El exprocurador Jesús Murillo Karam, detenido hace dos meses en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ingresó a terapia intensiva por problemas cardíacos y el riesgo de un coágulo cerebral, según informó este lunes su equipo legal.

El extitular de la extinta Procuraduría Federal de la República (PGR) salió el miércoles de la semana pasada del Reclusorio Norte, donde estaba permanecía preso desde el 24 de agosto para recibir atención en el Hospital General de Xoco, detallaron sus abogados.

Sin embargo, ante el “complicado cuadro clínico que presentó durante su estancia en el hospital”, los médicos lo remitieron al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” para su debido diagnóstico y tratamiento.

Luego de varios estudios, los doctores del instituto le realizaron de emergencia una cirugía de endarterectomía carotídea de alto riesgo, un procedimiento que remueve placa que se ha formado en una arteria, lo que permitió un mayor flujo sanguínea, detalló su defensa.

“Desde entonces, el licenciado Murillo Karam se encuentra en terapia intensiva”, aseguraron a través de un comunicado.

“Los estudios practicados al licenciado Murillo Karam revelaron otra carótida obstruida, por tanto, se espera que los médicos a cargo determinen el tratamiento a seguir y si es necesario una nueva cirugía, ya que el estado de la arteria mencionada eleva el riesgo de un coágulo cerebral”, agregaron.

Recordemos que Murillo Karam, exfuncionario de la administración Peña Nieto, está procesado desde el 24 de agosto por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia que presuntamente cometió cuando era encargado del caso Ayotzinapa como titular de la PGR en 2014.

Su arresto es el de mayor perfil hasta ahora del caso, y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles.

El exprocurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la llamada “Verdad Histórica”, una versión del gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

La Comisión de la Verdad y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han rechazado esa “Verdad Histórica” al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.