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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por completo este jueves la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el llamado “Plan B”.

Con nueve votos a favor y dos en contra, la Corte dejó sin validez la segunda y última parte de las reformas al reiterar que existieron violaciones al proceso legislativo en el Congreso.

Con un argumento similar, la Suprema Corte desechó la primera parte del “Plan B” en mayo pasado al señalar que la mayoría en el Congreso, Morena y aliados, violaron el proceso legislativo durante su aprobación en fast track.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido actualmente por la veda electoral.

En su totalidad, el “Plan B” proponía recortar 3,500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que generó incertidumbre de cara al proceso electoral del próximo año.

También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral.

En la discusión de hoy, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que con esta reforma se vulneró el principio de democracia deliberativa y en este caso se registraron más vicios de gravedad que en la primera parte del “Plan B”, pues apuntó que se sumaba que el dictamen violó el sistema bicameral de aprobación de leyes.

En tanto, el ministro Luis María Aguilar externó la importancia de respetar la Constitución. “Si no la respetamos y defendemos desde los poderes públicos traicionaríamos nuestro deber de lealtad a la voluntad del pueblo de México”, argumentó.

Al igual que en la discusión del 8 de mayo, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, cercanas a López Obrador, quienes llegaron a la Corte a propuesta de él, votaron en contra de invalidar la legislación.

Previo a la sesión de la Corte, López Obrador acusó en su conferencia matutina a la Corte de “intromisión” en el Poder Legislativo y reprochó que el proyecto presentado por el ministro Javier Laynez no revisara el fondo de la reforma electoral sino que planteó su invalidez por no respetar el proceso legislativo.

“Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al poder Legislativo”, criticó el mandatario.

Al reconocer que el paquete de reformas sería invalidado, adelantó que en su momento presentará una iniciativa constitucional para la elección de los ministros por voto del pueblo, y así evitar que estos funcionarios representen solo a “una élite”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó esta mañana un documento que difundió el coordinador de Morena en el Senado, donde se exponen los “40 privilegios” de los que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Por cierto, ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado (…) para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, por qué cancelaron el llamado plan B”, dijo el mandatario.

Y es que explicó que el llamado ‘Plan B’ que invalidaron los ministros era en esencia bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución.

“Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos?, que también ganan más que el presidente. Entonces, era defender sus intereses”, recriminó el mandatario.

Proyectó el documento, donde se exponen las prestaciones con que cuentan los ministros de la Corte, que él y Morena han llamado “privilegios”.

Te presentamos los 40 puntos que componen el documento que Morena ha circulado:

  1. Sueldos muy superiores al del presidente de la República, de $297,403.77 mensuales.
  2. Aguinaldos exagerados de $586,092.53, que representan 40 días de sueldo.
  3. Primas vacacionales de $95,474.68, que representan 10 días de sueldo.
  4. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por $723,690.24 anuales.
  5. Un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.
  6. Presupuesto de $5’540,930 mensuales para contratar personal.
  7. Dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de $6’000,000, que se renuevan cada dos años.
  8. Pago por riesgo de más de $640,372 al año.
  9. Apoyos para gasolina por $22,000 mensuales.
  10. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista.
  11. Algunos ministros también cuentan con escoltas del Servicio se Protección Federal (SSPC).
  12. Seguros para autos y casa habitación.
  13. Las y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite.
  14. Atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados.
  15. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorga pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.
  16. Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.
  17. Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno.
  18. Tres equipos de cómputo e impresión.
  19. Seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares y/o personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.
  20. Tres iPads con servicio de Internet ilimitado.
  21. Papelería personalizada.
  22. Computadoras, impresoras e Internet en su domicilio pagado por la SCJN.
  23. Apoyo de soporte técnico por parte del personal de la SCJN.
  24. Si así lo solicitan, también pueden instalar video vigilancia en sus casas con cargo al erario público.
  25. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear por $30’000,000 en adelante.
  26. Disponen de $188,099 al año para compra de medicamentos
  27. Atención especial por parte de personal de la SCJN y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.
  28. Seguro de vida institucional por $12’000,000.
  29. Pago por defunción de $1’189,615.
  30. Ayuda para gastos funerales de $30,000.
  31. Apoyos económicos para lentes por $3,100 para ministros, cónyuge e hijos.
  32. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo.
  33. Al retirarse, también tienen derecho a un haber de retiro.
  34. En la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.
  35. La SCJN les paga a dos “personas de apoyo” para estar a su servicio en la jubilación.
  36. Seguro de separación individualizado de aproximadamente $20’000,000 al final de sus 15 años de servicio.
  37. Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.
  38. Un estímulo por antigüedad de $1,000 anuales.
  39. Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por $20’149,765,377, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida.
  40. Todo lo anterior dio como resultado un presupuesto excesivo de $73,723,020,424 para el año 2022.

