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La jueza federal que presidirá el juicio contra Donald Trump por presuntamente conspirar para anular las elecciones de 2020 en Estados Unidos, impuso este lunes una orden de silencio parcial contra el expresidente.

La jueza de distrito Tanya Chutkan ordenó a Trump no atacar con sus comentarios a fiscales, personal del tribunal ni posibles testigos en el juicio previsto para comenzar en marzo de 2024 en Washington.

El fallo de Chutkan se produce después de que el fiscal especial Jack Smith presentara una moción argumentando que la retórica incendiaria de Trump amenazaba con socavar su juicio.

Y es que Trump ha descrito a Chutkan en comentarios públicos y mensajes en redes sociales como un “fraude” y una “jueza que odia a Trump”, a la oficina de Smith como un “equipo de matones” y a Washington como una ciudad “sucia y plagada de crimen” con una población “más del 95% anti-Trump”.

John Lauro, uno de los abogados de Trump, argumentó en contra de la emisión de la orden de silencio en la audiencia de dos horas este lunes, alegando que infringiría los derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda del expresidente.

“El Gobierno del demócrata Joe Biden está tratando de censurar a un candidato político en plena campaña”, dijo Lauro, en referencia a la candidatura de Trump para volver a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

Chutkan contraatacó, diciendo que la aspiración de Trump no le da “carta blanca para denigrar a los funcionarios públicos que simplemente están haciendo su trabajo”. “¿En qué mundo es permisible que un acusado ataque a la familia de un fiscal?”, preguntó.

Poco antes de que comenzara la comparecencia, Trump publicó en su plataforma Truth Social que la “¡ORDEN DE SILENCIO A TRUMP que la Administración CORRUPTA de Biden está tratando de obtener es totalmente inconstitucional!”

Trump dijo que una medida de mordaza le haría “imposible” criticar a “los que están haciendo el silenciamiento, es decir, al corrupto Joe Biden”.

Chutkan también rechazó este lunes un nuevo intento de la defensa de Trump para que el juicio se retrase hasta después de los comicios de noviembre de 2024, en los que probablemente se produzca la revancha entre Trump y Biden.  “Este juicio no va a ceder al ciclo electoral”, dijo Chutkan.

Recordemos que Trump fue acusado de intentar alterar los resultados de las elecciones estadounidenses de 2020, que ganó Biden, en un plan concertado que condujo al violento ataque de sus partidarios contra el Capitolio el 6 de enero de 2021.

También se le señala de tratar de privar de derechos a los votantes estadounidenses con sus falsas afirmaciones de que ganó esos comicios presidenciales en noviembre de 2020.

Chutkan ha fijado el 4 de marzo de 2024 como fecha de inicio del juicio, que podría interferir en la campaña de Trump para ganar la nominación republicana rumbo a las elecciones presidenciales de ese año.

El expresidente Donald Trump reiteró este lunes en sus propias palabras, y a través de sus abogados, que está siendo víctima de una persecución política, esto durante el primer día del juicio civil en su contra por fraude en la Organización Trump.

Trump acudió voluntariamente a la Corte de Nueva York y, si bien mantuvo una actitud estoica en la sala, aprovechó la presencia de periodistas en sus entradas y salidas para calificar el proceso de “cacería de brujas” y arremeter contra la fiscal, Letitia James, y el juez, Arthur Engoron.

El favorito republicano rumbo al 2024, cuyo camino electoral puede complicarse por las causas judiciales que afronta en los próximos meses, estuvo acompañado en el banquillo por su hijo Eric y un equipo de abogados a los que escuchó atentamente en silencio, según medios locales.

El juicio durará casi tres meses, por lo que lo que se dirimirá hasta el 22 de diciembre son seis cargos relacionados con ilegalidades en las prácticas de la empresa: falsedad documental, emisión de datos financieros falsos y fraude de seguros, ya que el cargo principal de fraude ya se resolvió de manera sumaria en contra de los acusados la semana pasada.

Los argumentos de apertura fueron cortos y pusieron de relieve los extremos en que se sitúan ambas partes: la fiscal James declaró que “nadie está por encima de la ley” aunque tenga dinero y poder, mientras que los abogados de Trump pintaron a su cliente como un visionario sin intención defraudadora.

La Fiscalía expuso que Trump, sus dos hijos mayores y dos socios tenían conocimiento o participaban en la práctica de inflar los activos de la Organización Trump en sus declaraciones financieras para obtener ventajas en préstamos bancarios y seguros; un año, la cifra se exageró en 2,200 millones de dólares.

Mucho está en juego para el expresidente, especialmente su fuente de ingresos en Nueva York: el juez ha cancelado sus licencias de operación, los fiscales reclamaron hoy que se le prohíba hacer negocios y está por determinar la compensación por daños, que podría ascender a 250 millones de dólares.

La defensa de Trump, por su parte, se ha centrado en matizar las acusaciones y cuestionar tanto la evaluación de las pruebas, pues asegura que las valoraciones de los activos son subjetivas y así se describían; como el resultado de las transacciones: los bancos recuperaron su dinero prestado y sacaron beneficios.

