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TikTok concretó este martes sus amenazas al interponer una demanda ante un tribunal del distrito de Columbia con la intención de bloquear la ley estadounidense que podría obligar a prohibir la popular aplicación en todo el país.

La empresa había advertido que emprendería acciones legales desde abril pasado, después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara dicha ley que obliga a ByteDance, un conglomerado tecnológico chino, a vender las operaciones de la red social en el país norteamericano o enfrentar una prohibición para operar.

“El Congreso ha tomado la medida sin precedentes de señalar expresamente y prohibir TikTok: un vibrante foro en línea de debate y expresión protegido, utilizado por 170 millones de estadounidenses para crear, compartir y ver videos a través de Internet”, se lee en la demanda.

La empresa alega ahora que la ‘Ley para proteger a los estadounidenses de las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros’, que obligará a cerrar TikTok en el país antes del 19 de enero de 2025, es “una afirmación de poder extraordinaria e inconstitucional”.

Recordemos que el 24 de abril se anunció que ByteDance tenía 270 días para encontrar un inversor de un país que no sea un “adversario extranjero” para venderle la empresa, algo a lo que se ha negado.

Así, el documento legal añade que de cumplirse la ley las consecuencias serían “fundamentalmente contrarias al compromiso de la Constitución con la libertad de expresión y la libertad individual”.

Por ello, pide al tribunal emitir una sentencia declaratoria de que dicha ley viola la Constitución de Estados Unidos, una orden que prohíba al fiscal general aplicarla, que se dicte una sentencia a su favor y le otorgue “cualquier otra reparación que resulte apropiada”.

Congresistas de ambos partidos y funcionarios en el Gobierno de Biden aseguraron en abril que China puede obtener de ByteDance información sobre los usuarios en Estados Unidos y usar su influencia sobre la opinión pública, manipulando lo que los usuarios ven en la plataforma.

El presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO) negó que haya tenido un acercamiento con el Gobierno ecuatoriano tras el asalto a la Embajada mexicana en Quito, hecho que provocó un rompimiento de relaciones entre ambos países y la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Cuestionado durante su conferencia de prensa matutina sobre los avances en la demanda y un posible acercamiento con el presidente Daniel Noboa, López Obrador aseguró que no ha habido contacto.

“No, además es un asunto también de principios, es un asunto de fondo. Es que fue muy grave lo que sucedió, o sea, imagínense que hay alguien que tiene asilo y que entran a la Embajada y se lo llevan, eso es violatorio de todas las normas de política exterior”, sostuvo el presidente.

López Obrador señaló que lo que está pidiendo su Gobierno, así como otros países, es que México u otra nación pueda dar asilo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien está en prisión por corrupción tras su arresto durante el allanamiento a la Embajada mexicana en Quito la noche del 5 de abril.

Dijo que el objetivo de su Gobierno también es trasladar a México a Glas, quien se resguardaba en la sede diplomática mexicana desde diciembre pasado.

Asimismo, López Obrador señaló que la demanda contra el Gobierno de Ecuador ante la CIJ avanza, pues sostuvo que Ecuador violó la soberanía de México al invadir la Embajada y el derecho de asilo para Glas.

“Eso es lo que estamos planteando y queremos que se castigue al Gobierno de Ecuador, no al pueblo de Ecuador, que es un pueblo hermano, sino al Gobierno de Ecuador por este acto autoritario, prepotente, suspendiéndolo de Naciones Unidas en tanto no ofrezcan una disculpa pública y sobre todo haga un compromiso de no repetición”, expuso.

Recordemos que México rompió relaciones con Ecuador el 5 de abril, cuando la Policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada mexicana para detener a Glas.

Tras ello, México presentó una demanda ante la CIJ y en respuesta, Ecuador contrademandó acusando al Gobierno mexicano de violar las normas internacionales por el asilo que le dio a Glas mientras pesaban sobre él procesos penales por corrupción.

La irrupción a la embajada mexicana en Ecuador “debe tener consecuencias”, dijo este martes México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al cierre del primer día de audiencias por el caso.

“El ingreso por la fuerza de Ecuador a nuestra embajada y el ataque contra el personal y la dignidad de nuestro personal diplomático debe tener consecuencias”, dijo Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de los alegatos.

