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La senadora Kenia López Rabadán y el diputado Santiago Torreblanca, acudieron a la Cámara de Diputados a presentar una demanda de juicio político en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por su negligencia en la tragedia de la Línea 12 del Metro.

Los legisladores solicitaron a la Cámara de Diputados que inicie un juicio político en contra de Sheinbaum Pardo, a efecto de que sea destituida del encargo y se puedan establecer con transparencia las causas y los responsables que originaron el colapso del tramo elevado de la Línea 12.

Al presentar la demanda de juicio político, los panistas señalaron que la sociedad requiere verdad y justicia sobre los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2021, que dejaron 26 personas sin vida y cerca de 100 heridos, porque hasta el momento no hay ningún responsable en la cárcel.

“La obstrucción en las investigaciones de la tragedia por parte de las autoridades de la Ciudad de México, constituyen violaciones graves a la Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, indicaron.

Consideraron que la titular del gobierno capitalino ha buscado obstruir las investigaciones y deslindarse de cualquier responsabilidad, “para ella los únicos culpables son unos pernos; busca dirigir de forma dolosa el relato de las causas de la tragedia”, acusaron.

“Claudia Sheinbaum debe ser condenada y sancionada, vía juicio político, con la destitución como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México e imponérsele inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público”, aseguraron.

En ese sentido, reprobaron que se haya querido ocultar el tercer informe que emitió la empresa noruega DNV, ya que el mismo debe ser tomado en cuenta en el deslinde de responsabilidades.

Señalaron que la visión de la jefa de Gobierno sobre los hechos está alejada de una verdadera investigación científica, exhaustiva y diligentemente conducida.

“Mientras los dos primeros informes eran coincidentes con sus intereses, la Jefa de Gobierno los publicó y aceptó, pero cuando el tercer informe incluyó la falta de inspección y mantenimiento como causa del desplome, decidió esconder el peritaje y demandar la rescisión del contrato”, abundaron.

Dijeron que resulta inaceptable que Claudia Sheinbaum sea juez y parte en la investigación de la tragedia en la que las víctimas y las familias reclaman el esclarecimiento de las causas, la reparación integral de los daños y las garantías de no repetición de este tipo de hechos.

Consideraron que, al actuar de forma indebida para proteger sus intereses particulares sobre los colectivos, la Jefa de Gobierno renunció a su deber de presentar las evidencias que permitan identificar a los responsables de la tragedia.

En Broojula, te presentamos el mejor análisis sobre la crisis política que enfrenta la Jefa de Gobierno, y de la cual hasta el presidente López Obrador ha salido en su defensa.

Los principales fabricantes de armas de Estados Unidos tienen previsto solicitar este martes a un juez federal de Boston, que desestime una demanda del gobierno mexicano que les acusa de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga, lo que ha provocado miles de muertes en México.

Se espera que los abogados de esas compañías, entre ellas Smith & Wesson y Sturm, Ruger & Co, pidan en una audiencia virtual al juez de distrito F. Dennis Saylor que deseche la demanda que nuestro país presentó en agosto pasado por 10,000 millones de dólares.

Recordemos que México acusó a las empresas de socavar las leyes en materia armamentística al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar sabiendo que equiparían a los cárteles de la droga, estimulando asesinatos, extorsiones y secuestros.

La demanda argumenta que cada año se trafican a nuestro país más de 500,000 armas desde Estados Unidos, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.

Las compañías argumentan que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego sea atribuible a la acción de los fabricantes.

Las firmas también argumentan que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos les protege de las demandas por el mal uso de sus productos.

México, sin embargo, dice que esa ley sólo excluye las reclamaciones por lesiones en Estados Unidos y no protegería a las compañías de las acusaciones por el tráfico de armas a delincuentes mexicanos.

Los fiscales generales demócratas de 13 estados junto con el Distrito de Columbia presentaron en enero escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe.

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, señaló que la demanda contra las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos sigue adelante.

«Seguimos adelante, la respuesta de los fabricantes de armas se da en los términos previstos, no hay sorpresas. Tenemos los elementos necesarios para ganar», dijo Ebrard en un mensaje en Twitter.

