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El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, reconoció hoy que el nuevo gobierno afrontará una “grave crisis humanitaria” que acumula serios problemas de desapariciones forzadas.

“México pasa por una profunda crisis humanitaria y de violaciones de derechos humanos, con graves problemas de desapariciones forzadas”, admitió Encinas en su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que celebra su 170 periodo de sesiones en Washington.

El subsecretario sostuvo que “las cosas ya cambiaron” con el nuevo gobierno y asumió el compromiso de acabar con la impunidad de los responsables de desapariciones forzadas, “independientemente de su cargo o institución”.

Según cálculos de las autoridades mexicanas, en la actualidad hay un total de 36 mil personas desaparecidas y 1,100 fosas clandestinas. Refirió que actualmente “no se tienen capacidades institucionales para identificar a todos los desaparecidos, hay más de 26,000 cuerpos sin identificar”.

El funcionario mexicano solicitó apoyo a la CIDH para iniciar un protocolo de actuación conjunta en casos de desapariciones bajo los estándares del derecho interamericano.

Por su parte el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, aceptó crear un mecanismo de búsqueda que será discutido en sucesivos encuentros y dijo que agradecía la postura del nuevo gobierno mexicano, pues reconoció que no es habitual que un Estado reconozca los hechos y no adopte ninguna “posición defensiva”.

 

El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas lamentó hoy que persista “una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio” de México y que “imperen la impunidad y la revictimización”.

En el informe divulgado este lunes al término de una sesión en la que examinó la situación en México junto con la de otros dos países, el Comité criticó que no existan datos confiables sobre desapariciones forzadas y que las condenas sean escasas en el país latinoamericano.

Adicional se señala que el alto número de cadáveres sin identificar y de fosas clandestinas sin atención constituyen una “emergencia” que las autoridades deben atender.

El órgano de la ONU consideró también que hay obstáculos para la participación de las víctimas y sus organizaciones en los mecanismos oficiales de búsqueda e investigación, así como para que obtengan verdad, justicia y reparación integral.

En el informe se pide a las autoridades mexicanas que pongan rápidamente operativo el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Fosas.

Adicional se hace mención sobre la preocupación que ha causado el rol otorgado a las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública en la mayor parte del territorio nacional, así como la creciente militarización de las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley. Advirtieron que todo ello puede contribuir al aumento de la desaparición forzada y de la impunidad.

 

Esta mañana, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a familiares de desaparecidos y a representantes de organizaciones y colectivos, para promulgar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

 

Peña Nieto señaló que la desaparición de una persona es una de las experiencias más dolorosas que alguien pueda sufrir, que causan sufrimiento a las víctimas y a sus familiares, y que lastiman a la sociedad, por lo que el Estado tiene la obligación de intervenir para brindar justicia.

 

El mandatario calificó la promulgación de esta Ley como “un paso de gran trascendencia, que brinda herramientas para combatir la impunidad y defender los derechos de las víctimas y de sus familiares”, y e indicó que “nunca se había establecido un marco legal ni un conjunto de instituciones públicas dedicadas específicamente a dar una respuesta integral, con todos los instrumentos del Estado, a este grave problema”.

 

Por su parte, las familias de desaparecidos reconocieron el avance que representa esta nueva Ley, resultado de años de trabajo y del compromiso de familiares de víctimas y colectivos de la sociedad civil.

 

Recordemos que la nueva legislación distribuye competencias y establece la forma de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Crea un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, responsable de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas. Además, establece una Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Nacional Ciudadano, que será un órgano de consulta y participación integrado por familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como Fiscalías especializadas en los órdenes federal y local.