México presentó este martes sus argumentos en la demanda contra Ecuador ante la CIJ, principal tribunal de la ONU, y en su ponencia dijo que la actitud de las autoridades ecuatorianas eran una “grave amenaza” a las relaciones internacionales.

El asalto a la embajada “plantea una grave amenaza al mantenimiento de las relaciones internacionales y es motivo de grave preocupación para la comunidad internacional”, añadió Celorio Alcántara.

“Hay líneas en la legislación internacional que no se deben cruzar. Lamentablemente, Ecuador las ha cruzado”, expresó el diplomático mexicano.

La invasión de a embajada “muestra el desprecio del Ecuador por las normas fundamentales, universalmente aceptadas y de larga data. Esta conducta crea un riesgo inminente de que pueda ocurrir otra violación”, expresó.

Mañana será el turno de la delegación de Ecuador de presentar sus alegatos orales ante la Corte de La Haya. A partir de eso, el tribunal deberá agendar una fecha para pronunciarse sobre el caso.

Recordemos que la noche del 5 de abril, después de varios días de tensión, fuerzas armadas ecuatorianas invadieron la embajada de México en Quito, algo sin precedentes en la región. Los hombres armados, elementos de seguridad, se llevaron por la fuerza al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, procesado por la justicia de Ecuador y a quien las autoridades mexicanas habían concedido estatus de asilado.

En su demanda, México pide a la CIJ que declare que Ecuador violó sus obligaciones internacionales, y que suspenda la membresía ecuatoriana a la ONU hasta que las autoridades de ese país emitan un pedido público de disculpas.

México también pide que la Corte siente como precedente que un país que actúe “como lo hizo Ecuador (…) será expulsado de la ONU, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo VI de la Carta de las Naciones Unidas”.

Además, solicita que la CIJ ordene a Ecuador “tomar los pasos inmediatos y adecuados para la protección de la sede diplomática, su propiedad y archivos, evitando toda intromisión en ellos”.

Ha solicitado que la CIJ ordene que Ecuador permita al gobierno mexicano desalojar las instalaciones diplomáticas y las residencias de su personal. Solicita que “Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta que puedan perjudicar los derechos de México con relación a cualquier decisión que la Corte pueda emitir”.

Sin embargo, el caso tuvo ayer lunes un inesperado giro cuando Ecuador formalizó ante la misma Corte de la ONU una demanda contra México por el asilo concedido a Glas.

Ecuador alega que México “ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios”, como es el caso de Glas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó hace una semana que tiene “cero arrepentimiento” por haber ordenado la invasión a la embajada mexicana.

Con relación a la contrademanda ecuatoriana, una fuente de prensa de la CIJ explicó que los dos casos son “legalmente diferentes”, y en principio las audiencias de esta semana se concentran en las demandas mexicanas.

“Legalmente son dos casos diferentes en esa fase, son casos separados”, dijo.  La Corte podrá más adelante, añadió la fuente, decidir fusionar las dos demandas.

El gobierno de la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, presentó una demanda contra el propietario y otra contra el administrador del buque de carga Dali, que chocó contra el puente Francis Scott Key, que acabó colapsando.

Las denuncias contra la compañía propietaria Grace Ocean Private Limited y la administradora Synergy Marine PTE LTD, ambas de Singapur y que buscan una responsabilidad limitada, se interpusieron ayer, de acuerdo a varios medios.

Los abogados de Baltimore acusaron a ambas compañías de proporcionar al barco una “tripulación incompetente” que carecía de las habilidades y la capacitación adecuadas, reportó este martes CNN.

Por tanto, se exigen daños y perjuicios no especificados a ambas empresas por el accidente del Dali, un barco que transportaba miles de contenedores de carga y que el pasado 26 de marzo golpeó contra el puente, que colapsó poco después.

A principios de abril, los abogados de las dos compañías habían declarado en un expediente judicial que el accidente no fue resultado de “ninguna culpa, negligencia o falta de atención” por parte de las compañías.

Pero los abogados del alcalde Brandon M. Scott y del Concejo Municipal de Baltimore rechazaron los argumentos de las empresas y afirmaron que las empresas deberían ser consideradas responsables de cualquier daño que se pueda considerar tras un juicio.

“Para todos los efectos, la negligencia de los peticionarios provocó que destruyeran el puente Key y cerraran por sí solos el puerto de Baltimore, una fuente de empleos, ingresos municipales y no poca cantidad de orgullo para la ciudad de Baltimore y sus residentes”, apunta el documento.