“El valor es lo que alguien está dispuesto a pagar. Las propiedades de Trump son Mona Lisas. Eso no es fraude, es el negocio inmobiliario”, llegó a decir la abogada Alina Habba sobre, por ejemplo, la mansión de Mar-a-Lago, que el juez estimó en 18 millones y que los Trump sitúan en 1,000 millones.

“Lo que tenemos aquí es un intento de perjudicarme en las elecciones”, dijo a los medios Trump, que describió sus declaraciones financieras como “fenomenales” y aseguró que no hubo “víctimas” de los préstamos a la Organización, ya que “nunca hubo impago” a los bancos.

No está claro si Trump se presentará también mañana en el tribunal, pero figura en las listas de testigos de ambas partes, que suman más de cien personas, buena parte de ellas trabajadores o extrabajadores de la empresa, y que ya han comenzado a sentarse en el banquillo.

La fiscal encargada del caso por el que Donald Trump ha sido imputado en Georgia, Fani Willis, propuso este miércoles a la Corte que el juicio contra el expresidente arranque el 4 de marzo de 2024 y sugirió que la lectura de los cargos a los 19 acusados para el próximo 5 de septiembre.

“A la luz de los otros asuntos penales y civiles” de Trump, explicó Willis en un escrito remitido a la Corte, “el estado de Georgia propone ciertos plazos que no entran en conflicto con las audiencias y juicios ya programados de estos otros tribunales”.

Las fechas propuestas se solicitaron “para permitir que los demandados revisen las pruebas y se preparen para el juicio” y también “para proteger el interés del Estado de Georgia y del público en una pronta resolución de los cargos por los que los demandados han sido acusados”.

Y es que recordemos que el pasado lunes un gran jurado de Georgia imputó al expresidente Trump por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen.

Trump fue acusado junto a otras 18 personas. Entre los imputados se encuentran su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de Gabinete, Mark Meadows.

En su cuarta imputación, el expresidente se enfrenta a 13 cargos, el principal, el de violar la ley contra organizaciones corruptas de Georgia que, de confirmarse, implicaría una condena en prisión.

Aunque las fechas no están confirmadas por completo, el primer juicio que podría celebrarse es el de Washington D.C. por su presunta injerencia en las elecciones de 2020, en el caso que le relaciona directamente con el asalto al Capitolio.

El fiscal especial Jack Smith pidió la semana pasada que el proceso comience el 2 de enero de 2024, a pocos días del tercer aniversario del ataque al Capitolio.

En Nueva York Trump ha sido imputado con 34 cargos por supuestos pagos a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, con la que tuvo una relación en el pasado, para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016. Se espera que el juicio comience en marzo de 2024.

La otra causa penal, cuyo juicio podría comenzar en mayo de 2024, es en Florida, donde está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de La Casa Blanca.

Trump, es el primer expresidente acusado penalmente en la historia de Estados Unidos, y afronta estos procesos en plena carrera por regresar a La Casa Blanca en 2024. Pero ¿qué hay detrás de las acusaciones contra el republicano? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Brenda Estefan, analista internacional, sobre lo que enfrenta el exmandatario.

El juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por negligencia en el uso de documentos confidenciales comenzará el 20 de mayo de 2024, en plena campaña electoral por la Casa Blanca.

Según el calendario judicial emitido este viernes, la jueza federal Aileen Cannon ha desestimado las peticiones de los abogados de Trump, que solicitaban retrasar el juicio una vez terminadas las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

También se desestimó la petición del Departamento de Justicia, quien había pedido adelantar los procedimientos a diciembre de este año.

El juicio se había programado inicialmente para el 14 de agosto, una fecha a la que tanto la defensa como la fiscalía se opusieron porque dijeron que necesitaban más tiempo para prepararse.

Previamente, el 14 de mayo, se celebrará una audiencia para discutir el calendario del juicio con el jurado, cita en la que Trump y su asistente Waltine Nauta, estarán en el banquillo de los acusados.

Recordemos que Trump se ha declarado inocente de más de una treintena de cargos que le han sido imputados en el marco del caso de los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca.

Según la acusación, los documentos clasificados que Trump almacenaba en cajas en su mansión contenían información “sensible” sobre las capacidades de Estados Unidos en materia armamentística.

Trump, de 77 años, es el favorito para la nominación presidencial republicana, por delante de otros perfiles como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Así, el juicio se llevará a cabo en un punto álgido de las primarias donde se seleccionará al abanderado del partido para las elecciones presidenciales.

Un jurado de Nueva York absolvió este jueves al cantante británico Ed Sheeran, por la acusación de plagio del tema “Let´s get it on”, luego de dos semanas de juicio en un tribunal federal de Manhattan.

Al pronunciarse el veredicto del jurado, Ed Sheeran se puso de pie y abrazó a sus abogados, que consiguieron convencer a los siete miembros del jurado de que los acordes de “Thinking out loud” de 2014 y su parecido con el tema de Marvin Gaye eran una mera coincidencia.

Sheeran había sido denunciado por los herederos de Ed Townsend, coautor de la canción de Marvin Gaye, en una demanda que data de 2017 y sobre la que Sheeran llegó a decir que se retiraría de la música si los denunciantes ganaban el caso.