Y es que la SRE señaló, mediante un comunicado, que las empresas presentaron su respuesta a la réplica que sometió la cancillería a nombre del gobierno de México, el pasado 31 de enero, como parte de las acciones de la causa civil que está en curso en la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts.

En la demanda se acusa a las armerías estadunidenses «por sus prácticas negligentes de negocios que favorecen el tráfico de armas a nuestro país».

Además, la SRE recordó que el calendario procesal original preveía que su respuesta fuera sometida el 28 de febrero pasado, pero la contundencia de los argumentos legales del gobierno mexicano y el amplio apoyo recibido a través de escritos de Amigos de la Corte les obligó a esta ampliación.

«Como se esperaba, las empresas cuestionaron individualmente la capacidad del gobierno de México de demandar en Massachusetts y el vínculo entre sus acciones negligentes y el daño ocasionado por sus armas en territorio mexicano», señaló en el comunicado la cancillería.

Además, dijo que las empresas, «insisten en argumentar que la ley Protection of Lawful Commerce in Arms (PLCAA) les ofrece inmunidades, aun cuando los hechos delictivos ocasionados con sus armas hayan ocurrido fuera de Estados Unidos».

Recordemos que el pasado 31 de enero de 2022, los representantes legales del gobierno de México argumentaron en el escrito de respuesta que el Congreso de Estados Unidos, «al legislar lo hacen pensando que las leyes solo tienen alcance en su territorio, y cuando su intención es que se apliquen más allá de su país, lo manifiestan de manera explícita en la ley».

El gobierno de México «sostiene que PLCAA no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México».

Ante este escenario, la SRE dijo que realizará el análisis correspondiente de los escritos de respuesta de las empresas demandadas y seguirá informando sobre el desarrollo de este litigio.

A finales de enero, Ebrard estimó que este año se tiene que resolver la demanda que se interpuso contra 11 fabricantes de armas en Estados Unidos por negligencia y fomentar el tráfico ilícito.

Además, reiteró que la prioridad diplomática de México para 2022 es combatir el tráfico de armas, en particular desde Estados Unidos.

El empresario Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, emitió un comunicado luego de varios días de silencio, a raíz de la polémica que se generó al saber que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, trabaja en una empresa de sus hijos, misma que le ayudó a tramitar su visa de trabajo en Estados Unidos.

El comunicado, conformado por ocho puntos, afirma que el Tren Maya será una extraordinaria herramienta que se convertirá en una «locomotora de desarrollo» para todo el país, en especial para el sureste de México. Sin embargo, asegura que su función como Supervisor Honorario de Avance del Tren Maya, no tiene relación de ningún tipo con temas del proyecto como tal, trazo, o administración.

«Mi labor consiste únicamente en tener una revisión y medición fidedigna de los avances de obra», asegura el empresario, a la vez que señala que ni Grupo Vidanta, él o su familia tienen relación comercial o de trabajo de ningún tipo con cualquier nivel de gobierno o funcionarios públicos.

En su comunicado, también señala que Grupo Vidanta no ha solicitado ni recibido concesión alguna de parte del actual gobierno. Señala que todas las concesiones de playa y uso que tiene su empresa fueron obtenidas en administraciones anteriores. Precisa que solo se han ido actualizando y renovando, tal y como lo marca la norma, a excepción de un título de concesión, dada en abril de 2021.

Respecto a las 2,000 hectáreas donadas en Puerto Peñasco, Sonora, para que la CFE construya el octavo parque solar mas grande del mundo, Daniel Chávez señaló que Grupo Vidanta no participará de forma alguna en el proyecto. También desmintió que tengan la intención de invertir en Islas Marías y que Vidanta Cruises tenga planeado llegar a Islas Marías o a un supuesto e imaginario «Nuevo Cancún» en Riviera Nayarit.

Finaliza su comunicado advirtiendo que podrían recurrir a su derecho de denunciar por la vía legal, a toda persona cuyas falsas suposiciones o mentiras, causen daño moral o económico a él, su familia o a sus empresas.

