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Dos miembros del jurado en el juicio al expresidente Donald Trump por los pagos hechos  para silenciar acusaciones fueron descartados este jueves, uno de ellos tras expresar dudas sobre su capacidad para ser justo e imparcial y otro por preocupaciones de que algunas de sus respuestas ante el tribunal podrían no haber sido precisas.

El retiro redujo a cinco el número de miembros del jurado que han sido asignados para el primer juicio penal contra un expresidente.

La complicación en el proceso de selección surgió paralelamente a que los fiscales pidieran que Trump sea declarado culpable de desacato y multado por una serie de publicaciones en las redes sociales esta semana.

En tanto, el juez prohibió a los periodistas identificar a los empleadores de los integrantes del jurado por cuestiones de privacidad.

La asignación del jurado, cuando sea que se complete, será un momento clave en el caso, pues prepara el escenario para un juicio que pondrá al expresidente ante un riesgo legal en medio de su campaña para enfrentar al demócrata Joe Biden y con semanas de testimonios sobre la vida privada de Trump antes que se convirtiera en presidente.

El juez Juan Merchan reveló en la Corte que uno de los siete integrantes del jurado, una enfermera especializada en oncología, había “manifestado que después de pensarlo durante la noche le preocupaba su capacidad para ser justa e imparcial en este caso”.

Aunque los nombres de los miembros del jurado se mantienen confidenciales, la mujer dijo al juez y a los abogados que aún tiene dudas sobre su desempeño.

“Tan solo ayer tuve amigos, colegas y familiares que me enviaron cosas a mi teléfono sobre el cuestionamiento de mi identidad como jurado”, dijo. “No creo que en este momento yo pueda ser justa e imparcial y permitir que las influencias externas no afecten mi toma de decisiones en la corte”.

Un segundo miembro del jurado fue descartado después que los fiscales expresaron su preocupación de que podría no haber sido honesto al responder una pregunta durante el proceso de selección al decir que nunca había sido acusado ni condenado por un delito.

El profesional de tecnología de la información fue citado ante el tribunal para responder preguntas luego que los fiscales indicaron que hallaron un artículo sobre una persona con el mismo nombre que fue arrestada en la década de 1990 por destruir carteles políticos pertenecientes a la derecha política en los suburbios del condado Westchester.

El proceso de selección de un jurado es una fase crítica de cualquier juicio penal, pero especialmente cuando el acusado es un expresidente y el presunto candidato republicano.

Los posibles miembros del jurado han sido interrogados sobre sus publicaciones en las redes sociales, su vida personal y sus opiniones políticas, al tiempo que los abogados y el juez buscan prejuicios que les impidan ser imparciales.

Trump realizó sus publicaciones en redes sociales desde el lunes, cuando los fiscales solicitaron por primera vez una multa de 3,000 dólares para el expresidente por tres publicaciones en Truth Social que, afirman, violaron la orden.

El ultraderechista Steve Bannon, aliado del expresidente Donald Trump, se entregó este lunes en la oficina del FBI de Washington tras haber sido imputado de dos cargos por desacato al Congreso al no haber respondido a una citación del comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio de enero pasado.

Bannon, de 67 años, encara un cargo por su negativa a comparecer ante dicho comité, mientras que el segundo es por no querer entregar documentos.

Una acusación por desacato al Congreso puede implicar entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de entre 100 y 1,000 dólares.

La imputación formal se produjo el pasado viernes después de que el 21 de octubre la Cámara de Representantes de Estados Unidos declarara en desacato a Bannon por rehusar comparecer ante el comité investigador del asalto al Capitolio del 6 de enero de este año por parte de una turba de seguidores del expresidente Trump.

Más tare, una jueza ordenó la liberación de Bannon, aunque le retiró el pasaporte para evitar que se fugue del país.

A la salida de la corte, Bannon se mostró desafiante y con el dedo en alto a modo de advertencia proclamó: “¡Esta vez se han metido con el tipo equivocado”. Acusó al presidente Joe Biden, al fiscal general Merrick Garland, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de estar violando su libertad de expresión y, en varias ocasiones, repitió: “Ahora vamos a ir a la ofensiva, ya verán”.

Preguntado por los periodistas por el significado de sus amenazas, el abogado de Bannon explicó que van a ir a la “ofensiva” porque defenderán “afirmativamente” sus derechos en las cortes.

Después de entregarse al FBI, Bannon pasó unas horas en custodia federal y compareció ante la jueza Robin Meriweather de la Corte del Distrito de Columbia. La Fiscalía no pidió prisión preventiva para Bannon y la magistrada decidió ponerle en libertad a la espera de juicio con las condiciones comunes en estos casos: retirada de pasaporte para evitar la fuga y la condición de que notifique con anterioridad a las autoridades judiciales de cualquier viaje dentro del país.

