El colectivo ‘Seguridad Sin Guerra’ reconoció las propuestas que han hecho Alfonso Durazo y Olga Sánchez Cordero, futuros integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia de seguridad, aunque indicaron que aspectos como la Guardia Nacional y la Ley de Seguridad Interior podrían obstaculizar la construcción de paz.

A través de un comunicado firmado por decenas de asociaciones y miembros de la sociedad civil, hicieron un llamado al virtual candidato presidencial electo a la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, así como a no permitir que las fuerzas armadas estén en las calles,  y por el contrario impulse una estrategia integral de seguridad.

Indicaron que lo que Andrés Manuel López Obrador ha expresado en los últimos días, respecto a iniciar un proceso de reconciliación en el país, debe traducirse en la construcción de una agenda para la paz con la participación de las víctimas de la grave crisis de derechos humanos, académicos, especialistas y quienes formarán parte del nuevo gobierno y el próximo Congreso.

Reconocieron las propuestas de Alfonso Durazo, quien ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública, sobre que se capacitará a las policías, se mejorarán sus condiciones socioeconómicas y se elaborará un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública. Adicional saludaron la propuesta de la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre despenalizar la siembra, trasiego y uso lúdico de cannabis.

“Vemos con preocupación la existencia de obstáculos que pueden comprometer la construcción de paz. Uno de ellos es la promesa de campaña para crear una Guardia Nacional, que pudiera ir en contra de la desmilitarización de la seguridad pública; así como la vigencia de la Ley de Seguridad Interior. Tanto en la transición, como al inicio de la siguiente legislatura, es posible superar esos obstáculos de la mano de la sociedad civil, para comenzar el proceso de reconciliación y paz a partir del 1 de diciembre”, indicó el colectivo.

Señalaron que la Ley de Seguridad Interior, vigente desde el pasado 18 de diciembre no contribuye a la paz y su simple existencia amenaza e inhibe el ejercicio de derechos humanos.