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El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, quien se encuentra detrás de la demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, denunció este miércoles que las compañías demandadas están intentando «politizar» el litigio mientras México se mantiene «respetuoso».

«El gobierno de México ha sido muy respetuoso e insiste que no es una demanda contra la segunda enmienda, el gobierno de Estados Unidos o los americanos. No obstante, las empresas quieren politizar el litigio hablando de que México es corrupto y tenemos mal las fronteras», explicó el funcionario en una entrevista con la agencia Efe.

Recordemos que el gobierno de nuestro país presentó en agosto pasado una demanda civil en una corte de Boston, Massachusetts, contra once empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.

El lunes las empresas pidieron a la corte desechar la demanda alegando que las leyes estadounidenses les confieren inmunidad y que México no tiene capacidad para demandar en Estados Unidos.

Pero el consultor de la cancillería, que deberá responder a estos argumentos el 31 de enero, sostuvo que las leyes estadounidenses no tienen «efectos extraterritoriales», por lo que no tienen inmunidad por un daño que se produce en México.

Y es que el gobierno federal estima que medio millón de armas cruzan ilícitamente cada año la frontera, cerca del 2.2% de la producción total de Estados Unidos, y son responsables de miles de homicidios anuales.

Con la demanda, las autoridades mexicanas buscan que las empresas establezcan mayores controles en la venta de sus armas y también piden un resarcimiento económico por el costo que tiene la inseguridad en México, que oscilaría entre el 2% y el 6% del PIB.

«No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor. (…) Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?», expresó Celorio.

El consultor explicó que el sur de Estados Unidos alberga la mayoría de tiendas de armas, las cuales venden a testaferros, fuera de inventario o varios fusiles a una misma persona. «Venden armas con oro, con joyas, las llaman ‘Jefe de jefes’, con símbolos aztecas. No podemos caer a pensar que es (un negocio) inocente», expresó Celorio.

Sobre que no es una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos, Celorio destacó que la administración Biden no ha emitido «ningún pronunciamiento» sobre el litigio, pero que coopera con México en el combate al tráfico de armas.

Desde la matanza contra latinos perpetrada en 2019 en El Paso, Texas, el gobierno mexicano ha levantado la voz contra el tráfico de armas y es un asunto que abordaron la semana pasada los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en Washington.

El jefe de iluminación de la película Rust, Serge Svetnoy, presentó este miércoles la primera demanda contra el actor y productor estadounidense Alec Baldwin y otros miembros de la producción de ese film después de la muerte por disparo de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la misma.

En una rueda de prensa en Los Ángeles, Svetnoy, que fue también herido por la bala que terminó con la vida de Hutchins, aseguró que vio «de primera mano que varias armas se dejaron desatendidas, en el suelo y sin supervisión» a lo largo de la filmación en Bonanza Creek Ranch, en Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos.

Por estas condiciones en el set y el posterior accidente fatal, Svetnoy presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por negligencia contra los productores de la película, incluyendo Baldwin, así como contra el director asistente y la encargada del control de las armas.

En el documento judicial, el experto en iluminación culpó a la encargada de las armas Hannah Gutierrez-Reed por aceptar un puesto de trabajo por encima de su experiencia en un rodaje en el que eran necesarios «varios armeros auxiliares para manejar de manera segura» esas armas.

Según la demanda, Gutierrez-Reed «permitió negligentemente» que un revólver Colt de calibre 45 con al menos una bala real fuera entregado al subdirector David Halls, que tampoco inspeccionó el arma adecuadamente y le dio posteriormente a Baldwin.

Además, Svetnoy afirmó que Baldwin también «tenía el deber» de verificar «dos veces» que el revólver no estaba cargado con munición real antes de apretar el gatillo. «Este deber además le exigía que manejara el revólver Colt como si estuviera cargado y que se abstuviera de apuntar a nadie», alega la demanda.

En la rueda de prensa, Svetnoy contó que está convencido de que los productores tienen gran parte de la culpa por supuestamente intentar «ahorrar dinero» contratando un número insuficiente de trabajadores para manejar de manera segura los accesorios y armas de fuego correctamente en el set de Rust.

«Debido a que el uso de armas de fuego y munición real en películas representa una actividad intrínsecamente peligrosa, los productores de Rust tenían el deber de contratar personas capacitadas y experimentadas para supervisar cuidadosamente el uso de armas de fuego y municiones en la filmación de la película», agregó Svetnoy en su queja.

