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El proyecto de ley con el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca concretar su ambiciosa reforma migratoria, la cual otorgará una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, llegó este jueves al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.

Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son quienes impulsan la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, propuesta bandera con la que la administración de Biden busca reorganizar el sistema de migración de su país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.

La iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los soñadores, como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que en su mayoría proceden de Centroamérica, así como a los trabajadores agrícolas inmigrantes.

Amplía además los visados de diversidad de 55,000 a 80,000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.

Recordemos que un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente, pero no logró el respaldo en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.

Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurarse diez republicanos. De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularización en los años anteriores.

«Estamos aquí porque el pasado noviembre 80 millones de estadounidenses votaron contra Donald Trump y contra todo lo que representaba. Votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la confianza en nuestro gobierno», dijo Menéndez en una conferencia de prensa virtual. «Y parte de ese mandato es arreglar nuestro sistema de migración, que es la piedra angular del odioso espectáculo de horror de Trump».

Al dirigirse a sus colegas republicanos, aseguró que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son «la mayor minoría racial y étnica del país».

En su intervención, Sánchez recordó que es hija de inmigrantes mexicanos, un mecánico industrial y una maestra de escuela primaria, y afirmó que por ello se ha dedicado a construir un sistema de inmigración «que permita a la gente vivir sin miedo».

Ambos políticos estuvieron acompañados por los legisladores de la Cámara Baja Zoe Lofgren, Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez, Judy Chu, Raúl Ruiz, Yvette Clarke y Yvette Clarke, así como por los senadores Amy Klobuchar, Alex Padilla y Ben Ray Luján, que prometieron su respaldo a la iniciativa.

El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente, conocida por su nombre en inglés «green card».

Para los soñadores, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de «inmediato» y tres años más tarde la ciudadanía. erá un requisito fundamental para estas personas «haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021».

El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10,000 a 30,000 los cupos para los visados U, que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental.

Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término «extranjero» por «no ciudadano» y promueve la reunificación de familias, en especial de los grupos familiares LGBTQ+.

Por otro lado, aborda las causas de la migración al financiar un plan de la Administración de Biden para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde procede la mayoría de inmigrantes que buscan cruzar a Estados Unidos desde México.

También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunir a los pequeños con sus padres que residen en EUA; y destina recursos para el uso de la tecnología en las fronteras.

El Senado de Estados Unidos votó a favor de seguir adelante con el juicio político contra el expresidente Donald Trump, por una acusación de incitación a un asalto al Congreso tras ver un vídeo gráfico del ataque de enero.

El Senado votó 56 a 44 para proceder con el juicio contra el expresidente, rechazando el argumento de sus abogados de que un presidente no puede enfrentar un juicio después de dejar La Casa Blanca. Sin embargo, los demócratas esperan inhabilitar a Trump para que no pueda volver a ocupar un cargo público.

Los demócratas de la Cámara de Representantes que actúan como fiscales abrieron la jornada mostrando un video de partidarios de Trump arrollando violentamente a la policía en el Capitolio en el ataque del 6 de enero, con imágenes de Trump llamando a «pelear como demonios» para revertir su derrota electoral del 3 de noviembre.

Los senadores, en calidad de jurados, vieron en las pantallas cómo los seguidores de Trump derribaban las barreras y golpeaban a los policías del Capitolio. El vídeo también incluyo el momento en el que el policía que custodiaba la Cámara de Representantes disparó mortalmente a la manifestante Ashli Babbitt, una de las cinco personas que murieron en los desórdenes.

En el asalto al Capitolio, la turba atacó a la policía, hizo que los legisladores corrieran en busca de refugio e interrumpió la certificación formal por parte del Congreso de la victoria del presidente Joe Biden, después de que Trump pasara dos meses impugnando los resultados de las elecciones.

«Si eso no es un delito de destitución, entonces no existen», dijo a los senadores reunidos el representante demócrata Jamie Raskin, que dirigió la acusación, tras mostrar el vídeo.

Raskin lloró al relatar cómo familiares a los que llevó al Capitolio ese día para presenciar la certificación de las elecciones tuvieron que refugiarse en una oficina cercana al hemiciclo, diciendo: «Pensaron que iban a morir».

En contraste con la emotiva presentación de los demócratas, los abogados de Trump atacaron el proceso, argumentando que el procedimiento era un esfuerzo inconstitucional y partidista para bloquear el futuro político de Trump, pese a que ya había dejado La Casa Blanca.

«Lo que realmente quieren conseguir aquí en nombre de la Constitución es impedir que Donald Trump vuelva a presentarse a un cargo político, pero esto es una afrenta a la Constitución, independientemente de a quién apunten hoy», dijo a los senadores David Schoen, uno de los abogados de Trump.
El abogado denunció la «insaciable lujuria por el impeachment» entre los demócratas antes de emitir su propio vídeo, en el que se unen imágenes de varios legisladores demócratas pidiendo la destitución de Trump desde 2017 en adelante.

Condenar a Trump requeriría una votación de dos tercios del Senado de 100 miembros, lo que significa que al menos 17 republicanos tendrían que unirse a los 48 demócratas y dos independientes para votar contra Trump.

El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que la acusación contra Trump representa «los cargos más graves jamás presentados contra un presidente de Estados Unidos en su historia».

Trump es el único presidente que ha sido impugnado dos veces y el único expresidente que se enfrenta a un juicio en el Senado. Antes del ataque, Trump afirmó falsamente que el fraude electoral generalizado le hizo perder las elecciones frente a Biden.