Durante las dos semanas que duró el juicio, Ed Sheeran llegó a tomar una guitarra para interpretar ante el jurado la canción objeto de la polémica, en una privilegiada actuación acústica con la que aparentemente logró convencerlos de que no había habido copia en la “progresión de acordes”.

El juicio tuvo lugar a dos semanas de la publicación del nuevo álbum del cantante, y del comienzo de una gira por Estados Unidos dentro de su tour mundial “Mathematics”, en el que evitó incluir una parada en Nueva York.

Sheeran, que está promocionando su álbum “=”, dará 21 conciertos en Estados Unidos y Canadá entre el 6 de mayo (Arlington, Texas) y el 23 de septiembre (Inglewood, California), con dos incursiones en Canadá, el 17 de junio (Toronto) y 2 de septiembre (Vancouver).

Sheeran incluyó “Thinking Out Loud” en su disco “X”, del que ha vendido millones de copias.

No es la primera vez que el cantante pisa los tribunales. En marzo del año pasado ganó otro juicio parecido en Reino Unido por violación de “copyright” en su tema “Shape of you”.

Foto: Twitter @edsheeran

La defensa de Genaro García Luna, declarado culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico en Nueva York en febrero pasado, anunció que pedirá una repetición del juicio contra el exsecretario de seguridad pública, tras obtener nueva pruebas.

“Desde el veredicto, varias personas, entre ellas antiguos agentes de las fuerzas del orden, se han puesto en contacto con nosotros para facilitarnos nuevas pruebas favorables a la defensa que podrían dar lugar a la presentación de una moción en virtud de la norma 33 (para pedir la celebración de un nuevo juicio)”, asegura el abogado de García Luna, César de Castro, en un escrito dirigido al juez.

Por ello, De Castro y su equipo ha solicitado un aplazamiento de tres meses para que se dicte sentencia.

La defensa asegura que necesita tiempo extra para continuar desarrollando las pruebas para sustentar una potencial moción de acuerdo con la mencionada norma 33 que estipula que el acusado puede solicitar un nuevo juicio si se descubren nuevas pruebas que así lo ameriten.

De aceptarse dicho aplazamiento, también afectaría a la fecha de la sentencia, programada para el 27 de junio.

Recordemos que el pasado 21 de febrero, un jurado declaró culpable a García Luna de cuatro cargos de narcotráfico más un quinto de mentir a las autoridades.

Los declararon culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

Por cualquiera de los cuatro primeros cargos, podría ser sentenciado a cadena perpetua.

García Luna trabajó vivía, desde 2012, en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viajaba habitualmente a México.

El exfuncionario, detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, ha estado en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, irá a juicio por el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht, en el que se buscará imponerle una pena de 46 años solicitada formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó un juez.

Aunque el juicio se llevaría a cabo en cinco días, el proceso se extenderá ya que la defensa legal del exdirector de Pemex interpuso un amparo para que se determine a qué institución se le debe reparar el daño y así suspender el juicio penal en su contra.

Sin embargo, la FGR adelantó que también interpondrá un recurso de apelación para que le sean admitidas todas las pruebas que fueron rechazadas este lunes por el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, y se le puedan imputar a Lozoya los probables delitos de peculado, cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.

Y es que el juez rechazó al menos 22 de 39 pruebas de la Fiscalía, mientras que aceptó que 20 personas testifiquen a favor del exdirector de la petrolera y la presentación de 8 pruebas documentales.

“Si no se interpusieran apelaciones o no hubiéramos presentado la demanda de amparo, en un término máximo de cinco días después de la causa que ha concluido con esta audiencia intermedia, tendría que remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento, por eso no va a suceder”, indicó después de más de casi siete horas de audiencia el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros.

En este sentido, el abogado defensor insistió en que “vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos todavía para lograr el criterio de oportunidad”, por el que el exdirector de Pemex ha ofrecido más de 200 millones de pesos como reparación del daño.

La FGR también ha solicitado 22 años para su madre Gilda Margarita Austin, mientras que ha precisado que buscan una reparación de 7.3 millones de dólares por el caso de Odebrecht.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos, ambos por corrupción y es el principal implicado del escándalo de Odebrecht en México por recibir sobornos por 10.5 millones de dólares.

El segundo juicio que enfrenta Lozoya es por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

El gobierno de México consideró que se hizo “justicia”, luego de que un jurado estadounidense declarara culpable al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, de los cinco delitos que se le seguían.

“García Luna es declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en E.U. La justicia ha llegado para quien fuera escudero” del expresidente Felipe Calderón escribió en Twitter el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

El funcionario añadió que los crímenes en contra del pueblo de México “no serán olvidados nunca”.

La reacción de Cuevas llegó luego de que García Luna fue declarado culpable de aceptar sobornos para proteger a los cárteles del narcotráfico a los que debía combatir.

Bajo estrictas medidas de seguridad, un jurado anónimo de una corte federal de Nueva York deliberó durante tres días, desde el jueves pasado, antes de llegar a un veredicto.

Se trata del funcionario o exfuncionario mexicano de más alto rango jamás juzgado en Estados Unidos. El excolaborador de Felipe Calderón no mostró ninguna reacción al momento de escuchar el veredicto.

