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Este miércoles, Rosario Robles, actuar titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se presentó en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a las acusaciones que se le han hecho por presuntos desvíos de recursos cuando ejerció la titularidad de Sedesol y ahora en Sedatu.

 

 

La funcionaria federal aseguró que no existe una relación entre las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y su persona, por lo que pidió le sea otorgado el derecho de réplica que la Ley le concede ante las notas periodísticas difundidas por el diario Reforma.

 

Indicó que en ambas dependencias, giró instrucciones para que en las áreas observadas por la ASF se hicieran las investigaciones pertinentes para aclarar si había alguna responsabilidad de carácter administrativo. Sostuvo que “si se desprenden responsabilidades penales contra cualquier funcionario público, incluida yo, he sostenido y sostengo, se actúe con todo el peso de la ley”.

 

Tal como adelantó la tarde de ayer a través de sus redes sociales, pidió al periódico Reforma presentar los contratos que se mencionan en su investigación; los documentos que acrediten las transacciones financieras entre las empresas mencionadas y ella, así como documentos que probarán que Rosario Robles desvió 1,300 millones de pesos.

 

Robles afirmó que no existe ninguna documentación y no hay ninguna prueba que la vincule con una triangulación de recursos. “Estoy aquí porque siempre he dado la cara ante este tipo de situaciones, porque siempre he sostenido que la que nada debe, nada teme”.

 

Refirió que incluso el encargado del despacho de la ASF afirmó que “los informes de las auditorías están siendo publicados. No hay imputaciones de carácter personal, nosotros como Auditoria Superior de la Federación no determinamos culpables, no podemos asegurar aquí ninguna clase de presuntos culpables”.

 

 

A su llegada a las oficinas de la PGR, la funcionaria federal fue abordada por el Diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez  Máynez, quien le entregó un expediente en el que aseguró se sustenta el desvío de recursos e incluso se mencionaba su participación en los desfalcos, por los cuales él interpuso dos denuncias, de las cuales la PGR ha hecho caso omiso.

 

Por su parte Robles cuestionó que en los documentos recibidos existiera alguno que la vinculara, y dijo que en caso de que así fuera, se necesitaba fueran presentadas las denuncias ante las instancias correspondientes. “Queremos pruebas”, remató.

 

El candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, se refirió al caso del presunto desvío de recursos en Sedesol y Sedatu durante las administraciones de Rosario Robles, figura ligada al PRI.

 

Meade indicó que en todos los casos se debe rendir cuentas y asumir las consecuencias. “La Auditoría todos los años presenta informes, todos los años se abre un espacio de diálogo para que se vayan aclarando, una vez aclarados se presentan en su caso denuncia ante la Secretaría de la Función Pública o la PGR”.

 

 

Tras revelarse el caso que involucra a Robles, Meade fue señalado por haber permitido dichos desvíos, debido a que fungía como responsable de las finanzas públicas del país, a lo que indicó que durante su gestión la SHCP participó de manera activa en la presentación de denuncias ante la detección de practicas de lavado de dinero y evasión fiscal.

 

“En todo este proceso en estos últimos años no habido un solo proceso de deslinde de responsabilidades del que Hacienda este ausente. Siempre que media una querella en materia de evasión fiscal o de lavado de dinero la Secretaría de Hacienda se presenta como denunciante en el caso de evasión fiscal y como opinión de delito en todos los casos”.

 

Por su parte el vocero de su campaña, Javier Lozano, utilizó sus redes sociales para asegurar que los contratos y pagos por los que se señala a Rosario Robles no ocurrieron en la época en que el ahora candidato fungió como funcionario.

 

Aclaró que durante su gestión como Secretario de Hacienda, el aspirante presidencial alertó de las irregularidades detectadas al Órgano Interno de Control, además de que gracias a la labor de Meade, se canceló la modalidad de pago en comento.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Luego de que el año pasado el Auditor Superior de la Federación autorizara una serie de auditorías a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mismas que ha encabezado Rosario Robles, se detectaron desvíos que ascienden a los mil 311 millones de pesos (mdp).

 

Las auditorías que permitieron conocer el millonario desvío fueron concluidas el pasado 19 de enero, a las cuales el diario Reforma tuvo acceso, y en las que se pudo detectar que hacen referencia a recursos ejercidos en 2014 y 2015, periodos en que Robles ejerció la titularidad, y en donde los recursos fueron a parar a cuentas de Monex y a CI Banco, dispersados en varios países.