Mientras avanzan las pesquisas oficiales se han ido conociendo otros detalles, como que Halls, que entregó la pistola a Baldwin, fue despedido de otro rodaje en 2019 por un incidente similar aunque, por fortuna, no hirió a nadie. Halls reconoció en octubre que no revisó el arma que le entregó a Baldwin antes de ensayar la escena porque estaba convencido de que contenía balas de mentira.

Un juez federal de Estados Unidos concedió que las once empresas armamentísticas estadounidenses acudan y se defiendan en bloque en la demanda de reparación presentada por el gobierno de nuestro país, al considerar que han contribuido al clima de violencia y al tráfico ilegal con sus «prácticas negligentes».

«Los demandados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte», señala el documento sellado por el Tribunal del estado de Massachusetts al que tuvo acceso Milenio.

Las autoridades estadounidenses, en un intento por aligerar la carga de trabajo de ambas partes, han fijado para el 22 de noviembre la fecha en la que estas once empresas pueden presentar sus alegaciones, mientras que el gobierno del presidente López Obrador tendrá derecho a replica el 31 de enero de 2022, que a su vez podrá ser respondida nuevamente por los acusados un mes después.

El tribunal permitirá, además de la defensa conjunta, réplicas individuales a lo largo del proceso judicial, en el que las empresas ya han comenzado a mostrar sus movimientos en bolsa e información sobre sus filiales.

Recordemos que a principios de agosto, el Gobierno de México anunció que había presentado una demanda civil de daños en Estados Unidos contra varias empresas de armamento por el comercio «negligente» que habrían estado cometiendo en territorio nacional, contribuyendo «al tráfico ilegal de armas» y ocasionando «daño directos» al país.

Además de una cantidad económica que será fijada en el juicio, las autoridades de nuestro país también reclaman a estas empresas que establezcan nuevos y refuercen sus protocolos de seguridad para evitar que se siga produciendo este mercado negro de armas de fuego que está «íntimamente vinculado con la violencia en México».

«Casi todas las armas recuperadas en la escena del crimen en México, del 70 al 90 por ciento de ellas, fueron objeto de tráfico de Estados Unidos», denunció recientemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Entre lo demandados están los fabricantes Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett, cuyo «rifle de francotirador calibre 50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga», señaló Ebrard.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó una demanda en Estados Unidos para recuperar el dinero vinculado a las operaciones de presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien fue arrestado en ese país por delitos de narcotráfico.

«La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida», explicó el organismo en un comunicado.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, aseguró que estas empresas son propietarias de activos derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública.

La demanda, presentada ante una corte de Miami, Florida, alega que este grupo de empresas fue creado por García Luna y allegados para esconder recursos derivados de actos de corrupción. El recurso legal fue presentado en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Recordemos que García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn en Nueva York, y está a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.

Es acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de la seguridad nacional en nuestro país.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, lo anterior habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. El mes pasado, un tribunal de Nueva York retrasó hasta el 26 de octubre la audiencia del juicio del exsecretario.

Agentes de la policía del Capitolio que sufrieron ataques y golpizas durante los disturbios del 6 de enero presentaron una demanda este jueves contra el expresidente Donald Trump, sus aliados y miembros de grupos extremistas de ultraderecha, a quienes acusaron de incitar a una turba violenta para impedir la certificación del voto presidencial por el Congreso.

La demanda en una corte federal en Washington alega que Trump «trabajó con supremacistas blancos, grupos extremistas violentos y partidarios de su campaña para violar la Ley Ku Klux Klan y cometer actos de terrorismo interno en un intento ilegal por conservar el poder».

El Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley presentó la demanda en representación de los siete agentes. Los acusados son el expresidente, la campaña de Trump, Roger Stone, aliado de Trump y miembros de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers que estuvieron presentes en el Capitolio y en Washington el 6 de enero.

Legisladores demócratas han entablado dos demandas similares en los últimos meses. Alegan que las acciones de Trump y sus aliados provocaron el violento asalto al Capitolio en que docenas de agentes de policía resultaron heridos, se demoró la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden y forzó a los legisladores a salir del recinto «para salvar la vida» cuando irrumpieron en la sede de la democracia estadounidense con garrotes, palos y otras armas.