La denuncia llega además después de que el pasado 15 de abril el FBI informara que abrió una investigación criminal para esclarecer lo sucedido.

La semana pasada, la Guardia Costera de Estados Unidos habilitó un tercer canal temporal alternativo en el río Patapsco que proporcionará acceso limitado al puerto de Baltimore para embarcaciones comerciales, mientras se continúa la limpieza de los escombros del colapsado puente.

El capitán de la Guardia Costera de EUA, David O’Connell, dijo en un comunicado que se espera que el canal bautizado como Fort Carroll ayude a restaurar aproximadamente el 15% de la actividad comercial previa al accidente.

En el accidente fallecieron seis personas, todas ellas trabajadores latinoamericanos que en el momento del suceso se hallaban realizando tareas de parchado del asfalto. Solo han podido encontrarse los cuerpos de cuatro de ellos.

El actor británico Hugh Grant informó este miércoles que aceptó “una enorme suma” de dinero por retirar la demanda que presentó contra el periódico ‘The Sun’, aunque dijo que al ser “un dinero que apesta”, lo destinará a seguir luchando contra los abusos de la prensa.

Grant lo explicó que, en una audiencia preliminar hoy ante el Tribunal Superior de Londres, se reveló que había llegado a un acuerdo con News Group Newspapers (NGN), editora de ‘The Sun’, para solucionar su disputa por el presunto uso por parte del diario de métodos ilícitos para obtener información sobre él.

Esto significa que su demanda no será examinada como estaba previsto en un juicio en enero de 2025, cuando sí se considerará la presentada por el príncipe Enrique, entre otros muchos demandantes.

Grant, que ya resolvió extrajudicialmente con NGN en 2012 un caso parecido contra el ya extinto ‘News Of The World’, detalló que decidió aceptar el acuerdo porque, aunque hubiera ganado la demanda, afrontaría una factura legal demasiado elevada, que estimó en 10 millones de libras.

El magnate Rupert Murdoch, dueño de NGN, “ha gastado más de 1,000 millones de libras en indemnizaciones a los demandantes y en honorarios de abogados para resolver más de 1,500 demandas de esta manera”, dijo el actor, en lo que interpreta como un gran esfuerzo por no ir a juicio.

Recordemos que Grant acusaba al ‘Sun’ de intervenciones telefónicas ilegales en sus teléfonos móvil y fijo, recopilación ilícita de información, robo en su domicilio y despacho, obtención de sus registros médicos y mentiras y perjurio, entre otras cosas.

“Como es común entre personas completamente inocentes, me ofrecieron una enorme suma de dinero para mantener este asunto fuera de los tribunales”, relató. “El dinero del acuerdo de Murdoch apesta y me niego a permitir que sea un dinero para guardar silencio”.

Por ese motivo, el actor, que lleva años luchando contra las malas prácticas de la prensa sensacionalista británica, dice que lo reutilizará para mantener campañas como las de su grupo de presión Hacked Off a fin de “exponer los excesos de esta prensa propiedad de oligarcas”.

México formalizó este jueves la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador por el ingreso violento de sus fuerzas policiales a su embajada en Quito y anunció que solicitará la suspensión del país andino de la Organización de Naciones Unidas hasta que no emita una disculpa por sus actos.

La exigencia se hace en el marco de una demanda que está interponiendo ante la Corte Internacional de Justicia.

La entrada por la fuerza el viernes de policías y soldados en la sede diplomática de México en Ecuador para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, al que nuestro país había concedido asilo político tras refugiarlo durante meses, causó la ruptura de relaciones bilaterales y la condena internacional.

“Los reclamos son muy contundentes: primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México”, dijo la canciller, Alicia Bárcena, al participar en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la organización de las Naciones Unidas en cuanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones y los principios y normas fundamentales del derecho internacional”, agregó.

El Gobierno de Ecuador sostiene que la oferta de asilo de México a Glas, condenado dos veces por corrupción en la nación sudamericana, era ilegal, y acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de abusar de las inmunidades y privilegios de la legación diplomática.

Recordemos que las autoridades de Ecuador habían pedido permiso a México para ingresar al inmueble a arrestar al exvicepresidente, quien fue sentenciado a seis años de prisión en 2017, luego de ser declarado culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos gubernamentales.

