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JOVENEL MOÏSE

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El 7 de julio de 2021, Haití amanecía con la noticia de que su presidente, Jovenel Moïse, acababa de ser asesinado en su casa por un comando armado.

Un año después, las investigaciones están en punto muerto, los responsables y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político en el país continúa deteriorándose.

El 7 de julio del año pasado, los atacantes parecen haber ingresado con facilidad a la residencia del presidente, sin que las unidades de élite encargadas de su protección hicieran algo para neutralizarlos.

Unas horas más tarde, la policía haitiana mostró una velocidad excepcional al arrestar a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos.

Desde la muerte de Moïse, la presidencia está vacante y no hay fecha prevista de elecciones para designar a su sucesor. Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso y ninguno de ellos acusó formalmente a ninguna de las cuarenta personas encarceladas, incluidos los colombianos que presuntamente integraron el comando.

No es todo. La justicia está más a la deriva que nunca: desde hace un mes, las oficinas de la fiscalía en Puerto Príncipe fueron ocupadas por una de las muchas bandas criminales que controlan porciones enteras del territorio haitiano.

Además, el parlamento no funciona desde hace dos años. Desde su llegada al poder en 2017, Moïse no había convocado elección alguna.  Hoy Haití tampoco tiene presidente, y la Corte de Justicia no está operativa por falta de jueces.

La posible participación del primer ministro Ariel Henry en el asesinato ha frenado aún más la investigación judicial. Designado apenas dos días antes del magnicidio, Henry es sospechado de haber mantenido conversaciones telefónicas con uno de los principales acusados pocas horas después del atentado.

Invitado por el fiscal a dar explicaciones, el jefe de gobierno no se presentó y luego destituyó al magistrado, designando a un nuevo ministro de Justicia.

Ello llevó a la viuda del presidente, Martine Moïse, gravemente herida durante el atentado, a rechazar tajantemente asistir a las ceremonias de homenaje a su difunto marido, oficiadas por un jefe de gobierno sobre el que pesan «serias presunciones de que pudo haber asesinado al presidente de la República», según dijo.

Una breve ceremonia tuvo lugar esta mañana en el jardín del Museo del Panteón Nacional, en la capital. «A pesar de su debilidad, la justicia debe seguir haciendo todo lo posible para localizar a los culpables, llevarlos ante los jueces e imponerles sentencias ejemplares y disuasorias», dijo Ariel Henry ante funcionarios y diplomáticos extranjeros.

Un exfuncionario del ministerio de justicia de Haití, Joseph Felix Badio, habría dado la orden de asesinar al presidente del país Jovenel Moïse, reveló este miércoles el director de la Policía de Colombia.

El general colombiano Jorge Luis Vargas señaló que, según una investigación del gobierno de Haití y la comisión integrada por la Dirección Nacional de Inteligencia y la policía colombiana junto a Interpol, Badio habría dado la orden tres días antes del asesinato.

También afirmó que las autoridades tienen datos sobre cómo se cometió el homicidio.

«Sabemos quiénes fueron las personas que entraron en el primer vehículo, cómo lo hicieron», dijo en un vídeo Vargas, quien sostuvo que Badio les dio la orden de asesinato a los exsoldados colombianos Duberney Capador y Germán Rivera, quienes inicialmente habían sido contactados para servicios de seguridad.

«Varios días antes, al parecer tres, Joseph Felix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que laboró en la unidad de lucha contra la corrupción con el servicio general de inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití», agregó Vargas.

Recordemos que Moïse fue asesinado a tiros en su casa el pasado 7 de julio, que las autoridades haitianas arribuyen a un grupo armados de hombres que incluía a 26 colombianos y dos haitianos-estadounidenses.

Dieciocho colombianos fueron detenidos, entre ellos Rivera y otros tres murieron tras enfrentamientos con la policía local, incluido Capador.

Una fuente del gobierno de Estados Unidos había dicho que un comité del Senado investiga el entrenamiento por parte del Ejército de ese país de algunos de los colombianos detenidos.

En tanto, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, dijo que el gobierno enviará una misión consular a Haití tan pronto como lo apruebe el país, para reunirse con los colombianos detenidos, asegurar que se respeten sus derechos y seguir adelante con la repatriación de los restos de los fallecidos.

El ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que muy pocos de los exsoldados sabían sobre el plan de asesinato, pero dijo que los responsables deberán pagar el precio. «Sea quienes sean, vengan de donde vengan todas las consecuencias drásticas que este crimen debe tener», enfatizó.

Por su parte, familiares y colegas de algunos de los detenidos han afirmado que los sospechosos fueron contratados para trabajar como guardaespaldas y señalan que son inocentes del complot.