García Luna fue declarado culpable de los otros cargos que incluyen participar en una empresa criminal continua, la cual conlleva una sentencia potencial de entre 20 años y cadena perpetua. También fue declarado culpable de otros cargos, como distribución de cocaína y asociación delictuosa para traficar cocaína.

El juez Brian Cogan indicó que la audiencia en que se dictará sentencia será el 27 de junio.

Esta misma mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha optado por dar un seguimiento al caso todas las mañanas, aseguró que “no dejará” el caso fuera cual fuera el veredicto del jurado.

Tampoco descartó que México solicite a Estados Unidos su extradición, pues dijo que existen “denuncias penales” contra él.

Además, López Obrador lamentó que en el juicio no se tuviese en cuenta la demanda civil que su Gobierno interpuso en 2020 en Florida para reclamar 700 millones de dólares que, alegó, García Luna obtuvo de forma ilegal de recursos públicos.

Y recordó la importancia del juicio, pues pone la lupa sobre Calderón, uno de sus grandes rivales políticos.

Los doce miembros del jurado del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se retiraron este jueves a deliberar sobre la inocencia o culpabilidad del exfuncionario, que volvió a estar acompañado en la sala del tribunal por su esposa, Linda Cristina Pereyra, y su hija Luna.

Antes de comenzar su deliberación, el juez Brian Cogan empleó casi dos horas en instruirlos sobre los cinco delitos que se le imputan, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico.

García Luna está acusado de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad, conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

Pero además, los miembros del jurado tendrán que decidir, en caso de declararlo culpable, si García Luna en 2012 abandonó la conspiración en la que participaba.

En caso de determinar que en ese año dejó de conspirar y así se lo hizo saber a sus supuestos socios, entonces sus delitos habrían prescrito y solo sería condenado por el último de los cargos: no decir la verdad cuando se le preguntó si había cometido un delito por el que no había sido procesado.

El jurado no tiene una fecha límite para tomar una decisión, que, tanto si es la de culpabilidad como la de no culpabilidad, deberá ser unánime.

Desde el pasado 23 de enero, sus miembros escucharon los testimonios de 26 testigos convocados por la Fiscalía, entre ellos exnarcotraficantes, policías de México y agentes estadounidenses, así como el de la esposa de García Luna, el único testigo de la defensa.

Ayer se dio paso a los alegatos finales de ambas partes, donde se buscó convencer al jurado de la culpabilidad más allá de la duda razonable, como sostiene la Fiscalía, o de su inocencia como argumenta la Defensa.

En una larga exposición de tres horas, la fiscal Saritha Komatireddy les pidió a los 12 miembros que usaran el sentido común y unieran las piezas del rompecabezas que la Fiscalía presentó en las últimas cuatro semanas.

La Fiscalía defiende que su relato, junto al de otros narcotraficantes y el del resto de testimonios levanta un edificio consistente que demuestra la culpabilidad del acusado.

El abogado de García Luna, César de Castro, intentó echar abajo los argumentos de la fiscalía, señalando que los principales testigos, todos exnarcotraficantes, son criminales a los que no se puede creer porque buscan su propio beneficio al colaborar con la Fiscalía y también vengarse de quien fue el rostro de la lucha contra el narcotráfico durante la administración de Felipe Calderón.

La Fiscalía estadounidense presentó este miércoles en tres horas y media su alegato final contra el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, haciendo hincapié en el testimonio del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, brazo derecho del capo Arturo Beltrán Leyva.

“Deben leer el testimonio del Grande”, dijo la fiscal Saritha Komatireddy a los miembros del jurado antes de insistir en que su declaración contra García Luna supone una “prueba específica y creíble de la culpabilidad del acusado”, a quien calificó como un hombre “inteligente, ambicioso y poderoso” que utilizó su posición para ganar millones de dólares de la gente que tenía que haber perseguido.

Ayudada de un panel con los rostros de García Luna, de varios de sus ayudantes como Luis Cárdenas Palomino y de los principales líderes del cártel de Sinaloa como Joaquín “El Chapo” Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva e Ismael “El Mayo” Zambada y su hermano Jesús “El Rey” Zambada, Komatireddy fue repasando los 26 testimonios que la Fiscalía llamó los largo de las tres semanas y media que duró el juicio.

“Una sola declaración de (un testigo cooperante) puede ser suficiente”, dijo la fiscal antes subrayar que el gobierno ha presentado a nueve testigos cooperantes, exnarcotraficantes que cumplen o han cumplido condena den Estados Unidos.

Komatireddy apeló al sentido común de los miembros del tribunal al final de su discurso y les pidió que creyeran a los testigos, porque según ella, han colaborado a pesar de temer posibles repercusiones por parte del acusado. “Usen su sentido común y declárenlo culpable”, concluyó.

Durante su exposición, la fiscal, como ella misma expresó, unió “todas las piezas del rompecabezas” y regresó a los lugares y los hechos que el equipo de la Fiscalía fue tejiendo a través de los testigos, desde el pasado 23 de enero que arrancaron los testimonios.

Insistió en que tres de los cooperantes, “El Rey”, “El Grande” y “El Lobo”, declararon haber pagado en persona o haber sido testigos directos del pago de sobornos a García Luna.