Un comité de la Cámara baja que está investigando los sucesos de la jornada pidió ayer los documentos a las agencias de inteligencia, policía y otros organismos del gobierno. Han solicitado documentos sobre Trump y su equipo al Archivo Nacional.

El pedido de documentos es apenas el inicio de lo que se prevé será una investigación larga, partidista y rencorosa de cómo la turba pudo penetrar en el Capitolio e interrumpir la certificación de la victoria electoral, en el asalto más grave al Congreso en dos siglos.

En una declaración emitida ayer por la noche, Trump acusó al comité de violar «principios legales consagrados de inmunidad».

«Se defenderá la inmunidad presidencial, no solo en nombre de mi Gobierno y los Patriotas que colaboraron conmigo, sino en nombre de la Presidencia de los Estados Unidos y el futuro de nuestra Nación»», afirmó Trump.

Más de tres mil personas de todo el mundo han presentado demandas en contra de China por la propagación del virus del COVID-19 en humanos, y en contra de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por no poder controlar ni frenar la pandemia.

De acuerdo con Patricio Poplavsky, CEO de Poplavsky International Law Offices, una firma legal basada en Argentina, señaló que Estados Unidos, México y Argentina son los países que mayor cantidad de demandas judiciales han presentado, principalmente por personas que se contagiaron de COVID-19.

El abogado precisó que las denuncia son contra la República Popular China, que dirige el presidente Xi Jinping; y la OMS, que encabeza Tedros Adhanom, por “transgresión a la Declaración Universal de Derechos Humanos”, refiriéndose en concreto a sus artículos que se refieren al Derecho a la Vida y al Derecho a la Integridad Personal.

Se indicó que las demandas refieren “daños materiales” como pérdida de ingresos, gastos médicos, así como también “daños morales” en alusión al aislamiento, miedo, angustia, ansiedad, entre otros aspectos.

«La causa, que es colectiva, se encuentra en proceso previo a la apertura de prueba. Es decir, los próximos pasos son llamar a los testigos propuestos por las partes y requerir la documentación que solicitamos en la denuncia”, señaló Poplavsky, quien dijo tener las “más altas expectativas” en alcanzar un fallo favorable para los damnificados.

Las denuncias coinciden con que China se lanzara hoy en contra de Washington por politizar el asunto sobre los orígenes del coronavirus, e insista en culpar a Beijing.

Fu Cong, un alto funcionario en el Ministerio del Exterior de China, dijo en una rueda de prensa con periodistas extranjeros que «hacer de China un chivo emisario no puede blanquear a Estados Unidos». «Si quieren acusar a China sin fundamentos, mejor que se preparen a aceptar el contrataque de China», dijo.

Y es que China, Estados Unidos y la OMS están inmersos en una pelea en torno a si el virus se filtró desde un laboratorio en Wuhan, la ciudad donde se detectó el primer caso de COVID en 2019.

Recordemos que un informe conjunto de China y la OMS meses atrás llegó a la conclusión de que una filtración desde un laboratorio era «extremadamente improbable»; la hipótesis más probable, según el informe, es que el virus pasó de los murciélagos a otro animal, que entonces lo transmitió a los seres humanos.

Pero las conclusiones no son definitivas, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo a finales de marzo que todas las hipótesis estaban sobre la mesa y merecían mayores estudios.

Al respecto, el presidente Joe Biden ordenó que las agencias de inteligencia de su país revisaran las dos teorías durante un período de 90 días.

China por su parte ha insinuado que el virus tal vez escapó de Fort Detrick, un laboratorio militar estadounidense en Maryland. El país asiático ha señalado que el instituto de enfermedades infecciosas de Fort Detrick ha estudiado varios coronavirus y que estuvo cerrado durante varios meses en 2019-2020 por infracciones de seguridad.

Finalmente, los expertos en un informe de la OMS declararon este miércoles que la investigación sobre los orígenes del COVID-19 «está en un punto muerto», advirtiendo que es urgente retomarla, ya que cuanto más tiempo pase más difícil será concluirla.

«La investigación sobre los orígenes del virus SARS-CoV-2 está en un momento crítico (…) la ventana para llevar a cabo esta investigación crucial se está cerrando rápidamente» explicaron en un texto publicado por la revista científica Nature.

