamos con ninguna información que nos permita coincidir con esa hipótesis”, indicó Durazo.

Al reconocer que en Tijuana, Baja California, ha habido un repunto en los homicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refirió que lo que sucede en 10 estados del país en materia delictiva, alteran los promedios nacionales.

“Les puedo decir que hay 10 estados, que son los que nos alteran el promedio de homicidios, entre otros delitos, 10”, refirió el mandatario.

Detalló que en la reunión con el gabinete de seguridad, se tuvo el reporte de 68 homicidios ocurridos ayer, derivado de que bajaron los homicidios en los estados a los que se refería,

AMLO dijo que algunos de esos estados son: Guanajuato, Jalisco, Baja California, Estado de México, Veracruz.

Al respecto, refirió que hay veces que de las 32 entidades, hay veces que en la mitad no hay homicidios, es decir, 16 tienen cifras en blanco, por lo que dijo, los índices delictivos tienen que ver con la presencia del crimen organizado en regiones específicas.

López Obrador reconoció que no se ha podido bajar la incidencia de homicidios, aunque sí el robo de vehículos. Señaló que esos dos delitos son los que sirven más para saber está el país, pues en esos delitos no hay cifra negra.

En el caso de los delitos de robo a casa habitación, robo en transporte o secuestro, dijo AMLO, muchas veces no se denuncia, pero en el caso de homicidio y robo de vehículo casi se denuncia todo.

Tras darse a conocer la noticia de que las fiscalías antisecuestros del Estado de México y Guerrero habían detenido a cuatro personas, presuntamente miembros de una banda de secuestradores, y que tres de ellos eran parte de la reciente creada Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló del tema.

“Eran Policías Militares y no habían pasado a formar parte de la Guardia Nacional, pero iban a pasar porque desaparecía la Policía Militar o, mejor dicho, los elementos de la Policía Militar y de la Policía Naval y de la Policía Federal van a conformar, van a terminar de conformar la Guardia Nacional”, dijo AMLO.

Señaló que, aunque oficialmente no eran parte de la nueva corporación, lo importante es que no se toleran ese tipo de delitos o nexos con el crimen, y mucho menos que se permita la impunidad.

Relató que tal como se lo ha dicho al Gabinete de Seguridad, se van a tener deserciones, traiciones, actos de deslealtad, de delincuencia, de los servidores públicos, debido a que hay problemas como la pérdida de valores.

En ese sentido, dijo que su gobierno no protegerá al que cometa un ilícito. Enfatizó que no serán tapadera de nadie ni de nada. “El que no entienda que ya son otros tiempos y que no va a haber impunidad, y que se va a castigar por parejo a todos, eso es lo que yo les estoy pidiendo a todos los servidores públicos”.

Dijo que fue informado de la detención de estas personas desde la mañana de ayer, y precisó que en el reporte que recibió se señala a siete personas, de las cuales, cuatro fueron los detenidos ayer, y hay tres prófugos.

“Oficialmente no estaban en la Guardia, pero eso no es una justificación, porque hemos dicho, además así es, que la Policía Militar pasa a formar parte de la Guardia”, reiteró.

Al respecto…

Por Alejandro Aguirre Guerrero

 

 

“Me entregué en Guatemala a cambio de que dejaran en paz a mi familia; a mi no me detuvieron, yo decidí entregarme”, me sostuvo el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, vía telefónica desde el sitio donde ahora pasa sus días y noches: el Reclusorio Norte.

“Una vez privado de mi libertad, negocié y me ofrecieron quitarme el delito de Delincuencia Organizada, a cambio de que les diera dinero y aceptara los cargos que fabricaron en mi contra”.

¿Dinero?, ¿y a quién le diste ese dinero? -pregunté al oriundo de la ciudad de Córdoba-

“Ese dinero me lo dio el ex Presidente Peña Nieto por el cargo de conciencia que tenía, por lo que me había hecho, y se lo entregamos al entonces encargado de despacho de la PGR (Alberto Elías Beltrán), como bien se dice ahora en las noticias”.

¿Y qué ocurrió a cambio de ese dinero que entregaste, Javier? -cuestioné-

“Me quitaron el delito de delincuencia organizada, y me ofrecieron los 9 años de condena, que realmente son 4 y medio, por ser primo delincuente. Yo había pactado 7 años, pero intervino el (entonces) subprocurador Felipe Muñoz para perjudicarme, es muy amigo de Miguel Ángel Yunes, y por fortuna ya lo corrieron. Por eso mi condena quedó en 9 años”.

¿Y por qué aceptaste 9 años en vez de los 7 que ya tenías acordados? -me adelanté a cuestionarle-

“Si no los aceptaba, amenazaban con volverme a poner el delito de delincuencia organizada, y por ese son mínimo 20 años inconmutables. De hecho, acepté el procedimiento abreviado, aún así, me quedaban la apelación y amparo en contra de esa sentencia, pero cuando apelamos, Felipe Muñoz se puso furioso,  y amenazó en ir por Karime con una orden de detención con fines de extradición, por un delito ridículo que le inventaron a través del testimonio de Antonio Nemi, el cual ya denunció que lo hizo bajo tortura”.

