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La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde que ha integrado una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros, por parte de Genaro García Luna.

Indicó que a dicha carpeta ha incorporando las investigaciones y las pruebas que han diligenciado las autoridades de los Estados Unidos, donde este martes fue detenido el exfuncionario federal.

La FGR señaló que pondrá a disposición las probanzas que las autoridades estadounidenses soliciten legalmente con el objetivo de fortalecer ambos procedimientos.

Enfatizó que una vez que la carpeta de investigación termine de integrarse, se le solicitará al Juez de Control competente la orden de aprehensión con fines de extradición en contra de esta persona.

Añadió que la documentación correspondiente se hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumpliendo así los requisitos legales que habrán de presentarse ante las autoridades de EUA para obtener la extradición correspondiente.

Y es que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido este martes en Texas, Estados Unidos. La Fiscalía de los Estados Unidos indicó que la detención responde a los delitos de «conspiración con el narcotráfico y falsas declaraciones».

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon detalló que el trabajo de los agentes del FBI en Chihuahua para indagar el asesinato de la familia LeBarón en Chihuahua será únicamente de acompañamiento con la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario federal consideró que es de importancia la colaboración entre la FGR y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la indagación, ya que se esperan estudios sobre el uso de armas que provienen de Estados Unidos.

“Para la Fiscalía es muy importante por todas las armas que ahí están, que aparecen ahí, y supongo que por eso también le interesó a la Fiscalía, lo vio positivo, invitarlos a que nos acompañen”, dijo el canciller.

En conferencia de prensa, detalló que desde 1994 se estableció un convenio con el gobierno de Estados Unidos para el intercambio y asistencia jurídica.

“México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Es una iniciativa que México tomó. ¿Por qué tomamos esa iniciativa? Porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiéramos que en este caso el FBI tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos, el más reciente, el caso de El Paso”, comentó.

Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que será la FGR la que coordine las tareas que los agentes del FBI realice en Chihuahua.

Las limitaciones que tendrá el FBI en México serán que sus agentes no podrán estar armados, y deberán informar a la FGR sobre diligencias que requieran hacer en el territorio.

El senador Emilio Álvarez Icaza presentó una ampliación de la quinta denuncia contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la concesión del Viaducto Bicentenario a la empresa Aleatica, antes OHL, que involucra al extitular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.

El senador acudió hoy a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para anexar al expediente de la denuncia la respuesta a una solicitud de información en la que la SCT niega que haya otorgado concesión alguna.

La denuncia fue interpuesta en agosto de este año, pues al tratarse de una vía de comunicación del dominio público de la Federación no puede ser explotada, utilizada o aprovechado sin que exista autorización, licencia o concesión entregada por el gobierno federal.

De acuerdo con integrantes de la iniciativa Ahora, la última denuncia se interpuso por la compra a sobreprecio de 20 millones de dólares de maquinaria que se adquiriría con cargo al Viaducto Bicentenario, pero finalmente se compraron con cargo al Circuito Exterior Mexiquense en 2009.

Este sobreprecio, indicaron, podría significar el pago de un soborno a través de una empresa vinculada al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

En la ampliación del expediente, se pide que la FGE siga con las investigaciones, pero que a la luz de la declaración de la SCT acerca de la negación de entrega de concesión, el caso se judicialice.

Álvarez Icaza sostuvo que se pondrá al tanto a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que den seguimiento al caso.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por el presunto desvío del 75% de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.

“En el párrafo segundo del artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 215 sobre abuso de autoridad o aquél que sea aplicable se presentó denuncia contra Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público y Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural por el presunto desvío de fondos de los programas etiquetados”, indicaron los legisladores.

Los panistas detallaron que presentaron como pruebas de su denuncia, los siguientes documentos: un video de la comparecencia del titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, el primer y segundo informe trimestral (Cuenta Pública) de la secretaría.

La diputada Marcela Torres Peimbert recordó que, en la comparecencia del titular de la Sader, en la Cámara de Diputados, éste reconoció que sólo se han ejercido 900 millones, de los cuatro mil millones de pesos que se aprobaron para el presente año, para el Programa Crédito Ganadero a la Palabra.