El juicio se está celebrando con una seguridad extraordinaria en torno al Capitolio, que incluye fuerzas de seguridad armadas y un perímetro de vallas y alambre de púas.

El equipo legal de Donald Trump urgió este lunes desestimar un caso constitucionalmente defectuoso, y señaló que es «absurdo» responsabilizar a su cliente por el ataque al Capitolio.

Pero los demócratas a cargo de la acusación respondieron afirmando que el magnate es responsable del «más grave crimen constitucional jamás cometido» por un mandatario de Estados Unidos cuando incitó a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el 6 de enero.

La Cámara de Representantes aprobó enjuiciar a Trump por segunda vez el mes pasado por su papel en la incitación a los disturbios en el Congreso; su juicio comienza mañana con la totalidad de senadores en el papel de jurados.

Por cuarta vez en la historia, un presidente estadounidense acusado será juzgado. Dos de estos procesos involucran a Trump, una figura política profundamente dañada que, a pesar de eso, sigue siendo una fuerza importante en el Partido Republicano.

Acusado de «incitación a la insurrección», es probable que una vez más evite la condena debido al apoyo leal del partido en el Senado, pero sus abogados sostuvieron en su presentación preliminar que la Constitución no otorga a la Cámara Alta jurisdicción para juzgar a un expresidente.

«El Senado debería desestimar estos cargos y absolver al presidente porque claramente esto no es lo que los redactores querían o lo que permite la Constitución», escribieron sus abogados defensores Bruce Castor, David Schoen y Michael T. van der Veen.

«Satisfacer el hambre de los demócratas de la Cámara de Representantes por este teatro político es un peligro para la democracia de nuestra República y los derechos que apreciamos», añadieron los abogados.

La defensa utilizó un lenguaje categórico en su escrito de 78 páginas, diciendo que era «simplemente absurdo» argumentar que Trump de alguna manera invocó a una turba para cometer un crimen violento, y que quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero lo hicieron por su propia cuenta.

Los abogados fueron igualmente contundentes al rechazar la viabilidad de juzgar a un expresidente. «Se está pidiendo al Senado que haga algo patentemente ridículo: juzgar a un ciudadano común en un proceso que está diseñado para destituirlo de un cargo que ya no tiene».

Pero los nueve «gerentes» de la acusación, todos legisladores demócratas de la Cámara Baja y abogados, inmediatamente arremetieron contra esa solicitud, señalando que había una evidencia «abrumadora» de delitos y faltas graves procesables.

«Su incitación a la insurrección contra el gobierno de Estados Unidos, que causó la disrupción de la transferencia pacífica del poder, es el más grave crimen constitucional jamás cometido», expusieron en un documento de cinco páginas.

El presidente Joe Biden, que sucedió a Trump el 20 de enero, intervino brevemente al regresar este lunes a La Casa Blanca tras un fin de semana en Delaware, pero se negó a pronunciarse sobre si Trump debería ser declarado culpable o se le debería negar el derecho a ocupar cargos políticos en el futuro. «Dejaremos que el Senado lo resuelva», dijo Biden.

La portavoz de La Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró después a los periodistas que las opiniones de Biden sobre Trump eran claras y que se enfrentó al presidente en las urnas «porque consideraba que no era apto para el cargo.» «Pero va a dejar que sea el Senado el que vea este procedimiento de destitución», dijo Psaki.

Los miembros del Senado comenzarán con el procedimiento mañana martes a partir de las 13:00 hora local; se enfrentarán a un territorio desconocido: ningún presidente ha enfrentado un juicio de destitución después de haber dejado el cargo.

Para condenar a Trump se requeriría el voto de más de dos tercios de los senadores, lo que significa que 17 republicanos tendrían que romper filas y unirse a los 50 demócratas, lo que se considera casi imposible.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta madrugada una resolución presupuestaria de 1.9 billones de dólares para lidiar con el impacto de la pandemia de la Covid-19.

La aprobación se logró gracias al voto de desempate, que por primera vez ejerce la vicepresidenta Kamala Harris.

En la Cámara Alta los demócratas y los republicanos cuentan en esta Legislatura con 50 senadores por partido, y es Harris como vicepresidenta la encargada del voto decisivo.

Tras su aprobación en el Senado, la resolución vuelve ahora a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría.

«Hemos avanzado», declaró durante la sesión el líder de la mayoría demócrata, el senador Chuck Schumer, de Nueva York. «Éste es un paso gigantesco», agregó.

La resolución presupuestaria autoriza una ley para la pandemia por el monto solicitado por el presidente Joe Biden, e incluye las instrucciones para que los comités del Congreso redacten la legislación.

Un grupo de senadores republicanos había ofrecido un paquete de 618,000 millones de dólares.

La propuesta de Biden incluye la distribución de cheques de 1,400 dólares a los contribuyentes impositivos, un beneficio semanal por desempleo de 400 dólares, 350,000 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y municipales, un aumento del sueldo mínimo a 15 dólares por hora, y más fondos para el cuidado infantil, las escuelas y la distribución de vacunas.

Los congresistas presentaron decenas de enmiendas al texto, que recibieron a veces el apoyo de parlamentarios de ambos partidos, como la que buscaba prohibir la entrega de una ayuda de 1.400 dólares a ciudadanos de hogares con altos ingresos.

El voto de esta madrugada, señalan analistas, no significa el visto bueno para el plan de alivio económico del gobierno, pero abrió el camino para que los demócratas puedan aprobarlo por mayoría simple, evitando así posibles bloqueos de los republicanos.