Pero aunque inicialmente no apelaste, de todas formas fueron por ella, ¿cierto?

“Tuve que desistirme de mi apelación, ya que tenía que proteger a mi familia a toda costa. Sin embargo, una vez que presenté mi escrito de desistimiento, Felipe Muñoz envío la orden de detención con fines de extradición contra Karime, y yo en consecuencia retiré mi desistimiento”.

¿Y tu esposa?

“Karime está protegida por el Gobierno británico, producto de la persecución de la que ha sido víctima, la cual tenemos ampliamente documentada”.

Entonces, ¿crees salir en poco tiempo de prisión?

“Hace unos días, un juez de amparo acaba de determinar que tengo mis derechos para pelear en amparo directo mi procedimiento abreviado. Y a principios de este año, otro juez federal determinó que las pruebas con las que fijaron mi sentencia son ilegales, ya que la PGR las obtuvo sin autorización judicial, por lo tanto, no existen pruebas en mi contra, así que, en efecto, ya voy para afuera”.

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Twitter: @aaguirre_g

www.alejandroaguirre.com.mx

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado este martes sobre el informe que le entregó el Gabinete de Seguridad, pues hoy el diario El Universal da a conocer que en los primeros seis meses del año se llegó a 17 mil asesinatos dolosos en comparación con los 16 mil en el mismo periodo de 2018.

Al respecto, el mandatario comentó que tal como lo dijo ayer en el Zócalo, la seguridad es una de las asignaturas pendientes que tiene su gobierno.

López Obrador reconoció que “no hemos podido disminuir el número de delitos, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios, es prácticamente lo mismo que heredamos del antiguo régimen”.

Denunció que en las pasadas administraciones se abandonó la seguridad pública, y no se atendieron las causas que originan la violencia. Lamentó que se haya dejado de proteger a la población y sobre todo a los jóvenes, quienes se convirtieron en un ejército de reserva para ser enganchados por la delincuencia organizada.

En ese sentido también expuso el contubernio que se normalizó entre las autoridades y los grupos delincuenciales, que a su vez contribuyó a que creciera la impunidad y la corrupción.

Sin embargo, adelantó que ahora con la entrada en funciones de la Guardia Nacional, y con otras acciones, su gobierno entregará buenas cuentas a la población en materia de seguridad.

“Yo estoy seguro de que vamos a poder disminuir la incidencia delictiva. Lo hice cuando fui jefe de gobierno; no estaba como ahora, pero también ahora tengo más instrumentos, tengo más formas de atender el problema”, remató.

De acuerdo a cifras reveladas este lunes por la organización Semáforo Delictivo, la Ciudad de México tuvo un mal primer trimestre en materia de seguridad.

Indicaron que se registró un incremento en los delitos de crimen organizado: 550% el secuestro; 127% la extorsión; 48% el homicidio; 46% el robo de vehículo y 31% el narcomenudeo. También subió 62% el robo a negocio.

En lo que respecta a los delitos socio-familiares, la violación incrementó 454% y la violencia familiar 17%. En cambio, bajó 10% el feminicidio y 5% las lesiones dolosas o riñas.

“Lo más preocupante es que, con toda esta alza de delitos de crimen organizado, la ciudad ya se ubica en el Rojo del Semáforo de Delitos de Alto Impacto. Después de Nuevo León, fue la entidad con mayor incremento en homicidios. Hace mucho que no veíamos un deterioro tan marcado en la CDMX”, puntualizó Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo.

La organización reconoció la labor de la nueva administración capitalina por medir de una mejor forma la incidencia delictiva, esto luego de que se diera a conocer que la pasada administración “maquilló” las cifras; indicaron que debido a esta situación, se refleje el incremento tan notorio en algunos delitos como el secuestro o la extorsión.

Pese al incremento en el índice que homicidios, la CDMX aún reporta una tasa trimestral de 4.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, que es inferior a la tasa nacional de 5.9; las alcaldías con mayores tasas son: Venustiano Carranza (8.1); Tláhuac (5.3), Iztapalapa (5.1); Álvaro Obregón (5.0) y la GAM (4.9).

Roel remato afirmando que, con las cifras que se tienen hoy, se acaba el mito de que la CDMX es la entidad más segura del país, en donde no existe crimen organizado, como quiso vender con tanta insistencia la anterior administración. Ese es el riesgo de pelearse con la evidencia y con los críticos; ese el peligro de anteponer la imagen del gobernante a la realidad de la ciudad o del país”.

Mario Delgado, coordinador parlamentario de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que esta semana se votará la minuta que llegó del Senado para terminar con el fuero constitucional del presidente de la República y los legisladores.