El canciller Marcelo Ebrard afirmó este lunes que este año se tiene que resolver la demanda que interpuso el gobierno mexicano en contra de 11 fabricantes de armas en Estados Unidos por negligencia y fomentar el tráfico ilícito.

«Tenemos 3,000 kilómetros de frontera con uno de los principales productores de armas del mundo y a las empresas que estamos demandando les estamos atribuyendo negligencia. Este año se tiene que resolver y estamos promoviendo que otros países participen con nosotros”, declaró Ebrard.

El canciller participó en la reunión plenaria de los diputados de Morena, donde destacó la inédita demanda que el gobierno presentó en agosto pasad ante una corte en Boston, Massachusetts.

También presumió del apoyo que ha recibido México de 26 fiscales generales de Estados Unidos y se mostró optimista, a pesar de recientes reportes de que los acusados intentan mover el litigio a Texas o Arizona, donde los jueces son más favorables a la cultura armamentista.

El secretario de Relaciones Exteriores reiteró que la prioridad diplomática de México para 2022 es combatir el tráfico de armas, en particular desde Estados Unidos. “Esa es al causa de México en este 2022, que tiene que ver con la violencia que vivimos en la calle, a mayor disponibilidad de armas, más riesgos corremos como personas”, expresó el canciller.

El gobierno de la 4T atribuye a las armas gran parte de la violencia en México, que registró 33,308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Aunque Ebrard reconoció que «no es factible» responsabilizar de forma directa a los fabricantes de un homicidio en México, Ebrard sostuvo que las empresas producen pistolas con propaganda y atributos dirigidos a los narcotraficantes.

“Plantea (la demanda) una cosa muy sencilla, hay una corresponsabilidad de los que producen armas con la violencia que estamos viviendo, y ese eslabón se llama negligencia”, indicó.

El canciller también recordó que el año pasado México propuso en el Consejo de Seguridad de la ONU cambiar la regulación de las armas ligeras en el mundo y darles «un trato de peligrosidad» para que no se admita que son armas legales. «México está en contra de las armas, en general, y en especial las denominadas armas ligeras”, enfatizó.

Un juez de California en Estados Unidos rechazó la demanda presentada por Spencer Elden, que de niño apareció en la famosa portada del disco «Nevermind» de Nirvana, por un supuesto caso de pornografía infantil.

El magistrado Fernando M. Olguin determinó en un escrito que Elden no presentó dentro del tiempo establecido su respuesta a la petición de los exintegrantes y herederos de Nirvana para que el caso fuese desestimado y procedió por tanto a dar la razón a la defensa.

Sin embargo, el juez se mostró abierto a enmendar su decisión y potencialmente considerar el caso si Elden presenta una nueva demanda dentro del plazo establecido de diez días a partir de la decisión judicial. Si en los próximos diez días Elden no presenta esta nueva demanda, el caso será desestimado definitivamente y no podrá volver a demandar.

En su denuncia original, Elden acusó a Nirvana de promocionar pornografía infantil de manera intencional y comercial y hacer uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música.

La demanda también sostenía que los acusados se beneficiaron y continúan beneficiándose de «la comercialización de la explotación sexual» de Elden. Entre los señalados en la denuncia aparecían Dave Grohl y Krist Novoselic, que junto al legendario y desaparecido Kurt Cobain integraban Nirvana. La demanda también apuntaba a Kirk Weddle, que fue el fotógrafo de la portada de «Nevermind»; y a Courtney Love como heredera del patrimonio de Cobain.

Elden buscaba una indemnización por, según decía la demanda, «los daños que ha sufrido y seguirá sufriendo de por vida».

Recordemos que la portada de «Nevermind» está considerada como una de las más icónicas de la historia del rock y muestra a un bebé buceando en una piscina y a la caza de un billete de un dólar. Como adolescente y como adulto, Elden se ha metido de nuevo en la piscina para recrear varias veces esa portada.

El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 (PEF 2022),  en el que se aplica un recorte por 4,913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto.