Muchos de los opositores se oponen al proyecto demócrata por considerar que es demasiado costoso.

El presidente Biden se mostró dispuesto a encontrar un compromiso con los republicanos, pero advirtió que estaba listo a avanzar sin ellos, ya que está convencido de que el Estado debe actuar con presteza para evitar la asfixia de la economía ante la pandemia.

Estados Unidos, el país con más muertes por el nuevo coronavirus, superando el miércoles pasado los 450,000 fallecidos por la Covid-19.

Los congresistas designados para ejercer la acusación contra el expresidente Donald Trump en su juicio político, impeachment, han pedido al exmandatario que preste testimonio durante el proceso.

Jamie Raskin, el líder de los ‘managers’, como se conoce a los congresistas que actúan como una especie de fiscales, ha enviado una carta al equipo legal de Trump solicitando que testifique antes o durante el impeachment, que dará comienzo el próximo martes.

En la carta, alega que su testimonio es necesario, ya que rechazó las afirmaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que le acusó de incitar el asalto al Capitolio del 6 de enero, evento que ha desencadenado el juicio político, el segundo al que se somete Trump.

«Hace dos días, presentó una respuesta en la que negó muchas acusaciones fácticas establecidas en el artículo de juicio político», dice Raskin en el documento. «A la luz de su impugnación de estas acusaciones fácticas, le escribo para invitarlo a prestar testimonio bajo juramento (…) sobre su conducta el 6 de enero de 2021», señala.

La carta en sí no es una citación, sino que requiere el testimonio de Trump de manera voluntaria, aunque el ‘manager’ demócrata ha sugerido que, si se niega, la acusación podría usar la negativa en su contra.

«Nos reservamos todos y cada uno de los derechos, incluyendo el de establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte interferencia adversa con respecto a sus acusaciones», advertido el legislador demócrata.

En la presentación del caso contra Trump en un escrito legal el martes, los fiscales, que argumentaron que el expresidente debe ser condenado porque «amenazó el sistema constitucional que protege las libertades fundamentales», le acusaron de provocar «violencia» contra el Congreso estadounidense en un intento de revertir «radicalmente» la transferencia pacífica de poder entre administraciones.

En esta ocasión, Trump está acusado de «incitar a la rebelión» durante los disturbios y el asalto al Capitolio. La Cámara de Representantes, de amplia mayoría demócrata, aprobó iniciar el juicio político contra el exmandatario el 13 de enero, en una votación en la que diez republicanos dieron su apoyo.

El asalto, que dejó cinco muertos, tuvo lugar el día que el Congreso de Estados Unidos celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un «fraude», aunque no proporcionó pruebas al respecto.

Sobre la petición que hicieran los demócratas, el expresidente anunció esta tarde que no testificará en el juicio político, y calificó el procedimiento de «inconstitucional».

«El presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional», afirmó el jueves su portavoz, Jason Miller, en una declaración difundida por el diario The Washington Post, después de que la defensa del exgobernante calificara el proceso de «maniobra de relaciones públicas» de los demócratas.

Los legisladores estadounidenses que lideran el caso de juicio político contra Donald Trump acusaron al expresidente de «traición de proporciones históricas» al dar a conocer sus argumentos una semana antes de que comience el proceso en el Senado.

En su escrito previo al juicio, los miembros de la Cámara de Representantes presentaron su caso para que el Senado condene a Trump, enfatizando que el pueblo estadounidense debe ser protegido «contra un presidente que provoca violencia para subvertir nuestra democracia».

Los denominados «gerentes de juicio político», todos demócratas, argumentaron en el extenso documento de 77 páginas que Trump, al hablar frente a una multitud de partidarios en Washington el 6 de enero pasado, los llevó a un «frenesí» poco antes de que marcharan hacia el Capitolio.

«En una grave traición a su juramento, el presidente Trump incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de Estados Unidos» e impidió que el Congreso confirmara a Joe Biden como el ganador de las elecciones de noviembre, escribieron los legisladores, encabezados por el congresista Jamie Raskin.

«Si provocar un motín insurreccional contra una sesión conjunta del Congreso después de perder una elección no es un delito imputable, es difícil imaginar cuál sería», añade el texto. «Si esto no se condena, los futuros líderes se animarían a intentar retener el poder por todos y cada uno de los medios, y sugeriría que no hay una línea que un presidente no pueda cruzar».

Trump fue acusado por la Cámara de Representantes el 13 de enero por segunda vez en un proceso de juicio político, luego de ser absuelto de otro en febrero de 2020. Sin embargo, el mandato de Trump terminó el 20 de enero, antes del comienzo del juicio en el Senado, lo que llevó a los legisladores republicanos a argumentar que es inconstitucional someter a un proceso de destitución a un presidente después de que haya dejado el cargo.

Es un argumento que se espera que hagan los abogados de Trump en su defensa, pero los demócratas ya rechazaron ese razonamiento rotundamente. «No hay una ‘excepción de enero’ para el juicio político o cualquier otra disposición de la Constitución», escribieron en alusión a la fecha estipulada para el fin del periodo presidencial, y agregaron que un presidente debe responder por su conducta «desde su primer día en el cargo hasta el último».

