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Luego de las acusaciones que el gobierno federal hiciera a través del director de la CFE sobre diversos ex funcionarios que han pasado a laborar en el servicio privado tras haberse desempeñado como funcionarios públicos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emitió un posicionamiento.

La Confederación indicó que el desarrollo del país requiere el mejor talento humano disponible en los sectores público y privado, en los niveles operativos, técnicos y directivos, por lo que insistieron en que el talento debe transitar con libertad entre los sectores privado y público.

Reconocieron que la facilidad de la incorporación del talento proveniente del sector público al sector privado favorece la conducta de integridad en los funcionarios públicos, al propiciar su empleabilidad inmediata.

Advirtieron que las vedas prolongadas y generales para desempeñarse en el sector privado pueden dificultar el reclutamiento profesional de talento para el sector público. Sin embargo reconocieron que si algún ex funcionario que hoy colabora en una empresa privada ha violado la ley, debe actuarse conforme a derecho.

“Es preocupante que desde el gobierno federal se lancen en los medios de comunicación acusaciones genéricas sobre personas, sin aportar pruebas concretas de qué delitos o actos de corrupción se imputa a dichos ex funcionarios”, dijo la Coparmex ante la información dada en las conferencias matutinas del presidente López Obrador.

Insistieron en que no debe ser descalificado un ex funcionario por el solo hecho de ahora trabajar en el sector privado, en un área vinculada a su conocimiento y experiencia previa en la administración pública.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió este viernes la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario público podrá ganar más que el Presidente de la República.

La suspensión de la Ley se derivó a la acción de inconstitucionalidad que Senadores de oposición (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) interpusieron ante la corte, misma que fue admitida por el ministro Alberto Pérez Dayán.

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”, indicó el ministro.

Debido a que existe una segunda acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la suspensión estará vigente hasta que el pleno de la SCJN analice los recursos. Se prevé que dicha revisión se de los primeros meses del próximo año.

Los denunciantes indicaron que con la Ley podía generar un daño irreparable a los servidores públicos.

Ahora, la Cámara de Diputados deberá tomar en cuenta para la elaboración de los presupuestos 2019, los ingresos de los altos funcionarios antes de los límites que conllevaba la Ley de Remuneraciones que recientemente se aprobó, y que fueron planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que desde el periodo de campaña, López Obrador indicó que en caso de llegar a la Presidencia, ganaría 40% menos que lo que percibía el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Tan pronto resultó ganador de la elección presidencial, anunció que su sueldo sería de 108 mil pesos, por lo que dicha cantidad sería el tope para el sueldo de los funcionarios públicos.