A cambio, insistió la fiscal, García Luna ayudó y ofreció protección al Cártel de Sinaloa, que calificó como “el FedEx de la cocaína” para que pudiera ampliar su territorio, eliminar a bandas rivales, importar cocaína de Colombia y otros países latinoamericanos e introducir toneladas de droga en Estados Unidos.

Además, Komatireddy se detuvo brevemente en repasar la historia del cártel del Sinaloa.

Así, contó cómo el grupo vivió “su edad dorada” entre 2001 y 2006, años en los que supuestamente las diferentes facciones hacían colectas para sobornar a García Luna y cómo a partir de entonces, empezaron a surgir tensiones entre la facción de “El Chapo” y “El Mayo”, por un lado, y la de los hermanos Beltrán Leyva, que acabó desembocando en una guerra interna.

En aquella época, “la Policía Federal está tan integrada en el cártel de Sinaloa que la policía es parte de esa guerra”, dijo la fiscal antes de subrayar que en ese conflicto García Luna acabó tomando partido por la gente de “El Chapo”.

Recordemos que quien fuera mano derecha del expresidente Felipe Calderón está imputado de cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en la dirección de una empresa criminal que continua su actividad, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para la importación de cocaína.

El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

En su turno de alegatos finales, la Defensa de García Luna pidió a los miembros del jurado que no crean a “criminales que han mentido toda su vida” y que se atengan más bien a la falta de pruebas concluyentes.

Durante su alegato final, el abogado César de Castro insistió en la inocencia de su cliente y declaró que “la falta de pruebas es escandalosa” y que la acusación del gobierno se fundamenta en los testimonios de “posiblemente los peores criminales que el mundo haya visto”.

Tal como lo hiciera en las ultimas tres semanas, De Castro volvió a desplegar los argumentos que empleó con los siete testigos cooperadores con la Fiscalía que cumplen o han cumplido condena en Estados Unidos, más dos policías mexicanos que hablaron de corrupción dentro de las filas de la Policía Federal.

Dijo que actuaron por venganza contra la cara visible de la lucha contra el narcotráfico en México o que mintieron para lograr un beneficio personal: para reducir sus sentencias o para conseguir que sus familias puedan viajar a Estados Unidos.

“Su testimonio es su manera de escapar (…) Para gente que ha participado en todos estos crímenes, ¿cómo va a resultar difícil mentir?”, comentó De Castro antes de subrayar que los capos y narcotraficantes “son capaces de hacer todo lo que sea para conseguir sus objetivos”.

Sus intervenciones, continuó, “no se pueden creer, son inconsistentes y desafían el sentido común”.

Declaró a los miembros del jurado que la Fiscalía se había apoyado en la “cantidad y no en la calidad” y que por esa razón había presentado 26 testigos pero ninguna prueba palpable.

En su discurso, también hizo referencia al testimonio de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, que ayer ofreció la imagen de una familia que había construido poco a poco su patrimonio a base de trabajo, hipotecas y compra y venta de inmuebles y comparó esto con el derroche y las riquezas de los narcotraficantes.

Al finalizar sus alegados, la Fiscalía volvió a tomar la palabra para decir al jurado que lo que De Castro quería demostrar era que había habido una gran conspiración y que García Luna era la persona con peor suerte del mundo.

“Nosotros no hemos elegido a los testigos, García Luna los eligió para hacer negocios con ellos”, dijo la fiscal Erin Reid, encargada de tomar la palabra en la segunda intervención para insistir en la culpabilidad del acusado.

Fue así que concluyeron los alegatos de ambas partes. Mañana el juez Brian Cogan dará las últimas instrucciones al jurado antes de que este se retire a deliberar.

El jurado tendrán que decidir si García Luna es culpable o inocente. Se presume que este mismo viernes se podría tener un veredicto.

El juicio conta el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, concluirá este miércoles con los alegatos finales, casi cuatro semanas antes de lo previsto.

A partir de mañana los doce miembros del jurado tendrán que deliberar si es culpable o no el exfuncionario federal de ayudar al cartel de Sinaloa a traficar droga a Estados Unidos.

A lo largo de un mes de juicio, los más de 20 testigos que han subido al banquillo llamados por la fiscalía han esbozado el poder corruptor del dinero de la droga desde la política a las fuerzas de seguridad, pasando por los funcionarios de aduanas y personal de puertos y aeropuertos.

El llamado “superpolicía” ya llevaba varios años monetizando su influencia con “El Chapo” Guzmán, según lo acusó el Departamento de Justicia estadounidense en 2020. Ahora ha  insistido en que se convirtió a partir de 2001 en “miembro de la conspiración del cartel de Sinaloa”.

El exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, uno de los testigos que declaró, mencionó en la Corte de Brooklyn el nombre del expresidente Felipe Calderón, quien habría dado órdenes de apoyar a la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Jesús “El Rey” Zambada, mano derecha de su hermano Ismael “El Mayo” Zambada, que seguiría liderando el cártel de Sinaloa, aseguró haber pagado 5 millones de dólares a García Luna, además de que confirmó otras acusaciones que han salido a la luz durante el juicio, como la complicidad de autoridades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para traficar droga.

