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Autoridades detuvieron este lunes al exfiscal general de Veracruz, acusado de los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, según confirmó la Fiscalía local a través de sus redes sociales.

Jorge Winckler estuvo a cargo de la Fiscalía estatal durante casi tres años, de 2016 a 2019, cuando fue retirado del cargo por el congreso local por no pasar los controles de confianza.

Se hizo cargo de la fiscalía veracruzana en diciembre de 2016 cuando era gobernador Miguel Ángel Yunes, y estuvo en el cargo hasta septiembre de 2019, cuando ya era gobernador el actual mandatario, Cuitláhuac García, de Morena.

Poco después de ser separado del cargo por el Congreso, en mayo de 2019, el gobierno de Veracruz presentó una denuncia en su contra por obstrucción a la justicia. En ella acusaba a Winckler de esconder más de 150 órdenes de aprehensión, entre ellas, algunas de delincuentes de alto impacto, lo que les permitió gozar de impunidad.

Tras su remoción, la bancada mayoritaria avalaron dejar como encargada de despacho a la actual Fiscal Verónica Hernández Giadáns.

De acuerdo a lo detallado, el exfuncionario fue arrestado en Puerto Escondido, Oaxaca, por fuerzas federales.

Veracruz ha sido desde hace años un estado con gran presencia del crimen organizado, que permeó y corrompió a funcionarios hasta en las mayores instancias de gobierno y de las estructuras de seguridad.

El exgobernador Javier Duarte, mandatario priísta que se desempeñó del 2010 al 2016, cumple sentencia por crimen organizado y lavado de dinero. Fue detenido en 2017 y un año después se declaró culpable para reducir su condena.

Tanto el exgobernador Yunes como Winckler presumieron haber contribuido a la captura de Duarte aunque fue ejecutada por fuerzas federales.

A principios de 2018 se inició un proceso contra varios exjefes de la policía de Veracruz acusados de crear unidades que, entre 2013 y 2014, con Duarte como gobernador, emplearon tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en su mayoría jóvenes, sospechosos de ser informantes de los cárteles del narcotráfico.

Se espera que el exfuncionario sea presentado en las próximas horas ante un Juez de Control, quien decidirá su situación jurídica.

Este lunes, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, detalló el plan para la implementación de la ley general en materia de desaparición forzada de personas.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario dio a conocer los puntos más relevantes de la estrategia.

“El objetivo principal del plan de implementación es diseñar, con la participación de las familias de las víctimas, las bases generales, las políticas públicas y procedimientos de los distintos órdenes de gobierno sobre los desaparecidos y los no localizados, así como prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos. La verdadera reparación es la aplicación de la justicia y castigo a los responsables”, aseguró Encinas.

El subsecretario de Derechos Humanos de Segob dijo que  se estima que en México hay alrededor de 45 mil personas desaparecidas, así como más de mil cien fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar.

Encinas explicó que el viernes de esta semana se conocerá al funcionario que encabezará la Comisión Nacional de Búsqueda, así como al encargado del Programa Nacional de Víctimas, Inhumaciones e Identificación Forense, y acciones de búsqueda, verdad y justicia.

Para lograr un plan integral, explicó Encinas, se requieren comisiones en las diversas entidades, ya que actualmente “solo tenemos ocho comisiones integradas, otras cuatro que ya existen donde ya está el decreto (…) Sin embargo, hay 20 entidades que, a más de un año de haberse publicado la ley general no han tomado medidas legislativas ni de integración correspondiente”, precisó.

El presupuesto designado para la estrategia, principalmente para la Comisión Nacional de Búsqueda, será de 400 millones de pesos.

“Para este año, se designarán 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por las comisiones. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que también se utilicen los recursos del fondo para la seguridad del estado, con el fin de desarrollar capacidades en materia de identificación forense”, comentó el funcionario.

Asimismo, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob dijo que se están haciendo convenios con organismos nacionales e internacionales.

“Se está haciendo colaboración con el Instituto Nacional de Identificación Forense. Van avanzando los trabajos con la Cruz Roja, la Escuela Nacional de Antropología, el Equipo Argentino de Antropología Forense”, declaró.

Otras de las organizaciones participantes son la Agencia de Cooperación alemana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Encinas informó que una de las prioridades es buscar a las personas que fueron reportadas como desaparecidas y que aún pueden estar vivas.

“Lo que queremos impulsar y vamos a dar prioridad, es la búsqueda en vida, no solo recuperar a personas que todavía podrían estar en condición de vida, sino enfrentar problemas vinculados con la trata de personas”, precisó.

Autoridades de Veracruz investigan si los 166 cráneos encontrados en 32 fosas clandestinas en ese estado corresponden a víctimas de desapariciones forzadas ocurridas durante el Gobierno de Javier Duarte.

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz investiga la posible participación de elementos o exelementos de la policía estatal en la inhumación de estas 166 personas, cuyos restos fueron descubiertos el día de ayer.