Entre estos once científicos destacan la holandesa Marion Koopmans, el británico Peter Daszak, el vietnamita Hung Nguyen-Viet o el catarí Farag El Moubasher. Esos científicos formaban parte del equipo de 17 expertos internacionales y 17 chinos que elaboraron el informe de marzo, tras visitar en enero el laboratorio chino de Wuhan.

Una corte federal de Massachusetts admitió la demanda del gobierno de nuestro país en contra empresas armamentísticas estadounidenses que presentó a inicios de mes, informó este viernes el canciller Marcelo Ebrard.

«La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí», anunció el canciller en redes sociales.

En el mismo mensaje, Ebrard calificó la aceptación de la demanda como «un primer gran paso» y detalló que «ahora vienen la notificación y el proceso legal».

Recordemos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció el pasado 4 de agosto una histórica demanda contra una decena de empresas de armas de Estados Unidos a las que acusa de llevar a cabo prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas y la violencia en México.

Esta demanda, cuyo proceso se podía extender por años, se interpuso ante una corte federal en Boston, en Massachusetts, sede de dichas compañías.

El gobierno de la Cuarta Transformación aclaró que la demanda se presentó en contra de las empresas y no de la administración de Joe Biden.

Con ello, las autoridades de nuestro país buscan que aumente el control sobre las armas en Estados Unidos, pero también exigen una compensación económica, cuya cantidad todavía no han calculado. Se estima que más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17,000 homicidios anuales, con un costo de entre el 1.5% y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

México demandó a un grupo de empresas de armas de Estados Unidos, acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en nuestro país.

La cancillería informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston, Massachusetts, y aclaró que la denuncia no es contra el Gobierno estadounidense.

Se estima que sea un proceso que podría durar años, y a través del cual el país también espera una compensación económica millonaria por parte de las empresas.

La demanda fue presentada contra algunos de los mayores fabricantes de armas como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc. Otro acusado es Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston que vende armas de todos menos uno de los fabricantes a tiendas minoristas de Estados Unidos.

El gobierno federal sostiene que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan.

La demanda señala que su objetivo es «poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México».

Además, refiere que la amplia mayoría de las armas decomisadas en escenas de crímenes en nuestro país provienen de Estados Unidos.

Se calcula que el 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17,000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas.

La Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF) rechazó en un comunicado que la industria realice prácticas comerciales «negligentes», como dice México. «Las acusaciones no tienen fundamento. El gobierno mexicano es responsable por el crimen rampante y la corrupción en sus fronteras», señaló Lawrence G. Keane, vicepresidente y consejero legal de la NSSF, la asociación que representa a la industria de las armas en Estados Unidos.

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la demanda es parte de la campaña del gobierno federal contra las armas. «La prioridad es que reduzcamos los homicidios», afirmó. «No buscamos alterar las leyes americanas».

Agregó que los dos gobiernos trabajan en estrategias para enfrentar el tráfico de armas y aseguró que no anticipa «ningún tipo de diferencia diplomática con los Estados Unidos».

Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que los daños provocados por las armas traficadas equivaldría a entre 1.7% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Por ello, el gobierno pedirá una compensación de al menos 10,000 millones de dólares, dijo.

«No lo hacemos para meter presión a Estados Unidos», dijo Celorio. «Lo hacemos para que no haya muertos en México».

El funcionario añadió que México no buscó la asesoría del gobierno de Estados Unidos antes de interponer la denuncia y sólo informó a la embajada estadounidense en el país que presentaría la demanda.

Steve Shadowen, el abogado principal que representará a México ante la corte estadounidense, dijo que en los primeros años del siglo XXI una treintena de ciudades estadounidenses iniciaron juicios similares contra los fabricantes con el argumento de que eran responsables por el incremento de la presencia policial, las hospitalizaciones y otros costos asociados con la violencia por las armas de fuego.

Agregó que algunas ciudades comenzaron a ganar, por lo cual los fabricantes fueron al Congreso que les otorgó inmunidad a esas empresas. Sin embargo, Shadowen consideró que esa exención no aplica cuando las consecuencias del uso de sus armas ocurren fuera de Estados Unidos.

