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Ante la polémica que se ha generado en torno a los nuevos libros de texto gratuitos que el gobierno federal revisó y rediseñó, la oposición ha solicitado a las autoridades encargadas detener la distribución de los materiales, debido a los errores que presentan, la desaparición de contenidos y la ideología que transmiten.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que detenga la distribución de libros de texto para primaria y secundaria del ciclo escolar 2023-2024 y acate la orden judicial que se le dio a la SEP.

El panista consideró que México está viviendo una de las mayores tragedias de su historia en materia educativa, la cual dijo es provocada por un gobierno “que no quiere un pueblo preparado, pero sí adoctrinado para poderlo manipular y que odia la ciencia y la cultura”.

El líder político acusó que el gobierno no quiere que los estudiantes aprendan cosas que necesitan para superarse en su vida profesional, esto al recordar que se desecharon materias como matemáticas y ciencias y busque que las escuelas se conviertan en un campo de adoctrinamiento y “en templos de adoración de López Obrador y su visión política”.

Asimismo, reprobó que en la elaboración de los libros de texto no se tomó en cuenta la opinión de las madres y padres de familia y se pretenda imponer una visión sobre la sexualidad de la infancia.

Cortés Mendoza aseguró que como ha sido característica de este régimen, el gobierno violó un amparo y un mandato judicial y mandó a imprimir los libros de texto, los cuales presentan errores de todo tipo, pero sobre todo “un peligroso contenido ideológico y grandes mentiras públicas”.

Y es que recordemos que la jueza Yadira Mena, titular del juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, fijó el lunes pasado un plazo de 24 horas para que la  SEP sometiera a consultas previas y cumpla otros requisitos legales, para rediseñar los libros de texto gratuito.

La decisión llega tras el amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), contra la impresión de los libros de texto gratuitos del próximo ciclo escolar al sostener que fueron diseñados sin consulta a la comunidad educativa y sin ninguna base pedagógica.

“Los resultados de los libros de texto son desastrosos, presentan errores de redacción y sintaxis, no hay un abastecimiento de aprendizaje que les permita a las y los estudiantes enriquecer su conocimiento, sólo habrá dos libros que concentrarán la mínima información y así, se está poniendo a prueba a los profesores que, sobre la marcha del ciclo escolar, improvisan ante los problemas del sistema educativo”, dijo por su parte el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

El perredista afirmó que una vez más el gobierno está atentando contra las niñas , niños y jóvenes en su desarrollo; recordó que hay deficiencias graves en el sistema educativo en México que afectan a las y los alumnos en su aprendizaje.

Acusó que las autoridades responsables, la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y el director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, han sido omisos ante lo estipulado por la jueza Mena, y alertó que ya han sido repartidos los materiales para este nuevo ciclo escolar que comienza la última semana de agosto.

“Es necesario que estos libros sean revisados y diseñados correctamente para que las y los alumnos reciban el mayor aprendizaje, que la opinión de maestros, de especialistas en el tema sea tomada en cuenta. También es necesario que la titular de la SEP, Leticia Ramírez y Marx Arriaga respeten lo estipulado por la Jueza Mena, es por el bien de las y los estudiantes”, remató Zambrano.

En tanto, la diputada Ana Lilia Herrera del PRI, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados, aseguró que al eliminar contenidos esenciales de los libros de texto gratuitos, “se le roba una educación con futuro a las niñas, niños y adolescentes de México”.

La legisladora afirmó que en el proceso de elaboración, impresión y distribución de los libros de textos “se está pasando por encima de la ley, y apuntó que “han sido creados desde el hermetismo y la opacidad, como si fuera un secreto de máxima seguridad”.

“Robar contenidos de matemáticas, lectoescritura y ciencias afecta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra niñez, afecta su desarrollo cognitivo, limita el pensamiento lógico y quita la posibilidad de contar con las herramientas que el día de mañana les permitan integrarse a un mundo cada vez más complejo y tecnologizado”, subrayó la priista.

Finalmente, la diputada Carolina Viggiano del PRI agregó que, desafortunadamente, para la actual administración federal los niños y niñas no han sido prioridad en ningún aspecto, y ahora su formación va en un “retroceso peligroso.

“Mientras el mundo avanza a partir de la ciencia, de la tecnología, de los grandes cambios que nos impone el mundo, en México tenemos todo circunscrito a una ideología, todo circunscrito a la opacidad”, remató.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó este lunes los señalamientos hechos por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien el pasado viernes afirmara que el actual sistema “es un atraco contra el pueblo de México”, esto, en medio del debate de la polémica reforma eléctrica del presidente López Obrador.

En sus declaraciones, Bartlett amenazó con cancelar los contratos de los privados y rechazó indemnizarlos si se aprueba la reforma, que limita a 46% la participación privada en la generación eléctrica.

“Con las recientes declaraciones es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales”, manifestó el CCE en un comunicado.

Y es que los choques entre el empresariado y el gobierno federal se han incrementado desde que el presidente envió el pasado 1 de octubre al Congreso una iniciativa de reforma eléctrica, que revierte la apertura del sector a la inversión privada que inició en 2013.

