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El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se enfrenta a un nuevo desafío legal, esta vez con cargos por retención ilegal de documentos clasificados, obstrucción y otros delitos que se espera que se revelen la próxima semana en un tribunal federal de Miami.

La imputación de un exmandatario por cargos federales no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos y se produce en un momento en que Trump es también el favorito de su partido para la nominación presidencial republicana el próximo año.

Trump se enfrenta a siete cargos penales relacionados con el tratamiento que dio al material sensible del gobierno que se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021, según una fuente conocedora del asunto.

Hace casi un año, los investigadores incautaron cerca de 13,000 documentos en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Cien estaban marcados como clasificados, a pesar de que uno de los abogados de Trump había dicho con anterioridad que todos los registros con marcas clasificadas habían sido devueltos al gobierno.

Trump dijo previamente que desclasificó esos documentos mientras era presidente, pero sus abogados se han negado a presentar ese argumento en las audiencias judiciales.

“¡SOY UN HOMBRE INOCENTE!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, después de anunciar la acusación.

El abogado de Trump, Jim Trusty, dijo a la cadena CNN que los cargos incluyen conspiración, declaraciones falsas, obstrucción a la justicia y retención ilegal de documentos clasificados bajo la Ley de Espionaje.

Dijo que espera ver el documento de acusación el martes, cuando Trump debe comparecer ante el tribunal.

Se trata del segundo caso penal para Trump, que será juzgado en Nueva York en un caso estatal derivado de un pago de dinero por silencio a una estrella del porno.

Los problemas legales de Trump no han mermado su popularidad entre los votantes republicanos, según los sondeos de Reuters/Ipsos.

Trump ha demostrado una extraña habilidad para sortear polémicas que podrían torpedear a otros políticos. Se describe a sí mismo como víctima de una caza de brujas y acusa al Departamento de Justicia de parcialidad.

El Presidente Nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, informó que los abogados del partido se encuentran trabajando en lo que será la defensa legal que emprenderán para evitar que la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tenga alguna influencia negativa sobre la certidumbre y el futuro de todos los mexicanos.

Al reiterar la ilegalidad de la consulta implementada por López Obrador, el dirigente panista expresó su preocupación, porque “lo que mal empieza, mal acaba”.

“El futuro de todo el país está en juego por el capricho de un solo hombre. Lo preocupante es que todavía no toma protesta como presidente y ya ha comenzado a destruir la certidumbre y confianza de las calificadoras y de los inversionistas, que son los que generan empleos en nuestro país. Este es un auténtico caso de traición a la patria”, señaló Torres Cofiño.

El dirigente blanquiazul advirtió que el PAN dará la batalla donde tenga que darla, para frenar el sabotaje que Morena y López Obrador han emprendido en contra del bienestar de todos los mexicanos.

Indicó que si lo que quieren es hacer consultas, se les debe preguntar a los mexicanos cuáles son los temas sobre los que verdaderamente quieren ser escuchados.

Finalmente, reiteró que Acción Nacional apoya las consultas y la participación ciudadana, siempre y cuando estas se realicen en el marco de la legalidad. “Definitivamente, los mexicanos tienen que estar presentes en la toma de decisiones, pero no deben de ser utilizados para tratar de legitimar el capricho de un hombre”.

 

El PRD aseguró que si bien está de acuerdo con la democracia directa y por eso ha impulsado la legalidad de la consulta popular, la iniciativa ciudadana y el referéndum revocatorio, no serán parte de actos ilegales que Morena llevará a cabo con la consulta ciudadana respecto al nuevo aeropuerto.

Sostuvieron que la consulta popular que Morena realizará a partir de mañana en 538 municipios seleccionados y que convoca el presidente electo, es ilegal porque no respeta los requisitos de la Ley Federal de Consulta Popular ni el artículo 35 de nuestra Carta Magna.

“Esa consulta es innecesaria, pues solo servirá para justificar la decisión que ya ha tomado el presidente electo, y que hizo público durante su campaña electoral”, señaló el partido.

Recordaron que en unos días Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será el presidente constitucional de México, por lo que tendrá la suficiente legitimidad para tomar decisiones sobre el futuro económico, político y social del país y con ello decidir invertir recursos públicos en el nuevo aeropuerto, ya sea en Texcoco o en Santa Lucía.

Enfatizaron que la decisión que se tome sobre el proyecto aeroportuario debe justificarse con elementos técnicos y científicos y no a los caprichos de una sola persona.

“Es importante que el presidente electo entienda que la campaña electoral terminó, y que debe respetar su compromiso de reconciliación nacional. Si en verdad quiere reconciliación, deberá abandonar su intención de polarizar a la sociedad mexicana, e iniciar un diálogo nacional respetuoso, para alcanzar acuerdos sociales sobre asuntos de interés nacional”, remató el PRD.