Según varios testigos, García Luna, que rehusó declarar para defenderse en su propio juicio, habría recibido pagos millonarios de los cárteles a cambio de protección.

Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, otro protegido de la justicia estadounidense, dijo que su entonces jefe Arturo Beltrán Leyva le hacía igualmente pagos mensuales de al menos 1.5 millones de dólares directamente a García Luna o a través de su mano derecha Luis Cárdenas Palomino.

Óscar “El Lobo” Valencia también afirmó haber pagado más de 10 millones de dólares al excolaborador de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

La defensa del acusado, dirigida por el abogado César de Castro, ha tratado a lo largo del juicio de restar credibilidad a los testigos que a menudo han caído en contradicciones y que, sobre todo, pese a su historial criminal, se han beneficiado de fuertes reducciones de pena en Estados Unidos a cambio de colaborar con la justicia.

Genaro García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 y fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, periodo en el que colaboró estrechamente con las agencias antinarcóticos y de inteligencia estadounidenses en el marco de la ofensiva del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles.

Está acusado de cinco cargos: participación en empresa criminal continua; conspiración de distribución internacional de cocaína; conspiración de distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína y falsedad en una declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en 2018. Podría ser condenado a entre diez años y cadena perpetua.

Su destino está en manos de 12 jueces que luego de la audiencia de hoy se retirarán a deliberar, siguiendo las pautas pactadas por el juez instructor Brian Cogan, la fiscalía y la defensa.

Tendrán que determinar si García Luna, que se trasladó en 2012 a vivir a Estados Unidos en busca de tranquilidad y seguridad, como aseguró su esposa Cristina Pereyra, es o no culpable. Sería este mismo viernes cuando pudiera tenerse un veredicto.

La defensa de Genaro García Luna intentó mostrar las contradicciones del testimonio de Jesús “El Rey” Zambada, quien ayer aseguró que pagó al menos 5 millones de dólares al acusado en 2006, cuando este dirigía la ahora extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

A preguntas de la Fiscalía, “El Rey” declaró ayer que realizó dos pagos, uno de 3 millones de dólares y un segundo pago de 2 millones de dólares a García Luna en el restaurante Champs Elysées a través del abogado Óscar Paredes, que trabajaba también para el cártel de Sinaloa.

Hoy, César de Castro, abogado del exsecretario de seguridad, recordó que en reuniones con fiscales e incluso en el testimonio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en noviembre de 2018, “El Rey” había indicado otras cantidades de dinero y otros detalles.

En concreto, en el juicio contra “El Chapo”, “El Rey” dijo que le había pagado 3 millones de dólares en la primera reunión y entre 3 y 5 millones de dólares en el segundo encuentro, en lugar de 2 millones como dijo ayer.

Además, insistió en otros detalles de dicho encuentro como el número y el tipo de bolsas en las que supuestamente se entregaron esas cantidades, a lo que “El Rey” reconoció que la memoria le podía fallar en algunos detalles.

Asimismo, el testigo insistió en el “temor” que le produce hablar sobre García Luna: “Es muy duro hablar de una persona tan importante porque uno piensa en su familia y en uno mismo. Es gente que tiene mucho poder. No es fácil hacerlo, esa es la realidad”, subrayó para justificar esas lagunas que la defensa señaló.

En la audiencia de hoy, la defensa comenzó a interrogar a “El Rey” empleando la misma estrategia que ha utilizado con otros testigos.

Trató de resaltar su pasado criminal, subrayando las ventajas que ha obtenido del gobierno estadounidense al colaborar con la Fiscalía e hizo hincapié en que tardó más de un año en citar a García Luna en sus reuniones con agentes de seguridad y fiscales, mientras que sí nombraba a otros responsables mexicanos.

Tras el turno de la defensa, la Fiscalía quiso hacer hincapié en que lo importante era que” El Rey” había sobornado a García Luna y que lo vio personalmente entrar y salir del restaurante donde se llevó a cabo la entrega.

Asimismo, la Fiscalía mostró hoy fotografías de viviendas y vehículos de García Luna hallados en sus aparatos electrónicos, antes de dar por concluida su presentación de testigos, que arrancó hace más de tres semanas.

Otro de los temas que causó polémica fue que “El Rey” Zambada negó este martes haber pagado 7 millones de dólares a Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, para una campaña electoral del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Zambada aseguró en 2013 que pagó dicha cantidad a Regino para la campaña presidencial en 2006 de López Obrador, quien por aquel entonces era jefe saliente del Gobierno del Distrito Federal y competía contra el expresidente Felipe Calderón.

“No pude haberlo dicho porque no es verdad”, reculó Zambada en la audiencia celebrada en Brooklyn, Nueva York.

Finalmente, la esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Linda Cristina Pereyra, testificó esta tarde en favor de su esposo.

Convocada por la defensa, Pereyra justificó los ingresos y propiedades de la familia, presentados por la Fiscalía como producto de los supuestos sobornos pagados por los narcos a su marido, como el progreso natural de la fortuna familiar gracias al ascenso de su marido y los beneficios obtenidos por la compra venta de propiedades.

A preguntas del abogado Florian Miedel, Pereyra habló de la evolución de estos ingresos y la adquisición de bienes inmuebles, desde que se conocieron en 1989.