Por su parte, la diputada Gloria Romero León refirió que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que la SHCP y la Sader, se tienen que circunscribir a lo que está presupuestado, pero “vemos con temor que los subejercicios se vayan a la bolsa discrecional que puede ejercer el Presidente de la República”.

La diputada Ángeles Ayala Díaz acusó que “estamos ante un gobierno federal que no tiene transparencia, al no presentar cuentas claras a las y los ciudadanos, y ante el subejercicio de los recursos necesarios para la alimentación de todas y todos los ciudadanos”.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un posicionamiento respecto a la decisión del magistrado Ricardo Paredes Calderón del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, quien ordenó reponer el procedimiento en contra de Rosario Robles.

Dicha reposición le permitiría a Robles Berlanga obtener su libertad y seguir el proceso fuera del penal de Santa Martha Acatitla, donde lleva dos meses recluida.

La FGR señaló que el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la falsedad de un imputado, al señalar su domicilio, constituye una presunción de riesgo de fuga y, por lo tanto, procede la prisión preventiva justificada, medida que se le impuso a Robles.

“Cuando ese imputado ha declarado falsamente ante un Juez Federal, que ha habitado los últimos veintidós años de su vida en un domicilio, y con pruebas públicas irrefutables se demuestra que esa afirmación es falsa, el peligro de sustracción y la necesidad de la prisión preventiva es justificada y obligatoria por ministerio de ley. Si, además en este caso, el máximo de la pena de los delitos patrimoniales que más han agraviado a la población más necesitada de esta nación es de veintiún años; todos estos elementos obligan a ratificar la decisión del Juez que determinó la prisión preventiva justificada, la cual está impidiendo el encubrimiento y la impunidad de quienes posiblemente se coludieron en esta maquinación”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía indicó que su posicionamiento llega debido a que el equipo defensor de la exsecretaria federal ha declarado falsamente y de manera constante ante los medios, descalificando dolosamente los documentos legales y ratificando las declaraciones falsas de su clienta.

Durante la parte de la conferencia en que estuvo presente debido al viaje que realiza, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un par de temas coyunturales: la consulta ciudadana que se celebró este fin de semana en Baja California y las denuncias presentadas en contra del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps,

López Obrador confirmó que existen denuncias en contra del líder sindical en el Fiscalía General de la República (FGR). Indicó que será Romero Deschamps quien sepa cómo responder a las denuncias presentadas, aunque dijo, no habrá persecución alguna, además de que reiteró que el proceso se seguirá en apego a la legalidad y tomando en cuanta los elementos de prueba que existen.

En ese sentido, garantizó que el gobierno no intervendrá en la vida interna del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), pues en caso de que Romero Deschamps decida renuncIar para enfrentar las denuncias, “nosotros no vamos a quitar a un dirigente para poner a otro, es un asunto que tienen que resolver los propios trabajadores”.

En otro tema el mandatario aseguró que no se meterá en el tema de la llamada #LeyBonilla, que pretende ampliar el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Señaló que hay procedimientos legales para que quienes la aprobaron puedan retractarse.

Lamentó que se haya llegado “al extremo” de que el documento de la ley está “traspapelado en el Congreso del estado y no la encuentran para publicarla, que es la condición para ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esta resuelva conforme a Derecho”.

El Ejecutivo federal lamentó que algunos pretendan que el presidente intervenga en el tema, pues reiteró que se acabaron las “concertacesiones y el dedazo” de “conservadores hipócritas del pasado”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este lunes que la instrucción que le ha dado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) todos los expedientes relacionados con la investigación contra exfuncionarios, en especial, hizo referencia a al proceso de Rosario Robles.

Cuestionado sobre los reportes de una supuesta venta de terrenos a la extitular de Sedesol y Sedatu, López Obrador dijo que la instrucción que tiene el titular de la UIF, Santiago Nieto, en este y en todos los casos es que presente a la Fiscalía todas las pruebas.

El mandatario señaló que es muy importante que se sepa que todos los servidores públicos tienen la instrucción de no guardar o archivar ningún expediente, porque serían “encubridores”.

Agregó que cada vez que le entregan un expediente sobre algún hecho delictivo instruye que sea entregado a la Fiscalía y se le dé curso. “Es una directriz general y es la FGR la que decide”, señaló.