 

Al dirigir SEDESOL, donde Robles estuvo al frente de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, firmó convenios y contratos con Radio y Televisión de Hidalgo, cuyos contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015; en SEDATU a donde llegó el 27 de agosto pasado y en donde permanece, firmó contratos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015.

 

Según lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las dependencias federales firmaron convenios con estas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 

Se espera que en las próximas semanas, las auditorías sean entregadas a la Cámara de Diputado, quienes tendrán que aclarar las irregularidades encontradas, y en caso de no hacerlo, la ASF podrá interponer las denuncias correspondientes ante la PGR.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Tal como lo indicara el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se confirmó que el priísta Manlio Fabio Beltrones solicitó a una juez federal un amparo contra cualquier orden de aprehensión proveniente de dicho gobierno, como parte de las investigaciones que se siguen por los presuntos desvíos a las campañas del tricolor en 2016.

 

María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, admitió a trámite el juicio de garantías, en el cual Beltrones también solicitó evitar que la Fiscalía de Chihuahua le impida el acceso a la carpeta de investigación que llegue a realizarse en su contra.

 

Antonio Collado, abogado del ex presidente del PRI, habló en entrevista radiofónica, en la que aseguró que “quieren involucrar a Manlio Fabio Beltrones, quien solicitó un amparo contra una posible orden de aprehensión y que no pase lo que pasó con Alejandro, que fue aprehendido sin citatorio, además de que se le informe si hay alguna investigación en su contra”.

 

 

Recordemos que el pasado mes de diciembre, Beltrones negó cualquier relación o participación en el supuesto desvío. Incluso cuestionó que éste existiera, pues dijo “el gobernador Javier Corral y el Fiscal del Estado de  Chihuahua, han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con  testigos protegidos que aportan declaraciones a modo, para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando  beneficios en la temporada electoral”.

 

Aseguró también que “el Fiscal de Chihuahua ha vulnerado el proceso al filtrar supuestos de investigación que causan daño moral y vulneran la integridad de quienes  son indebidamente mencionados en la investigación de referencia”.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

El Secretario General del Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui, aseguró que “se han comprobado en lo que están en las carpetas ya judicializadas más de mil 200 millones de pesos” desviados en la administración del ex gobernador priísta, César Duarte.

 

El funcionario estatal indicó que derivado de las investigaciones que se llevan a cabo, “no solamente se busca llevar a la cárcel a los que obraron mal, sino también fundamentalmente recuperar en beneficio del Estado estos recursos”.

 

Entre los desvíos detectados, se encuentran los 6 mil millones de pesos que el Gobernador Javier Corral anunció meses atrás. Además del desvío de 379 millones más que recientemente se ventiló y que se realizó desde varias vertientes.

 

“Entre ellas la contratación de asesorías, otras el espacio de constructoras, otros el de edificios que de alguna manera tenían una cobertura fantasma para generar una convicción de que eran recursos que tenían un propósito destinado con el bien público, cuando sabemos perfectamente hoy que tenían un propósito avieso de desviación de recursos con fines electorales, y no en pocos casos de corrupción y de beneficio y de enriquecimiento ilícito”, indicó Jáuregui.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El PRI presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) una denuncia de hechos y en el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja contra el Partido del Trabajo, por la probable comisión de delitos electorales, y por la violación al uso y destino de los recursos que ingresan a los partidos políticos, respectivamente.

 

 

 

 

Los recursos fueron presentados por el Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, senador José María Tapia Franco y de la representante de este instituto político ante el INE, Claudia Pastor Badilla.

 

En entrevista al término de estas acciones, Tapia Franco indicó que la denuncia es contra el Partido del Trabajo, su dirigente nacional y la esposa de éste, a quienes en medios de comunicación se ha señalado de desviar recursos del erario público.

 

Añadió que la información que se ha difundido menciona desvíos por 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León al Partido del Trabajo, para la supuesta construcción y operación de CENDIS, pero que en realidad habrían sido ocupados con fines electorales.

 

El Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI destacó que en la denuncia se pide a la FEPADE que inicie una carpeta de investigación y determine las responsabilidades penales a que haya lugar.

 

“Está claro que lo que estamos buscando es la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo que el dinero público no ingrese a las campañas”, precisó. Destacó que el PRI estará vigilante de que la FEPADE realice las acciones que se le solicitan, para que el desvío de recursos no quede impune.