Bárcena explicó que con dicho recurso México quiere poner a prueba el sistema de justicia internacional para que no se repitan situaciones como la sucedida en la capital ecuatoriana.

“Es tan importante evitar la repetición de estos casos que el tribunal internacional de justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros”, agregó.

Microsoft superó este jueves a Apple como la empresa más valiosa del mundo, después de que las acciones del fabricante del iPhone tuvieron un débil comienzo en 2024 debido a la creciente preocupación por la demanda de sus productos.

Las acciones de Microsoft, con sede en Redmond, Washington, subían un 1.6%, lo que le daba una valoración de mercado de 2,875 billones de dólares, debido a que su incursión en la carrera por ganar dinero con la inteligencia artificial generativa ayudó a atraer a los inversores.

Apple bajaba un 0.9%, con una capitalización bursátil de 2,871 billones de dólares. Es la primera vez desde 2021 que su valoración cae por debajo de la de Microsoft.

Las acciones de la compañía con sede en Cupertino, California, han perdido un 3.3% en enero hasta el último cierre, frente al aumento del 1.8% de Microsoft.

La debilidad de las acciones de Apple se produce después de una serie de rebajas de calificación que avivaron las preocupaciones de que las ventas del iPhone, su mayor negocio, se mantuvieran débiles, especialmente en el principal mercado, China.

Las acciones de Apple, cuya capitalización bursátil alcanzó un máximo de 3,081 billones de dólares el 14 de diciembre, terminaron el año pasado con una ganancia del 48%.

Ese aumento fue inferior al 57% de Microsoft, que desplegó agresivamente herramientas impulsadas por IA generativa en 2023 gracias a su alianza con OpenAI, fabricante de ChatGPT.

Microsoft ha tomado brevemente la delantera a Apple como la empresa más valiosa un puñado de veces desde 2018, la última en 2021, cuando las preocupaciones sobre la escasez de la cadena de suministro impulsada por la pandemia de COVID golpearon el precio de las acciones del fabricante de iPhone.

Actualmente, Wall Street es más positivo sobre Microsoft. La compañía no tiene ninguna calificación de “vender” y casi el 90% de los corredores que cubren la empresa recomiendan comprar las acciones. Apple tiene dos calificaciones de “venta” y sólo dos tercios de los analistas que cubren la empresa la califican de “compra”.

La agencia Moody’s advirtió sobre crecientes desequilibrios internos y externos en la economía de nuestro país en el último año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que aumentan su vulnerabilidad y podrían crear condiciones para un ajuste brusco.

“Los desequilibrios actuales han superado los niveles que detonaron la última gran crisis de fin de sexenio a finales de 1994, aunque las condiciones actuales son diferentes. Reducir la vulnerabilidad económica requiere ajustes de política económica en el corto plazo”, indicó Moody’s Analytics en un reporte.

El análisis documentó un exceso de demanda que equivale a cerca del 6.5% del PIB, por encima del 4% de 1994, cuando terminó la presidencia de Carlos Salinas de Gortari con una crisis económica.

En tanto, la agencia calculó el déficit externo en poco más del 7% del PIB, comparado con el casi 4% de 1994.

“Cuando una economía sufre un exceso de demanda por un periodo prolongado, la producción nacional no alcanza a satisfacer a la demanda interna, por lo que dicho exceso tiende a acomodarse tanto en inflación como en desequilibrio externo”, explicó Moody’s.

La agencia consideró que “la mayor presión del consumo llevó a la economía a un desempeño por encima de su capacidad productiva”.

Esto lo atribuyó a la prolongación de la política monetaria expansiva junto a las transferencias monetarias del Gobierno, la política de aumentos al salario mínimo muy por encima de la inflación, y el creciente volumen de remesas del exterior.

“La expansión de la demanda interna, mayormente ocasionada por la aceleración del consumo, agregó combustible a los precios internos e impulsó a la inflación hasta un máximo de 8,7 % en 2022”, añadió.

Moody’s también adjudicó el creciente desequilibrio externo al fortalecimiento del peso mexicano, que tuvo una apreciación récord de casi 13% en 2023.

En este contexto, describió que de los casi cinco puntos porcentuales del PIB que ha ganado la demanda interna en los últimos cinco años, casi tres puntos han sido cubiertos por las importaciones.

Además, señaló que el programa fiscal expansivo aprobado por el Gobierno de López Obrador para 2024, año de elecciones presidenciales, “podría agregarle más combustible a la demanda interna y aumentar el exceso de demanda con mayores consecuencias en la ampliación del desequilibrio externo”.