El escrito de los legisladores demócratas señala varios videos, que se espera que se utilicen como prueba en el juicio, que, según dicen, muestran a Trump incitando a la multitud a cometer actos violentos y a los manifestantes gritando «¡Cuelguen a Mike Pence!» y buscando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Desde las elecciones del 3 de noviembre, y durante muchas semanas después, Trump alegó que la reelección le fue robada mediante un fraude masivo. Decenas de tribunales en varios estados encontraron el argumento infundado.

Pero los gerentes de juicio político enfatizaron que la constante insistencia de Trump en acusaciones sin prueba de una elección fraudulenta impulsó a sus partidarios a respaldar los esfuerzos para revocar la victoria de Biden. Cuando esos esfuerzos fracasaron, escribieron los demócratas, Trump «convocó a una turba a Washington, los exhortó a un frenesí y los apuntó como un cañón cargado por la avenida Pensilvania» en dirección al Capitolio.

Los abogados del expresidente contestaron a los señalamientos, y dijeron este martes que el Senado no tiene autoridad para juzgarlo en su calidad de ciudadano por la acusación de que incitó una insurrección en el Congreso el 6 de enero.

El equipo de defensa de Trump dijo que no sólo el Senado carece de autoridad para juzgarle como ciudadano de a pie, sino que la Cámara de Representantes también carece de jurisdicción para impedir que vuelva a ocupar un cargo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos entregará el próximo lunes al Senado el expediente de juicio político contra el expresidente Donald Trump por acusaciones de incitar a la insurrección, rechazando un pedido de retraso del líder republicano de la Cámara alta, Mitch McConnell.

El líder de la mayoría Chuck Schumer, quien desplazó a McConnell como líder del Senado después de que los demócratas ganaran dos escaños en un los comicios de Georgia, anunció la medida en el pleno de la Cámara alta, pero no dijo cuándo comenzaría el segundo juicio político a Trump.

«La Cámara de Representantes entregará el artículo de juicio político al Senado. El Senado realizará un proceso de juicio político a Donald Trump. Será un proceso completo. Será un juicio justo», declaró Schumer en el piso de la Cámara alta.

Esto ocurre después de que McConnell pidiera a la Cámara que retrasara el envío de los cargos hasta el jueves y que acordara no iniciar el juicio hasta mediados de febrero para dar a Trump más tiempo para preparar una defensa contra la acusación de que incitó a la insurrección a sus seguidores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero.

«Este impeachment comenzó con un proceso sin precedentes, rápido y mínimo, en la Cámara de Representantes», dijo McConnell. «La secuela no puede ser un proceso insuficiente en el Senado que niegue al expresidente Trump su debido proceso o dañe al Senado o a la propia presidencia».

Esta situación se da en momentos en que Schumer y McConnell están luchando para controlar una cámara dividida donde los demócratas mantienen ahora una estrecha mayoría gracias al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.

El juicio podría distraer los esfuerzos del presidente demócrata Joe Biden para impulsar una ambiciosa agenda legislativa que incluye casi 2 billones de dólares en ayuda para personas y empresas, así como la necesidad de confirmar a los nominados de su gabinete.

Si se envía al Senado el lunes, el ‘impeachment’ podría empezar al día siguiente, a no ser que los demócratas y republicanos en el Senado lleguen a un acuerdo para cambiar ese calendario. Aunque el juicio no podrá resultar ya en la destitución de Trump, que abandonó La Casa Blanca el miércoles, los demócratas confían en que el proceso resulte en la inhabilitación del expresidente para ocupar futuros cargos políticos.

Trump se convirtió la semana pasada en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político dos veces, y cuando el Senado se reúna para este proceso será el primero en ser juzgado después de dejar el cargo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles iniciar un proceso de juicio político (impeachment) contra el presidente Donald Trump, acusado de «incitación a la insurrección» por su participación en el asalto al Capitolio que llevaron a cabo sus seguidores la semana pasada.

La votación finalizó con 232 votos a favor y 197 en contra, cuando se necesitaban 217 para aprobar el juicio político al mandatario.

Al voto de los demócratas de la Cámara de Representantes, quienes tienen la mayoría, se unieron varios legisladores republicanos, entre los que destacan John Katko, Liz Cheney y Jamie Herrera.

Fueron diez los legisladores republicanos que finalmente decidieron apoyar el ‘impeachment’ contra el presidente, lo que muestra el descontento al interior del partido por el incidente del Capitolio.

Al inicio del debate, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Trump es un «peligro claro y presente» para Estados Unidos, subrayando que «el presidente incitó está insurrección, está rebelión armada contra nuestro país».

Además, indicó que el magnate neoyorquino ha mentido «repetidamente» sobre el resultado de las elecciones presidenciales, celebradas en noviembre, y ha puesto en duda la democracia. De forma paralela, calificó a las personas que irrumpieron en el Capitolio de «terroristas domésticos» y ha hecho hincapié en que Trump «los envió» al edificio. «No son patriotas», añadió.

El texto presentado sostiene que Trump repitió afirmaciones falsas sobre su supuesta victoria en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y incitó  a sus seguidores mediante un discurso retransmitido el propio 6 de enero.

Los plazos impiden destituir a Trump antes del 20 de enero, fecha en la que Joe Biden tomará posesión como presidente de Estados Unidos, pero sí permitirían inhabilitarle para ejercer cargos públicos y presentarse a la reelección en 2024.

Corresponderá al Senado enjuiciar a Trump, y se espera que esta misma tarde la Cámara de Representantes envíe el artículo de acusación. El Senado empezará el juicio el próximo 19 de enero, un día antes de que Trump abandone La Casa Blanca.