Pereyra insistió en que las distintas viviendas y negocios que fueron adquiriendo y luego vendiendo, como una papelería o una tienda de artículos de fiesta para niños, se compraron gracias a la solicitud de hipotecas y préstamos.

Para dichas compras, según Pereyra, también se beneficiaron de bonos recibidos por García Luna, así como por el dinero que este recibió al finalizar sus funciones como director de la Agencia Federal de Investigación en 2006, por lo que recibió 2.7 millones de pesos.

Jesús “El Rey” Zambada, aseguró este lunes que pagó al menos 5 millones de dólares en 2006 al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuando este dirigía la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

“El Rey” declaró que realizó dos pagos, uno de 3 millones de dólares y un segundo de 2 millones de dólares a García Luna en el restaurante Champs Elysées, a través del abogado Óscar Paredes, que trabajaba también para el cártel de Sinaloa.

Según Zambada, Paredes le dijo: “Mira, tengo la posibilidad de tener una reunión con Genaro García Luna y platicar (conversar) con él”.

El narcotraficante describió esta mañana a Paredes como el encargado de mantener los contactos con los responsables de las instituciones gubernamentales y de pagar sobornos a altos cargos.

Según “El Rey”, Paredes le dijo que ya se hablaba de que García Luna iba a ser nombrado nuevo secretario de Seguridad Pública con la llegada del gobierno de Felipe Calderón, y que era importante hablar con él para conseguir protección para Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, uno de los líderes del cártel de Sinaloa y hermano de “El Rey”.

En la primera reunión, que según él se produjo a finales de 2006, “El Rey” le dio a Óscar Paredes tres millones de dólares en un maletín y una bolsa de deportes, y Paredes se lo entregó a García Luna en una sala reservada del restaurante.

“El Rey”, que aseguró que prefería mantenerse en el anonimato, se quedó en el bar, desde donde vio entrar a García Luna con dos acompañantes; quince y veinte minutos después, se fueron con el dinero.

Tras ese encuentro, Paredes, que trabajaba directamente para “El Mayo”, dijo que García Luna le había garantizado que no perseguiría ni investigaría a “El Mayo” y que lo iba a dejar trabajar como hasta entonces.

En otro momento, “El Rey” comentó que sabía que desde el cártel de Sinaloa le pagaban 1.5 millones dólares mensuales a García Luna.

No es la primera vez que “El Rey” se lanza contra García Luna. En noviembre de 2018, durante el juicio por narcotráfico contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya había acusado al exsecretario de seguridad de aceptar sobornos del cartel de Sinaloa.

El juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, podría concluir mucho antes de las ocho semanas inicialmente previstas, según un escrito de la fiscalía estadounidense.

“El gobierno anticipa que probablemente terminará su alegato el martes por la mañana”, se lee en una carta dirigida al juez instructor Brian Cogan, y que fue firmada por el fiscal del tribunal de Brooklyn que instruye el caso, Breon Peace.

No obstante, se espera que una vez finalizados los alegados de la fiscalía, la defensa presente sus propios testigos, para luego dar paso a los alegatos finales.

Inicialmente, el juez había estimado una duración de en torno a ocho semanas para el juicio contra el funcionario mexicano de mayor rango juzgado en Estados Unidos.

Según la fiscalía neoyorquina, el que fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 ayudó al Cártel de Sinaloa y a su jefe, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense, a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, convirtiéndose en un “miembro” más de la conspiración delictiva.

En la carta, la fiscalía anuncia que hoy pretende interrogar a cuatro testigos más, aunque debido a problemas de logística con uno de los testigos más “significativos”, la sesión concluirá antes.

El último testigo, el exfiscal del estado de Nayarit Edgar Veytia, que cumple 20 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas, aseguró que según le habían dicho, Calderón instruyó a funcionarios del gobierno a que apoyaran al cártel de Sinaloa, aunque no presentó pruebas de dichas acusaciones.

Calderón contestó vía redes sociales negando “categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy (martes) el testigo Veytia. Lo que señala sobre mi es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”.

A lo largo de dos semanas y media han desfilado una serie de testigos de la fiscalía, entre ellos, Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que acusaron a García Luna de recibir millones de dólares en sobornos para ayudar al cartel de Sinaloa, ofrecerle información sobre operaciones y “poner y quitar comandantes” para perjudicar a sus competidores.

La defensa del que fuera el hombre de confianza de Felipe Calderón, intenta socavar la credibilidad de los testigos, la mayoría detenidos en Estados Unidos, cuyas penas de cárcel se han visto o pueden verse reducidas por colaborar con la justicia.

El exprocurador del estado de Nayarit, Édgar Veytia, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, subió este martes al estrado como parte del juicio que se le sigue a Genaro García Luna en Estados Unidos.

Édgar Veytia hizo referencia al expresidente Felipe Calderón, a quien vinculó de manera indirecta con grupos del narcotráfico.

El exfuncionario estatal, que reconoció haber protagonizado una larga carrera de corrupción política, contó que en 2009 fue convocado a una reunión dentro de un vehículo por el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, quien le dijo que acababa de llegar de México de una reunión muy importante con el presidente Calderón y García Luna y que “la línea era El Chapo”.