«Los méritos del caso están fuertemente a nuestro favor y entonces tenemos que sortear este estatuto de inmunidad, lo cual pensamos que vamos a ganar», dijo. «El estatuto simplemente no aplica; sólo aplica cuando estás en los Estados Unidos», detalló Shadowen en entrevista con la agencia AP.

Recordemos que la venta de armas de fuego está estrictamente limitada en nuestro país, y controlada por la Secretaría de la Defensa (Sedena). Sin embargo, desde hace años las autoridades sostienen que los cárteles de la droga introducen miles de armas de contrabando.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook, Google y Twitter y sus consejeros delegados para hacerlos «rendir cuentas» por lo que considera un ataque a su «libertad de expresión».

En una rueda de prensa, Trump dijo que buscará probar la ilegalidad del veto de sus cuentas de redes sociales, pero también defender la Primera Enmienda de la Constitución y que las «Big Tech» dejen de «silenciar», y de poner en una lista negra a diversos estadounidenses.

Recordemos que las cuentas de Trump en Facebook y Twitter permanecen suspendidas tras el asalto de simpatizantes del magnate al Capitolio el pasado 6 de enero, algo que ha calificado desde entonces de «censura» y «abuso».

El exmandatario iniciará en el estado de Florida la demanda, apoyada por el America First Policy Institute, que agrupa a políticos de su línea ideológica y exmiembros de su gabinete, y dijo que en su equipo legal contará con abogados que han defendido a empresas tabaqueras.

«El caso probará que esto es ilegal, inconstitucional y completamente antiestadounidense», dijo Trump, quien señaló que buscará la «restitución» y compensación por los daños «punitivos» por parte de los gigantes de las redes sociales, a quienes tachó de «agentes del gobierno».

«Vamos a hacer rendir cuentas a las ‘Big Tech’ y será la primera de numerosas demandas. Vamos a ser líderes y cambiar el país. Será una batalla crucial en defensa de la Primera Enmienda y estoy seguro de que obtendremos la victoria para Estados Unidos, para la libertad y la libertad de expresión», dijo.

El magnate invitó a unirse a la demanda a personas contrarias a su ideología, incluidos demócratas, bajo el argumento de que las grandes tecnológicas se han aliado con el gobierno para decidir qué es desinformación, y que dentro de unos años podrían ser ellos las víctimas.

En su intervención se rodeó de varias personas agraviadas por suspensiones de sus cuentas y de figuras como Pam Bondi, exfiscal del Distrito Sur de Florida, que forma parte del equipo litigador.

Bondi defendió que las redes sociales no deberían estar protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, creada para proteger a los niños de la explotación ‘online’, y que permite a las compañías tecnológicas moderar los contenidos en sus plataformas y, a la vez, las blinda ante consecuencias por el material publicado por usuarios.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) indicó este martes que la recuperación de la demanda mundial de crudo, desplomada hace un año por la pandemia de la COVID-19, se logrará plenamente en el cuarto trimestre del 2021.

«Prevemos que la demanda sobrepasará los 99 millones de barriles diarios (mbd) en el cuarto trimestre, lo que nos situaría en niveles previos a la pandemia», afirmó el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo.

El consumo petrolero aumentará este año en casi un 6.8% (3.3 mbd) en los países fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en un 6.4% (2,7 mdb) en la propia OCDE, precisó.

Barkindo facilitó esas estimaciones ante el Comité Conjunto de Supervisión Ministerial (JMMC) de la llamada OPEP+ (la OPEP y 10 productores aliados), en una breve sesión previa a la conferencia de los ministros de los 23 países integrantes de esa alianza.

Tras revisar la situación actual del mercado petrolero, el JMMC recomendó a las delegaciones mantener sin cambios el plan acordado en abril para restablecer de forma gradual y controlada parte del recorte de producción vigente. Ello implica un aumento del bombeo conjunto en 2,141 mbd hasta julio, que comenzó ya en mayo.

Tras una subida de 350,000 bd en mayo, el pacto prevé otros 350,000 barriles diarios adicionales en junio y 441,000 bd en julio, a lo que Arabia Saudí añadiría además otros 250,000 bd en mayo, 350,000 bd en junio y 400,000 bd en julio.

Según el JMMC, en abril los países del grupo cumplieron con los recortes pactados en un 114%.

Paralelamente a las negociaciones de la OPEP+, los precios del crudo se disparaban hoy, entre otras cosas por algunos indicios de que el esperado acuerdo para salvar el pacto nuclear iraní podría atrasarse o estancarse. Con ello, se alejaría el momento en el que los barriles iraníes bloqueados por las sanciones estadounidenses puedan al mercado mundial de crudo.

La página que el gobierno federal habilitó para que los adultos mayores accedan a la vacuna contra el Covid-19 ha presentado fallas todo el día, lo cual ha llevado a diversos usuarios de las redes sociales a denunciar que no han podido realizar el registro correspondiente.

De acuerdo con usuarios en Twitter, quienes querían acceder al registro en la página web oficial de la vacuna no podían ingresar debido a las fallas en el sistema. Y quienes lograban entrar y comenzar su registro, alertaron que no podían concluirlo pues la página caducaba o simplemente los sacaba.

Esta mañana, César Vélez, coordinador de la Dirección General de Tecnologías de la Información del Gobierno federal, presentó la plataforma de registro de vacunación que contempla a personas mayores de 60 años que este mes empezarán a recibir la primera dosis para un proceso que pretende completarse a lo largo de marzo.

Pese a que las fallas se les comunicaron a los propios funcionarios durante la conferencia matutina, pues a los pocos minutos de que se anunciara comenzaron a presentarse, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que se estarían haciendo pruebas técnicas ante la saturación que sufrió.

«Si ahorita circunstancialmente se saturó, seguramente estarán vigilando que esto no ocurra, si le llega a ocurrir no se angustie, inténtelo de nuevo y regístrese lo antes posible», señaló el funcionario.

El encargado de la estrategia para enfrentar la pandemia en el país, destacó que la única plataforma para registrarse para este proceso es la del gobierno federal, pues actualmente ninguna entidad federativa o gobierno local dispone de vacunas.

De acuerdo con lo que se ha anunciado, se contempla que en este mes comience la vacunación para adultos mayores con quienes se utilizará la fórmula de Pfizer para personas de comunidades apartadas; la Sputnik V para quienes viven en comunidades medias, y la de CanSino para los adultos mayores residentes en grandes ciudades.

La OPEP proyectó este miércoles que la histórica caída anual del consumo petrolero a raíz de la pandemia de coronavirus será mayor a la prevista hace un mes, al pasar del 8.03% al 9.09%.

Esta revisión es atribuida a que el freno de las actividades económicas «en algunos países» fue durante el segundo trimestre mayor de lo estimado inicialmente, indica la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual.

Calcula ahora que la demanda mundial de petróleo promedie los 90.6 millones de barriles diarios (mbd) en todo 2020, después de haber rozado los 100 mbd en 2019. el desplome es de 9.1 mbd, 100,000 bd más que lo calculado en el informe anterior.

Pese a la cifra ajustada, la previsión es de una constante mejora: desde los 81.84 mbd del pasado trimestre, el consumo de crudo sube hasta 92.10 mbd en el trimestre actual y a 95.83 en los últimos tres meses del año.

Para 2021, la OPEP espera, en base a una mejora de la situación epidemiológica en el planeta, un incremento interanual de 7 mbd, hasta una media de 97.63 mbd.

Dichos pronósticos parten del escenario de que «el Covid-19 será contenido en gran medida a nivel mundial, sin mayores trastornos para la economía global», resaltan los expertos de la organización.

No obstante, recuerdan la incertidumbre que aún prevalece sobre la evolución futura de la pandemia y su impacto en el mercado petrolero, por lo que estiman necesario que los productores del llamado «oro negro» mantengan limitada su oferta y que los consumidores incentiven el consumo energético.

A este respecto, no solo se refieren al recorte de suministros pactado en abril por los trece miembros de la OPEP y sus diez aliados independientes, entre ellos Rusia, que rige desde mayo pasado, sino que también esperan que otros productores rebajen su bombeo para apuntalar la cotización del barril.

«De cara al futuro, la evolución de los precios del crudo y de los productos en el segundo semestre del año seguirá viéndose afectada por la preocupación por una (eventual) segunda oleada de infecciones y el aumento de las existencias (reservas de crudo) mundiales», advierten.

Los países de la alianza OPEP+ que participan en el histórico acuerdo para reducir la producción de petróleo en 9.7 millones de barriles diarios (mbd) desde el pasado 1 de mayo, cumplieron ese pacto en 95% en su primer mes.