Agregó que con la aprobación de las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución, se dará un paso fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ya que se ampliarán las causales y se agilizará el procedimiento del retiro de la inmunidad política al Ejecutivo federal, diputados y senadores.

Delgado Carrillo explicó que ahora el Presidente y los legisladores podrán ser juzgados por traición a la patria, violación, delitos electorales, corrupción, desaparición de personas, delitos en materia de armas de fuego y explosivos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos o cualquiera de los señalados en el artículo 109.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que la Cuarta Transformación “nos demanda urgentemente dar pasos contundentes para desterrar la corrupción y la impunidad, por ello esta semana se dará un paso fundamental para que nadie esté por encima de la ley, empezando por el Presidente y los legisladores”.

Detalló que, para el retiro del fuero en el caso de diputados y senadores, ocurrirá cuando amerite el caso previa declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados. En el caso del Presidente, tendrá que ser acusado ante el Senado de la República, el cual resolverá mediante el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes la acusación respectiva.

El presidente francés, Emmanuel Macron, promulgó este jueves la ley que otorga a la policía mayores prerrogativas para contrarrestar los disturbios en las manifestaciones, esto en el marco de la crisis que atraviesa su país por las protestas de los llamados “chalecos amarillos”.

El proyecto de ley, que fue adoptado en el Parlamento en marzo pasado pese a que algunas asociaciones la consideran liberticida, fue firmada por el mandatario francés y publicada este jueves en el diario oficial.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, aplaudió la promulgación de la ley que dijo, “protege a los franceses frente a la inseguridad y a la violencia”.

El Consejo Constitucional francés, el máximo órgano de consulta sobre la constitucionalidad de las leyes francesas, censuró a inicios de mes una de las medidas más emblemáticas de esta ley, que preveía prohibir de forma preventiva la participación en manifestaciones a personas consideradas peligrosas.

Inspirada de la ley de prohibición de estadio, este artículo fue rechazado por asociaciones y miembros de la oposición, que consideraban que violaba el derecho a la libre expresión y de reunión, protegidos por la Constitución.

Sin embargo, el Consejo Constitucional validó otros dos artículos controvertidos de esta ley: el artículo 2 que autoriza a las autoridades registrar bolsos y vehículos en las manifestaciones y en las zonas aledañas; y el artículo 6 que tipifica como delito el ocultarse el rostro durante protestas, y que puede ser castigado con un año de prisión y una multa de 15.000 euros.

Las protestas de los “chalecos amarillos”, que se manifiestan desde hace cinco meses contra la política social y fiscal del gobierno, se han convertido en el mayor desafío de la presidencia de Macron.

Varias de las manifestaciones de este grupo que sale a las calles todos los sábados desde el pasado 17 de noviembre, se han visto empañadas por actos violentos, incluyendo saqueos de comercios y quema de vehículos.

El operativo federal de seguridad que se puso en marcha hace unas semanas en Tijuana, Baja California, logró reducir la incidencia delictiva, pero en zonas como Ciudad Juárez y puntos turísticos no ha bajado, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos podido bajar la incidencia delictiva en Tijuana, no así en otras partes, llegaron a haber 20 homicidios diarios, pero ya hay una disminución considerable. En Juárez que se inició el operativo después, en Centros turísticos, no hemos podido bajar la incidencia delictiva en Cancún, sí en Acapulco”, señaló el presidente.

Además, el presidente indicó que con la Guardia Nacional se logrará el objetivo para garantizar la seguridad pública en el país y recordó que 26 Congresos locales ya aprobaron la creación de la Guardia.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional señaló que el próximo lunes dará mayores detalles.

Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que la mayoría de los homicidios en el país se cometen a plena luz del día.

“Muchos podrían pensar que por la noche y no, la mayor parte es de 6 am a 12 del día. Desde la mañana estamos pendientes”, aseguró el mandatario.

Durante su conferencia de prensa de este martes, señaló que el gabinete de seguridad es el primero en llegar a las reuniones previas a su encuentro con los medios.

Por otra parte, el presidente de la República, dijo que entre los miembros de su gabinete hay armonía. Esto, al ser cuestionado sobre la encuesta realizada por el periódico El Financiero que coloca al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como el miembro del equipo más conocido, con un nivel de 69 por ciento, además de ser el que encabeza las preferencias rumbo a la elección presidencial de 2024.

“Es muy buen equipo, hay armonía y todos tenemos un propósito: llevar a cabo la Cuarta Transformación”, señaló López Obrador.

Y es que, de acuerdo con la encuesta, en un careo enfrentando a Marcelo Ebrard con otros personajes cercanos a López Obrador, como la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum; el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal; y la diputada y excoordinadora de campaña de AMLO, Tatiana Clouthier; el Secretario de Relaciones Exteriores lidera como el aspirante más fuerte para contender por Morena en las elecciones presidenciales de 2024.