Veytia contó que dicho encuentro con el entonces gobernador de Nayarit tuvo lugar en el contexto de la guerra interna del cártel de Sinaloa, entre el clan de los Beltrán Leyva y las facciones afines a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cuestionado por la Fiscalía, Veytia dijo que se quedó muy sorprendido tras escuchar las palabras de González y que lo que entendió fue que “debíamos privilegiar a los Chapos y no a los Beltrán como veníamos haciendo”.

Sin embargo, Veytia no ofreció más detalles ni habló más con Gónzález sobre las circunstancias de dicha reunión o cómo había recibido esas órdenes.

Esta es la primera vez desde que comenzaron los testimonios del juicio, en que el nombre del expresidente Felipe Calderón es mencionado.

Recordemos que García Luna sirvió como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Cuando la Fiscalía solicitó a Veytia más datos sobre ese encuentro dentro del vehículo, el exfuncionario corrupto se limitó a contestar: “Al gobernador no se le piden explicaciones”, y agregó que se retiró tras escuchar sus palabras.

Veytia también indicó que junto con Roberto Sandoval Castañeda, exalcalde de Tepic y exgobernador de Nayarit, recibió sobornos del clan de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de no investigarlos, protegerlos y no meterse en sus asuntos.

Veytia contó que a finales de octubre de 2008 se reunió con el entonces responsable de seguridad en la ciudad de Tepic, que identificó como el comandante Violante, que le dijo que acababa de participar en una convención nacional de seguridad y que “había recibido instrucciones de Genaro García Luna de que debíamos tomar el lado del Chapo”, algo que no hizo.

Poco después, Violante renunciaría a su puesto y Veytia se convertiría en Director de Tránsito de Tepic y encargado de la seguridad pública de la ciudad, que describió como “la segunda ciudad más violenta de México” en aquel momento.

Fueron las declaraciones de Veytia las que provocaron que el expresidente Felipe Calderón hablara por primera vez sobre el juicio contra Genaro García Luna.

A través de un mensaje en redes sociales, negó que durante su gestión negociara o pactara con criminales.

“Me he reservado opinar sobre el juicio al Ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora, niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”, aseguró el exmandatario.

El narcotraficante Óscar “El Lobo” Valencia, aseguró este lunes que pagó “más de 10 millones de dólares en efectivo” al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, esto como parte del juicio que se lleva a cabo contra el exfuncionario mexicano en Estados Unidos.

“Le di más de 10 millones en efectivo procedente de la droga”, dijo el testigo de la fiscalía, en el juicio que este lunes retomó actividades, luego de que iniciara la semana pasada. Se trata del funcionario mexicano de más alto nivel que ha pasado por el banquillo de la justicia estadounidense.

Valencia, que admitió haber enviado a Estados Unidos “más de 100,000 kilos de cocaína”, contó que se había reunido personalmente dos veces con García Luna y que la última, cuando estaba al frente de las fuerzas de seguridad del país, acudió a las oficinas de un negocio de lavado de autos de un amigo en Guadalajara.

“Para poder tener la reunión tuvimos que pagar 500,000 dólares para verle a través de (Luis) Cárdenas Palomino”, su hombre de confianza en la secretaría, dijo el testigo.

Se reunieron durante unos “15 minutos”. “¿Le dio dinero a García Luna?”, le preguntó la asistente de fiscal Marietou Diouf. “Teníamos que darle 3 millones de dólares” en total, dijo el testigo, aunque admitió que fue su “compadre ‘El Pilo'”, dueño del negocio, quien le dio la parte que faltaba “en la parte de abajo” del local.

El testigo, detenido en octubre de 2009, aseguró que se había reunido en otra ocasión con el exsecretario en una casa de Arturo Beltrán Leyva, después de un operativo en el puerto de Manzanillo, en 2007, en el que la Marina decomisó al menos 20 toneladas de cocaína, tras un supuesto aviso de las autoridades estadounidenses, en dos cargamentos distintos que estaban destinados al propio ‘Lobo’, entonces jefe del cartel de los Valencia, y al líder de los Beltrán Leyva.

García Luna recibía “dinero en metálico”, dijo ‘El Lobo’, en referencia a que siempre se le daba el dinero en efectivo.

La primera vez fue en 2006. “Nos dijeron que teníamos que colaborar en una polla (recaudación) para asegurarnos el apoyo de las fuerzas de seguridad para el paso de la droga”, explicó “El Lobo” Valencia, quien aseguró haber entregado entonces 2.5 millones de dólares.

Según él, también pagaban sobornos a “otros funcionarios del gobierno”, así como a autoridades municipales, agentes de la policía federal y responsables de los puertos y aeropuertos para que los “dejaran sacar los cargamentos” de droga. El aeropuerto de la capital mexicana era una de las principales puertas de entrada de la droga procedente de Colombia en el país, aseguró.

‘El Lobo’ corrobora el testimonio del primer testigo de la fiscalía, Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, quien reveló la semana pasada los supuestos pagos al llamado arquitecto de la guerra contra las drogas durante el gobierno de Felipe Calderón, que está acusado de haber ayudado al cartel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán a introducir más de 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos.