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A pesar de las intensa campaña que hicieron los republicanos, el gobernador de California, Gavin Newsom, venció la revocación de mandato con el que buscaban quitarle el puesto, una victoria que el demócrata calificó de respaldo a su manejo de la pandemia de coronavirus y los valores progresistas de su partido.

Newsom ganó por amplio margen en la consulta sobre revocación, impulsado por la gran participación en las urnas, lo que aseguró que el estado más poblado y rico del país siga teniendo a un demócrata al frente.

Con alrededor de dos tercios de las boletas contadas, el «No» a la pregunta sobre si se debía destituir a Newsom ganaba por un margen de 2 a 1. Esta importante ventaja se obtuvo, según algunos expertos, gracias al voto por correo depositado antes de la votación presencial del ayer.

Aunque es probable que se reduzca un poco en los próximos días a medida que se cuentan las de los centros electorales, la ventaja de Newsom en esas boletas, que fueron las primeras en revisarse, será irrevocable.

«‘No’ no es lo único que se expresó esta noche», dijo Newsom en una conferencia de prensa. «Quiero poner el foco en a lo que hemos dicho `Sí’ como estado: dijimos sí a la ciencia, dijimos sí a las vacunas, dijimos sí a acabar con esta pandemia».

Casi con toda seguridad, el conductor de radio republicano Larry Elder habría reemplazado a Newsom si el referendo hubiese salido adelante, aportando una visión política totalmente opuesta, aunque habría tenido que enfrentarse a una Legislatura controlada por los demócratas.

Al reconocer su derrota, Elder dijo ante una pequeña multitud que «quizás hemos perdido la batalla, pero ganaremos la guerra».

Esa declaración y el hecho de referirse a sí mismo como «exconductor de radio» hacen pensar que buscará la candidatura republicana para la elección del año próximo. Newsom ya ha dicho que se presentará a reelección.

El referendo, centrado en el enfoque de Newsom sobre la pandemia, reflejó la acalorada división política del país con respecto a los cierres de negocios y a la obligatoriedad de usar mascarilla y vacunarse contra el COVID-19, y ambos partidos analizarán el resultado de cara a las elecciones de mitad de legislatura de 2022.

El presidente Joe Biden, quien este jueves cumple 100 días en el poder, ofreció la noche de ayer su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso, en el que defendió su ambicioso proyecto de gobierno, destacando que Estados Unidos «está de vuelta otra vez».

El demócrata pidió una y otra vez a los republicanos, cuyo voto necesita para sacar adelante muchas de las propuestas que ha presentado, que le apoyen en sus planes económicos y sociales.

Durante poco más de una hora, Biden habló de la vacunación contra la COVID-19, de sus planes de infraestructuras y gasto social y de política exterior, así como temas que han tomado importancia en sus primeros 100 días de gobierno: la inmigración, los tiroteos y la brutalidad policial contra las minorías.

«Estamos vacunando a la nación, creando cientos de miles de trabajos, entregando resultados reales que la gente puede ver y sentir en sus vidas», dijo el mandatario.

Gran parte de su discurso lo dedicó a promover su plan de inversiones en infraestructuras por valor de 2.25 billones de dólares, acompañado por otro plan dirigido a ayudar a las familias y los ciudadanos en situación más vulnerable, por un importe de 1.8 billones de dólares.

Para financiar ambos proyectos el presidente defendió que hay que subir los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. En ese sentido consideró que «ya es hora» de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son un 1% , «paguen su parte justa» de impuestos.

Biden citó un estudio reciente que apunta que el 55% de las grandes empresas pagó «cero» impuestos federales el año pasado, y lograron 40,000 millones de dólares en beneficios, mientras que muchas evadieron los pagos y se acogieron a beneficios y deducciones por emplear a sus trabajadores en otros países.

En ese sentido aseguró que el gobierno acabará con los vacíos que permiten a los más ricos pagar muy por debajo de lo que deberían según sus ganancias y advirtió de que el gobierno actuará con mano dura contra los millonarios que pretendan «engañar» sobre sus ganancias.

Recordó que tanto el rescate aprobado en marzo pasado por un valor de 1.9 billones de dólares, así como los proyectos de gasto social y en infraestructura, están dirigidos a frenar el deterioro económico ocasionado por la pandemia de COVID-19.

En ese tema, el mandatario pidió todos los estadounidenses que superen las dudas y se vacunen cuanto antes, porque «cada pinchazo es una dosis de esperanza». «Nuestro progreso de estos últimos cien días contra una de las peores pandemias de la historia es uno de los mayores logros logísticos que ha visto jamás nuestro país», afirmó Biden.

De acuerdo a datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el 43% de los estadounidenses ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna; mientras que el 29.5% de los adultos están completamente inmunizados.

Biden prometió, además, que su país será un «arsenal de vacunas» para el resto del mundo y jugará un papel de liderazgo similar al que desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial.

Además de la pandemia y la recuperación económica, el presidente llamó a los republicanos para hacer frente a los grandes desafíos que afronta su país: la inmigración, las armas y el racismo.

Biden instó a poner fin a «la agotadora guerra» partidista sobre la política migratoria y pidió al Congreso que apruebe su reforma migratoria, que busca regularizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país, un proyecto que está estancado en el Senado ante la falta de apoyo de los conservadores.

«Si creen que necesitamos una frontera segura, apruébenla. Si creen en una vía hacia la ciudadanía, apruébenla. Si realmente quieren resolver el problema, les he enviado el proyecto, ahora apruébenlo», reclamó el mandatario a los republicanos,

Del mismo modo, urgió a la oposición a que se una a los demócratas para restringir el acceso a las armas de fuego e imponer una verificación de los antecedentes legales del comprador en las transacciones de armamento.

«No me digan que no se puede hacer. Lo hicimos en el pasado, y funcionó», añadió Biden, quien también defendió prohibir los rifles de asalto y los cargadores de alta capacidad, armas y dispositivos habituales en los tiroteos masivos.

El líder estadounidense sostuvo que el problema de las armas no debería ser un asunto partidista.

Asimismo, instó a los republicanos a aprobar el proyecto de reforma de la Policía el mes siguiente, es decir mayo, que coincidiría con el primer aniversario del asesinato del afroamericano George Floyd. «La nación apoya esta reforma. El Congreso debe actuar», aseguró.