Recordemos que el decreto del PEF 2022 fue publicado el 29 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El INE aseguró que el recorte determinado por el Legislativo, careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal. Además, señala que impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo.

«Con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna», alertó el Instituto.

El INE explicó que en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual Revocación de Mandato como de una nueva Consulta Popular.

El Instituto busca que la SCJN ordene a la Cámara de Diputados proveerle de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, pues al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones.

«El INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza», remató.

El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, quien se encuentra detrás de la demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, denunció este miércoles que las compañías demandadas están intentando «politizar» el litigio mientras México se mantiene «respetuoso».

«El gobierno de México ha sido muy respetuoso e insiste que no es una demanda contra la segunda enmienda, el gobierno de Estados Unidos o los americanos. No obstante, las empresas quieren politizar el litigio hablando de que México es corrupto y tenemos mal las fronteras», explicó el funcionario en una entrevista con la agencia Efe.

Recordemos que el gobierno de nuestro país presentó en agosto pasado una demanda civil en una corte de Boston, Massachusetts, contra once empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.

El lunes las empresas pidieron a la corte desechar la demanda alegando que las leyes estadounidenses les confieren inmunidad y que México no tiene capacidad para demandar en Estados Unidos.

Pero el consultor de la cancillería, que deberá responder a estos argumentos el 31 de enero, sostuvo que las leyes estadounidenses no tienen «efectos extraterritoriales», por lo que no tienen inmunidad por un daño que se produce en México.

Y es que el gobierno federal estima que medio millón de armas cruzan ilícitamente cada año la frontera, cerca del 2.2% de la producción total de Estados Unidos, y son responsables de miles de homicidios anuales.

Con la demanda, las autoridades mexicanas buscan que las empresas establezcan mayores controles en la venta de sus armas y también piden un resarcimiento económico por el costo que tiene la inseguridad en México, que oscilaría entre el 2% y el 6% del PIB.

«No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor. (…) Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?», expresó Celorio.

El consultor explicó que el sur de Estados Unidos alberga la mayoría de tiendas de armas, las cuales venden a testaferros, fuera de inventario o varios fusiles a una misma persona. «Venden armas con oro, con joyas, las llaman ‘Jefe de jefes’, con símbolos aztecas. No podemos caer a pensar que es (un negocio) inocente», expresó Celorio.

Sobre que no es una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos, Celorio destacó que la administración Biden no ha emitido «ningún pronunciamiento» sobre el litigio, pero que coopera con México en el combate al tráfico de armas.

Desde la matanza contra latinos perpetrada en 2019 en El Paso, Texas, el gobierno mexicano ha levantado la voz contra el tráfico de armas y es un asunto que abordaron la semana pasada los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en Washington.

El jefe de iluminación de la película Rust, Serge Svetnoy, presentó este miércoles la primera demanda contra el actor y productor estadounidense Alec Baldwin y otros miembros de la producción de ese film después de la muerte por disparo de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la misma.

En una rueda de prensa en Los Ángeles, Svetnoy, que fue también herido por la bala que terminó con la vida de Hutchins, aseguró que vio «de primera mano que varias armas se dejaron desatendidas, en el suelo y sin supervisión» a lo largo de la filmación en Bonanza Creek Ranch, en Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos.

Por estas condiciones en el set y el posterior accidente fatal, Svetnoy presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por negligencia contra los productores de la película, incluyendo Baldwin, así como contra el director asistente y la encargada del control de las armas.

En el documento judicial, el experto en iluminación culpó a la encargada de las armas Hannah Gutierrez-Reed por aceptar un puesto de trabajo por encima de su experiencia en un rodaje en el que eran necesarios «varios armeros auxiliares para manejar de manera segura» esas armas.

Según la demanda, Gutierrez-Reed «permitió negligentemente» que un revólver Colt de calibre 45 con al menos una bala real fuera entregado al subdirector David Halls, que tampoco inspeccionó el arma adecuadamente y le dio posteriormente a Baldwin.