El mandatario habló del tema luego de una pregunta sobre la supuesta venta de terrenos federales y reservas territoriales a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana en su conferencia de prensa matutina, que no hay una confabulación de las instituciones para perjudicar a la exsecretaria federal en la pasada administración, Rosario Robles, quien es acusada de ejercicio indebido del servicio público.

Luego de que la exfuncionaria diera a conocer una carta a través de sus familiares en la que pide al mandatario un juicio justo y le cuestionara la supuesta “saña” en su contra, López Obrador subrayó que en su gobierno no se persigue a nadie ni se fabrican delincuentes.

El mandatario lamentó la situación que enfrenta quien fuera la primera jefa de gobierno de la capital del país y subrayó que no está en sus manos detener procesos que ya están en curso por denuncias presentadas con anterioridad.

“Lamento mucho todo esto, nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie; lo dije desde mi toma de posesión: no es mi fuerte la venganza; no podemos detener proceso en curso, iniciados”, dijo AMLO.

Añadió que eso corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), “que es autónoma, independiente, no depende del presidente”, además de que hay participación del Poder Judicial de la Federación, que también es un órgano autónomo e independiente.

El Ejecutivo federal afirmó que el dictamen de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que inhabilita a Robles Berlanga por un periodo de 10 años para ejercer cargos en la administración pública federal por falsear su declaración patrimonial, es un trámite administrativo y no implica una decisión judicial.

“A nadie se le fabrican delitos, eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia. Eso era antes, cuando a los adversarios, a los que consideraban enemigos, los destruían creándoles, fabricándoles delitos, eso se había hasta hace poco y se hizo durante mucho tiempo en los gobiernos anteriores, nosotros no actuamos de esa manera”, puntualizó.

Recordemos que la exfuncionaria lleva más de un mes recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Este lunes, la Fiscalía General de la República detuvo a José “R” y José “V”, a quienes se les relaciona con el abogado Juan Collado, en en Matehuala, San Luis Potosí.

Los detenidos “son posibles participantes en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo la FGR a través de un comunicado.

La orden de aprehensión correspondiente, de acuerdo con la fiscalía, fue emitida el 0 de julio pasado por el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte.

Después de un largo seguimiento, miembros de la Policía Federal Ministerial (PFM) localizaron a los imputados en Matehuala, donde se les certifica médicamente para trasladarlos al penal correspondiente.

Con esta aprehensión se han cumplimentado tres mandamientos judiciales en contra de los principales posibles involucrados en estos hechos.

Collado es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) confirmó que atrajo la investigación del ataque ocurrido en un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que perdieron la vida al menos 28 personas.

La división, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que para atender los hechos, se movilizaron al lugar de los hechos a agentes del Ministerio Público Federal (MPF), así como peritos especializados y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), para realizar las diligencias correspondientes.

En relación a Ricardo “R”, a quien el gobierno estatal ha señalado como uno de los posibles autores del ataque, la SEIDO indicó que personal de la Fiscalía de Asuntos Internos ya se encuentra en las instalaciones de la subdelegación de Coatzacoalcos para deslindar y establecer las responsabilidades que procedan, con motivo de las detenciones y puestas a disposición de este individuo, realizadas por la Secretaría de Marina Armada de México en los meses de julio y agosto de este año, por probables delitos de narcomenudeo.

Y es que recordemos que hay un cruce de declaraciones entre el gobierno estatal y la fiscalía local, sobre quién dejó en libertad a Ricardo “R”, alias “La Loca”.

En ese sentido, la FGR dijo que hasta el momento no se cuenta con pruebas que permitan establecer con precisión y en forma indudable su participación en los hechos ocurridos, y en caso de que así suceda, se dará a conocer de manera inmediata.

El Gobierno Federal informó esta tarde que, La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del ataque al bar ‘Caballo Blanco’, en Coatzacoalcos, Veracruz, que dejó un saldo de al menos 28 muertos y 11 heridos.

Las autoridades federales informaron este miércoles que como lo solicitó más temoprano el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dicha atracción se ejerció en forma total, es decir, tanto los posibles delitos federales como los del fuero común, incluidos los de homicidio y lesiones.

Explicaron que desde la noche del martes el personal de la FGR trabaja para esclarecer los hechos, en principio sobre el tema pericial y ahora ya en la investigación completa del caso.