Finalmente, el mandatario animó a las dos cámaras del Congreso que apoyen al gobierno en su empeño por proteger a la comunidad LGTBQ y también a las víctimas de la violencia de género, en este último caso restringiendo el acceso a las armas de sus atacantes

Posterior al mensaje de mandatario, el senador republicano Tim Scott, el único legislador afroamericano de su partido en la Cámara Alta, fue el encargado de dar respuesta al discurso del presidente Joe Biden, afirmando que el país no es racista, .

«Cuando Estados Unidos se une, hacemos avances tremendos, pero fuerzas poderosas quieren separarnos», dijo Scott, que no precisó a qué fuerzas se refería.

Scott recordó que hace cien años los niños aprendían en la escuela que el color de su piel era su característica más importante y que si su apariencia era de una manera determinada eran considerados inferiores. Señaló que si actualmente ocurre lo mismo es porque «hay gente haciendo dinero y ganando poder fingiendo que no ha habido ningún progreso en absoluto y redoblando las divisiones».

«Escúchenme claramente, EE.UU. no es un país racista».

Asimismo, criticó el rescate económico de 1.9 billones de dólares impulsado por Biden y aprobado en el Congreso en marzo, sin un solo voto republicano. Scott calificó esa ley de «partidista» y acusó a la Administración de haber separado a los estadounidenses.

Además, acusó al presidente de incumplir su promesa de unir a la nación y de gobernar para todos los estadounidenses.

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

De todos los resultados que se derivan de las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre pasado, pocos han llamado tanto la atención de los analistas políticos y encuestadores como lo ocurrido en Zapata, un condado somnoliento a orillas del río Bravo. Donald Trump se convirtió en el primer candidato presidencial Republicano en ganarlo en cien años. Y según el censo, más del 94 por ciento de su población (menos de 15 mil habitantes) es hispana y abrumadoramente mexicoamericana. Si bien Zapata fue el único condado en el sur de Texas que se volteó y tiñó de rojo, de ninguna manera fue una anomalía: hacia el norte en Webb, otro condado predominantemente hispano, el GOP duplicó su apoyo. Al sur, el condado de Starr, que es más del 96 por ciento hispano, experimentó el mayor viraje a la derecha del país; el GOP vio su apoyo incrementarse ahí en 55 puntos porcentuales en comparación con 2016. Los resultados en una región que la mayoría de los analistas ignoraron en sus pronósticos preelectorales terminaron ayudando a frustrar las esperanzas que los Demócratas tenían de ganar Texas en el Colegio Electoral. ¿Cómo pudo Trump, uno de los líderes antiinmigrantes y xenófobos más virulentos -vaya, el más antimexicano en la historia moderan de Estados Unidos- abrirse camino con tantos votantes mexicoamericanos y nada menos que en un corredor a lo largo de la frontera con México?

Con el paso de los meses, se ha venido publicando ya información granular sobre cómo votaron los distintos bloques sociodemográficos del país. El panorama que aquella arroja para los Demócratas, si bien en términos generales es positivo, augura peligros reales para ese partido y su atractivo para los votantes de origen hispano. Y es que 2020 los vio convertirse en la primera minoría de EE.UU, o lo que equivale a 32 millones de votantes elegibles y el 13.3 por ciento del total del electorado (en 2016, los hispanos representaban el 11.9 por ciento).Un estudio reciente de la Universidad de California Los Ángeles sobre el voto hispano que analizó boletas emitidas en lugar de encuestas a boca de urna, arroja datos esclarecedores. Cerca de 16.6 millones votaron en las elecciones presidenciales de 2020. Esto representa un aumento del 30.9 por ciento, casi el doble con respecto al 15.9 por ciento de 2016, el mayor incremento de votos hispanos en cuatro años. Y no cabe duda alguna de que, primero, votaron por Joe Biden por márgenes muy amplios en todo el país, y en línea con los márgenes históricos obtenidos por Barack Obama en 2008 y 2012. Segundo y aún más importante, le dieron la victoria en estados bisagra clave del Colegio Electoral. Los votantes hispanos apoyaron a Biden sobre Trump por un margen de casi 3 a 1 en condados de Arizona, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, y con un margen de 2 a 1 o más en condados de Georgia. En Arizona, el tamaño del electorado hispano y su abrumador apoyo a Biden cambiaron el estado de Republicano a Demócrata en el Colegio Electoral por vez primera desde 1996. En Georgia y Wisconsin, donde la diferencia entre el candidato ganador y el perdedor fue de aproximadamente 12,000 y 21,000 votos respectivamente, el fuerte apoyo de los votantes hispanos a Biden y sobre todo el incremento en sus niveles de participación en las casillas ayudó a inclinar esos dos estados a favor del candidato Demócrata. Incluso en Florida y Texas, la mayoría de los hispanos en ambos estados votaron por el actual presidente: si bien los hispanos en Miami-Dade votaron por Trump por un margen de 2 a 1, con ello garantizando que el GOP mantuviera control del estado en el Colegio Electoral, el voto hispano en el resto de la entidad apoyó a Biden por un margen de 2 a 1; en Texas, con excepción de condados fronterizos, los márgenes también fueron de 2 a 1 o más.

Hasta aquí las buenas noticias. Si bien los Demócratas se llevaron la gran mayoría de los votos hispanos en 2020, el análisis de los resultados de los comicios también muestra que los Republicanos avanzaron con este demográfico, el grupo de votantes no blanco más grande del país, y particularmente entre hombres hispanos. Según las encuestas a boca de urna, el 36 por ciento de los hombres hispanos votaron por Trump, frente al 32 por ciento en 2016. Estos votantes también ayudaron a los Republicanos a ganar varios escaños en la Cámara de Representantes en distritos racialmente diversos que los Demócratas pensaban que podían ganar, particularmente en Texas y Florida. Según un análisis a nivel de precinto electoral realizado recientemente por OpenLabs, una consultoría de mercadotecnia de corte progresista, el apoyo hispano a los Demócratas se redujo hasta en un 9 por ciento en las elecciones y mucho más en partes de Florida y el sur de Texas. Sin embargo, más allá de los datos duros, persiste una interrogante, especialmente para los Demócratas que durante mucho tiempo han creído tener una ventaja importante con el voto hispano: ¿Qué está impulsando la inclinación política de hombres hispanos en particular?

Durante décadas, los candidatos Demócratas adoptaron la hipótesis de que si la participación hispana aumentaba, era más probable que ganara el partido. Pero entrevistas con decenas de hombres hispanos de todo el país que votaron por el GOP el año pasado mostraron una profunda discrepancia con tales presunciones. Como cualquier votante, estos hombres también están motivados por sus opiniones sobre una variedad de temas: muchos mencionan su oposición al aborto, su apoyo a los derechos sobre las armas y a políticas de inmigración restrictivas. La gran mayoría subrayaron que muchos Demócratas no entendían cuánto se identificaban con ser proveedores: ganar suficiente dinero para mantener a sus familias es fundamental para la forma en que se ven a sí mismos y a la política. Desean impuestos bajos, pocas regulaciones y quieren apoyar al partido que creen que les permitirá trabajar y hacerse ricos. Las encuestas efectuadas en los últimos tres meses muestran una notable brecha de género, con los hombres hispanos mucho más inclinados que las mujeres hispanas a apoyar al GOP. Y son los hombres mexicoamericanos menores de 50 años quizás el grupo demográfico que más debería preocupar a los Demócratas, porque es más probable que tiendan a apoyar a candidatos conservadores. Esto conduce además a un factor adicional que algunos subrayamos en su momento y que en gran medida responde a la pregunta de arranque de esta columna: los datos duros muestran que el uso electoral en spots microdirigidos que la campaña de Trump dio a las declaraciones desafortunadas y zalameras de su homólogo mexicano en julio pasado en la Casa Blanca redituó en las urnas y dio en el blanco precisamente con esos votantes mexicoamericanos hombres del sur de Texas.

Ronald Reagan alguna vez observó, cuando se empezaba a hablar del potencial del voto hispano en Estados Unidos, que “Los hispanos son Republicanos; no lo saben todavía.” Hoy, una organización de movilización del voto, Libre Initiative, financiada por la red conservadora de los hermanos Koch, ha estado trabajando de manera consistente y denodada desde hace una década en promover el conservadurismo en la comunidad hispana. Y obtener el apoyo de hombres hispanos ha sido, de alguna manera, un desafío de décadas para los Demócratas. Pero hoy se yergue como un recordatorio persistente de que el partido nunca ha logrado movilizar y atraer plenamente a este grupo demográfico. Sin embargo, algunos estrategas electorales en el partido están cada vez más alarmados de que los Demócratas no estén haciendo lo suficiente para llegarle a hombres hispanos cuyas principales prioridades se basan en la economía, en lugar de la justicia racial o la igualdad. Y advierten que es probable que los hombres hispanos emitan votos decisivos en futuras contiendas por el control del Congreso, así como para quién gobierne desde la Oficina Oval. Chuck Rocha, quien en 2020 articuló para la campaña primaria de Bernie Sanders -un hombre que perdió de manera abrumadora el voto hispano contra Hillary Clinton en 2016- una de las campañas más eficaces que me ha tocado ver de movilización del voto hispano en Estados Unidos, subrayó recientemente que si los Demócratas siguen tratando a los hispanos como si fuesen un bloque homogéneo, van a experimentar una sangría de votantes hispanos aún mayor en las próximas elecciones. Narrativas específicas, por ejemplo el miedo al “socialismo” con votantes cubanoamericanos y de origen sudamericano en el condado de Miami-Dade, y entendiendo las diferencias entre bloques distintos de hispanos y sus particularidades en zonas distintas del país, puede resultar mucho más efectivo que una campaña que trata a los votantes como si fueran categorías del Censo.

Hay que hablarles a los hispanos sobre los temas que les preocupan y no solamente sobre sus identidades. Esa lección la aprendieron bien los Demócratas en Arizona, pero no en otras partes del país. La elección de 2020 es una sonora llamada de alerta. Los Demócratas tienen que poner las barbas a remojar. Si no invierten desde temprano, de manera consistente y con antelación a cada ciclo electoral -en lugar del esfuerzo de movilización caracterizado por la coyuntura electoral y por el “demasiado poco, demasiado tarde” con el que suelen aproximarse al votante hispano- en entender y atraer a un arcoíris de votantes hispanos, no podrán seguir dando por sentado el apoyo abrumador de ese segmento cada vez más crucial del voto estadounidense.

El Congreso estadounidense debe aprobar este miércoles el plan de estímulo impulsado por Joe Biden con el apoyo único de los demócratas, lo que sería una importante victoria del presidente a poco tiempo de haber comenzado su mandato.

El plan de estímulo es por 1.9 billones de dólares, el equivalente al PIB de Italia en 2020. Un monto suficiente para tener un impacto considerable en el crecimiento, según han advertido los economistas, además del impacto que tendría en la vida de millones de estadounidenses.

Estados Unidos necesita «desesperadamente» estas medidas para salir de la crisis provocada por la pandemia, insiste el mandatario, que prometió promulgar el «plan de rescate» en cuanto sea adoptado por el Congreso.

Los republicanos se oponen a esta iniciativa, y denuncian medidas de «extrema izquierda» que van más allá de la lucha contra la crisis causada por el coronavirus. Biden, que recuerda repetidamente su larga etapa como senador capaz de conseguir compromisos con el otro campo, no ha logrado hasta ahora convencer a ninguno.

Pero los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, están convencidos de que podrán aprobarlo sin los republicanos. El debate del plan está programado para que inicie a las 09:00 hora local, y se espera que tras dos horas comience la votación.

«Es una ley notable, histórica, que conducirá a una transformación profunda y permitirá avanzar mucho en la lucha contra el virus y responder a nuestra crisis económica», aseguró el martes la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi.

Los demócratas insisten en el hecho de que con su versión, las pequeñas empresas familiares, y especialmente las gestionadas por personas integrantes de minorías, recibirán un mayor apoyo.

De acuerdo a los expertos, este paquete millonario debería impulsar el crecimiento. Según La Casa Blanca, esta ley «histórica» creará más de 7 millones de nuevos puestos de trabajo este año, abaratará costos de salud y salvará vidas al impulsar la vacunación contra el Covid. La Presidencia afirma igualmente que la pobreza en los niños se reducirá a la mitad.

Si se aprueba definitivamente, el proyecto de Biden mantendrá muchos de los programas anteriores de otros paquetes de ayuda aprobados en 2020, por 2.2 billones de dólares y 900,000 millones respectivamente, repartirá cheques de hasta 1,400 dólares a muchos estadounidenses y concederá ayudas a los gobiernos estatales y locales con problemas de liquidez. También prolongará subsidios por desempleo excepcionales que caducan el 14 de marzo, hasta septiembre.

El proyecto de ley con el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca concretar su ambiciosa reforma migratoria, la cual otorgará una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, llegó este jueves al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.

Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son quienes impulsan la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, propuesta bandera con la que la administración de Biden busca reorganizar el sistema de migración de su país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.

La iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los soñadores, como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que en su mayoría proceden de Centroamérica, así como a los trabajadores agrícolas inmigrantes.

