El presidente Enrique Peña Nieto estaba sentado ante los empresarios más importantes de México y sonrió.

La élite empresarial mexicana ha invertido cantidades récord de dinero en el país y ha apoyado la promesa que hizo el mandatario de un renacimiento económico. Así han generado un espacio de oportunidad en el entorno lleno de escándalos que atormenta al presidente.

Sin embargo, Peña Nieto necesitaba algo más de los principales líderes empresariales del país, quizá sus aliados más importantes. Necesitaba lealtad. De acuerdo con cinco personas que narraron la reunión privada que se realizó en mayo, el presidente se dirigió a Claudio X. González Laporte, un empresario respetado en México.

Tu hijo, le dijo el presidente, debería dejar de ser tan crítico con el gobierno.

Todos guardaron silencio. El hijo de González Laporte, Claudio X. González Guajardo, ha pasado casi dos décadas combatiendo la corrupción y la impunidad que tanto deterioran a México. Pero su proyecto más reciente, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de periodismo de investigación que ha revelado contratos corruptos de aliados del gobierno, estaba haciendo demasiado ruido para gusto del presidente.

“La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción”, le dijo el presidente a González Laporte. El poderoso grupo se quedó atónito ante el ataque asestado contra uno de los suyos.

“Estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo”, respondió el empresario.

Incluso en México, donde el Estado a menudo ejerce presión con mano dura, se consideró muy extraño que el presidente intentara silenciar, abiertamente, a un miembro de una de sus bases electorales más confiables. La oficina del presidente negó que Peña Nieto estuviera presionando directamente a González Guajardo, sino que simplemente hizo un comentario de manera general ante su audiencia y a la que invitó a enfocarse tanto en los errores como en los logros de su gobierno.

Pero el comentario del presidente solo fue el intento más reciente de silenciar a González Guajardo y obstaculizar su trabajo.

Entre dichos intentos se cuentan auditorías fiscales y haberlo atacado con tecnología de espionaje que el gobierno mexicano adquirió con el propósito de investigar a terroristas y miembros del crimen organizado.

En dos ocasiones en 2016, González Guajardo recibió mensajes en su celular cuyo objetivo era instalar un programa de espionaje; los mensajes llegaron poco después de que su grupo publicara reportajes perjudiciales, de acuerdo con un análisis forense independiente de los mensajes.

“Estamos asediados”, dijo González Guajardo en una declaración escrita a The New York Times; rechazó ser entrevistado. “Sin embargo, seguiremos denunciando la corrupción y la impunidad cuando las encontremos, sean públicas o privadas”.

“México no está condenado a ser corrupto”, agregó.

El escándalo de espionaje ha sacudido a México. Casi dos docenas de personas, incluyendo a algunos de los periodistas más reconocidos del país, académicos y abogados de derechos humanos, así como funcionarios internacionales que investigan crímenes en México han sido blanco de una cibertecnología conocida como Pegasus, que el gobierno adquirió por decenas de millones de dólares.

El gobierno ha dicho que desconoce esta situación y que no es responsable, y ha comenzado su propia investigación para determinar quién autorizó y ejecutó la campaña de espionaje.

No obstante, el caso de González Guajardo quizá sea el más claro ejemplo en que el presidente ha criticado abiertamente a alguien y en que ha intentado silenciar a un objetivo de espionaje, lo que acerca potencialmente a Peña Nieto al escándalo del ataque informático más que ningún otro caso.

Pero esa no es la única medida que el gobierno ha tomado contra González Guajardo.

En este año, en un solo día, las autoridades anunciaron nueve auditorías distintas de organizaciones en las que González Guajardo está involucrado y el gobierno ha indicado que podría revocar a algunas de ellas su estatus de organización no gubernamental (ONG). Algunos donantes ya están considerando frenar sus contribuciones, temerosos de que parezca que están en contra el gobierno.

“Si combates la corrupción, esta te combatirá a ti”, agregó González Guajardo, quien recibió una auditoría personal del gobierno el mismo día en que sus organizaciones. “El cambio tiene un precio”.

