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El expresidente Donald Trump adelantó que, si la Justicia certifica que no tiene inmunidad frente a las acusaciones por el asalto al Capitolio de hace tres años, tampoco el actual mandatario, Joe Biden, debería gozar de una protección especial, por lo que ha sugerido que si vuelve a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre promoverá su imputación.

Trump ha confirmado en su red social, Truth Social, que tiene previsto acudir mañana martes a la audiencia que tiene lugar en un tribunal de apelaciones de Washington sobre la cuestión de la inmunidad, algo a lo que considera que “por supuesto” tiene derecho.

Asimismo, ha señalado que se estaba limitando a investigar un posible “fraude electoral” en los comicios de noviembre de 2020: “Era mi obligación hacerlo”.

“Si no me conceden la inmunidad, el corrupto Joe Biden tampoco la tiene”, señaló, aludiendo como potenciales motivos de imputación la “invasión” en la frontera con México, la abrupta salida militar de Afganistán y la presunta malversación de millones de dólares.

“Al utilizar el Departamento de Justicia contra su rival político, Joe ha abierto una caja de Pandora gigante”, ha advertido el magnate, que acumula todo tipo de frentes judiciales pero sigue siendo el favorito en las primarias del Partido Republicano para las próximas elecciones.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump se enfrentará a una fianza de 200,000 dólares y a una orden de no enviar mensajes amenazantes en las redes sociales mientras espera juicio en Georgia, acusado de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020, según mostró una presentación judicial.

El documento, un acuerdo de fianza firmado por los abogados de Trump y el fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, fija los términos de la liberación, incluyendo restricciones sobre intimidar a testigos y obstrucción de la justicia.

El pacto también le prohíbe comunicar “por cualquier vía, directa o indirectamente” los hechos del caso con cualquiera de los otros acusados o testigos, excepto mediante abogados.

“Lo anterior incluye, pero no se limita a, publicaciones en medios sociales o reposteos de publicaciones hechas por otro individuo en medios sociales”, señala la orden, firmada por el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee.

Trump, favorito para la candidatura presidencial republicana en 2024, y 18 coacusados fueron imputados en el caso de Georgia el pasado 14 de agosto.

Willis fijó un plazo del viernes al mediodía para que todos los acusados se entreguen en la cárcel del condado de Fulton para ser fichados o enfrentarse a un arresto, y propuso que la lectura de cargos para los acusados sea en la semana del 5 de septiembre y que el caso vaya a juicio en marzo.

Los fiscales del caso proponen que el juicio inicie el 4 de marzo de 2024, mientras que los abogados de Trump han solicitado que se celebre en 2026.

Trump ha negado haber cometido delito alguno. Ha estado criticando el caso desde antes de ser acusado formalmente y, apenas la mañana de hoy, en una publicación en redes sociales, señaló en específico al gobernador de Georgia, Brian Kemp, un republicano que rechazó sus peticiones de revertir la elección.

Se trata del cuarto caso penal en contra del expresidente, quien se encuentra en campaña para tratar de volver a la Casa Blanca en 2024.

El expresidente estadounidense, Donald Trump, convirtió este miércoles su última imputación penal por intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020, en un tema de campaña para el próximo proceso electoral y presumió de que “nunca antes había tenido tanto apoyo”.

“Esta inculpación sin precedentes contra un expresidente (¡de gran éxito!), & el principal candidato, con diferencia, tanto en el Partido Republicano como en las elecciones generales de 2024, ha revelado al mundo la corrupción, el escándalo y el fracaso que han tenido lugar en Estados Unidos durante los últimos tres años”, afirmó en mayúsculas el millonario en su plataforma Truth Social.

“Nunca antes había tenido tanto apoyo en algo”, agregó el republicano. “Estados Unidos es una nación en declive, pero volveremos a hacerla grande, más grande que nunca”, añadió.

Trump, favorito a convertirse en el candidato presidencial del Partido Republicano para 2024, fue acusado de conspiración para engañar a Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial, es decir la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021 para certificar la victoria del demócrata Joe Biden.

El expresidente afirma desde hace meses que las acusaciones contra él son “falsas” y que Biden intenta por todos los medios hacer descarrilar la campaña de su rival político.

Adicional, Trump se enfrenta a que la jueza federal asignada a este caso se ha destacado por sus penas severas a los insurrectos que asaltaron el Capitolio. Además, ya falló en su contra anteriormente.