Amplía además los visados de diversidad de 55,000 a 80,000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.

Recordemos que un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente, pero no logró el respaldo en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.

Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurarse diez republicanos. De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularización en los años anteriores.

«Estamos aquí porque el pasado noviembre 80 millones de estadounidenses votaron contra Donald Trump y contra todo lo que representaba. Votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la confianza en nuestro gobierno», dijo Menéndez en una conferencia de prensa virtual. «Y parte de ese mandato es arreglar nuestro sistema de migración, que es la piedra angular del odioso espectáculo de horror de Trump».

Al dirigirse a sus colegas republicanos, aseguró que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son «la mayor minoría racial y étnica del país».

En su intervención, Sánchez recordó que es hija de inmigrantes mexicanos, un mecánico industrial y una maestra de escuela primaria, y afirmó que por ello se ha dedicado a construir un sistema de inmigración «que permita a la gente vivir sin miedo».

Ambos políticos estuvieron acompañados por los legisladores de la Cámara Baja Zoe Lofgren, Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez, Judy Chu, Raúl Ruiz, Yvette Clarke y Yvette Clarke, así como por los senadores Amy Klobuchar, Alex Padilla y Ben Ray Luján, que prometieron su respaldo a la iniciativa.

El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente, conocida por su nombre en inglés «green card».

Para los soñadores, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de «inmediato» y tres años más tarde la ciudadanía. erá un requisito fundamental para estas personas «haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021».

El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10,000 a 30,000 los cupos para los visados U, que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental.

Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término «extranjero» por «no ciudadano» y promueve la reunificación de familias, en especial de los grupos familiares LGBTQ+.

Por otro lado, aborda las causas de la migración al financiar un plan de la Administración de Biden para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde procede la mayoría de inmigrantes que buscan cruzar a Estados Unidos desde México.

También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunir a los pequeños con sus padres que residen en EUA; y destina recursos para el uso de la tecnología en las fronteras.

El Senado de Estados Unidos votó a favor de seguir adelante con el juicio político contra el expresidente Donald Trump, por una acusación de incitación a un asalto al Congreso tras ver un vídeo gráfico del ataque de enero.

El Senado votó 56 a 44 para proceder con el juicio contra el expresidente, rechazando el argumento de sus abogados de que un presidente no puede enfrentar un juicio después de dejar La Casa Blanca. Sin embargo, los demócratas esperan inhabilitar a Trump para que no pueda volver a ocupar un cargo público.

Los demócratas de la Cámara de Representantes que actúan como fiscales abrieron la jornada mostrando un video de partidarios de Trump arrollando violentamente a la policía en el Capitolio en el ataque del 6 de enero, con imágenes de Trump llamando a «pelear como demonios» para revertir su derrota electoral del 3 de noviembre.

Los senadores, en calidad de jurados, vieron en las pantallas cómo los seguidores de Trump derribaban las barreras y golpeaban a los policías del Capitolio. El vídeo también incluyo el momento en el que el policía que custodiaba la Cámara de Representantes disparó mortalmente a la manifestante Ashli Babbitt, una de las cinco personas que murieron en los desórdenes.

En el asalto al Capitolio, la turba atacó a la policía, hizo que los legisladores corrieran en busca de refugio e interrumpió la certificación formal por parte del Congreso de la victoria del presidente Joe Biden, después de que Trump pasara dos meses impugnando los resultados de las elecciones.

«Si eso no es un delito de destitución, entonces no existen», dijo a los senadores reunidos el representante demócrata Jamie Raskin, que dirigió la acusación, tras mostrar el vídeo.

Raskin lloró al relatar cómo familiares a los que llevó al Capitolio ese día para presenciar la certificación de las elecciones tuvieron que refugiarse en una oficina cercana al hemiciclo, diciendo: «Pensaron que iban a morir».

En contraste con la emotiva presentación de los demócratas, los abogados de Trump atacaron el proceso, argumentando que el procedimiento era un esfuerzo inconstitucional y partidista para bloquear el futuro político de Trump, pese a que ya había dejado La Casa Blanca.

«Lo que realmente quieren conseguir aquí en nombre de la Constitución es impedir que Donald Trump vuelva a presentarse a un cargo político, pero esto es una afrenta a la Constitución, independientemente de a quién apunten hoy», dijo a los senadores David Schoen, uno de los abogados de Trump.
El abogado denunció la «insaciable lujuria por el impeachment» entre los demócratas antes de emitir su propio vídeo, en el que se unen imágenes de varios legisladores demócratas pidiendo la destitución de Trump desde 2017 en adelante.

Condenar a Trump requeriría una votación de dos tercios del Senado de 100 miembros, lo que significa que al menos 17 republicanos tendrían que unirse a los 48 demócratas y dos independientes para votar contra Trump.

El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que la acusación contra Trump representa «los cargos más graves jamás presentados contra un presidente de Estados Unidos en su historia».

Trump es el único presidente que ha sido impugnado dos veces y el único expresidente que se enfrenta a un juicio en el Senado. Antes del ataque, Trump afirmó falsamente que el fraude electoral generalizado le hizo perder las elecciones frente a Biden.

El juicio se está celebrando con una seguridad extraordinaria en torno al Capitolio, que incluye fuerzas de seguridad armadas y un perímetro de vallas y alambre de púas.

El equipo legal de Donald Trump urgió este lunes desestimar un caso constitucionalmente defectuoso, y señaló que es «absurdo» responsabilizar a su cliente por el ataque al Capitolio.

Pero los demócratas a cargo de la acusación respondieron afirmando que el magnate es responsable del «más grave crimen constitucional jamás cometido» por un mandatario de Estados Unidos cuando incitó a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el 6 de enero.

La Cámara de Representantes aprobó enjuiciar a Trump por segunda vez el mes pasado por su papel en la incitación a los disturbios en el Congreso; su juicio comienza mañana con la totalidad de senadores en el papel de jurados.

Por cuarta vez en la historia, un presidente estadounidense acusado será juzgado. Dos de estos procesos involucran a Trump, una figura política profundamente dañada que, a pesar de eso, sigue siendo una fuerza importante en el Partido Republicano.

Acusado de «incitación a la insurrección», es probable que una vez más evite la condena debido al apoyo leal del partido en el Senado, pero sus abogados sostuvieron en su presentación preliminar que la Constitución no otorga a la Cámara Alta jurisdicción para juzgar a un expresidente.

«El Senado debería desestimar estos cargos y absolver al presidente porque claramente esto no es lo que los redactores querían o lo que permite la Constitución», escribieron sus abogados defensores Bruce Castor, David Schoen y Michael T. van der Veen.

«Satisfacer el hambre de los demócratas de la Cámara de Representantes por este teatro político es un peligro para la democracia de nuestra República y los derechos que apreciamos», añadieron los abogados.

La defensa utilizó un lenguaje categórico en su escrito de 78 páginas, diciendo que era «simplemente absurdo» argumentar que Trump de alguna manera invocó a una turba para cometer un crimen violento, y que quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero lo hicieron por su propia cuenta.

Los abogados fueron igualmente contundentes al rechazar la viabilidad de juzgar a un expresidente. «Se está pidiendo al Senado que haga algo patentemente ridículo: juzgar a un ciudadano común en un proceso que está diseñado para destituirlo de un cargo que ya no tiene».

Pero los nueve «gerentes» de la acusación, todos legisladores demócratas de la Cámara Baja y abogados, inmediatamente arremetieron contra esa solicitud, señalando que había una evidencia «abrumadora» de delitos y faltas graves procesables.

«Su incitación a la insurrección contra el gobierno de Estados Unidos, que causó la disrupción de la transferencia pacífica del poder, es el más grave crimen constitucional jamás cometido», expusieron en un documento de cinco páginas.

El presidente Joe Biden, que sucedió a Trump el 20 de enero, intervino brevemente al regresar este lunes a La Casa Blanca tras un fin de semana en Delaware, pero se negó a pronunciarse sobre si Trump debería ser declarado culpable o se le debería negar el derecho a ocupar cargos políticos en el futuro. «Dejaremos que el Senado lo resuelva», dijo Biden.

La portavoz de La Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró después a los periodistas que las opiniones de Biden sobre Trump eran claras y que se enfrentó al presidente en las urnas «porque consideraba que no era apto para el cargo.» «Pero va a dejar que sea el Senado el que vea este procedimiento de destitución», dijo Psaki.

Los miembros del Senado comenzarán con el procedimiento mañana martes a partir de las 13:00 hora local; se enfrentarán a un territorio desconocido: ningún presidente ha enfrentado un juicio de destitución después de haber dejado el cargo.

Para condenar a Trump se requeriría el voto de más de dos tercios de los senadores, lo que significa que 17 republicanos tendrían que romper filas y unirse a los 50 demócratas, lo que se considera casi imposible.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta madrugada una resolución presupuestaria de 1.9 billones de dólares para lidiar con el impacto de la pandemia de la Covid-19.

La aprobación se logró gracias al voto de desempate, que por primera vez ejerce la vicepresidenta Kamala Harris.

En la Cámara Alta los demócratas y los republicanos cuentan en esta Legislatura con 50 senadores por partido, y es Harris como vicepresidenta la encargada del voto decisivo.

Tras su aprobación en el Senado, la resolución vuelve ahora a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría.

«Hemos avanzado», declaró durante la sesión el líder de la mayoría demócrata, el senador Chuck Schumer, de Nueva York. «Éste es un paso gigantesco», agregó.

La resolución presupuestaria autoriza una ley para la pandemia por el monto solicitado por el presidente Joe Biden, e incluye las instrucciones para que los comités del Congreso redacten la legislación.

Un grupo de senadores republicanos había ofrecido un paquete de 618,000 millones de dólares.

La propuesta de Biden incluye la distribución de cheques de 1,400 dólares a los contribuyentes impositivos, un beneficio semanal por desempleo de 400 dólares, 350,000 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y municipales, un aumento del sueldo mínimo a 15 dólares por hora, y más fondos para el cuidado infantil, las escuelas y la distribución de vacunas.

Los congresistas presentaron decenas de enmiendas al texto, que recibieron a veces el apoyo de parlamentarios de ambos partidos, como la que buscaba prohibir la entrega de una ayuda de 1.400 dólares a ciudadanos de hogares con altos ingresos.

El voto de esta madrugada, señalan analistas, no significa el visto bueno para el plan de alivio económico del gobierno, pero abrió el camino para que los demócratas puedan aprobarlo por mayoría simple, evitando así posibles bloqueos de los republicanos.

Muchos de los opositores se oponen al proyecto demócrata por considerar que es demasiado costoso.

El presidente Biden se mostró dispuesto a encontrar un compromiso con los republicanos, pero advirtió que estaba listo a avanzar sin ellos, ya que está convencido de que el Estado debe actuar con presteza para evitar la asfixia de la economía ante la pandemia.

Estados Unidos, el país con más muertes por el nuevo coronavirus, superando el miércoles pasado los 450,000 fallecidos por la Covid-19.

Los congresistas designados para ejercer la acusación contra el expresidente Donald Trump en su juicio político, impeachment, han pedido al exmandatario que preste testimonio durante el proceso.

Jamie Raskin, el líder de los ‘managers’, como se conoce a los congresistas que actúan como una especie de fiscales, ha enviado una carta al equipo legal de Trump solicitando que testifique antes o durante el impeachment, que dará comienzo el próximo martes.

En la carta, alega que su testimonio es necesario, ya que rechazó las afirmaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que le acusó de incitar el asalto al Capitolio del 6 de enero, evento que ha desencadenado el juicio político, el segundo al que se somete Trump.

«Hace dos días, presentó una respuesta en la que negó muchas acusaciones fácticas establecidas en el artículo de juicio político», dice Raskin en el documento. «A la luz de su impugnación de estas acusaciones fácticas, le escribo para invitarlo a prestar testimonio bajo juramento (…) sobre su conducta el 6 de enero de 2021», señala.

La carta en sí no es una citación, sino que requiere el testimonio de Trump de manera voluntaria, aunque el ‘manager’ demócrata ha sugerido que, si se niega, la acusación podría usar la negativa en su contra.

«Nos reservamos todos y cada uno de los derechos, incluyendo el de establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte interferencia adversa con respecto a sus acusaciones», advertido el legislador demócrata.

En la presentación del caso contra Trump en un escrito legal el martes, los fiscales, que argumentaron que el expresidente debe ser condenado porque «amenazó el sistema constitucional que protege las libertades fundamentales», le acusaron de provocar «violencia» contra el Congreso estadounidense en un intento de revertir «radicalmente» la transferencia pacífica de poder entre administraciones.

En esta ocasión, Trump está acusado de «incitar a la rebelión» durante los disturbios y el asalto al Capitolio. La Cámara de Representantes, de amplia mayoría demócrata, aprobó iniciar el juicio político contra el exmandatario el 13 de enero, en una votación en la que diez republicanos dieron su apoyo.