Para hacer una comparación de lo que tiene el Poder Judicial para sus prestaciones, que son casi 74 mil millones de pesos, López Obrador dijo la presidencia ejerció el año pasado ejerció 500 millones de pesos.

Además, insistió en que los ministros de la Corte “representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo; al contrario, es en contra del pueblo, para eso están. Díganme algo que hayan resuelto en beneficio del pueblo, algo significativo”, preguntó el mandatario.

Insistió que hace falta una reforma de fondo al Poder Judicial, “y lo mejor es que lo haga el pueblo”. “Tiene que ser con una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, como era en la época del presidente Juárez, como se aplicaba en la época de la República Restaurada”.

Dijo que el discurso será ahora que ‘la Suprema Corte no se toca’, y apuntó que los ministros de la Corte en México, ganan más que los ministros de los poderes judiciales en otros países.

Finalizó confiando en que que el movimiento de transformación, triunfe en las elecciones del próximo año, lo que les permitiría tener mayoría calificada en la Cámara y que así se puedan hacer reformas a la Constitución, entre ellas, la del Poder Judicial.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que se requiere una reforma al Poder Judicial, esto luego de haber sido uno de los pocos morenistas en reconocer y aceptar la resolución de la Corte de invalidar el llamada ‘Plan B’ de la Reforma electoral de AMLO.

El senador sorprendió al señalar que aunque la división de poderes es sana para la República, no se pueden “cerrar los ojos” ante el déficit de justicia en México y los privilegios de los que gozan jueces y ministros, adoptando así el discurso crítico del presidente López Obrador hacia la Corte.

Monreal Ávila presentó un listado de 40 “privilegios” que dijo, cuentan las y los ministros. El senador sostuvo que “tenemos el derecho de escudriñar la calidad y la autoridad moral de los jueces y los ministros”.

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Ricardo Monreal hizo un llamado a la mesura a quienes aplauden con exceso la resolución de la Corte, y que protegen a una “casta de privilegiados que se ha instalado en el Poder Judicial”.

“Deben de actuar con prudencia y ecuanimidad porque en la Corte está instalada una casta con privilegios”, apuntó Monreal Ávila.

El legislador insistió en que cree en la división de poderes; sin embargo, enfatizó que no se puede permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya al Poder Legislativo; “eso no lo podemos admitir”, porque las facultades de control legislativo que ejerció son indebidas.

En ese sentido, señaló que la mayoría legislativa considera que hay intereses que presionan a la cúpula de la SCJN para tomar decisiones. Y en línea con lo que ha expuesto el presidente, dijo que “tenemos confianza en que en el 2024 podamos instrumentar reformas que tiendan a mejorar la justicia en México”.

Monreal adelantó que propondrá diversas iniciativas, como que la presidenta de la Suprema Corte deje de presidir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). También propondrá que la Defensoría de Oficio sea un ente autónomo, pues no debería estar a cargo de la Corte.

También afirmó que la selección de ministros debería ser operada con otro sistema para evitar la cooptación.

El también aspirante a la candidatura presidencial de Morena remató señalando que la diferencia entre la mayoría legislativa y el bloque opositor, dijo, es que Morena y aliados están a favor de la austeridad, mientras que a la oposición le gustaría contar con los beneficios de las y los magistrados; “no sé porque les aplauden a personajes que no son un ejemplo de virtud moral, republicana y de austeridad”.

Movimiento Ciudadano celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La bancada del partido naranja señaló que se hizo valer el recurso que presentaron, sobre las violaciones al procedimiento legislativo y el contenido del decreto.

“En la bancada reconocemos a las y los ministros que se manifestaron por hacer valer la Constitución, y refrendamos nuestra confianza en la Suprema Corte como contrapeso para dignificar la división de poderes. Una vez más, demostró su independencia al Poder Ejecutivo pese a los ataques injustificados en su contra”, señalaron los legisladores de MC.

Recordaron que durante el proceso legislativo, la mayoría no permitió condiciones para realizar un debate informado del contenido, pues la iniciativa no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria previo, se publicaron dos iniciativas con menos de una hora de diferencia y no hubo certeza sobre cuál se sometió a votación.

“En Movimiento Ciudadano advertimos desde el primer momento la inconstitucionalidad del contenido de la reforma electoral constitucional y del Plan B, y de manera congruente rechazamos ambas propuestas al tratarse de un retroceso para nuestras instituciones democráticas. Ante las violaciones sistemáticas del régimen, seguiremos alzando la voz y denunciando sus excesos”, añadieron las y los diputados de MC.

Por su pate la bancada del PRD saludó el fallo de la Suprema Corte, afirmando que con la decisión de los ministros, se da a la oposición fundamento a favor respecto a que se trató de un proceso legislativo “fast track”, violatorio no sólo de las normas que rigen al Congreso de la Unión, sino de la Constitución misma.

Al igual que MC, recordaron que la dirigencia del partido presentó en marzo pasado las acciones de inconstitucionalidad respectivas.

“Las y los ministros de la Corte mandan un mensaje contundente a Morena y sus aliados en el Congreso para que entiendan que, no por tener la mayoría, pueden pasar por encima de la ley ni violar el procedimiento legislativo cada vez que les urge pasar iniciativas que les ordena el Ejecutivo”, indicaron los diputados.

Al reiterar su respaldo a la Ministra Presidenta Norma Piña y los ministros y ministras, llamaron a la Presidencia de la República, a su Consejería Jurídica, y todos los entes políticos afines a la llamada Cuarta Transformación, a frenar los ataques y presiones hacia la Corte.

La bancada del PRD confió en que la segunda parte del llamado ‘Plan B’ electoral correrá la misma suerte que la primera, considerando los argumentos que presentó el ministro Laynez para dar su voto y que habría de presentar en las próximos dos semanas al Pleno de la Corte ante la proximidad del proceso electoral de 2024.

En tanto, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, se reunió al reconocimiento de la decisión de la Suprema Corte de rechazar la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso.

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del tricolor sostuvo que defender la democracia y la buena práctica legislativa es prioridad para el buen rumbo del país.

Los senadores del PRI señalaron que la decisión de la SCJN reitera la ruptura del orden interno en el Congreso, la violación de los procedimientos legislativos y la precipitación en los trámites, que no forman parte de la democracia, a pesar del bloque oficialista.

Enfatizaron en que una mayoría oficial tiene derechos, pero también obligaciones, y una de ellas es respetar las reglas democráticas que el Congreso se ha dado a lo largo de los años.

Señalaron que la decisión de la Corte es un antecedente para las impugnaciones que se presentarán por la aprobación de 20decretos hechos por Morena y aliados en la llamada “noche negra”.

Acción Nacional aseguró por su parte que con la decisión de los ministros y ministras de la Corte, ganó la democracia en el país. Acusó que Morena utilizó trampas y recurrió a violaciones, tanto constitucionales como del proceso legislativo, con tal de aprobar el capricho presidencial. 

“Este gobierno y Morena quedan exhibidos por su obsesión de destruir a las instituciones y nuestra democracia”, dijo la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. “Hoy suman un nuevo revés de la Corte al declarar inconstitucional la primera parte del lamentable Plan B. Nuestro reconocimiento a las y los ministros por su actuar democrático y con apego a la división de poderes”, añadieron.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Plural en el Senado, celebraron que la SCJN rechazara la primera parte del “destructivo” ‘Plan B’ en materia electoral del gobierno federal.

“La Corte ejerce su papel de contrapeso constitucional democrático. Como @gpplural lo celebramos. La mayoría legislativa no es sinónimo de agandalle para violar la Constitución”, enfatizaron los senadores.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, sobre si habrá ‘Plan C’ de Morena y el Gobierno federal, tras la decisión de la Suprema Corte de declarar la invalidez del primer paquete de reformas en materia electoral recién aprobado por el Congreso.

Luego de que la Suprema Corte decidiera invalidad el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) diversos liderazgos, funcionarios y partidarios de la 4T externaron su rechazo.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que con la decisión adoptada hoy, los ministros de la Suprema Corte decidieron seguir protegiendo intereses particulares.

“Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”, dijo el funcionario, uno de las llamadas corcholatas del presidente rumbo a la elección presidencial de 2024.

El titular de SEGOB dijo que la actuación de la Corte impide que el pueblo mexicano recupere la confianza en las instituciones, y llamó a ayudar con el ‘Plan C’, recordando lo expuesto por López Obrador: voto masivo por Morena en las urnas.

Por su parte el dirigente nacional de Morena, Mario Delado, acusó que la anulación de la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral es un claro atentado contra la división de poderes, pues recordó que las y los legisladores que aprobaron esas reformas, son representantes populares.

“Esta reforma respondía al clamor de la gente de vivir en una auténtica democracia, sin despilfarro; no a los intereses de una minoría”.