Además, Svetnoy afirmó que Baldwin también «tenía el deber» de verificar «dos veces» que el revólver no estaba cargado con munición real antes de apretar el gatillo. «Este deber además le exigía que manejara el revólver Colt como si estuviera cargado y que se abstuviera de apuntar a nadie», alega la demanda.

En la rueda de prensa, Svetnoy contó que está convencido de que los productores tienen gran parte de la culpa por supuestamente intentar «ahorrar dinero» contratando un número insuficiente de trabajadores para manejar de manera segura los accesorios y armas de fuego correctamente en el set de Rust.

«Debido a que el uso de armas de fuego y munición real en películas representa una actividad intrínsecamente peligrosa, los productores de Rust tenían el deber de contratar personas capacitadas y experimentadas para supervisar cuidadosamente el uso de armas de fuego y municiones en la filmación de la película», agregó Svetnoy en su queja.

Mientras avanzan las pesquisas oficiales se han ido conociendo otros detalles, como que Halls, que entregó la pistola a Baldwin, fue despedido de otro rodaje en 2019 por un incidente similar aunque, por fortuna, no hirió a nadie. Halls reconoció en octubre que no revisó el arma que le entregó a Baldwin antes de ensayar la escena porque estaba convencido de que contenía balas de mentira.

Un juez federal de Estados Unidos concedió que las once empresas armamentísticas estadounidenses acudan y se defiendan en bloque en la demanda de reparación presentada por el gobierno de nuestro país, al considerar que han contribuido al clima de violencia y al tráfico ilegal con sus «prácticas negligentes».

«Los demandados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte», señala el documento sellado por el Tribunal del estado de Massachusetts al que tuvo acceso Milenio.

Las autoridades estadounidenses, en un intento por aligerar la carga de trabajo de ambas partes, han fijado para el 22 de noviembre la fecha en la que estas once empresas pueden presentar sus alegaciones, mientras que el gobierno del presidente López Obrador tendrá derecho a replica el 31 de enero de 2022, que a su vez podrá ser respondida nuevamente por los acusados un mes después.

El tribunal permitirá, además de la defensa conjunta, réplicas individuales a lo largo del proceso judicial, en el que las empresas ya han comenzado a mostrar sus movimientos en bolsa e información sobre sus filiales.

Recordemos que a principios de agosto, el Gobierno de México anunció que había presentado una demanda civil de daños en Estados Unidos contra varias empresas de armamento por el comercio «negligente» que habrían estado cometiendo en territorio nacional, contribuyendo «al tráfico ilegal de armas» y ocasionando «daño directos» al país.

Además de una cantidad económica que será fijada en el juicio, las autoridades de nuestro país también reclaman a estas empresas que establezcan nuevos y refuercen sus protocolos de seguridad para evitar que se siga produciendo este mercado negro de armas de fuego que está «íntimamente vinculado con la violencia en México».

«Casi todas las armas recuperadas en la escena del crimen en México, del 70 al 90 por ciento de ellas, fueron objeto de tráfico de Estados Unidos», denunció recientemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Entre lo demandados están los fabricantes Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett, cuyo «rifle de francotirador calibre 50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga», señaló Ebrard.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó una demanda en Estados Unidos para recuperar el dinero vinculado a las operaciones de presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien fue arrestado en ese país por delitos de narcotráfico.

«La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida», explicó el organismo en un comunicado.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, aseguró que estas empresas son propietarias de activos derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública.

La demanda, presentada ante una corte de Miami, Florida, alega que este grupo de empresas fue creado por García Luna y allegados para esconder recursos derivados de actos de corrupción. El recurso legal fue presentado en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Recordemos que García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn en Nueva York, y está a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.

Es acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de la seguridad nacional en nuestro país.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, lo anterior habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. El mes pasado, un tribunal de Nueva York retrasó hasta el 26 de octubre la audiencia del juicio del exsecretario.

Agentes de la policía del Capitolio que sufrieron ataques y golpizas durante los disturbios del 6 de enero presentaron una demanda este jueves contra el expresidente Donald Trump, sus aliados y miembros de grupos extremistas de ultraderecha, a quienes acusaron de incitar a una turba violenta para impedir la certificación del voto presidencial por el Congreso.

La demanda en una corte federal en Washington alega que Trump «trabajó con supremacistas blancos, grupos extremistas violentos y partidarios de su campaña para violar la Ley Ku Klux Klan y cometer actos de terrorismo interno en un intento ilegal por conservar el poder».

El Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley presentó la demanda en representación de los siete agentes. Los acusados son el expresidente, la campaña de Trump, Roger Stone, aliado de Trump y miembros de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers que estuvieron presentes en el Capitolio y en Washington el 6 de enero.

Legisladores demócratas han entablado dos demandas similares en los últimos meses. Alegan que las acciones de Trump y sus aliados provocaron el violento asalto al Capitolio en que docenas de agentes de policía resultaron heridos, se demoró la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden y forzó a los legisladores a salir del recinto «para salvar la vida» cuando irrumpieron en la sede de la democracia estadounidense con garrotes, palos y otras armas.

Un comité de la Cámara baja que está investigando los sucesos de la jornada pidió ayer los documentos a las agencias de inteligencia, policía y otros organismos del gobierno. Han solicitado documentos sobre Trump y su equipo al Archivo Nacional.

El pedido de documentos es apenas el inicio de lo que se prevé será una investigación larga, partidista y rencorosa de cómo la turba pudo penetrar en el Capitolio e interrumpir la certificación de la victoria electoral, en el asalto más grave al Congreso en dos siglos.

En una declaración emitida ayer por la noche, Trump acusó al comité de violar «principios legales consagrados de inmunidad».

«Se defenderá la inmunidad presidencial, no solo en nombre de mi Gobierno y los Patriotas que colaboraron conmigo, sino en nombre de la Presidencia de los Estados Unidos y el futuro de nuestra Nación»», afirmó Trump.

Más de tres mil personas de todo el mundo han presentado demandas en contra de China por la propagación del virus del COVID-19 en humanos, y en contra de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por no poder controlar ni frenar la pandemia.

De acuerdo con Patricio Poplavsky, CEO de Poplavsky International Law Offices, una firma legal basada en Argentina, señaló que Estados Unidos, México y Argentina son los países que mayor cantidad de demandas judiciales han presentado, principalmente por personas que se contagiaron de COVID-19.

El abogado precisó que las denuncia son contra la República Popular China, que dirige el presidente Xi Jinping; y la OMS, que encabeza Tedros Adhanom, por “transgresión a la Declaración Universal de Derechos Humanos”, refiriéndose en concreto a sus artículos que se refieren al Derecho a la Vida y al Derecho a la Integridad Personal.

Se indicó que las demandas refieren “daños materiales” como pérdida de ingresos, gastos médicos, así como también “daños morales” en alusión al aislamiento, miedo, angustia, ansiedad, entre otros aspectos.

«La causa, que es colectiva, se encuentra en proceso previo a la apertura de prueba. Es decir, los próximos pasos son llamar a los testigos propuestos por las partes y requerir la documentación que solicitamos en la denuncia”, señaló Poplavsky, quien dijo tener las “más altas expectativas” en alcanzar un fallo favorable para los damnificados.

Las denuncias coinciden con que China se lanzara hoy en contra de Washington por politizar el asunto sobre los orígenes del coronavirus, e insista en culpar a Beijing.

Fu Cong, un alto funcionario en el Ministerio del Exterior de China, dijo en una rueda de prensa con periodistas extranjeros que «hacer de China un chivo emisario no puede blanquear a Estados Unidos». «Si quieren acusar a China sin fundamentos, mejor que se preparen a aceptar el contrataque de China», dijo.

Y es que China, Estados Unidos y la OMS están inmersos en una pelea en torno a si el virus se filtró desde un laboratorio en Wuhan, la ciudad donde se detectó el primer caso de COVID en 2019.

Recordemos que un informe conjunto de China y la OMS meses atrás llegó a la conclusión de que una filtración desde un laboratorio era «extremadamente improbable»; la hipótesis más probable, según el informe, es que el virus pasó de los murciélagos a otro animal, que entonces lo transmitió a los seres humanos.

Pero las conclusiones no son definitivas, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo a finales de marzo que todas las hipótesis estaban sobre la mesa y merecían mayores estudios.

Al respecto, el presidente Joe Biden ordenó que las agencias de inteligencia de su país revisaran las dos teorías durante un período de 90 días.

China por su parte ha insinuado que el virus tal vez escapó de Fort Detrick, un laboratorio militar estadounidense en Maryland. El país asiático ha señalado que el instituto de enfermedades infecciosas de Fort Detrick ha estudiado varios coronavirus y que estuvo cerrado durante varios meses en 2019-2020 por infracciones de seguridad.

Finalmente, los expertos en un informe de la OMS declararon este miércoles que la investigación sobre los orígenes del COVID-19 «está en un punto muerto», advirtiendo que es urgente retomarla, ya que cuanto más tiempo pase más difícil será concluirla.

«La investigación sobre los orígenes del virus SARS-CoV-2 está en un momento crítico (…) la ventana para llevar a cabo esta investigación crucial se está cerrando rápidamente» explicaron en un texto publicado por la revista científica Nature.

Entre estos once científicos destacan la holandesa Marion Koopmans, el británico Peter Daszak, el vietnamita Hung Nguyen-Viet o el catarí Farag El Moubasher. Esos científicos formaban parte del equipo de 17 expertos internacionales y 17 chinos que elaboraron el informe de marzo, tras visitar en enero el laboratorio chino de Wuhan.

Una corte federal de Massachusetts admitió la demanda del gobierno de nuestro país en contra empresas armamentísticas estadounidenses que presentó a inicios de mes, informó este viernes el canciller Marcelo Ebrard.

«La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí», anunció el canciller en redes sociales.

En el mismo mensaje, Ebrard calificó la aceptación de la demanda como «un primer gran paso» y detalló que «ahora vienen la notificación y el proceso legal».

Recordemos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció el pasado 4 de agosto una histórica demanda contra una decena de empresas de armas de Estados Unidos a las que acusa de llevar a cabo prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas y la violencia en México.

Esta demanda, cuyo proceso se podía extender por años, se interpuso ante una corte federal en Boston, en Massachusetts, sede de dichas compañías.

El gobierno de la Cuarta Transformación aclaró que la demanda se presentó en contra de las empresas y no de la administración de Joe Biden.

Con ello, las autoridades de nuestro país buscan que aumente el control sobre las armas en Estados Unidos, pero también exigen una compensación económica, cuya cantidad todavía no han calculado. Se estima que más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17,000 homicidios anuales, con un costo de entre el 1.5% y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

México demandó a un grupo de empresas de armas de Estados Unidos, acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en nuestro país.

La cancillería informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston, Massachusetts, y aclaró que la denuncia no es contra el Gobierno estadounidense.

Se estima que sea un proceso que podría durar años, y a través del cual el país también espera una compensación económica millonaria por parte de las empresas.

La demanda fue presentada contra algunos de los mayores fabricantes de armas como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc. Otro acusado es Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston que vende armas de todos menos uno de los fabricantes a tiendas minoristas de Estados Unidos.

El gobierno federal sostiene que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan.

La demanda señala que su objetivo es «poner fin a los daños masivos que causan los acusados al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México».

Además, refiere que la amplia mayoría de las armas decomisadas en escenas de crímenes en nuestro país provienen de Estados Unidos.

Se calcula que el 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17,000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas.

La Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF) rechazó en un comunicado que la industria realice prácticas comerciales «negligentes», como dice México. «Las acusaciones no tienen fundamento. El gobierno mexicano es responsable por el crimen rampante y la corrupción en sus fronteras», señaló Lawrence G. Keane, vicepresidente y consejero legal de la NSSF, la asociación que representa a la industria de las armas en Estados Unidos.

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la demanda es parte de la campaña del gobierno federal contra las armas. «La prioridad es que reduzcamos los homicidios», afirmó. «No buscamos alterar las leyes americanas».