El asalto, que dejó cinco muertos, tuvo lugar el día que el Congreso de Estados Unidos celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un «fraude», aunque no proporcionó pruebas al respecto.

Sobre la petición que hicieran los demócratas, el expresidente anunció esta tarde que no testificará en el juicio político, y calificó el procedimiento de «inconstitucional».

«El presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional», afirmó el jueves su portavoz, Jason Miller, en una declaración difundida por el diario The Washington Post, después de que la defensa del exgobernante calificara el proceso de «maniobra de relaciones públicas» de los demócratas.

Los legisladores estadounidenses que lideran el caso de juicio político contra Donald Trump acusaron al expresidente de «traición de proporciones históricas» al dar a conocer sus argumentos una semana antes de que comience el proceso en el Senado.

En su escrito previo al juicio, los miembros de la Cámara de Representantes presentaron su caso para que el Senado condene a Trump, enfatizando que el pueblo estadounidense debe ser protegido «contra un presidente que provoca violencia para subvertir nuestra democracia».

Los denominados «gerentes de juicio político», todos demócratas, argumentaron en el extenso documento de 77 páginas que Trump, al hablar frente a una multitud de partidarios en Washington el 6 de enero pasado, los llevó a un «frenesí» poco antes de que marcharan hacia el Capitolio.

«En una grave traición a su juramento, el presidente Trump incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de Estados Unidos» e impidió que el Congreso confirmara a Joe Biden como el ganador de las elecciones de noviembre, escribieron los legisladores, encabezados por el congresista Jamie Raskin.

«Si provocar un motín insurreccional contra una sesión conjunta del Congreso después de perder una elección no es un delito imputable, es difícil imaginar cuál sería», añade el texto. «Si esto no se condena, los futuros líderes se animarían a intentar retener el poder por todos y cada uno de los medios, y sugeriría que no hay una línea que un presidente no pueda cruzar».

Trump fue acusado por la Cámara de Representantes el 13 de enero por segunda vez en un proceso de juicio político, luego de ser absuelto de otro en febrero de 2020. Sin embargo, el mandato de Trump terminó el 20 de enero, antes del comienzo del juicio en el Senado, lo que llevó a los legisladores republicanos a argumentar que es inconstitucional someter a un proceso de destitución a un presidente después de que haya dejado el cargo.

Es un argumento que se espera que hagan los abogados de Trump en su defensa, pero los demócratas ya rechazaron ese razonamiento rotundamente. «No hay una ‘excepción de enero’ para el juicio político o cualquier otra disposición de la Constitución», escribieron en alusión a la fecha estipulada para el fin del periodo presidencial, y agregaron que un presidente debe responder por su conducta «desde su primer día en el cargo hasta el último».

El escrito de los legisladores demócratas señala varios videos, que se espera que se utilicen como prueba en el juicio, que, según dicen, muestran a Trump incitando a la multitud a cometer actos violentos y a los manifestantes gritando «¡Cuelguen a Mike Pence!» y buscando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Desde las elecciones del 3 de noviembre, y durante muchas semanas después, Trump alegó que la reelección le fue robada mediante un fraude masivo. Decenas de tribunales en varios estados encontraron el argumento infundado.

Pero los gerentes de juicio político enfatizaron que la constante insistencia de Trump en acusaciones sin prueba de una elección fraudulenta impulsó a sus partidarios a respaldar los esfuerzos para revocar la victoria de Biden. Cuando esos esfuerzos fracasaron, escribieron los demócratas, Trump «convocó a una turba a Washington, los exhortó a un frenesí y los apuntó como un cañón cargado por la avenida Pensilvania» en dirección al Capitolio.

Los abogados del expresidente contestaron a los señalamientos, y dijeron este martes que el Senado no tiene autoridad para juzgarlo en su calidad de ciudadano por la acusación de que incitó una insurrección en el Congreso el 6 de enero.

El equipo de defensa de Trump dijo que no sólo el Senado carece de autoridad para juzgarle como ciudadano de a pie, sino que la Cámara de Representantes también carece de jurisdicción para impedir que vuelva a ocupar un cargo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos entregará el próximo lunes al Senado el expediente de juicio político contra el expresidente Donald Trump por acusaciones de incitar a la insurrección, rechazando un pedido de retraso del líder republicano de la Cámara alta, Mitch McConnell.

El líder de la mayoría Chuck Schumer, quien desplazó a McConnell como líder del Senado después de que los demócratas ganaran dos escaños en un los comicios de Georgia, anunció la medida en el pleno de la Cámara alta, pero no dijo cuándo comenzaría el segundo juicio político a Trump.

«La Cámara de Representantes entregará el artículo de juicio político al Senado. El Senado realizará un proceso de juicio político a Donald Trump. Será un proceso completo. Será un juicio justo», declaró Schumer en el piso de la Cámara alta.

Esto ocurre después de que McConnell pidiera a la Cámara que retrasara el envío de los cargos hasta el jueves y que acordara no iniciar el juicio hasta mediados de febrero para dar a Trump más tiempo para preparar una defensa contra la acusación de que incitó a la insurrección a sus seguidores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero.

«Este impeachment comenzó con un proceso sin precedentes, rápido y mínimo, en la Cámara de Representantes», dijo McConnell. «La secuela no puede ser un proceso insuficiente en el Senado que niegue al expresidente Trump su debido proceso o dañe al Senado o a la propia presidencia».

Esta situación se da en momentos en que Schumer y McConnell están luchando para controlar una cámara dividida donde los demócratas mantienen ahora una estrecha mayoría gracias al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.

El juicio podría distraer los esfuerzos del presidente demócrata Joe Biden para impulsar una ambiciosa agenda legislativa que incluye casi 2 billones de dólares en ayuda para personas y empresas, así como la necesidad de confirmar a los nominados de su gabinete.

Si se envía al Senado el lunes, el ‘impeachment’ podría empezar al día siguiente, a no ser que los demócratas y republicanos en el Senado lleguen a un acuerdo para cambiar ese calendario. Aunque el juicio no podrá resultar ya en la destitución de Trump, que abandonó La Casa Blanca el miércoles, los demócratas confían en que el proceso resulte en la inhabilitación del expresidente para ocupar futuros cargos políticos.

Trump se convirtió la semana pasada en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político dos veces, y cuando el Senado se reúna para este proceso será el primero en ser juzgado después de dejar el cargo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles iniciar un proceso de juicio político (impeachment) contra el presidente Donald Trump, acusado de «incitación a la insurrección» por su participación en el asalto al Capitolio que llevaron a cabo sus seguidores la semana pasada.