Remató lamentando la decisión de los ministros de la Corte, calificándola como “desafortunada”.

Por su parte el senador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no era de extrañarse que la decisión de la Corte se diera en el sentido de invalidarla, pues dijo, desde su proceso legislativo él advirtió que no se siguió el debido proceso.

Recordó que él presentó un voto particular en su momento, pues no estuvo de acuerdo con la forma en que se aprobó.

La senadora de Morena, y actual secretaria general del partido, Citlalli Hernández, lamentó que los ministros de la Corte no hayan discutido el fondo del contenido de las reformas y se quedaran en la forma, donde dijo, alegaron fallas en el procedimiento legislativo.

“Los promoventes (de la acción de inconstitucionalidad) fueron diputados del MCPRIAN. Si no quieren legislar y van a llevar todo a la Corte, que ya no se les vote como legisladores”, lanzó la morenista.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que la resolución de la SCJN es un “atropello al Poder Legislativo”.

“Incongruencia y miopía jurídica de ministros que invocaron principios de democracia y representación popular, pero votan un proyecto en contra de la representación mayoritaria que eligió con su voto el Pueblo de México”, acusó el diputado.

Remató señalando que el actuar de la Suprema Corte “impone un gobierno de los jueces y convierte al Poder Judicial en activistas políticos”.

Sin embargo, hay que recordar que los ministros determinaron la invalidez de las reformas a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, por violaciones al procedimiento legislativo, particularmente, al principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de “politiquería” e “indignidad” tras el fallo contra la militarización de la Guardia Nacional.

El presidente acusó a Piña de buscar una negociación en un desayuno con la secretaria de Seguridad del Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, para retrasar la entrada en vigor de la decisión que invalidó ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional.

“Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: ‘oye, ¿pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional?’. Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”, denunció AMLO desde Veracruz.

Eso sirvió a López Obrador para reiterar sus señalamientos hacia los ministros de la SCJN de “corruptos e irresponsables”, por haber declarado inconstitucional el miércoles pasado, la reforma legal que él promulgó en septiembre para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, que él creó en 2019 como una corporación civil.

Después del fallo, la Suprema Corte dio como plazo hasta enero de 2024 para cumplir con la orden, por lo que el mandatario los acusó de “arrepentirse” y buscar negociar con el gobierno.

Sin embargo, López Obrador habría girado instrucciones a la secretaria de Seguridad y al titular de Gobernación, Adán Augusto López, de no comunicarse con la Corte.

“Les dije: ni les contesten el teléfono”, narró. “No, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, sostuvo.

Y es que la Guardia Nacional ha sido la principal apuesta del presidente para contener la violencia en el país.

Tras retractarse de su promesa de mantener civil la Guardia Nacional, el mandatario propuso en 2022 una reforma legal para trasladar su control al Ejército al admitir que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Esto es solo un episodio más del enfrentamiento que AMLO mantiene con la Corte y el Poder Judicial.

Cuando Piña resultó electa como primera presidenta de la Corte, López Obrador reconoció “diferencias” con ella porque “siempre ha votado en contra de las iniciativas” promovidas por su gobierno.

Después, hubo una polémica en redes sociales contra Piña, orquestado por seguidores de la 4T, por no ponerse de pie para aplaudirle a López Obrador durante la conmemoración de la Constitución el 5 de febrero.

Semanas después, López Obrador minimizó las amenazas de muerte contra la presidenta de la Corte que surgieron después de que él la acusó de “desatar una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez del presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE), para el ejercicio fiscal 2022, tras advertir que la Cámara de Diputados no motivó adecuadamente la modificación que hizo al anteproyecto que dicho Instituto presentó.

Los ministros de la Corte consideraron que el ajuste que se hizo al presupuesto compromete las funciones de ese organismo constitucional autónomo, lo que podría traducirse en una violación de los derechos fundamentales de carácter político-electoral.

La Corte analizó la controversia constitucional que promovió el INE en contra de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo Federal, en la que demandó la invalidez de diversos artículos y anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado el 29 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al resolver el asunto, la Primera Sala advirtió que la Cámara de Diputados redujo en más de 26% el presupuesto solicitado por el INE, sin motivar la disminución referida.

En este sentido, el Alto Tribunal sostuvo que, si bien la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de modificar la cantidad originalmente solicitada por el INE, ésta debía ejercerse mediante la aplicación de un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas para realizar una reducción.

