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Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron este miércoles su preocupación por el posible impacto negativo que el Tren Maya pueda tener en los derechos humanos de los pueblos indígenas y en el medio ambiente de la zona.

En un comunicado firmado por 14 relatores de la ONU y otros expertos, se expresó el temor a que la obra de 1,500 kilómetros, con una inversión de 20,000 millones de dólares, ponga en peligro los derechos a la tierra y los recursos naturales, a la cultura y a un medio ambiente sano y sostenible.

También denunciaron que defensores de los derechos humanos que han expresado similares preocupaciones en contra del megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han sufrido amenazas y ataques, así como un acceso muy limitado a tribunales independientes e imparciales.

Los expertos expresaron además su inquietud por el hecho de que el Tren Maya se haya elevado a la categoría de “proyecto de seguridad nacional”, lo que en su opinión “permite derogar la aplicación de salvaguardias ambientales y sociales”.

“Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, afirmaron los representantes de Naciones Unidas.

Uno de ellos, la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, Fernanda Hopenhaym, expresó en la nota su “gran preocupación” por la creciente participación del Ejército en la construcción y gestión del proyecto.

Los expertos pidieron a López Obrador que garantice en este proyecto una participación significativa de las comunidades afectadas, así como mayor transparencia a la hora de evaluar su impacto ambiental y en los derechos humanos “antes de cualquier decisión futura”.

A las compañías multinacionales involucradas en la construcción, los expertos les acusan de “falta de debida diligencia en materia de derechos humanos”.

“Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Mayo”, concluye el comunicado.

Entre los firmantes del comunicado de hoy se encuentran los relatores de la ONU para la libertad de expresión (Irene Khan), para los defensores de los derechos humanos (Mary Lawlor), y para los derechos de los indígenas (Francisco Cali Tzay).

Un grupo de ONG’S enviaron una petición a una instancia ligada al tratado comercial de América del Norte, T-MEC, para que revise las supuestas omisiones en la aplicación de leyes ambientales para la construcción del Tren Maya.

Los peticionarios aseguran que “México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental por cuanto a la evaluación de los impactos ambientales asociados al proyecto del Tren Maya”, que se desarrolla en el estado de Quintana Roo, informó la Comisión para la Cooperación Ambiental (CAA) en un comunicado sobre la solicitud.

Moce Yax Cuxtal, Grupo Gema del Mayab, Jaguar Wild Center, Red de Capacitadores Socio Ambientales, Selvame del Tren, Cenotes Urbanos y diecinueve personas firmaron la petición, en la que hicieron énfasis en las posibles afectaciones que se provocarán en el tramo 5 de la obra, la que ha levantado la oposición de los defensores del medio ambiente debido a las afectaciones que dejará a la zona.

La construcción de ese tramo de 60 km, de los 1,500 km en total del proyecto, situado entre Playa del Carmen y Tulum, fue suspendida en mayo pasado por un juez que consideró que su construcción no cumplía la norma ambiental, específicamente con la MIA, tras varios amparos interpuestos por ONG’s.

Sin embargo, el pasado 13 de julio esos trabajos se reanudaron, a pesar de la suspensión judicial vigente, en el marco de una medida de noviembre pasado que declaró las grandes obras de infraestructura del gobierno como de “seguridad nacional”.

“El Tren Maya no garantizaría proteger al país frente a riesgos y amenazas; tampoco sería una obra de infraestructura que permita preservar la soberanía y defensa del territorio ante alguna invasión de otros países”, argumentaron las organizaciones en la petición.

Los firmantes añadieron que invocaron el capítulo 24 del T-MEC que comparten México, Estados Unidos y Canadá, en vigor desde 1° de julio de 2020, que establece la protección ambiental y una aplicación efectiva de las leyes ambientales.

La solicitud de los activistas sucede en momentos en los que Estados Unidos, apoyado en ciertos puntos por Canadá, también bajo lo estipulado en el T-MEC, solicitó consultas sobre la política energética del gobierno de López Obrador, porque estima que afecta a las empresas estadounidenses e impide el desarrollo de la energía limpia.

El Tren Maya es una de las megaobras del gobierno de la Cuarta Transformación, junto al ya inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles, una refinería en Dos Bocas, Tabasco y la modernización de un corredor interoceánico.

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informara sobre el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, se confirmó que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del aeropuerto.

De acuerdo con el portal de Trámites de la dependencia, el 18 de julio se notificó y se entregó a Pemex el resolutivo.

El documento indica que “las consecuencias potenciales de los eventos evaluados presentan afectaciones mínimas al entorno ambiental, en su mayoría temporales, por lo que el sistema ambiental local tiene la capacidad de recuperar los valores normales en sus componentes ambientales presentes en la etapa de operación del proyecto”.

Tras analizar la MIA, la Semarnat determinó que de los riesgos identificados, las principales afectaciones ocurrirán al interior de las instalaciones del Aeropuerto “por lo que no se prevén repercusiones importantes a la población o infraestructura”, fuera del terreno de la obra.

Y es que esta mañana, desde San Luis Potosí, López Obrador reclamó a la Semarnat que no hubiera entregar el estudio de impacto ambiental, pues recordó que se trata de un “proyecto estratégico” de su administración.