La jueza Tanya Chutkan, una exdefensora pública postulada para jueza federal por el presidente Barack Obama, presidirá el juicio en que se acusa a Trump de tratar de revertir su derrota electoral en 2020 durante los dos meses que precedieron el asalto al Capitolio por sus seguidores.

Muchas penas de prisión dictadas a los insurrectos del 6 de enero a 2021 han sido más severas que las recomendadas por la fiscalía.

En noviembre de 2021, en otro caso relacionado con el 6 de enero, Chutkan rechazó el pedido de Trump, quien invocó sus privilegios como jefe del ejecutivo, de bloquear la entrega de documentos a la comisión legislativa que investigaba la insurrección.

Rechazó el argumento de Trump de que sus privilegios se extendían a documentos de su gobierno incluso después que el presidente Joe Biden allanó el camino para que los Archivos Nacionales entregaran los documentos. Escribió en su fallo que Trump no podía alegar que sus privilegios “existen a perpetuidad”.

En una frase memorable de su sentencia, Chutkan escribió: “Los presidentes no son reyes, y el demandante no es presidente”.

Trump comparecerá el jueves ante la magistrada Moxila A. Upadhyaya. Los magistrados se ocupan de los asuntos preliminares en los juicios federales.

Chutkan ha condenado al menos a 38 personas por crímenes relacionados con el asalto al Capitolio. Las penas en todos los casos han sido de prisión, de 10 días a más de cinco años, según un análisis de las actas judiciales realizado por la agencia The Associated Press (AP).

Trump ya se enfrenta a un proceso penal por negligencia en la gestión de documentos confidenciales que se llevó de la Casa Blanca y por pagos de dinero a una actriz porno antes de las elecciones de 2016.

La fiscalía de Georgia también investiga si Trump intentó ilegalmente anular el resultado de las elecciones de 2020 en este estado del sur del país.

A pesar de sus problemas judiciales, Trump cuenta con la lealtad de un amplio sector de su partido. Mantiene una ventaja sustancial en las encuestas para la nominación republicana, con mucha diferencia respecto a su rival más cercano, el gobernador de Florida Ron DeSantis.

Juan Trujillo, abogado de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó la “desproporcionalidad y excesividad” de la Fiscalía en su detención el pasado sábado ya que, según dice, lo grabaron desnudo.

Trujillo denunció las “graves irregularidades” en la captura de hijo del mandatario y criticó que en la audiencia en que se formalizó la detención de Petro Burgos y de su exesposa Daysuris Vásquez, por el posible delito de lavado de dinero, “no se convocó a la defensa” lo que los imposibilitó de apelar o presentar alegatos.

“Sin embargo, ayer le pusimos de presente al juez unas graves irregularidades que se cometieron en las diligencias de allanamiento, y el juez consideró que el tema efectivamente era muy grave, pero requería mayor aporte de pruebas”, dijo el abogado en declaraciones a Caracol Radio.

Según Trujillo, Laura Ojeda, actual pareja de Petro Burgos, que está embarazada de ocho meses, relató que “los agentes de la Fiscalía ingresaron al apartamento a las seis de la mañana, sigilosamente, sin golpear ni tocar la puerta, tanto que dicen que la mamá de Laura que estaba despierta no escuchó nada, el perro no ladró”.

En este contexto, “abrieron la puerta de la habitación de Laura, ella estaba ahí desnuda, la grabaron, grabaron desnudo a Nicolás ingresando a la ducha, nunca dejaron de grabar a pesar de que Laura se los pidió”, relató Trujillo.

“Esos videos los tiene la Fiscalía, nosotros no los tenemos”, indicó el abogado, que los ha solicitado porque demostraría que “hubo irregularidades graves”.

Además, Trujillo denunció que los agentes de la Fiscalía al parecer arrendaron un apartamento en el conjunto residencial donde vive Nicolás Petro y llevaban viviendo allí “entre una y dos semanas” y desde allí planearon todo para hacer la operación sin necesidad de presentar órdenes judiciales en la portería “como normalmente se hace en estas diligencias”.

Todo esto “lo habrían hecho sin la autorización previa de un juez de control de garantías”, concluyó el abogado.

Trujillo también cuestionó que las presuntas pruebas de que Nicolás Petro recibió dinero ilegal para la campaña de su padre se conocían desde hacía cinco meses y, por lo tanto, la captura se habría tenido que hacer entonces.

Está previsto que mañana la Fiscalía lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y contra su exesposa por los de lavado de activos y violación de datos personales.

Petro Burgos, que es diputado de la Asamblea del Atlántico, fue detenido en Barranquilla como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo pasado.