El CCE ha alertado de que inversionistas acudirán a paneles internacionales para proteger los cerca de 44,000 millones de dólares de inversión que consideran en riesgo de confiscación o expropiación indirecta. Así, los empresarios pidieron al gobierno no caer en “la provocación” ni “la polarización”.

“Los ciudadanos queremos impedir que desde el gobierno arbitrariamente se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquiera lo haga”, sostuvo el CCE.

Recordemos que desde que asumió el poder en 2018, López Obrador se ha opuesto a la reforma energética de Peña Nieto, que abrió el sector a las empresas privadas, a las que acusa de “saqueo” y de ver a México como “tierra de conquista”.

En respuesta, en Conejo dijo que utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de derecho es realmente un ataque contra todos. Sostuvo que es un atentado contra el sistema que tantos años ha costado construir y contra los preceptos legales que protegen a todos los mexicanos de la arbitrariedad del autoritarismo.

“El propio Estado de Derecho no es inamovible, y proporciona los medios para defender cualquier idea y proponer las novedades que se quieran introducir en nuestro sistema constitucional. El problema es que respetando las normas de hoy, estas declaraciones y propuestas no tienen cabida. Reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad”, indicó el CCE.

La cúpula empresarial pidió “un voto sustentado y responsable” al Congreso, donde tanto el bloque afín al gobierno como la oposición han prometido un parlamento abierto ante la falta de consensos para alcanzar la mayoría calificada que permitirá la eventual aprobación de la iniciativa.

“No a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva”, remató el CCE.

El CEN del PAN cuestionó a la Federación sobre una posible intromisión de Morena y sus ideales en contenidos que tienen los medios públicos a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Gobierno.
De acuerdo con Wendy González Urrutia, presidenta del Consejo Consultivo del Comité Ejecutivo, existe un claro indicio por malversación de recursos en señales y plataformas del Estado.
Acusó que Morena busca persuadir en las ideologías políticas que tienen los mexicanos, lo cual resulta preocupante y el INE debe intervenir ya.
Criticó que en espacios creados para difundir contenidos culturales-académicos, como es la señal de Canal Once o en medios como Notimex, se presenten trabajos a favor del interés particular de un partido.
Citó el caso de la actriz Blanca Salces, quien hace unos días improvisó un breve monólogo de corte “neoliberal” en la señal del Instituto Politécnico Nacional, lo cual resulta adverso a la misión de transmitir parrillas educativas.
González Urrutia se refirió también a lo sucedido hace meses en Notimex, donde la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, utilizó la plataforma informativa para promocionar una pieza musical interpretada por ella, lo cual trasgredió el espíritu de la agencia.
De acuerdo con la panista, se trata de dos hechos similares en donde los titulares de estos organismos públicos cayeron en omisiones directas, al dar visto bueno a la difusión de estos contenidos que impulsan la visión de Morena como Gobierno.
“Es un golpazo a la radiodifusión pública y un deterioro a la libertad de expresión; me parece que los periodistas serios no merecen esta falta de respeto a su carácter de independencia periodística, la cual la 4T vulnera y busca acotar”.
Wendy González pidió a los directores de Canal Once y Notimex informar ante la opinión pública sobre posibles presiones políticas del Gobierno federal o actores de Morena, para incluir o transmitir contenidos con orientación izquierdista con objeto de permear en la percepción social, lo cual es un error con consecuencias administrativas.
La dirigencia del partido solicitó a sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión explorar la opción de citar a comparecer a José Antonio Álvarez Lima y a Sanjuana Martínez, a fin de conocer a detalle sus planes de trabajo.

Luego de que el PAN denunciara a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y al Partido Encuentro Social  (PES), por las supuestas expresiones de carácter religioso durante su discurso de toma de protesta como candidato a Presidente de la República de dicho partido, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió que el discurso fue de carácter ideológico y no religioso.

 

En su demanda, Acción Nacional argumentó que el discurso de AMLO fue religioso, con lo que pretendía influir en el electorado que profesa la religión católica, y ante lo cual se afectaba la separación Estado-Iglesia.

 

Sin embargo, el TEPJF informó que tras el análisis de la toma de protesta y las expresiones utilizadas, determinaron que se trató de un discurso de carácter ideológico y de compromiso, en donde realiza citas de diversos autores y libros, y las referencias bíblicas se dan desde el punto de vista filosófico para hacer referencia a los principios que desde su visión debe tener el gobierno, por lo que su toma de protesta y expresiones se dieron en un contexto razonable sin que se afecten los principios del Estado laico.

 

En otro asunto, sobre la denuncia que el PRD interpuso contra López Obrador, Radio AMLO y Morena, por realizar actos anticipados de campaña en el país y en el extranjero, al difundir en la cuenta @radioamlo de Instagram, y en otras redes sociales y periódicos digitales, un cartel en el que se le promueve como posible candidato a la Presidencia de la República, derivado de su participación en un evento en Londres, el pleno del Tribunal consideró que tal difusión estuvo dentro de los límites permitidos por la ley.

 

Indicaron que el cartel se publicó de manera esporádica y se encuentra protegido por las libertades de expresión, difusión e información. También se determinó que las notas de los periódicos electrónicos se realizaron como parte de su labor periodística. Por lo tanto, determinaron que no se puede decir que Morena incumplió con su deber de cuidado.