Agregó que los dos gobiernos trabajan en estrategias para enfrentar el tráfico de armas y aseguró que no anticipa «ningún tipo de diferencia diplomática con los Estados Unidos».

Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que los daños provocados por las armas traficadas equivaldría a entre 1.7% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Por ello, el gobierno pedirá una compensación de al menos 10,000 millones de dólares, dijo.

«No lo hacemos para meter presión a Estados Unidos», dijo Celorio. «Lo hacemos para que no haya muertos en México».

El funcionario añadió que México no buscó la asesoría del gobierno de Estados Unidos antes de interponer la denuncia y sólo informó a la embajada estadounidense en el país que presentaría la demanda.

Steve Shadowen, el abogado principal que representará a México ante la corte estadounidense, dijo que en los primeros años del siglo XXI una treintena de ciudades estadounidenses iniciaron juicios similares contra los fabricantes con el argumento de que eran responsables por el incremento de la presencia policial, las hospitalizaciones y otros costos asociados con la violencia por las armas de fuego.

Agregó que algunas ciudades comenzaron a ganar, por lo cual los fabricantes fueron al Congreso que les otorgó inmunidad a esas empresas. Sin embargo, Shadowen consideró que esa exención no aplica cuando las consecuencias del uso de sus armas ocurren fuera de Estados Unidos.

«Los méritos del caso están fuertemente a nuestro favor y entonces tenemos que sortear este estatuto de inmunidad, lo cual pensamos que vamos a ganar», dijo. «El estatuto simplemente no aplica; sólo aplica cuando estás en los Estados Unidos», detalló Shadowen en entrevista con la agencia AP.

Recordemos que la venta de armas de fuego está estrictamente limitada en nuestro país, y controlada por la Secretaría de la Defensa (Sedena). Sin embargo, desde hace años las autoridades sostienen que los cárteles de la droga introducen miles de armas de contrabando.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que interpondrá una demanda colectiva contra Facebook, Google y Twitter y sus consejeros delegados para hacerlos «rendir cuentas» por lo que considera un ataque a su «libertad de expresión».

En una rueda de prensa, Trump dijo que buscará probar la ilegalidad del veto de sus cuentas de redes sociales, pero también defender la Primera Enmienda de la Constitución y que las «Big Tech» dejen de «silenciar», y de poner en una lista negra a diversos estadounidenses.

Recordemos que las cuentas de Trump en Facebook y Twitter permanecen suspendidas tras el asalto de simpatizantes del magnate al Capitolio el pasado 6 de enero, algo que ha calificado desde entonces de «censura» y «abuso».

El exmandatario iniciará en el estado de Florida la demanda, apoyada por el America First Policy Institute, que agrupa a políticos de su línea ideológica y exmiembros de su gabinete, y dijo que en su equipo legal contará con abogados que han defendido a empresas tabaqueras.

«El caso probará que esto es ilegal, inconstitucional y completamente antiestadounidense», dijo Trump, quien señaló que buscará la «restitución» y compensación por los daños «punitivos» por parte de los gigantes de las redes sociales, a quienes tachó de «agentes del gobierno».

«Vamos a hacer rendir cuentas a las ‘Big Tech’ y será la primera de numerosas demandas. Vamos a ser líderes y cambiar el país. Será una batalla crucial en defensa de la Primera Enmienda y estoy seguro de que obtendremos la victoria para Estados Unidos, para la libertad y la libertad de expresión», dijo.

El magnate invitó a unirse a la demanda a personas contrarias a su ideología, incluidos demócratas, bajo el argumento de que las grandes tecnológicas se han aliado con el gobierno para decidir qué es desinformación, y que dentro de unos años podrían ser ellos las víctimas.

En su intervención se rodeó de varias personas agraviadas por suspensiones de sus cuentas y de figuras como Pam Bondi, exfiscal del Distrito Sur de Florida, que forma parte del equipo litigador.

Bondi defendió que las redes sociales no deberían estar protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, creada para proteger a los niños de la explotación ‘online’, y que permite a las compañías tecnológicas moderar los contenidos en sus plataformas y, a la vez, las blinda ante consecuencias por el material publicado por usuarios.