Así lo revela el último informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), emitido este miércoles, según el cual la alianza de 23 países, 13 de la OPEP y 10 fuera de la OPEP, redujo su producción conjunta en 9.2 mbd.

«El gran cumplimiento de los ajustes voluntarios de producción de los 10 países ajenos a la OPEP (…) condujo a una caída en la producción de petróleo de 2.95 mbd en mayo, mientras que la OPEP recortó 6.25 mbd», precisa el informe.

En un primer momento, el mercado se había mostrado escéptico acerca del cumplimiento de este acuerdo, cuyo objetivo era frenar la fuerte caída de los precios en medio de crisis del coronavirus.

Al mismo tiempo, la producción de otros competidores ajenos al acuerdo, sobre todo Estados Unidos y Canadá, también se redujo en cerca de 2 mbd en abril y otros 0.8 mbd en mayo.

La OPEP+, que controla cerca del 60 % de la producción petrolera mundial, acordó en abril aplicar en mayo y junio un recorte de 9.7 mbd, alrededor del 10 % del bombeo mundial. El pasado 6 de junio la OPEP+ decidió extender hasta el 31 de julio ese recorte récord y revisar mensualmente el cumplimiento del acuerdo y la situación del mercado.

El paro de actividades en todo el mundo como consecuencia de la pandemia del coronavirus causó una disminución drástica de la demanda que llevó a los crudos de referencia a llegar a perder hasta el 75 % de su valor respecto a la cotización de principios de 2020.

Los analistas de la OPEP calculan en su informe de hoy que la demanda se desplomará este año en 9.1 mbd, una caída inédita que deja la en una media de 90.06 mbd este año, una cifra muy lejana a los casi 100 mbd de 2019.

«Los precios de los futuros del petróleo también se recuperaron en mayo, en medio de un renovado optimismo sobre las perspectivas de los fundamentos del mercado mundial y las expectativas de una mayor recuperación de la demanda y una reducción de la oferta mundial», añade el informe de la OPEP.

El pacto vigente desde el 1 de mayo prevé que pase de un recorte de 9.7 mbd a los 7.7 mbd a partir del 1 de agosto y se sitúe en los 5.7 mbd entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2022. Sin embargo, estas cifras pueden revisarse en caso de que la debilidad de la recuperación de la demanda lo aconseje.

La demanda de gasolina en México durante el primer mes de la contingencia sanitaria registró una caída de 34.9%, al promediar en 520.4 mil barriles diarios; sin embargo, la reducción fue de hasta un 50.11% a mediados de abril.

De acuerdo con información de la Secretaría de Energía (Sener), la disminución entre el 28 de marzo y el 1 de mayo fue de 279 mil barriles diarios en relación con los 799.4 mil barriles registrados en las mismas semanas de 2019.

Y es que luego de que se emitiera la declaratoria de emergencia el 30 de marzo, la demanda de gasolina en la semana terminada el 3 de abril bajó 26.34%, al pasar de 816 mil barriles a 601 mil; para el 10 de abril la disminución fue de 32.15% en relación los 793 mil barriles registrados en 2019 y ubicarse en 538 mil.

Sin embargo, el punto más bajo se registró en la semana 16 del año, concluida el 17 de abril, al situarse en 429 mil barriles diarios en promedio, una caída de 50.11% respecto a los 860 mil barriles del año anterior.

Una semana después, la demanda gasolina fue de 507 mil barriles diarios, una contracción de 33.81% en comparación con los 766 mil reportados en 2019; mientras que en la concluida el 1 de mayo fue de 527 mil barriles, una reducción anual de 30.83%.

Durante el mes de abril, el volumen de ventas de gasolina Petróleos Mexicanos (Pemex) cayó 40.08% respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 745.1 mil barriles diarios en promedio a 446.7 mil barriles diarios.

En términos económicos, las ventas de gasolina de Pemex en este lapso colapsaron 70.82%, ya que en el cuarto mes de 2019 representaron 42 mil 37.8 millones de pesos y este año se ubicaron en 12 mil 263 millones.

El precio de la gasolina en abril de 2020 promedio a nivel nacional fue de 15.10 pesos por litro, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 22.64 por ciento menos respecto al mismo mes del año pasado.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, acusado por corrupción en tres casos distintos, anunció este martes que retiraba su petición de inmunidad tan solo una hora antes del voto en el parlamento sobre esta cuestión.

Netanyahu, que se juega su futuro político en las elecciones del 2 de marzo, retiró su demanda, justo antes de una sesión parlamentaria, desde Washington, donde este martes presentará el plan de paz estadounidense para Oriente Medio.

El primer ministro, que el lunes se reunió con «su amigo» el presidente Donald Trump, dijo que el proyecto de paz estadounidense es «histórico».

Sin embargo ya fue rechazado por los palestinos, que cortaron sus relaciones con la administración Trump tras varias decisiones consideradas favorables a Israel.

El plan podría servir de apoyo a Netanyahu en su campaña de las legislativas de marzo, igual que su decisión de retirar su demanda de inmunidad, muy criticada en los medios y que tenía pocas posibilidades de terminar con éxito porque no tiene mayoría en el parlamento.

«Informé al presidente del parlamento de que retiraba mi petición de inmunidad. Más tarde, desmentiré las acusaciones ridículas (…) formuladas en mi contra», dijo Netanyahu  n un comunicado el jefe de gobierno

«Pero de momento no dejaré que mis adversarios políticos utilicen esto para enturbiar el proceso histórico que estoy liderando», añadió.

El primer ministro fue inculpado en noviembre por corrupción, malversación y abuso de confianza en tres casos.

La ley israelí determina que un ministro inculpado tiene que dimitir pero no se aplica al primer ministro. Aunque puede mantenerse en el cargo, Netanyahu no tiene inmunidad frente a la justicia, por eso la había pedido a principios de enero al parlamento.

El primer ministro esperaba una victoria en las elecciones de marzo para obtener una mayoría y protegerse de la justicia.

Pero los partidos de oposición convencieron a una mayoría de diputados que examinaran su demanda de inmunidad antes de las elecciones, un voto crucial que el primer ministro se arriesgaba a perder.

Tras retirar su demanda de inmunidad, los procesos judiciales contra Netanyahu podrían acelerarse y empezar incluso antes de las legislativas del 2 de marzo, según la prensa israelí.

Al respecto, el Fiscal General israelí, Avichai Mandelblit, presentó la acusación formal contra el primer ministro por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza.

«La acusación fue presentada hace poco […] como lo exige la ley» ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, dijo la oficina de Mandelblit.

Diez ciudadanos mexicanos presentaron demandas contra la cadena de supermercados Walmart Inc. responsabilizándola de no tomar medidas para proteger a sus clientes del ataque ocurrido en una sucursal en Texas, en agosto pasado, donde murieron 22 personas, ocho de ellas mexicanas.

«El objetivo de estas acciones presentadas en el Condado de El Paso es responsabilizar a la empresa por no tomar medidas razonables y necesarias para proteger a sus clientes del ataque ocurrido en la sucursal de Cielo Vista en el Paso, Texas», detalló la Cancillería mexicana en un comunicado.

Las demandas fueron presentadas por la firma de abogados Lynn Coyle en coordinación con el consulado mexicano en El Paso, una ciudad que es fronteriza con México y donde un 83% de los 680,000 habitantes son de ascendencia hispana.

«Por medio de esta demanda, los peticionarios buscan justicia no únicamente para ellos, sino también seguridad para el público en general», agrega el comunicado.

El ataque del 3 de agosto, que el gobierno mexicano calificó como un «acto de terrorismo» sustentado en la xenofobia, fue perpetrado por Patrick Wood Crusius, de 21 años. El agresor declaró ante las autoridades que entró a la tienda de Walmart y abrió fuego usando un rifle de asalto AK-47 contra múltiples víctimas, aunque precisó que «su objetivo eran los mexicanos».

El mes pasado, Crusius se declaró no culpable del cargo de asesinato múltiple. La fiscalía de El Paso dijo que pediría la pena de muerte. El ataque dejó también una veintena de heridos, ocho de los cuales eran mexicanos.

La Cancillería sostuvo que continuará utilizando «todos los recursos a su alcance» para evitar que este tipo de incidentes se repitan y para reparar los daños sufridos por las víctimas.

Recordemos que a inicios de septiembre, Walmart anunció que dejaría de vender municiones para pistolas y algunos rifles de estilo militar, y calificó de «inaceptable» la situación del control de armas en Estados Unidos.