“Esto podría aumentar aún más la vulnerabilidad de la economía mexicana”, concluyó Moody’s.

Los padres del fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, fueron demandados por los nuevos gestores de la empresa en bancarrota, acusados de aprovechar su estatus para enriquecerse con millones de dólares que reclaman para los acreedores.

Según un documento de 63 páginas entregado al tribunal de Delaware, en el que se dirime la quiebra de FTX, Allan Joseph Bankman y Barbara Fried, que son académicos expertos en Derecho, “explotaron su acceso e influencia dentro de FTX para enriquecerse”.

“Aunque Bankman-Fried (SBF) ha afirmado que sus padres ‘no estaban involucrados en ninguna parte relevante’ del negocio, lo cierto es que Bankman y Fried estaban muy involucrados, desde la fundación de FTX Group (en 2019) hasta su colapso”, a finales de 2022, indica el texto.

Los gestores de la empresa en bancarrota argumentan que los académicos hablaron con su hijo para que este les transfiriera 10 millones de dólares y una propiedad de lujo valorada en 16.4 millones en las Bahamas, donde FTX tenía su sede, “pese a saber o ignorar flagrantemente” que esta era insolvente.

Principalmente, se acusa al padre, que ejercía como ejecutivo “de facto” en FTX y en su fondo asociado, Alameda, ya que era “el único adulto” entre “graduados universitarios recientes, muchos en la veintena, que no habían dirigido una empresa y ni por asomo manejado miles de millones de dólares”.

Asimismo, Bankman supuestamente ayudó a encubrir el fraude de FTX, cuando en 2019 a los gestores de la bancarrota les consta que “no investigó” y que “aplaudió a otros por aplastar la denuncia de un informante que amenazaba con exponer FTX Group como un castillo de naipes”.

Recordemos que Sam Bankman-Fried, de 31 años, está acusado de varios delitos económicos y afronta un juicio federal que iniciará el próximo 3 de octubre; pasó meses en arresto domiciliario en la mansión de sus padres en California tras pagar la fianza más alta de la historia, de 250 millones de dólares, pero recientemente ingresó en prisión.

A principios de agosto, el juez que lleva el caso en Nueva York lo envió a la cárcel hasta que empiece el juicio por supuesta manipulación de testigos, entre ellos su exsocia y expareja Caroline Ellison, que ha accedido a cooperar con las autoridades y presuntamente declarará contra él.

FTX, que era una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo y llevó a estar valorada en 32,000 millones de dólares, se hundió en noviembre de 2022 después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía.

X (Twitter) demandó a un grupo sin fines de lucro en un tribunal de Estados Unidos por haber elaborado un informe en el que afirma que el discurso de odio ha venido en aumento en la plataforma.

X, propiedad de Elon Musk, acusó al Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH) de generar estudios “erróneos” que le han costado a la firma tecnológica decenas de millones de dólares, según una copia de la demanda.

Sin embargo, la base legal descrita en la demanda presentada en San Francisco era que la organización violaba los términos de servicio de X en la forma en que accedía a los datos para sus informes.

El director ejecutivo de CCDH, Imran Ahmed, sostuvo este martes que la medida legal de Musk es un esfuerzo por silenciar a los críticos que proviene “directamente del libro de jugadas autoritarias”.

Ahmed apoyó la investigación del grupo y dijo que muestra que el odio y la desinformación se están “propagando como un reguero de pólvora” en la empresa de Musk.

La demanda del multimillonario pide a un tribunal que otorgue a X una indemnización económica no especificada y que ordene al CCDH que detenga la forma en que ha estado obteniendo datos para sus informes.

La demanda acusa al CCDH y a su casa matriz en Reino Unido de ser “organizaciones activistas que se hacen pasar por agencias de investigación”.

Recordemos que Musk compró Twitter por 44,000 millones de dólares en octubre pasado; desde entonces, el negocio publicitario de la plataforma se derrumbó debido a que los especialistas en marketing rechazaron su estilo de gestión y los despidos masivos en la empresa, que destruyeron la moderación de contenido.

En respuesta, el empresario pasó a construir una base de suscriptores y un modelo de pago en busca de nuevos ingresos.

Muchos usuarios y anunciantes han respondido negativamente a las nuevas tarifas de la red social por servicios que antes eran gratuitos, a sus cambios en la moderación del contenido y al regreso de cuentas de extrema derecha previamente prohibidas.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó en Miami a su exabogado Michael Cohen, involucrado en el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, por causarle “un gran daño a su reputación” y le reclamó 500 millones de dólares como reparación.

El equipo legal de Trump presentó este miércoles la demanda en un tribunal federal del Distrito Sur de Florida por los “múltiples incumplimientos” de Cohen en la relación abogado-cliente y enriquecimiento ilícito, entre otras acusaciones.

La demanda no está todavía en el registro judicial electrónico de Estados Unidos, pero según los medios que tuvieron acceso al texto, Trump alega que Cohen violó su relación abogado-cliente al “difundir falsedades” sobre él “con malas intenciones y fines totalmente egoístas”.

El magnate también acusa a su exabogado de haber tenido “otras conductas indebidas”, además de que habría incumplido los términos contractuales de un acuerdo de confidencialidad.

“Tal conducta indebida continúa y creciente ha alcanzado un crescendo proverbial y no ha dejado otra alternativa que buscar una reparación legal a través de esta acción”, afirma el texto de la demanda.

Trump “ha sufrido un gran daño a la reputación como resultado directo de las infracciones”, subraya.

Cohen, un hombre de confianza de Trump hasta 2018, es un testigo clave en el proceso judicial abierto contra el expresidente en Nueva York por los pagos supuestamente ilegales hechos a Stormy Daniels en 2016 para asegurarse de que no hablara públicamente de una relación que ella dice que mantuvieron una década antes.

Los hechos sucedieron en plena campaña de las elecciones de 2016, en las que Trump, candidato republicano, fue el vencedor.

El expresidente se declaró no culpable de los 34 delitos de falsificación de registros mercantiles que le imputó el fiscal Alvin Bragg hace dos semanas.

Una fuente cercana al equipo legal de Trump dijo a Fox News que la demanda contra Michael Cohen “no tiene nada que ver con el caso sin ley y sin hechos del fiscal de distrito de Manhattan y es un asunto totalmente separado”.

Recordemos que Cohen se declaró culpable en 2018 de organizar esos pagos secretos, entre otros cargos federales, a Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal, pero sostiene que Trump los dirigió, y fue condenado a tres años de prisión.

El expresidente Donald Trump puede ser demandado por policías o por congresistas por el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021, declaró este jueves el Departamento de Justicia.

La posición del departamento, de que Trump no es inmune a litigios en este caso, fue presentada en documentos ante un tribunal federal de apelaciones.

El departamento escribió que si bien un presidente tiene amplia autoridad para comunicarse con el público en temas de interés nacional, “ninguna parte de las responsabilidades oficiales de un presidente incluye la incitación a la violencia privada inminente. Por su naturaleza, dicha conducta claramente está fuera de los deberes oficiales y constitucionales de un presidente”.

El documento está firmado por abogados de la División de Asuntos Civiles del Departamento y no afecta la investigación penal que se lleva a cabo sobre si Trump puede ser procesado penalmente por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones.

De hecho, los abogados reiteraron que no están tomando posición en cuanto a la vulnerabilidad penal de Trump o de nadie más.

Recordemos que un juez federal en Washington rechazó el año pasado los intentos de Trump de desestimar las demandas presentadas por legisladores y dos agentes de la Policía del Capitolio, afirmando que las declaraciones del exmandatario “probablemente” llevaron al asedio contra el palacio legislativo.

En su fallo, el juez Amit Mehta dijo que las palabras de Trump en el mitin previo a la toma del Capitolio fueron probablemente “palabras de incitación que no están protegidas por la Primera Enmienda”.

Las demandas fueron presentadas por el representante demócrata Eric Swalwell y por los oficiales James Blassingame y Sidney Hemby, aunque luego se sumaron otros representantes demócratas.

El litigio argumenta que Trump y otros realizaron “denuncias falsas e incendiarias de fraude y robo, y como respuesta directa a los llamados de violencia hechos por el acusado en el mitin, una turba violenta atacó el Capitolio estadounidense”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este jueves que analiza demandar por daño moral al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por sugerir que recibió sobornos del narcotráfico en su campaña política de 2006.

“Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables, en Estados Unidos”, declaró el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador dijo que la demanda responde a que las acusaciones que hizo el abogado no fueron contra su persona, sino contra el presidente de México.

“No puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de Gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero”, añadió.

“Hoy le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), que haga el análisis, que consulte a abogados, para ver cómo procedemos”, añadió.

Su advertencia llega después de que De Castro le preguntara el martes pasado a Jesús “El Rey” Zambada, testigo del juicio contra García Luna, si recordaba que él había pagado 7 millones de dólares a un colaborador de López Obrador en su primera campaña presidencial.

“Lo único que tengo en la cabeza, aparte de que no acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida, además de que no acepto eso, está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral”, comentó.

El mandatario adelantó que buscará un abogado que cobre un porcentaje de las ganancias de la demanda, pues él no tiene dinero para absorber dicho costo, y el resto del dinero lo va “a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató” el expresidente Felipe Calderón, de quien García Luna fue secretario de Seguridad.

El periodista Jesús García, quien ha cubierto el juicio de García Luna en Nueva York, pregunté a César de Castro de dónde sacó la información del supuesto dinero entregado a López Obrador.

“No supo qué responder y luego justificó que era para evidenciar que “El Rey” Zambada mentía. Conclusión: fue mentira”, dijo el periodista.

En un breve encuentro ayer con medios a las afueras de la Corte, César de Castro afirmó que no le importaba lo que el presidente López Obrador dijera, esto luego de que el mandatario asegurara que mintió en el juicio.

“Hice una pregunta basada en información que recibí y eso fue todo lo que hice (…) no me importa lo que diga el presidente, yo no vivo en México”, declaró.

Los alegatos del juicio contra García Luna concluyeron ayer, por lo que ahora solo falta la deliberación del jurado, la cual comenzó este jueves.

Un juez de Estados Unidos ordenó al expresidente Donald Trump pagar una multa cercana al millón de dólares al considerar que la demanda que presentó contra rivales políticos, entre ellos Hillary Clinton, era frívola y solo buscaba una “venganza política”.

El republicano afirmaba en la querella que la ex secretaria de Estado, su rival política en las elecciones de 2016, y otras personas involucradas en la investigación sobre la intervención de Rusia en dichos comicios conspiraron para dañar su reputación.

En el fallo, el juez federal Donald Middlebrooks, de una corte de West Palm Beach, Florida, arremete contra el expresidente y lo multa al igual que a su abogada Alina Habba con el pago de 938,000 dólares a un total de 18 acusados en el caso.

“Este caso nunca debería haber sido presentado”, señaló Middlebrooks en el fallo. “Su inadecuación como pretensión jurídica fue evidente desde el comienzo. Ningún abogado razonable lo habría presentado. Destinado a un propósito político, ninguno de los cargos de la demanda enmendada establecieron un reclamo legal cognoscible”, agregó el juez, que ya había desestimado la demanda en septiembre pasado.

“Trump es un litigante prolífico y sofisticado que utiliza repetidamente los tribunales para vengarse de sus adversarios políticos”, añade la decisión del juez.

Trump “es el autor intelectual del abuso estratégico del proceso judicial, y no puede ser visto como un litigante que sigue ciegamente los consejos de un abogado”, agrega el fallo.

El juez resolvió así a favor de una moción presentada en octubre pasado por los abogados de Clinton, que solicitaron a la corte imponer “sanciones contra el demandante (Trump) y su abogado por honorarios de abogados, costos y otras reparaciones que el tribunal considere justas”.

Trump demandó a Clinton supuestamente por conspirar junto con altos funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

El expresidente Donald Trump enfrenta una nueva demanda por fraude, después de tres años de investigación por parte de las autoridades de Nueva York, a las que ha acusado de persecución política y plantado batalla repetidamente.

La Fiscalía de Nueva York interpuso este miércoles una demanda por la vía civil en el Tribunal Supremo de Nueva York contra Trump; sus hijos Donald Jr., Ivanka y Eric; su empresa, la Organización Trump, y otros altos ejecutivos por “enriquecerse ilegalmente y mentir al sistema”.

También aparece entre los demandados Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, que se declaró culpable de haber conspirado con la compañía en una trama de fraude hace un mes, en un caso independiente de evasión fiscal contra la empresa, tras un acuerdo con la Fiscalía.

La fiscal neoyorquina, Letitia James, dijo en su cuenta de Twitter que el presunto fraude tuvo lugar entre 2011 y 2021 y que el estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de los Trump y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro.