Al personal de la delegación de la FGR en Veracruz que está en el lugar se sumará un equipo de la SEIDO que será enviado desde la Ciudad de México para continuar con las investigaciones.

La noche del martes un grupo de sujetos irrumpió en el bar White Horse (Caballo Blanco), ubicado en calle Román Marín número 1408, casi esquina con Ignacio Zaragoza, colonia Palma Sola.

Tras amagar al personal, dispararon y prendieron fuego al lugar donde había al menos 40 personas, entre ellos empleados del lugar (bailarinas, meseros, cantineros y vigilantes), así como clientes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la detención de Carlos Ahumada en Argentina, a quien el fin de semana se informó, un juez liberó al considerar que el caso por no era procedente ya que la defensa del mexicano presentó las pruebas necesarias para aclarar los señalamientos en su contra.

“Sí, miren, quiero dejar también de manifiesto que no hay consigna para perseguir a nadie, lo acabo de mencionar, todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto y sobre todo no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie, no tienen por qué haber parcialidad, represalias”, comentó AMLO.

Recordó que fue el mismo Ahumada, quien confesó en su momento, que se reunió con Carlos Salinas y con Diego Fernández de Cevallos para perjudicarlo.

Pese al daño que se le hizo, López Obrador dijo que no tiene ningún propósito de vengarse de nadie, ni siquiera de del propio Carlos Salinas.

Volvió a acusar que Salinas es el padre de la desigualdad moderna, aún as´si, “nada de rencores, nada de venganza”.

Sobre cómo se está conduciendo el caso, AMLO dijo que es un asunto que está atendiendo la Fiscalía General de la República.

Señaló que durante la reunión de seguridad de esta mañana, pidió a todas las instancias judiciales que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva, y que si hay denuncias en curso se de curso a todas, sin distinción. Dijo que pidió que no se vaya a caer en el error de actuar como antes, que sólo se perseguía y se encarcelaba a los adversarios o a los que caían de la gracia del presidente.

A través de un comunicado, La Fiscalía General de la República confirmó que este viernes que fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el empresario, Carlos Ahumada.

La Fiscalía indicó: ” Este día, en el puerto internacional “Aeroparque Jorge Newbery” de Buenos Aires, Argentina, fue detenido por la Policía Federal de ese país, a través de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones (INTERPOL ARGENTINA), el señor Carlos “A”, junto a una cantidad en efectivo de dólares americanos y pesos argentinos.

Lo anterior ocurrió en razón de la Ficha Roja solicitada por INTERPOL MÉXICO, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), con motivo de una defraudación fiscal que probablemente cometió en contra de la Hacienda Pública de nuestro país, por la cantidad de un millón 472 mil 236 pesos, por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) que debió haber enterado y no lo hizo.

Esta investigación se inició en 2016 y fue retomada por esta administración, con lo cual se logró la detención preventiva a través del Sistema INTERPOL, en razón de lo cual se iniciará de inmediato el proceso de extradición.”

Según los primeros reportes, al momento de su detención a Carlos Ahumada se le encontraron alrededor de 100 mil dólares en efectivo

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados hizo un llamado a que el proceso penal en contra de la exsecretaria federal, Rosario Robles, no atienda venganzas políticas, y la justicia se mantenga imparcial.

Recordaron que la bancada panista denunció con anterioridad acciones de opacidad, corrupción y los desvíos en los fondos en los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“El 16 de octubre del año pasado, la entonces secretaria compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados y ahí, frente a ella, se le mencionaron las irregularidades que se presumía existían en su gestión, así como el hecho de que se mantuviera el halo protector de la impunidad”, señalaron los legisladores.

Señalaron que se dará seguimiento al proceso contra la excolaboradora del sexenio pasado, con el propósito de que a Rosario Robles no se le vulneren sus derechos humanos y el debido proceso.

Pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe con autonomía y sin dejar de fincar las responsabilidades que se comprueben llegue hasta las últimas consecuencias y sobre todo la impartición de justicia.

Por su parte la diputada de Morena, Dolores Padierna, confió en que la FGR aportará todas las pruebas del delito imputado a la extitular de Sedatu dentro de los dos meses que se le dictaron de prisión preventiva justificada.