De esta manera, la Primera Sala concluyó que la reducción que realizó la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2022 careció de una motivación en la que se demostrara que los recursos asignados al INE eran, en principio, suficientes para pagar los gastos generados en cumplimiento de las obligaciones constitucionales de ese Instituto.

A partir de estas consideraciones, la Sala declaró la invalidez del Presupuesto de Egresos 2022, en lo relativo a los recursos asignados al INE, e instruyó a la Cámara de Diputados para que analice y determine en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto presentado por la autoridad electoral.

Indicó que de estimar procedente la autorización de recursos adicionales, se deberán adoptar las medidas necesarias para que se haga la transferencia efectiva de los recursos al Instituto, o bien, en caso de que la decisión sea negativa, presente una motivación reforzada y con rigor técnico de su decisión.

Finalmente, la Primera Sala precisó que aunque haya concluido el proceso de Revocación de Mandato del Presidente López Obrador, cuyos recursos para su ejercicio fueron previstos en el anteproyecto de presupuesto 2022, no puede ser motivo suficiente para que la Cámara de Diputados decida negar los recursos originalmente solicitados por el INE.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aprovechó sus redes sociales para indicar que “por mas estridencia tuitera que hagan”, Morena ocupará su mayoría para optar por la opción de motivar reforzada y técnicamente la decisión de recortar el presupuesto al INE.

“El recorte prevalecerá y los recursos ahorrados se destinarán a necesidades más importantes que los sueldos estratosféricos de Lorenzo y Ciro”, sostuvo el morenista.

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró la invalidez de la consulta de Revocación de Mandato, al no haber alcanzado el requisito del 40% de participación ciudadana que exigía la ley.

En sesión virtual, los magistrados analizaron la queja que interpuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del INE, quien alegó que la autoridad electoral se excedió en sus atribuciones al publicar cifras de la participación de la consulta de Revocación de Mandato.

También se analizaron las impugnaciones que presentaron diversos actores y partidos políticos, quienes buscaban anular el proceso, algunas de ellas denunciando la intromisión de funcionarios federales en el ejercicio.

Así, los 12 juicios de inconformidad fueron desechadas, luego de que los magistrados coincidieran en que no era posible anular el proceso, debido a que no se puede invalidar lo que no tiene validez.

En sus intervenciones, los magistrados señalaron aspectos como que el Congreso incurrió en malas prácticas al no legislar en tiempo y forma sobre la Revocación de Mandato; también indicaron el hecho de que se emitido, una vez iniciado el proceso, un decreto de interpretación de propaganda gubernamental.

También se retomó el tema del presupuesto que se asignó al INE para la organización del ejercicio, y la ampliación que se le negó para el desarrollo del mismo.

Los magistrados destacaron el hecho de que diversos funcionarios hayan promovido la consulta a pesar los llamados del INE a no hacerlo. Afirmaron que, con esas actitudes, los funcionarios retaron a la autoridad, lo que dijeron no es un buen augurio para la democracia participativa, así como para ejercicios futuros.

Fue la magistrada Janine Otálora Malassis quien más habló sobre el tema. Indicó que el principio de neutralidad fue violentado por varios actores políticos y calificó el hecho como “grave”.

“Tuvieron lugar actos de promoción del proceso por parte de altos funcionarios públicos y de titulares de gubernaturas, desde la etapa de recolección de firmas, contraviniendo la prohibición legal y desacatando las sentencias dictadas por este Tribunal Electoral, violando con ello, además, el principio de neutralidad”, dijo.

Sostuvo que las intromisiones de los funcionarios atentaron contra la confianza de la ciudadanía, además de que desincentivan la participación en estos ejercicios.

La magistrada señaló que las malas prácticas no pudieron ser sancionadas con la nulidad del proceso, dado que no fue válido por las razones que se expusieron; sin embargo, alertó que eso no significaba que dichas acciones tuvieran consecuencias jurídicas.

Los magistraron aprobaron dar vista a distintas dependencias tales como la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, a la sala regional especializada del Tribunal Electoral, y a la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales, para su investigación y eventual sanción.

 

Será el próximo lunes cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comience el análisis de las reformas que permiten la ampliación de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California.

El anuncio lo hizo el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien indicó que se comenzarán los trabajos en torno a la llamada ‘Ley Bonilla’

En la sesión del lunes 11 de mayo se discutirá la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los partidos políticos y la CNDH solicitan la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California, publicada en el periódico oficial el 17 de octubre 2019.

La ponencia está a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas, y propone declarar inválida la reforma al artículo 8 de Baja California.

La discusión de la “Ley Bonilla” aparece como el primer asunto en la lista que se discutirá en el pleno, que sesiona de manera remota.