La votación finalizó con 232 votos a favor y 197 en contra, cuando se necesitaban 217 para aprobar el juicio político al mandatario.

Al voto de los demócratas de la Cámara de Representantes, quienes tienen la mayoría, se unieron varios legisladores republicanos, entre los que destacan John Katko, Liz Cheney y Jamie Herrera.

Fueron diez los legisladores republicanos que finalmente decidieron apoyar el ‘impeachment’ contra el presidente, lo que muestra el descontento al interior del partido por el incidente del Capitolio.

Al inicio del debate, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Trump es un «peligro claro y presente» para Estados Unidos, subrayando que «el presidente incitó está insurrección, está rebelión armada contra nuestro país».

Además, indicó que el magnate neoyorquino ha mentido «repetidamente» sobre el resultado de las elecciones presidenciales, celebradas en noviembre, y ha puesto en duda la democracia. De forma paralela, calificó a las personas que irrumpieron en el Capitolio de «terroristas domésticos» y ha hecho hincapié en que Trump «los envió» al edificio. «No son patriotas», añadió.

El texto presentado sostiene que Trump repitió afirmaciones falsas sobre su supuesta victoria en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y incitó  a sus seguidores mediante un discurso retransmitido el propio 6 de enero.

Los plazos impiden destituir a Trump antes del 20 de enero, fecha en la que Joe Biden tomará posesión como presidente de Estados Unidos, pero sí permitirían inhabilitarle para ejercer cargos públicos y presentarse a la reelección en 2024.

Corresponderá al Senado enjuiciar a Trump, y se espera que esta misma tarde la Cámara de Representantes envíe el artículo de acusación. El Senado empezará el juicio el próximo 19 de enero, un día antes de que Trump abandone La Casa Blanca.

Trump se convierte con este proceso en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos, después de que en febrero del año pasado fuera absuelto tras ser acusado de abuso del poder presidencial y obstrucción al Congreso por presionar a dirigentes de Ucrania para que investigaran a Biden y a su hijo Hunter por sus actividades empresariales.

El Partido Demócrata habría obtenido ya uno de los dos escaños que se disputaron en la jornada electoral de ayer en el estado de Georgia, con un apretado triunfo de uno de sus candidatos, Raphael Warnock, que según estimaciones de los medios estadounidenses, habría obtenido el 50.5% de los votos frente a su rival republicana Kelly Loeffler.

La carrera para alcanzar los últimos dos asientos por el estado de Georgia en el Senado de Estados Unidos está siendo sumamente reñida como se esperaba, con el 98% de los votos escrutados, todavía queda por saber si será el republicano David Perdue quien logre permanecer en la Cámara o si bien el demócrata Jon Ossoff ocupará el puesto que permitiría a los demócratas tener el control de la Cámara y así dar a Joe Biden una administración más «ligera».

Warnock se ha mostrado «profundamente honrado» por la decisión de los votantes. «Lo que ha hecho Georgia esta noche es su propio mensaje en  un momento en el que mucha gente está intentando dividir a nuestro país», indicó el demócrata en declaraciones a la cadena CNN.

Así, ha hecho hincapié en que ahora tiene por delante «una tarea sagrada» que se tomará «muy en serio». «Espero honrar la promesa con el trabajo que haremos en los próximos días».

Por su parte, Ossoff ha estado recortando hasta el momento la distancia que le han venido separando de Perdue hasta ponerse por delante con el 50.1% de los votos, obteniendo apenas 9,500 votos más que su rival.

De hecho, Ossoff se ha declarado este miércoles como vencedor en las elecciones. «Georgia, muchas gracias por la confianza que han puesto en mí. Me siento honrado, por su apoyo y confianza», según ha informado CNN.

Asimismo, ha reiterado sus promesas de campaña de trabajar contra el coronavirus y entregar ayudas a los afectados. «Esta campaña ha sido sobre salud, trabajos y justicia para la población de este estado (…) y serán los principios que me guíen», añadió.

El secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, celebró la «tremenda participación» de este martes, la cual podría alcanzar cerca de 4.6 millones de electores.

Recordemos que el resultado de estas elecciones resulta fundamental para el porvenir de la próxima Administración de Joe Biden, pues los demócratas necesitan estos dos últimos escaños para controlar el Senado, como ya hacen con la Cámara de Representantes.

En caso de que los demócratas se impongan en Georgia, conseguirían 50 senadores, los mismos que los republicanos, aunque dispondrían del voto de desempate en futuros debates legislativos de la que será presidenta del Senado y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante el fin de semana celebró un multitudinario mitin en la ciudad de Dalton, en el noroeste de Georgia, ha vuelto a lanzar una vez más acusaciones de fraude electoral en sus redes sociales.

El Congreso de Estados Unidos se reunirá mañana para ratificar el resultado de las elecciones de noviembre pasado, un hecho que los aliados del presidente Donald Trump planean aprovechar para lanzar un último desafío a lo votado por los estadounidenses.

No hay ninguna perspectiva de que la sesión en el Congreso cambie el resultado de los comicios, es decir, la elección de Joe Biden como próximo presidente, pero sí se espera un largo debate y varias votaciones.

Según las leyes que rigen el proceso electoral de Estados Unidos, ambas cámaras del Congreso deben reunirse ese día en una sesión conjunta que comenzará a las 13:00 horas para abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país.

La sesión, que debe estar dirigida por el vicepresidente estadounidense, en este caso, el republicano Mike Pence, normalmente es una mera formalidad para validar resultados que ya ha corroborado el Colegio Electoral, que se reunió el pasado 14 diciembre en cada estado y ratificó la victoria de Biden.

Sin embargo, basta con que un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado presenten una objeción a los resultados en uno de los estados para desatar un debate y una votación de ambas cámaras sobre la posibilidad de no contar los votos electorales en ese territorio.

Recordemos que al menos trece senadores republicanos y más de cien congresistas de ese partido en la Cámara Baja han adelantado que presentarán o respaldarán objeciones a los resultados en varios estados.

Los senadores, liderados por Ted Cruz, aseguran que no pretenden revertir el resultado de las elecciones, sino dar voz a aquellos que creen que los comicios no fueron justos, a pesar de que no hay ninguna prueba de que hubiera un fraude o irregularidades masivas, como denuncia Trump.

Los legisladores piden que el Congreso cree una comisión electoral para «llevar a cabo una auditoría de emergencia con una duración de diez días de los resultados electorales en los estados disputados», afirmaron en un comunicado conjunto el sábado.