La oficina de presidencia rechazó que se haya tratado de intimidar “en modo alguno” a González Guajardo o a cualquier otra persona crítica del gobierno en México. Asimismo, negó haberse referido en específico a González Laporte o a su hijo en la reunión y afirmó que Peña Nieto simplemente le dijo a los asistentes que el reconocimiento de los logros del país “era tan necesario” como destacar “la deficiencias en el quehacer gubernamental”.

“Te aseguro que el presidente no hizo ningún comentario a Claudio X. González sobre el trabajo de su hijo en Mexicanos contra la Corrupción”, dijo Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia y quien estuvo en la reunión de mayo.

Peña Nieto llegó al poder hace cinco años con la promesa de solucionar los problemas de México, modernizar su economía, enmendar su reputación de violencia y reparar su deteriorado Estado de derecho. La transparencia acabaría con la corrupción, prometió. Su partido, sinónimo de un gobierno autocrático que estuvo en el poder durante siete décadas, sería el agente de cambio que México necesitaba con tanta desesperación.

Sin embargo, la violencia ha aumentado y la libertad de expresión se ha silenciado con dinero y asesinatos. México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y casi todos los homicidios siguen sin resolverse. En todo el país, la violencia por el narcotráfico ha alcanzado el punto más crítico en 20 años, con lo que se acabó la imagen del nuevo México que Peña Nieto ha intentado promover con tanto esfuerzo.

Las iniciativas contra González Guajardo y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ponen en evidencia los intentos del gobierno por acabar con las críticas, incluso en los círculos de las élites más altas de la sociedad mexicana.

Claudio X. González Laporte, de 83 años, es una de las figuras más respetadas —y uno de los hombres más ricos— en el mundo empresarial mexicano, fue presidente de Kimberly-Clark de México durante más de 40 años. Su hijo, Claudio, de 54 años, es una rareza en sus círculos de élite. Las personas ricas en México a menudo son criticados por su indiferencia en cuanto a las causas sociales y por su tendencia a someterse a la voluntad del gobierno en asuntos sociales.

Sin embargo, González Guajardo ha aprovechado su posición privilegiada, presionando a sus iguales para que se comprometan. Comenzó una organización sin fines de lucro, Mexicanos Primero, para promover la educación pública en México, que está entre las peores de todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Hace dos años cofundó el grupo anticorrupción que se enfoca en el periodismo de investigación, averiguaciones y acciones legales. El grupo contrató a algunos de los periodistas más importantes del país y les dio autorización para ir tras los blancos que creyeran adecuados, una libertad inusual en un entorno mediático que depende de cientos de millones de dólares en publicidad del gobierno. Entre los reportajes que ha publicado Mexicanos Contra la Corrupción están: una investigación sobre toma de tierras por un gobernador en Tulum; revelaciones que empresas cercanas al gobierno recibieron información filtrada para ayudarlos a ganar licitaciones; y un reportaje sobre un engañoso mecanismo de competencia que permitió que Carlos Peralta Quintero, un amigo del presidente, obtuviera contratos públicos que ascienden a más 650 millones de dólares.

González Guajardo ha alzado la voz incansablemente. En la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, el pasado 1 de febrero, señaló personalmente al presidente y le dijo a un pánel que “si existiera un salón de la infamia, Peña Nieto estaría en los diez primeros lugares”.

Semanas más tarde, el 27 de febrero, las autoridades fiscales anunciaron nueve auditorías relacionadas con cinco organizaciones que habían sido fundadas o dirigidas por González Guajardo en los últimos 20 años. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, sorprendentemente, no estaba entre ellas. La auditoría a ese grupo llegó después.

De acuerdo con personas cercanas a él, González Guajardo estaba atónito y le pidió a un economista que calculara las probabilidades de tener siquiera cinco auditorías que ocurrieran aleatoriamente el mismo día, todas contra organizaciones con las que él estaba afiliado. La respuesta que obtuvo: la probabilidad era del 0,0000000000000000000000000204 por ciento.