Trump se convierte con este proceso en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos, después de que en febrero del año pasado fuera absuelto tras ser acusado de abuso del poder presidencial y obstrucción al Congreso por presionar a dirigentes de Ucrania para que investigaran a Biden y a su hijo Hunter por sus actividades empresariales.

El Partido Demócrata habría obtenido ya uno de los dos escaños que se disputaron en la jornada electoral de ayer en el estado de Georgia, con un apretado triunfo de uno de sus candidatos, Raphael Warnock, que según estimaciones de los medios estadounidenses, habría obtenido el 50.5% de los votos frente a su rival republicana Kelly Loeffler.

La carrera para alcanzar los últimos dos asientos por el estado de Georgia en el Senado de Estados Unidos está siendo sumamente reñida como se esperaba, con el 98% de los votos escrutados, todavía queda por saber si será el republicano David Perdue quien logre permanecer en la Cámara o si bien el demócrata Jon Ossoff ocupará el puesto que permitiría a los demócratas tener el control de la Cámara y así dar a Joe Biden una administración más «ligera».

Warnock se ha mostrado «profundamente honrado» por la decisión de los votantes. «Lo que ha hecho Georgia esta noche es su propio mensaje en  un momento en el que mucha gente está intentando dividir a nuestro país», indicó el demócrata en declaraciones a la cadena CNN.

Así, ha hecho hincapié en que ahora tiene por delante «una tarea sagrada» que se tomará «muy en serio». «Espero honrar la promesa con el trabajo que haremos en los próximos días».

Por su parte, Ossoff ha estado recortando hasta el momento la distancia que le han venido separando de Perdue hasta ponerse por delante con el 50.1% de los votos, obteniendo apenas 9,500 votos más que su rival.

De hecho, Ossoff se ha declarado este miércoles como vencedor en las elecciones. «Georgia, muchas gracias por la confianza que han puesto en mí. Me siento honrado, por su apoyo y confianza», según ha informado CNN.

Asimismo, ha reiterado sus promesas de campaña de trabajar contra el coronavirus y entregar ayudas a los afectados. «Esta campaña ha sido sobre salud, trabajos y justicia para la población de este estado (…) y serán los principios que me guíen», añadió.

El secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, celebró la «tremenda participación» de este martes, la cual podría alcanzar cerca de 4.6 millones de electores.

Recordemos que el resultado de estas elecciones resulta fundamental para el porvenir de la próxima Administración de Joe Biden, pues los demócratas necesitan estos dos últimos escaños para controlar el Senado, como ya hacen con la Cámara de Representantes.

En caso de que los demócratas se impongan en Georgia, conseguirían 50 senadores, los mismos que los republicanos, aunque dispondrían del voto de desempate en futuros debates legislativos de la que será presidenta del Senado y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante el fin de semana celebró un multitudinario mitin en la ciudad de Dalton, en el noroeste de Georgia, ha vuelto a lanzar una vez más acusaciones de fraude electoral en sus redes sociales.

El Congreso de Estados Unidos se reunirá mañana para ratificar el resultado de las elecciones de noviembre pasado, un hecho que los aliados del presidente Donald Trump planean aprovechar para lanzar un último desafío a lo votado por los estadounidenses.

No hay ninguna perspectiva de que la sesión en el Congreso cambie el resultado de los comicios, es decir, la elección de Joe Biden como próximo presidente, pero sí se espera un largo debate y varias votaciones.

Según las leyes que rigen el proceso electoral de Estados Unidos, ambas cámaras del Congreso deben reunirse ese día en una sesión conjunta que comenzará a las 13:00 horas para abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país.

La sesión, que debe estar dirigida por el vicepresidente estadounidense, en este caso, el republicano Mike Pence, normalmente es una mera formalidad para validar resultados que ya ha corroborado el Colegio Electoral, que se reunió el pasado 14 diciembre en cada estado y ratificó la victoria de Biden.

Sin embargo, basta con que un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado presenten una objeción a los resultados en uno de los estados para desatar un debate y una votación de ambas cámaras sobre la posibilidad de no contar los votos electorales en ese territorio.

Recordemos que al menos trece senadores republicanos y más de cien congresistas de ese partido en la Cámara Baja han adelantado que presentarán o respaldarán objeciones a los resultados en varios estados.

Los senadores, liderados por Ted Cruz, aseguran que no pretenden revertir el resultado de las elecciones, sino dar voz a aquellos que creen que los comicios no fueron justos, a pesar de que no hay ninguna prueba de que hubiera un fraude o irregularidades masivas, como denuncia Trump.

Los legisladores piden que el Congreso cree una comisión electoral para «llevar a cabo una auditoría de emergencia con una duración de diez días de los resultados electorales en los estados disputados», afirmaron en un comunicado conjunto el sábado.

Mañana, los certificados de los votos electorales se abrirán por orden alfabético, con el objetivo de contarlos para corroborar qué candidato presidencial superó la barrera de 270 votos electorales que da las llaves de La Casa Blanca. Los legisladores republicanos no han aclarado sobre en qué estados presentarán objeciones, pero es posible que lo hagan en los seis territorios donde Trump ha cuestionado la victoria de Biden: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Por cada estado sobre el que un congresista y un senador presenten una objeción, la sesión conjunta entrará en receso y se abrirán debates separados de un máximo de dos horas en cada una de las dos cámaras, seguidos de votaciones en sus respectivos plenos sobre la posibilidad de rechazar los resultados.

