Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron un dictamen mediante el cual se expide una nueva Ley General de Población por medio de la cual se propone reformular la Clave Única de Registro de Población (CURP) para que sirva como identificación.

El dictamen fue aprobado por la Comisión de Gobernación, con ocho votos a favor y siete en contra; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, lo aprobó con siete votos a favor y cinco en contra.

La nueva Ley establece que el Consejo Nacional de Población (Conapo) será el órgano colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política de población del país.

Plantea que todos los y las ciudadanas tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener la nueva CURP con fotografía, la cual servirá como un documento oficial de identificación, pues será prueba suficiente sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.

De acuerdo con el proyecto, la CURP con foto contendrá nombre y apellidos; Clave Única de Registro de Población; fotografía del titular; lugar de nacimiento; fecha de nacimiento; firma y huellas dactilares.

Entre los cambios señala que deberá renovarse a más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de 15 años.

Morena y aliados, quienes impulsaron la Ley y el cambio de la CURP sostienen que la propuesta está encaminada a afrontar los retos que impone la actual realidad demográfica, dado que tiene un enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto; además de que se buscan reducir los riesgos y potenciar los beneficios del cambio en la estructura por edad y el envejecimiento de la población, dado que con la información estadística y sociodemográfica con enfoque prospectivo que se genere, se podrán generar políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno y así favorecer un envejecimiento saludable, activo y productivo.

Sin embargo, la oposición ha señalado que la propuesta podría representar un peligro en cuanto al uso de datos personales, pues alertaron que se podrían compartir  dicha información con dependencias con fines electorales, entre otros.

Algunas organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron el peligro de que el gobierno tenga una base de datos de huellas dactilares, pues recordemos que la base estaría en manos de la Conapo que depende de la Secretaría de Gobernación.

En ese sentido, la senadora Claudia Anaya del PRI, dijo que si bien la ley se tiene que modernizar, se debe hacer bajo los nuevos preceptos constitucionales en materia de protección de datos personales y de proporcionalidad de requerimientos de la información, “porque si no están en el supuesto en el que nos encontramos y todos los artículos que se trajeron de la ley vigente a la nueva propuesta deben ser revisados”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, expresó que la recopilación de los datos biométricos implica una serie de gastos que en el documento no se prevén, “entonces no entiendo cómo se van a recopilar, lo que va a provocar es que sea una ley inoperante por cuestiones técnicas y presupuestarias”.