El punto de partida fue una entrevista de Vásquez a la revista Semana en la que contó que Nicolás Petro recibió de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro y que se quedó con ese dinero.

Según el relato de Vásquez, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias “el hombre Marlboro”, le entregó a Nicolás Petro “más de 600 millones de pesos para la campaña del papá”.

“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros”, añadió la mujer, que mencionó que Nicolás Petro también recibió 200 millones de pesos del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca, que tampoco fueron a dar a la campaña.

El presidente Petro, tras conocer ayer la noticia, manifestó: “Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”.

Dos mujeres, exempleadas de un motel en Nuevo León, donde fue encontrado en abril pasado el cuerpo de Debanhi Escobar, fueron imputadas por los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento en la investigación por el feminicidio de la joven.

Un juez de control imputó a dos mujeres exempleadas del motel Nueva Castilla, ubicado en el municipio de Escobedo; determinó que no podrán salir del estado y tendrán que presentarse una vez al mes a firmar, y además se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

La audiencia, que tuvo una duración de cinco horas, se celebró de manera virtual y privada, sin embargo, estuvieron presentes los padres de la víctima Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, que acudieron al Palacio de Justicia acompañados de sus abogados.

Recordemos que Debanhi Escobar Bazaldúa desapareció el 9 de abril de 2022 tras acudir a una fiesta, y su cuerpo fue hallado 12 días después en una cisterna del Motel Nueva Castilla, cerca del área en donde fue vista por última vez con vida.

“El juzgador determinó que sí existen pruebas suficientes para abrir un proceso”, compartió el padre de la víctima a medios.

Además, indicó que la próxima audiencia se realizará después del 10 de abril cuando se cumple el plazo para el cierre de la investigación.

El juez de control determinó iniciar un proceso con base en las evidencias que se presentaron en contra de la gerente del motel Ana Luisa “N” y Elida Yurith “N”, quien se desempeñaba como mucama del inmueble.

“Un juez determinó que sí hay un delito que se puede investigar, entonces en ese sentido vamos a esperar que de alguna manera nos den la fecha para la nueva audiencia”, agregó Escobar.

Esta sería la primera vinculación a proceso en el caso de la joven, cuya muerte ha estado rodeada de misterio y la indignación ciudadana. Ayer se cumplieron 9 meses de la desaparición de Debanhi Escobar.

Incluso el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) ante las fallas y omisiones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Aunque el padre de familia se mostró satisfecho con estas primeras vinculaciones, confesó, que lo que espera es que se encuentre a los asesinos de su hija.

“Esperamos que de las pesquisas que se vayan haciendo con estas dos señoritas (resulte más información) y esperemos que si hay más gente que de alguna manera sabe algo los exhortamos a que declaren, a que nos digan, que vayan a la Fiscalía”, pidió el padre de Debanhi.

El feminicidio de la joven, es reflejo de la crisis de violencia hacia la mujer que enfrenta México; se tiene registro del asesinato de más de 10 mujeres al día, de acuerdo con ONU Mujeres y organizaciones civiles, ya sea por homicidios dolosos y feminicidios.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez una audiencia inicial para vincular a proceso a Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en relación a la llamada Estafa Maestra.

Los delitos que se le estarían fincando a Robles serían contra la administración pública, por el uso indebido de recursos, derivado de los supuestos desvíos multimillonarios desde las dependencias que dirigió.

De acuerdo con un documento presentado el pasado 25 de julio, dirigido al juez de control en turno del Centro de Justicia penal Federal en la Ciudad de México con sede en el reclusorio Sur, la FGR pide la audiencia de imputación y vinculación de proceso de la ex colaboradora de Enrique Peña Nieto.

“Por medio del presente solicito de la manera más atenta se me señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular imputación y vinculación de proceso, en contra de María del Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público”, se lee en el escrito dirigido al juez.

Tras la audiencia inicial, donde se le imputarán los delitos, será el juez quien determine si hay los elementos necesarios para vincularla a proceso, aunque podría alcanzar fianza debido a que el delito del que se trata no amerita prisión preventiva.

De acuerdo a lo que reveló Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Estafa Maestra es un esquema que se utilizó en 11 dependencias del gobierno en la administración de Peña Nieto, para hacer convenios con universidades públicas para realizar supuestos servicios, aunque éstas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos “desaparecieron”.

Será el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas cuando se realice la audiencia inicial. Dado el delito, Rosario Robles podrá no asistir a la cita y sólo enviar a sus abogados.