Debido a las precauciones relacionadas con la pandemia, las votaciones en la Cámara Baja duran normalmente una hora o más, por lo que es posible que se tarde de tres a cuatro horas en resolver las objeciones en cada estado. Si los legisladores cuestionaran los resultados en los seis estados citados, es posible que la sesión dure 24 horas o más y, si son menos los territorios desafiados, es probable que el proceso se retrase igualmente hasta la madrugada del jueves.

La pregunta que ronda la sesión del Congreso mañana es si hay opciones de revertir el resultado de las elecciones. De acuerdo a la mayoría de los analistas, la respuesta es que no.

La oposición demócrata controla la Cámara de Representantes, por lo que los republicanos no tienen opciones de superar una votación por mayoría en ese recinto, algo que se requiere para rechazar el resultado en cualquier estado.

La sesión terminará irremediablemente con Pence declarando a Biden como ganador de las elecciones, por mucho que se alargue la reunión y que Trump y sus aliados confíen en que el vicepresidente pueda de alguna forma influir en el proceso y manipularlo, algo que los tribunales ya han aclarado que no es posible.

«Espero que Mike Pence nos ayude. Si no lo hace, no me caerá tan bien», dijo Trump este lunes durante un mitin en Georgia.

Los ciudadanos de Georgia se encuentran en medio de una la jornada de votación en la que se decidirá si el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, deberá lidiar con una mayoría opositora en el Senado, o si tendrá una gestión más cómoda, al definir los dos asientos que faltan para completar la composición de la Cámara.

En un mitin realizado ayer, Trump reiteró sus acusaciones de que la elección presidencial del 3 de noviembre, en la cual obtuvo 74.2 millones de votos frente a los 81.2 millones del candidato demócrata, fue fraudulenta; denunció a los políticos republicanos que han validado el resultado, ratificado por el Colegio Electoral en diciembre pasado.

En Georgia, donde Biden fue el primer triunfador demócrata desde 1992, ninguno de los candidatos al Senado obtuvo una mayoría suficiente y la ley electoral de ese estado hizo necesaria una segunda ronda que pone en juego la mayoría que el Partido Republicano ha mantenido en la Cámara Alta del Congreso federal durante varias legislaturas.

En la votación de noviembre los republicanos se aseguraron 50 curules en el Senado y los demócratas aumentaron uno a los que tenían, para lograr un total de 48. Si los candidatos demócratas ganan hoy en Georgia, habrá un empate de 50 escaños en la Cámara Alta estadounidense, lo cual dejaría las decisiones en manos de la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

Una de las contiendas que deberá dirimirse hoy enfrenta al demócrata Raphael Warnock, un pastor de una iglesia de Atlanta en la cual predicó el líder de los derechos civiles Martin Luther King, asesinado en 1968, y Kelly Loeffler, senadora republicana designada hace un par de años.

Según el promedio de encuestas de opinión de la plataforma 270towin.com, Warnock cuenta con el respaldo del 50.2% de los votantes y Loeffler tiene el apoyo del 47.4%.

En la otra contienda, el demócrata Jon Ossof, un exfuncionario legislativo y periodista, compite por un puesto en el Senado federal con David Purdue, un empresario cuyo mandato en la Cámara Alta concluyó el domingo pasado.

El promedio de encuestas de 270towin.com da a Ossoff el 50.2% del apoyo entre los votantes comparado con el 47.4% para Perdue.

En Georgia hay 7,6 millones de votantes registrados, de los cuales unos 4.8 millones de ciudadanos asistieron a votar en noviembre.

Se espera que la participación sea excepcionalmente alta, con más de 3 millones de sufragios que ya han sido emitidos en la votación anticipada, y lo más probable es que los ganadores no se sepan esta misma noche, debido a lo ajustado que se espera sean los resultados.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este viernes el proyecto de ley que despenaliza el consumo del cannabis (marihuana), lo que supone un gran paso para situar las leyes federales en línea con las de varios estados que ya lo permiten, y con países que ya han liberado el uso de dicha sustancia.

La Cámara baja, bajo control demócrata, logró la aprobación del proyecto de ley por 228 votos a favor contra 164 en contra. Sin embargo, ahora el proyecto pasa al Senado, donde según analistas sus posibilidades son mucho menores, ya que es dominado por los Republicanos.

La nueva norma pretende sacar a la marihuana de la Lista de Sustancias Controladas, que la incluía junto a la heroína o la cocaína como un narcótico peligroso, y que contemplaba fuertes sanciones.

La inclusión del cannabis en esta lista dejaba al gobierno federal de Estados Unidos fuera de la línea adoptada por varios estados que ya legalizaron la marihuana para uso médico y algunos, como Colorado, que optaron por liberarlo completamente y regularon su consumo recreativo.

Este proyecto de ley federal es la culminación de cinco décadas de argumentación por parte de sus partidarios para convencer al gobierno federal de que reconozca el daño relativamente bajo que causa el consumo del cannabis comparado con otras drogas, así como el fracaso en la represión de su comercialización mientras se mandaba a prisión a cientos de miles de personas por delitos menores.

De aplicarse finalmente la ley, los registros penales de muchas personas arrestadas por consumo de marihuana acabarían eliminados y podrían revisarse las sentencias de quienes cumplen actualmente penas por delitos federales relacionados con el cannabis.

También autorizaría a los estados a establecer sus propias leyes y a lanzar una regulación federal y tasación del sector, como ya ocurre con el alcohol.