Mañana, los certificados de los votos electorales se abrirán por orden alfabético, con el objetivo de contarlos para corroborar qué candidato presidencial superó la barrera de 270 votos electorales que da las llaves de La Casa Blanca. Los legisladores republicanos no han aclarado sobre en qué estados presentarán objeciones, pero es posible que lo hagan en los seis territorios donde Trump ha cuestionado la victoria de Biden: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Por cada estado sobre el que un congresista y un senador presenten una objeción, la sesión conjunta entrará en receso y se abrirán debates separados de un máximo de dos horas en cada una de las dos cámaras, seguidos de votaciones en sus respectivos plenos sobre la posibilidad de rechazar los resultados.

Debido a las precauciones relacionadas con la pandemia, las votaciones en la Cámara Baja duran normalmente una hora o más, por lo que es posible que se tarde de tres a cuatro horas en resolver las objeciones en cada estado. Si los legisladores cuestionaran los resultados en los seis estados citados, es posible que la sesión dure 24 horas o más y, si son menos los territorios desafiados, es probable que el proceso se retrase igualmente hasta la madrugada del jueves.

La pregunta que ronda la sesión del Congreso mañana es si hay opciones de revertir el resultado de las elecciones. De acuerdo a la mayoría de los analistas, la respuesta es que no.

La oposición demócrata controla la Cámara de Representantes, por lo que los republicanos no tienen opciones de superar una votación por mayoría en ese recinto, algo que se requiere para rechazar el resultado en cualquier estado.

La sesión terminará irremediablemente con Pence declarando a Biden como ganador de las elecciones, por mucho que se alargue la reunión y que Trump y sus aliados confíen en que el vicepresidente pueda de alguna forma influir en el proceso y manipularlo, algo que los tribunales ya han aclarado que no es posible.

«Espero que Mike Pence nos ayude. Si no lo hace, no me caerá tan bien», dijo Trump este lunes durante un mitin en Georgia.

Los ciudadanos de Georgia se encuentran en medio de una la jornada de votación en la que se decidirá si el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, deberá lidiar con una mayoría opositora en el Senado, o si tendrá una gestión más cómoda, al definir los dos asientos que faltan para completar la composición de la Cámara.

En un mitin realizado ayer, Trump reiteró sus acusaciones de que la elección presidencial del 3 de noviembre, en la cual obtuvo 74.2 millones de votos frente a los 81.2 millones del candidato demócrata, fue fraudulenta; denunció a los políticos republicanos que han validado el resultado, ratificado por el Colegio Electoral en diciembre pasado.

En Georgia, donde Biden fue el primer triunfador demócrata desde 1992, ninguno de los candidatos al Senado obtuvo una mayoría suficiente y la ley electoral de ese estado hizo necesaria una segunda ronda que pone en juego la mayoría que el Partido Republicano ha mantenido en la Cámara Alta del Congreso federal durante varias legislaturas.

En la votación de noviembre los republicanos se aseguraron 50 curules en el Senado y los demócratas aumentaron uno a los que tenían, para lograr un total de 48. Si los candidatos demócratas ganan hoy en Georgia, habrá un empate de 50 escaños en la Cámara Alta estadounidense, lo cual dejaría las decisiones en manos de la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

Una de las contiendas que deberá dirimirse hoy enfrenta al demócrata Raphael Warnock, un pastor de una iglesia de Atlanta en la cual predicó el líder de los derechos civiles Martin Luther King, asesinado en 1968, y Kelly Loeffler, senadora republicana designada hace un par de años.

Según el promedio de encuestas de opinión de la plataforma 270towin.com, Warnock cuenta con el respaldo del 50.2% de los votantes y Loeffler tiene el apoyo del 47.4%.

En la otra contienda, el demócrata Jon Ossof, un exfuncionario legislativo y periodista, compite por un puesto en el Senado federal con David Purdue, un empresario cuyo mandato en la Cámara Alta concluyó el domingo pasado.

El promedio de encuestas de 270towin.com da a Ossoff el 50.2% del apoyo entre los votantes comparado con el 47.4% para Perdue.

En Georgia hay 7,6 millones de votantes registrados, de los cuales unos 4.8 millones de ciudadanos asistieron a votar en noviembre.

Se espera que la participación sea excepcionalmente alta, con más de 3 millones de sufragios que ya han sido emitidos en la votación anticipada, y lo más probable es que los ganadores no se sepan esta misma noche, debido a lo ajustado que se espera sean los resultados.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este viernes el proyecto de ley que despenaliza el consumo del cannabis (marihuana), lo que supone un gran paso para situar las leyes federales en línea con las de varios estados que ya lo permiten, y con países que ya han liberado el uso de dicha sustancia.

La Cámara baja, bajo control demócrata, logró la aprobación del proyecto de ley por 228 votos a favor contra 164 en contra. Sin embargo, ahora el proyecto pasa al Senado, donde según analistas sus posibilidades son mucho menores, ya que es dominado por los Republicanos.

La nueva norma pretende sacar a la marihuana de la Lista de Sustancias Controladas, que la incluía junto a la heroína o la cocaína como un narcótico peligroso, y que contemplaba fuertes sanciones.

La inclusión del cannabis en esta lista dejaba al gobierno federal de Estados Unidos fuera de la línea adoptada por varios estados que ya legalizaron la marihuana para uso médico y algunos, como Colorado, que optaron por liberarlo completamente y regularon su consumo recreativo.

Este proyecto de ley federal es la culminación de cinco décadas de argumentación por parte de sus partidarios para convencer al gobierno federal de que reconozca el daño relativamente bajo que causa el consumo del cannabis comparado con otras drogas, así como el fracaso en la represión de su comercialización mientras se mandaba a prisión a cientos de miles de personas por delitos menores.

De aplicarse finalmente la ley, los registros penales de muchas personas arrestadas por consumo de marihuana acabarían eliminados y podrían revisarse las sentencias de quienes cumplen actualmente penas por delitos federales relacionados con el cannabis.

También autorizaría a los estados a establecer sus propias leyes y a lanzar una regulación federal y tasación del sector, como ya ocurre con el alcohol.

«Es un momento histórico», dijo el representante demócrata Tulsi Gabbard, que impulsó la legalización.

Los demócratas usaron argumentos como que los afroestadounidenses han sufrido legalmente mucho más que los blancos de arrestos y condenas, que la despenalización federal permitirá a los veteranos con lesiones de guerra obtengan un mejor acceso a la marihuana medicinal o que la nueva norma implicaría la desaparición de los bloqueos federales de larga duración a la investigación con marihuana.