Además, si quiere viajar fuera de Estados Unidos debería recibir la aprobación de un juez y solo entonces se le devolverá el pasaporte. La próxima comparecencia judicial de Bannon será el próximo jueves a las 11:00 hora local, pero será de manera virtual por petición de sus abogados. Esa comparecencia será ante el juez del Distrito de Columbia, Carl J. Nichols, que fue nombrado por Trump.

Recordemos que el pasado 6 de enero, cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos por manifestantes partidarios de Trump que irrumpieron en el Capitolio, armados con hachas, bates y palos de hockey, entre otros objetos, según datos de las autoridades.

El asalto se produjo después de un mitin en el que Donald Trump se negó a aceptar su derrota en las elecciones de noviembre presidenciales e instó a sus seguidores a marchar hacia la sede del Congreso, donde los legisladores estaban reunidos para certificar la victoria electoral del actual presidente, Joe Biden, quien llegó a la Casa Blanca el 20 de enero.

Este jueves, el Tribunal de Justicia Administrativa en Morelos informó que el presidente municipal, Mario Ocampo Ocampo, y el cabildo de Puente de Ixtla fueron destituidos e inahibilitados por tres años, tras incumplir el expediente de invalidez 09/2017, de la tercera sala.

Lo anterior, por un juicio que promovió un expolicía en el 2017, que quedó inválido al sufrir un accidente automovilístico mientras estaba en funciones, el acto reclamado era por un monto de más de un millón de pesos, por el concepto de prestaciones y lo que resulte.

“Cada uno de los integrantes del cabildo, presidente, síndico y regidores, fue notificado de manera personal, también informamos que el secretario general del ayuntamiento convoque a los suplentes para que integren de nuevo al ayuntamiento y den cumplimiento a la sentencia”, manifestó Jorge Alberto Estrada Cuevas, magistrado del TJA.

No obstante, el magistrado mencionó que por parte de los funcionarios municipales se han mostrado con desprecio a la resolución y han hecho caso omiso ha llamado judicial.

Estrada Cuevas agregó que en los próximos días, llegará una siguiente notificación al municipio, por el concepto de laudos, por lo que también se prevé sean destituidos, pues actualmente el ayuntamiento debe 300 millones de pesos en laudos que le fueron heredados de administraciones pasadas.

Actualmente, los 36 municipios de Morelos suman alrededor de 415 millones de pesos en laudos, situación que ha puesto al borde de la destitución, a la mayoría de los ediles y sus regidores.

El expresidente Vicente Fox advirtió que Andrés Manuel López Obrador se vuelve a colocar en una posición comprometedora ante la firma del memorándum para cancelar la Reforma Educativa que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que compartía la opinión del también ex mandatario Felipe Calderón sobre el tema, Fox recordó que el “desobedecer la Constitución implica juicio político” lo que ya vivió y ahora como presidente “volverá a perder otra vez”.

Esta fue su reacción al documento que instruye a los secretarios de Educación, de Gobernación, y de Hacienda a que busquen la manera de dejar sin efecto la reforma educativa de la administración de Enrique Peña Nieto, mientras se alcanza un entendimiento en el Congreso.

Además, delinea que “la educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad”.

Asimismo, será la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Urzúa, la dependencia encargada de la nómina magisterial, a fin de impedir “prácticas patrimonialistas, ‘aviadores’ y cualquier otra forma de corrupción”.

Para el expresidente Fox, es momento de recordar que en cuanto a juicios políticos, López Obrador “como Jefe de Gobierno, ya perdió uno por desacato a la orden del Juez” por lo que advierte y cuestiona “es temerario, ¿se la volverá a jugar?”

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) juramentó este viernes a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de considerar que los actuales miembros están a la orden de Nicolás Maduro. La decisión ha causado una gran polémica pues tras dichos nombramientos ahora existen dos cuerpos de magistrados.

 

 

No es la primera vez que se toma una acción como esta, pues en enero de 2016 la AN designó a 13 nuevos magistrados al considerar que los actuales no contaban con la legitimidad que se necesita para llevar a cabo sus funciones. Los magistrados “en funciones”, alineados con el gobierno, fueron nombrados en diciembre de 2015 por la AN, aunque en ese momento era controlada por el oficialismo.

 

Dicha designación tuvo lugar en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, situada en la capital venezolana, y se realizó luego de que se preguntara eso a los más de 7 millones de ciudadanos que acudieron a votar en el plebiscito del pasado 16 de junio y que la tercera pregunta de la consulta contemplara la renovación de los poderes.

 

Por su parte el TSJ solicitó a las autoridades apliquen “acciones de coerción” contra el Parlamento y los nuevos magistrados, por cometer “usurpación de funciones”.

 

Con información de BBC / Foto: Twitter