«Es un momento histórico», dijo el representante demócrata Tulsi Gabbard, que impulsó la legalización.

Los demócratas usaron argumentos como que los afroestadounidenses han sufrido legalmente mucho más que los blancos de arrestos y condenas, que la despenalización federal permitirá a los veteranos con lesiones de guerra obtengan un mejor acceso a la marihuana medicinal o que la nueva norma implicaría la desaparición de los bloqueos federales de larga duración a la investigación con marihuana.

El presidente Donald Trump ofreció esta tarde un mensaje a medios, en el que dijo, sin prueba alguna, que ganaría las elecciones en Estados Unidos si los demócratas que apoyan a su rival Joe Biden no estuvieran tratando de «robarle» la contienda.

«Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección», dijo el mandatario desde La Casa Blanca.

Trump indicó que su equipo de campaña había iniciado una «tremenda cantidad de litigios» para contrarrestar lo que llamó «corrupción» de los demócratas, incluso cuando varios funcionarios en estados en los que el conteo sigue han defendido la integridad de la votación.

«No podemos permitir que nadie amordace a nuestros votantes e invente los resultados», dijo el republicano. «Tengo la sensación de que los jueces van a tener que decidir al final».

El presidente reiteró sus acusaciones de fraude electoral como hizo al declararse ganador de los comicios la madrugada del miércoles, horas después del cierre de las urnas el martes, cuando amenazó con ir hasta la Corte Suprema.

«Están intentando amañar las elecciones. Y no podemos permitir que eso suceda», añadió el presidente quien busca mantenerse por un segundo periodo al frente del gobierno estadounidense.

También criticó las encuestas de intención de voto de los medios, que durante meses presentaron a Biden como favorito, como «una interferencia electoral en el verdadero sentido de la palabra por poderosos intereses especiales».

Trump insistió en que desde meses atrás, él advirtió sobre los problemas que el voto por correo traería. Además dijo, no hubo la llamada ‘ola azul’ que los encuestadores vaticinaron.

El republicano aseguró que «tengo la sensación de que los jueces van a tener que decidir al final», advirtió el mandatario.

La jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos, compareció ante el Senado, donde fue cuestionada principalmente por los legisladores demócratas.

Y aunque se contuvo y no mostró muestras de exaltación, analistas refieren que no ofreció ningún indicio de cómo fallaría en caso de llegar a la Corte en casos importantes como el aborto o el futuro del Obamacare.

«Los jueces no pueden levantarse un día y decir: tengo una agenda, me gustan las armas, odio las armas; me gusta el aborto, odio el aborto. Y simplemente andar por ahí como una reina e imponer su voluntad al mundo», dijo con cierta ironía Barrett durante el segundo día de audiencias en el comité judicial del Senado.

Barrett, católica, de 48 años y madre de siete hijos, usó frases similares para evadir las preguntas de los demócratas; aseguró una y otra vez que ella no tiene ninguna agenda política y que su objetivo es apegarse a la Constitución para decidir cada caso por separado.

Además, enfatizó que «no se ha comprometido» con la Casa Blanca a fallar de ninguna forma en polémicos casos, como el de la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama (2009-2017) que evaluará la Corte en las próximas semanas.

Ante sus respuestas, los senadores demócratas, que están en minoría en el Senado y saben que no pueden frenar la confirmación de la jueza, están usando las audiencias para recordar a los estadounidenses lo que está en juego en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Los demócratas se están esforzando en retratar a Barrett como una jueza extremadamente conservadora y muchos pusieron hoy el foco en el derecho al aborto.

La senadora Dianne Feinstein, de 87 años y que durante su vida ha roto varias barreras de género, preguntó repetidamente a Barrett sobre sus ideas acerca del caso «Roe v. Wade», que legalizó el aborto en 1973 y le recordó lo que ocurría cuando ese procedimiento era ilegal en Estados Unidos.

«Como una estudiante universitaria en la década de 1950, vi lo que le pasaba a aquellas mujeres jóvenes que quedaban embarazadas en un momento en el que el aborto no era legal en este país. Yo fui a (la universidad de) Stanford y vi los viajes a México, vi cómo mujeres muy jóvenes intentaban hacerse daño. Eso es realmente preocupante», manifestó Feinstein.

Barret rechazó expresar su visión acerca del caso y dijo que no dará «un pulgar hacia arriba o hacia abajo» para respaldar o rechazar ningún asunto, incluido el aborto.

En varias ocasiones, la magistrada insistió en que será perfectamente capaz de separar sus decisiones judiciales de su religión.

«Tengo una vida repleta de personas que han tomado decisiones diferentes, y nunca he intentado, en mi vida personal, imponerles mis decisiones. Lo mismo ocurre en mi ámbito profesional», aseveró Barrett.

Durante las audiencias para confirmarla como jueza de la Suprema Corte, Barrett tuvo que enfrentarse a numerosas preguntas sobre sus creencias y su pertenencia al grupo religioso People of Praise.

Ese grupo tiene menos de 2,000 miembros y sus miembros creen en «profecías y curaciones divinas», según el diario The New York Times.

Hoy, Barrett dijo a los senadores que, cuando aceptó la nominación de Trump para el Supremo, sabía que su fe sería «caricaturizada» y su familia sufriría ataques; pero decidió seguir adelante porque quiere «servir a su país”.

Al respecto, los republicanos han acusado repetidamente a los demócratas de atacar la fe de Barrett, aunque en realidad ninguno ha aludido a sus creencias religiosas.