De acuerdo con autoridades relacionadas con la investigación hay al menos dos elementos que dieron paso a la apertura de esta hipótesis. Una es que este nuevo hallazgo surge como resultado del seguimiento de varias pistas derivadas de los casos de desaparición forzada que se atribuyen a la policía estatal bajo el mando de Arturo Bermúdez, en el sexenio de Javier Duarte.

Y el segundo elemento es que los primeros resultados arrojan que los restos tendrían por lo menos dos años de antigüedad, con lo que se presume que las inhumaciones habrían ocurrido todavía en la administración del exgobernador priista.

Las autoridades consultadas indicaron que para confirmar o descartar esta hipótesis serán determinantes los resultados de las pruebas genéticas que se llevan a cabo con el apoyo de la Policía Federal, y que tienen como objetivo obtener perfiles de ADN de los restos para compararlos con los de víctimas de desaparición forzada.

Al menos 21 periodistas están desaparecidos en México desde el año 2003, afirmó este jueves la organización Reporteros Sin Fronteras, cifra que supone un “récord en el continente americano”.

De algunos de estos periodistas “no se tiene noticia desde hace por lo menos 15 años”, indicó RSF en un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra hoy.

Los estados de Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, señaló la organización, están “gangrenados por el crimen organizado y la corrupción” y son los que registran más asesinatos de periodistas y desapariciones de comunicadores.

Las denuncias de las familias no prosperan y las investigaciones se estancan, incluso las emprendidas a escala federal por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, indicó RSF.

Asimismo, agregó que en México, en los casos de desaparición se suele mencionar como responsables a los cárteles de la droga, pero “a menudo los allegados de las víctimas sospechan que funcionarios del Gobierno podrían estar implicados”.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó ante la la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (CoIDH) un Amicus Curiae por el caso de desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, ocurrido presuntamente por elementos de las Fuerzas Armadas en 2009 y otros casos que se suman a la lista en nuestro país, con el propósito de aportar elementos, principalmente de contexto, que puedan ser jurídicamente relevantes al momento de emitir la sentencia.

La CDHDF expuso entre sus argumentos que hay una violencia generalizada en México, misma que se ha incrementado con la presencia de las Fuerzas Armadas en puntos específicos del país y donde se ha acreditado la perpetración de vulneraciones graves como ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas, además de que, en algunos casos, las víctimas terminaron siendo sujetas a un procedimiento penal.

De igual forma,  la CDHDF consideró que la estrategia de militarización establecida por el Gobierno federal no ha tenido un impacto real en la disminución de la delincuencia, por el contrario, se ha documentado la violación sistemática de los derechos humanos.

La Comisión reiteró su preocupación por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, ya que casos como el presente, a la luz de dicho marco normativo, terminarían siendo invisibilizados y tolerados con la justificación de acciones estatales encaminadas a mantener la “seguridad interior”.

En este contexto, el Amicus Curiae argumentó que, el juicio de amparo no es un recurso que sea efectivo cuando se trata de delitos de desaparición forzada, lo que se agrava cuando son Fuerzas Armadas las señaladas.

Por ello, la CDHDF espera que la CoIDH establezca medidas de no repetición que contribuyan a que no haya más víctimas de desaparición forzada en nuestro país.

 

Redacción APO / Foto: Twitter

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo hoy que es inaceptable que una persona sea atacada por defender los derechos humanos o por hacer uso de la libertad de expresión.

 

En el marco del  Informe Anual de Actividades 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  Enrique Peña Nieto indicó que el ataque contra periodistas es una afrenta a la sociedad, por lo que se debe de revisión del diseño y vigilar la operación en materia de protección a periodistas y  defensores de derechos humanos a nivel federal  y local.

 

“Es inaceptable que una persona sea atacada por proteger a personas o por hacer uso de su libertad de expresión”; destacó.

 

Sobre las desapariciones forzadas,  el presidente destacó que es urgente garantizar el derecho a la verdad, y reconoció al Congreso por la ley que exige responsabilidades.

 

“Urge garantizar el derecho a la verdad,  a la memoria de las víctimas y mitigar la angustia de las familias al esclarecer sus casos”, añadió Peña Nieto.

 

En cuanto a los derechos humanos de migrantes, anunció la puesta en marcha del programa “Somos Mexicanos”, con el objetivo de que quienes regresen a nuestro país, puedan ser reinsertados en condiciones dignas y se incorporen a la actividad productiva.

 

El mandatario informó que dará prioridad para que las mujeres  ejerzan el derecho a una vida libre de violencia, pues aseguró que tiene graves costos sociales y gangrena a la sociedad, por lo que hizo un llamado a la no discriminación.

 

Finalmente, Peña Nieto se refirió a la crisis en Venezuela, donde aseguró que México no puede permanecer indiferente y actuará en defensa del orden constitucional. “Hago votos para que a través del diálogo, se recupere el orden democrático.”, concluyó.  

 

 

 

Redacción APO/ Foto: Presidencia