Hasta el momento no se conoce el documento de la MIA en su totalidad, pero se espera que en los próximos días se haga público.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, confió en que los temas legales y de permisos no retrasen las obras del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía.

“Esperamos que no se retrase nada nuestro programa. Sí estará en tres años, esperamos que los temas legales se superen porque vamos a demostrar que se están cubriendo todos los aspectos, todos los trámites, obteniendo todos los permisos y se están resolviendo todas las disposiciones existentes”, sostuvo el funcionario.

Las declaraciones de Jiménez Espriú llegan luego de que se conociera que un juez ordenó detener la construcción de aeropuerto internacional de Santa Lucía, Estado de México, hasta que se comprobara que se cuenta con los dictámenes y permisos de impacto ambiental.

Jiménez Espriú aclaró que no se detuvieron las obras en Santa Lucía como fue abordado por la prensa, pues no se pudo detener algo que no se ha iniciado. Explicó que lo que se planteó hace poco más de un mes fue “el arranque de todos los estudios, entre ellos, los de geología e impacto ambiental”.

El colaborador del presidente López Obrador aseguró que las obras se iniciarán una vez que se tenga la manifestación de impacto ambiental, lo cual dijo, podría ser a finales de junio, mientras tanto “atenderemos los requisitos judiciales”.

Lo dicho por el titular de la SCT va en línea con lo que expuso esta mañana el presidente López Obrador, quien dijo que será a finales de este mes y principios de julio cuando se cuente con el estudio del impacto ambiental de la terminal aérea.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Petróleos Mexicanos informar sobre el estudio de impacto ambiental y presupuesto del proyecto para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

EL INAI reveló que un particular solicitó la información y en respuesta, Pemex informó que después de una exhaustiva búsqueda de la información solicitada no fue localizada en razón de que la Gerencia de Desarrollo de Proyectos no es la responsable del proyecto y de la construcción de la refinería Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco.

“Desde la perspectiva de un servidor, el proyecto de Dos Bocas es de gran envergadura por el nuevo gobierno y es de suma trascendencia e interés para la ciudadanía”, puntualizó el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepo.

Dada la respuesta recibida, el particular interpuso un recurso de revisión pues alegó que no puede existir una obra en construcción, sin la documentación que justifique el impacto ambiental y presupuesto.

“De sí este asunto ha cobrado una especial relevancia en la vida pública del país al ser una obra estandarte del nuevo gobierno, incluso, hace algunos días el presidente de la República informó a la ciudadanía que a pesar de haberse declarado desierta la licitación la obra va y cuenta con los recursos económicos para llevarse a cabo”, subrayó.

El Pleno del INAI determinó que si bien el proyecto es responsabilidad de Pemex Transformación Industrial, al tratarse de sus empresas subsidiarias, Petróleos Mexicanos es el encargado de dirigir la estrategia integral de alianzas y nuevos negocios, así como definir y proponer las directrices, prioridades, criterios y mecanismos generales para tal fin.

Refirieron que existen implicaciones ambientales que atender en relación a Dos Bocas, por lo que la transparencia es el vehículo ideal para gozar a plenitud el derecho humano de un ambiente sano. Recordaron que el terreno donde se pretende llevar a cabo la construcción de la refinería está integrado por 400 hectáreas que resentirán un impacto ambiental considerable y que deberá hacerse público.

Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Rogelio Jiménez Pons, Director General de Fonatur, firmaron este martes un convenio general que involucra diversos proyectos académicos, científicos y técnicos sobre el Tren Maya.

“Para Fonatur un verdadero privilegio que el doctor Javier Velázquez Moctezuma encabece la coordinación entre el Tren Maya y las principales casas de estudios del país. Es primordial el uso de la ciencia, la técnica y la tecnología para mejorar la calidad de vida y el desarrollo socio-económico de la región”, afirmó Jiménez Pons.

Los directivos coincidieron en que un proyecto de la importancia del Tren Maya se requiere el sustento de las instituciones académicas del país y de una colaboración cercana entre el gobierno y la comunidad científica.

El Director General del Politécnico informó que el Instituto iniciará los estudios de factibilidad y evaluación de impacto, así como desarrollo de investigación científica y actividades de capacitación, socio-económicas y culturales, para impulsar el proyecto Tren Maya, uno de los proyectos más emblemáticos de infraestructura del Gobierno Federal y motor del crecimiento económico y social en el sureste mexicano.

Por su parte Jiménez Pons reiteró que el apego a la ley será un eje rector del proyecto, tanto en lo que respecta al medio ambiente, como a las comunidades y pueblos originarios en la zona de influencia del Tren Maya.

Detalló que mientras se realiza el estudio, se llevará a cabo el proyecto ejecutivo del Tren Maya, por lo que se será a lo largo del 2019 que se determine la contraprestación que reciba el IPN. Al respecto Rodríguez Casas sostuvo que se trabajará “con estricto apego a las disposiciones de austeridad del Gobierno Federal, ejerciendo los recursos presupuestales disponibles con la mayor transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia”.

Para la construcción del Tren Maya, autoridades han indicado que se contempla un presupuesto de entre 120 y 150 mil millones de pesos, de los cuales, la Iniciativa Privada tendrá una participación del 90% y el gobierno el 10%.