El objetivo de los republicanos es desacreditar a los demócratas y retratarles como un grupo de radicales, al mismo tiempo que buscan presentar a Barrett como una jueza extremadamente calificada.

En un momento de la audiencia, el senador John Cornyn, republicano por Texas, le pidió a la magistrada que sostuviera su libreta a la vista de todos con el objetivo de mostrar que estaba en blanco y que estaba hablando de memoria, haciendo referencia a casos legales sin ningún tipo de ayuda.

Los republicanos quieren confirmar a Barrett en el pleno del Senado el 22 de octubre, por lo que en caso de avanzar estaría en funciones antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, tiene el apoyo del 63% de los posibles votantes latinos, comparado con un 29% que se inclina por la reelección del presidente Donald Trump, según una encuesta publicada este viernes por el Pew Research Center.

En la encuesta, realizada entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, Biden obtiene una ventaja general de diez puntos sobre Trump, con un 52% de la intención de voto, contra un 42% del mandatario.

Trump aparece con ventaja sobre Biden tan sólo entre los votantes blancos, de los cuales el 51% se inclina por reelegirlo, comparado con un 44% que parece dispuesto a votar por el candidato demócrata.

Las ventajas que Biden muestra son aún más pronunciadas entre los posibles votantes afroamericanos, con un 89%, y los de origen asiático con un 75%.

Entre todos los posibles votantes, la encuesta de Pew encontró que sólo entre los blancos Trump evoca sentimientos de simpatía (45%) mientras que un 39% de este grupo no tiene mucho afecto por el presidente. Los grados de antipatía aumentan al 72% entre los afroamericanos (vs 12%), el 55% entre los asiáticos (vs 24%) y el 54% entre los posibles votantes hispanos (vs 32%).

Entre los encuestados que expresaron su preferencia por Biden, el 72% indicó que está «extremadamente» motivado para votar, un sentimiento que comparte el 71% de los posibles votantes de Trump.

Pero ese entusiasmo, que comparten el 79% de los simpatizantes del aspirante demócrata y el 74% de los votantes del republicano, cae al 67% de los afroamericanos y el 57% de los posibles votantes latinos.

El Pew señala que la encuesta se realizó en inglés y español entre 11.929 adultos, incluidos 10.543 votantes registrados, y su margen de error es de 1,5 puntos.

El presidente Donald Trump desafió a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a aprobar de inmediato un segundo cheque de 1,200 dólares para los estadounidenses, como medida para aliviar el impacto económico de la pandemia.

«Si me envían un proyecto de ley separado con un cheque de estímulo (1,200 dólares), irá a nuestro gran pueblo INMEDIATAMENTE», escribió el presidente en su cuenta Twitter. «Estoy listo para promulgarlo en este mismo momento» ¿Está escuchando, Nancy?», añadió.

En otro mensaje, el presidente afirmó que la Cámara de Representantes y el Senado deberían aprobar un paquete de 25,000 millones de dólares para apoyar el pago de sueldos de las aerolíneas, y 135,000 millones de dólares para el programa de protección de sueldos de las empresas pequeñas.

El republicano dijo que ambos apoyos se pagarían totalmente con los fondos no usados de la Ley de Estímulo Económico.

Sus nuevos mensaje llegan horas después de que ordenara ayer suspender hasta después de las elecciones del 3 de noviembre las negociaciones con el Congreso para aprobar un nuevo paquete de estímulo económico por la pandemia del coronavirus.

«He dado instrucciones a mis representantes para que dejen de negociar hasta después de las elecciones, cuando, inmediatamente después de que gane, aprobaremos una gran Ley de Estímulo centrada en los trabajadores Estadounidenses y las pequeñas empresas», escribió Trump en Twitter, en un mensaje al que los mercados de valores reaccionaron inmediatamente con caídas.

Las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas para aprobar un nuevo rescate han estado estancadas. En marzo pasado, cuando la pandemia de la COVID-19 golpeó a la economía de Estados Unidos, el Congreso aprobó y el presidente Donald Trump promulgó una ley de estímulo económico que incluyó la distribución de cheques por 1,200 dólares a los contribuyentes impositivos.

Otro elemento de la ley de marzo fue un subsidio por desempleo extendido a trabajadores independientes y contratistas que no están cubiertos, normalmente, por la prestación convencional. Esos pagos de 600 dólares por semana terminaron a fines de julio sin un acuerdo entre el Congreso y Trump para extenderlo.

Las negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso para un segundo paquete de estímulo se han prolongado, con recriminaciones de ambas partes, mientras millones de personas siguen desempleadas y sin la capacidad financiera de hacer frente a deberes.

Al respecto, el jefe de gabinete de La Casa Blanca, Mark Meadows, dijo este miércoles que no es optimista ante la eventual consecución de un acuerdo de ayuda financiera por el COVID-19.

No obstante, afirmó que el gobierno del presidente Donald Trump sí respalda una estrategia de aportes más graduales, incluso a pesar de que aseguró que las negociaciones con el Congreso habían terminado.

«Estamos dispuestos a comprometernos. Pero no veo con optimismo un acuerdo integral. Estoy optimista en que podamos resolver unas 10 sobre una base gradual», dijo Meadows en una entrevista a Fox News.

Meadows no precisó qué 10 asuntos quiere abordar el gobierno, pero reiteró la postura tuiteada por Trump, cuando indicó que apoyaría una legislación aparte sobre las aerolíneas, las pequeñas empresas y los cheques de estímulo para las personas.