“Hay que investigar a fondo para que esa sonrisa de ‘Rosario, no te preocupes’ sí tenga de que preocuparse. Ahora se tiene que rendir cuentas a las responsabilidades a las que uno tiene lugar. El servicio público es para servir al pueblo, nada más. Si alguien quiere llegar al servicio público para servirse de él será sancionado”, señaló la legisladora.

Padierna Luna consideró que las autoridades deben recuperar los recursos públicos que fueron desviados en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

La diputada morenista refirió que los abogados de Robles Berlanga declararon que ella informó a su sucesor en Sedesol, José Antonio Meade, sobre las anomalías detectadas en la dependencia, por lo cual la FGR debe abrir una línea de investigación al respecto.

La defensa de Rosario Robles Berlanga, quien fu vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y por ello trasladada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, aseguró que aunque se trata de una persecución política, cuentan con todos los recursos necesarios para demostrar la inocencia de la exfuncionaria.

Luego de más de 12 horas de audiencia, Alejandro Olea, uno de los abogados de la exsecretaria federal, dijo que su clienta es una presa política y que la Fiscalía General de la República (FGR) no tuvo la capacidad jurídica y moral para rebatir las pruebas presentadas.

“Nos encontramos ante un Tribunal del Estado; los hechos, pruebas y leyes no fueron parte del debate y de la imputación de la defendida; estamos ante una violación grave de la presunción de inocencia de Rosario Robles y de una violación grave al debido proceso”, dijo el abogado.

Aseguró que su clienta tiene todos los recursos necesarios a su alcance y que los harán valer desde este momento y empezar a trabajar en combatir las dos resoluciones, porque son ilegales y contrarias a Derecho y a los tratados internacionales de los que México forma parte.

“Evidentemente no esperábamos esta resolución porque exhibimos y desahogamos todos los datos de prueba y de investigación que acreditan la inocencia de Rosario Robles”, expresó.

Afirmó que la Fiscalía no pudo realizar manifestaciones jurídicas para rebatir la teoría de la defensa y un “juez de consigna” determinó una prisión preventiva justificada con fundamentos meramente subjetivos.

Por su parte Julio Hernández Barros, otro de los abogados de la exfuncionaria, dijo que se encontraron con un Tribunal de Estado pues se violó el debido Derecho y la presunción de inocencia, ya que aunque se entregaron las pruebas, estas no fueron tomadas en cuenta por la FGR.

“Esta resolución fue un acto de crimen a la justicia, de asesinato a la ley, victimizaron a la Constitución, ella es inocente”, sostuvo tras afirmar que el juez puso palabras en boca de su defendida y no lo que consta en el acta de entrega de Robles Berlanga.

“Realmente estamos ante una persecución, ante una presa política que podríamos calificarla ya a ese grado; ella es un chivo expiatorio que quieren tanto el gobierno federal y otros personajes de la política pública, aquí estamos y seguiremos dando la cara”, puntualizó.

Durante su segunda comparecencia, un juez vinculó a proceso a Rosario Robles, exsecretaria federal en el sexenio pasado, por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol.

El juez ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, para que se concluya la investigación complementaria.

En la audiencia, que duró cerca de 12 horas, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el sexenio pasado.

Y es que recordemos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario cuando estuvo al frente en la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol), en la llamada Estafa Maestra.

El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria, aunque señaló que en caso de necesitar más tiempo, se podrá solicitar.

El agente del Ministerio Público federal solicitaba seis meses de prisión preventiva justificada argumentando riesgo de que la exfuncionaria se sustraiga de la justicia, por no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México, entre otras razones.

Las acusaciones que recaen en la exfuncionaria podrían significarle una pena de hasta 23 años de prisión.

Rosario Robles pidió al juez seguir el proceso en libertad y no en prisión justificada. Recordó que se ha presentado de manera voluntaria y que, aunque estaba fuera del país, regresó para enfrentar el proceso que se le sigue. Recordó que vive desde hace 24 años en la misma casa, “soy una mujer que he vivido de mi trabajo”, y rechazó que en su caso haya riesgo de fuga.

Tras afirmar que siempre ha luchado por el debido proceso, por la presunción de inocencia, expresó: “Entiendo el apetito del Ministerio Público, porque varios que han querido procesar están sustraídos de la justicia”.

Sin embargo, el juez federal determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para evitar una posible fuga durante el tiempo que dure el proceso.