El gobierno mexicano dice que no puede hablar de casos individuales, pero destacó que las autoridades tributarias iniciaron con una serie de auditorías a organizaciones de la sociedad civil para evitar el lavado de dinero a través de donaciones. La iniciativa se anunció menos de dos semanas después de que González Guajardo y sus organizaciones recibieron las auditorías.

El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación impide hacer pública información derivada de la actuación de la autoridad sobre casos específicos de contribuyentes.

Para los involucrados en las organizaciones, las auditorías eran una táctica de intimidación evidente, una manera explícita de amenazar sus actividades.

Pero incluso antes de eso, en el verano de 2016, alguien que utilizó software gubernamental había intentado hackear y tomar el control del celular de González Guajardo.

En julio y de nuevo en agosto de 2016, su celular fue blanco de Pegasus, un software que NSO Group, un fabricante israelí, le vendió al gobierno de México con la condición de que solo se usara para monitorear a criminales y terroristas.

Cuando los que reciben el ataque hacen clic en una mensaje de texto, el software infecta el celular del usuario y registra cada detalle de la vida digital de la persona, incluyendo mensajes cifrados. Incluso puede utilizar la cámara y el micrófono para espiar al usuario.

Los intentos de hackeo llegaron semanas después de la publicación de investigaciones periodísticas hechas por Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político, otro sitio de noticias, que atacaron a aliados del presidente, incluyendo al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ahora está bajo arresto y acusado de dirigir un vasto imperio de corrupción.

Dos reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción también fueron objetivos del programa espía, de acuerdo con un análisis de investigadores de R3D, un grupo de derechos digitales en México, y el Citizen Lab de la Munk School de la Universidad de Toronto.

En meses recientes, ha surgido evidencia forense de una gran campaña de hackeo contra oponentes del gobierno. Entre los blancos de espionaje hay abogados que investigan los casos de los 43 estudiantes que desaparecieron después de un enfrentamiento con la policía, una periodista que reveló un cuestionable acuerdo de bienes raíces por parte de la esposa del presidente, académicos que combaten la corrupción y los miembros de las familias de los críticos, incluyendo un adolescente.

El gobierno mexicano ha iniciado su propia investigación, pero esta ha consternado a las víctimas de los ataques informáticos: en lugar de pedir a las agencias gubernamentales que compartan los nombres de quienes fueron espiados así como la información que obtuvieron, las autoridades están pidiendo que cualquier persona que crea que fue espiada entregue su teléfono.

Las víctimas del hackeo sienten que la petición tiene la intención de intimidarlos aún más, pues de manera efectiva le proporcionarían al gobierno toda la información que intentaban robar.

En cambio, el gobierno mexicano dice que necesita los teléfonos para verificar la presencia del programa espía en los celulares y dice que es una parte “indispensable” para determinar si se cometió o no un crimen.

Hay evidencia que sugiere que esa petición no es necesaria. En una investigación similar hecha en Panamá, donde se acusa al expresidente de utilizar Pegasus contra más de 150 de sus adversarios, jamás se requirió que las víctimas entregaran sus celulares, de acuerdo con documentos de la corte y entrevistas con varios de los blancos en aquel país.

“Es absurdo que las autoridades de México les pidan a los blancos que entreguen sus celulares”, dijo Balbina Herrera, un blanco de espionaje y candidata presidencial que compitió contra Ricardo Martinelli, el expresidente panameño acusado del espionaje. “Simplemente los están revictimizando”.

Los expertos forenses también dicen que el gobierno de México no necesita los celulares de las víctimas para llevar a cabo su investigación.

“No se necesitan los celulares para demostrar que alguien fue objeto, de manera ilegal, del programa espía de NSO”, dijo John Scott-Railton, un investigador sénior de Citizen Lab que confirmó el uso de Pegasus contra González Guajardo. “En la investigación de Panamá, a las víctimas les mostraron lo que el gobierno había obtenido y les pidieron que confirmaran si era su información”.

“En la investigación mexicana, lo primero que pide el fiscal son los celulares que el mismo gobierno está acusado de haber intentado espiar”, agregó.

Texto publicado en The New York Times por AZAM AHMED 

Foto: Archivo APO