Según se desprende de la denuncia de más de 200 páginas, Trump se sirvió de sus hijos mayores, que trabajaron en la empresa, y los ejecutivos para “inflar falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares” y obtener ventajas en préstamos y seguros, así como beneficios fiscales.

La demanda indica que Trump expresó a Weisselberg su deseo de que quería “que se incrementara su patrimonio” en las declaraciones financieras anuales, algo que tanto el ejecutivo como otros “cumplieron año tras año en su preparación fraudulenta” de esos documentos.

También se detallan unas evaluaciones infladas de inmuebles de la empresa y se habla de una “situación clásica de doble contabilidad” en la que los registros internos dan un valor de mercado pero las cifras presentadas en las declaraciones financieras son “considerablemente más altas”.

“Encontramos que Trump, su familia y la Organización Trump usaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas unas 200 veces durante 10 años en sus declaraciones financieras anuales”, agregó la fiscal James.

El expresidente, que se ha resistido a colaborar en la pesquisa, finalmente se presentó a testificar a principios del mes pasado por orden de un juez pero se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que permite a un investigado guardar silencio para evitar incriminarse a sí mismo.

Trump había restado importancia en público a la investigación, pero hace tan solo una semana esta pareció alcanzar un punto de inflexión negativo para él, ya que se reportó que sus abogados ofrecieron a los fiscales un acuerdo que no fue aceptado, invitando a pensar en una conclusión cercana.

Tras el anuncio de la demanda, el magnate acudió hoy a su red social Truth Social para arremeter de nuevo contra lo que considera una “caza de brujas” y acusar a la fiscal James, demócrata y afroamericana, de “racista” y de querer ganar popularidad para impulsar su carrera política.

“Nunca pensé que este caso se materializaría, hasta que vi sus malas cifras en las encuestas. Ella es un fraude que ha hecho campaña con una plataforma para ir ‘por Trump’ pese al hecho de que la ciudad es uno de los desastres de crimen y asesinatos mundiales bajo su vigilancia”, escribió.

Aparte de interponer la demanda, la fiscal ha recomendado abrir diligencias penales al Departamento de Justicia y al servicio federal de recaudación de impuestos, lo que parece ensombrecer las perspectivas de un retorno político para Trump, que podría aspirar a una nueva candidatura presidencial en 2024.

Una jueza de Delaware accedió este miércoles a la petición del multimillonario Elon Musk para sumar las afirmaciones de un denunciante a su demanda contra Twitter, aunque negó la solicitud de retrasar el juicio con el que Musk pretende anular su acuerdo de compra por 44,000 millones de dólares por la compañía.

“Estoy convencida de que incluso un retraso de cuatro semanas supondría un riesgo de mayor daño para Twitter”, escribió la jueza Kathaleen McCormick de la Corte de Equidad de Delaware.

La jueza señaló que la firma sufre actualmente la renuncia de muchos empleados y “se ha visto obligada por meses a funcionar en medio de las dificultades que supone un acuerdo de fusión rechazado” por la parte compradora.

El equipo legal de Musk argumentó en el tribunal que la justicia exigía retrasar el juicio de cinco días, cuyo inicio actualmente está programado para el 17 de octubre, para poder investigar las acusaciones de que Twitter falseó la seguridad de sus datos.

Y es que el mes pasado se hicieron públicas unas denuncias que proporcionaron a Musk, la persona más rica del mundo, nueva arma para reforzar lo que, según los expertos legales, era un intento a largo plazo de abandonar el acuerdo sin pagar una cuota de rescisión de 1,000 millones de dólares.

El antiguo jefe de seguridad de Twitter, Peiter Zatko, un hacker informático conocido como “Mudge”, dijo a los reguladores que la empresa representó falsamente que tenía un sólido plan de seguridad de datos.

Zatko envió un largo documento a las autoridades estadounidense a inicios de julio pero solo se conoció públicamente a fines de agosto. Los abogados de Musk pidieron incluir las acusaciones del ex empleado de Twitter en su defensa.

La jueza entendió que Musk tiene derecho a modificar su querella, aunque no se pronunciará aún sobre los “méritos” o pertinencia de estas acusaciones, hasta que hayan sido completamente fundamentados y contraargumentados por las partes.

Twitter demandó a Musk para que cumpla su acuerdo de abril de comprar la empresa por 54.20 dólares por acción.