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La petición para que se celebre una consulta popular que pregunte a la ciudadanía de México si quiere que se investigue y, en su caso, se presenten cargos contra los expresidentes, llegó esta tarde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que  es quien decidirá si procede o no la convocatoria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió por la mañana al Senado la petición formal y la cámara alta la turnó de forma de inmediata al máximo tribunal, que decidirá sobre su constitucionalidad.

López Obrador propuso el referéndum para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones de mitad del sexenio y que son clave para que el presidente mantenga la mayoría en el Congreso.

La consulta podría ser una forma de atraer votantes a las urnas porque los comicios de medio período a menudo tienen una participación baja, pero además podría desviar la atención de los problemas del gobierno actual con la economía y la pandemia de coronavirus al centrar la atención en abusos del pasado.

López Obrador ve la consulta nacional como un mecanismo para concretar sus acusaciones de una «corrupción sistemática» desde 1988, cuando inició la puesta en marcha de programas económicos conservadores y privatizaciones, un periodo que el mandatario califica de «neoliberal o neoporfirista».

En paralelo a la petición de López Obrador, miembros de Morena, llevan un par de semanas recogiendo firmas ya que el trámite para iniciar la petición de la consulta también podía iniciarse si se recaban casi dos millones de rúbricas. El presidente esta mañana que sí las habían logrado recabar.

En la parte final de su mensaje con motivo el segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre su propuesta de llevar a cabo una consulta ciudadana para que sea el pueblo quien decida si los expresidentes son llevados a juicio por su presunta participación en actos de corrupción.

«He dicho, y reitero, que yo votaría por no someterlos a proceso pues mantengo la postura que sostuve en mi toma de posesión, según la cual, en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo», dijo AMLO.

López Obrador aseguró que como muchos mexicanos fue víctima del fraude electoral, por lo que sabe del daño que ocasionan las autoridades impuestas. Por eso, dijo, se reformó la Constitución y se castigará con cárcel y sin derecho a fianza a quien utilice el presupuesto público en beneficio de partidos y candidatos o adultere el carácter libre y democrático de las elecciones.

Añadió que desde Francisco I. Madero, nunca un presidente había sido tan atacado como él.

«Los conservadores están enojados porque ya no hay corrupción y perdieron privilegios. Sin embargo, gozan de una absoluta libertad de expresión y ello es prueba de que hoy se garantizan las libertades y el derecho a disentir. La represión política ha quedado en el pasado».

AMLO aseguró que se está llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México, la cual se está logrando de manera pacífica.

Dijo que aunque hay oposición al gobierno, la mayoría de los habitantes de México aprueban su gestión. «Gracias a todas y a todos por la confianza. No les fallaremos».

Insistió en que es mucho lo realizado en sus casi primeros  dos años de gobierno, y dijo que de los 100 compromisos que hizo en el Zócalo el primero de diciembre de 2018, se han cumplido 95.

Aseguró que desde el primer día de su gobierno se ha aplicado el Proyecto de Nación por el que los mexicanos votaron el 1 de julio de 2018, aunque reconoció que circunstancias imprevistas e infortunadas como la pandemia de Covid-19 ha obligado a hacer ajustes.

«Estoy convencido que la mejor manera de evitar retrocesos en el futuro depende mucho de continuar con la revolución de las conciencias para lograr a plenitud un cambio de mentalidad que, cuando sea necesario, se convierta en voluntad colectiva, dispuesta a defender lo alcanzado en beneficio del interés público y de la nación. Sigamos pues haciendo patria, por nosotros y por las nuevas generaciones, que sabrán honrar la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México», concluyó AMLO.

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores informó la noche de ayer que hicieron formal, ante la Mesa Directiva, la petición de consulta popular, para investigar y en su caso llevar a juicio a los expresidentes de la República.

En el documento presentado, los legisladores señalaron que a partir de que se conoció la denuncia que presentó Emilio Lozoya en la Fiscalía General de la República (FGR) hay elementos para presumir que algunos expresidentes participaron en presuntos actos de corrupción.

«Consideramos de la mayor relevancia que slos mecanismos de participación ciudadana directa puedan fortalecer la actuación de los órganos de gobiernno para que vivamos en un país donde la justicia se ejerza de manera adecuada», precisaron los senadores de Morena.

En línea con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los legisladores de la 4T indicaron que la solciitud tiene como propósito que las ciudadanas y ciudadanos ejerzan su derecho de votar en un ejercicio democrático y expresen su opinión sobre un tema de trascendencia nacional.

En la solicitud, se detalla la prregunta que propone Morena para que se aplique en la consulta: ‘Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Al igual que AMLO, quien ha dicho que no quieres ser el verdugo o a quien señalen de vengativo, los legisladores prefirieron deslindarse del resultado de dicha encuesta, y dijeron que «las y los mexicanos determinarán si están de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes de México que sean presuntamente responsables de la comisión de algún delito durante el ejercicio de sus funciones.

Los Senadores remataron indicando que desde el inicio del actual gobierno, se ha dicho que no se trata de un acto de venganza el llevar a los expresidentes a juicio, sino un acto de justicia.

De acuerdo a la más reciente encuesta de El Universal, 9 de cada 10 personas está a favor de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) persiga a exfuncionarios que hayan cometido delitos, incluidos los expresidentes.

Al preguntar si el gobierno de la Cuarta Transformación debería o no investigar a funcionarios, incluidos los expresidentes por su presunta participación en actos de corrupción, el 92.1% dijo que si deberían de ser investigados. Solo el 4.4% indicó que no

La ciudadanía no solo quiere que se les investigue, pues al preguntar si la 4T debería llevar a juicio a funciones de gobiernos anteriores o del actual que cometan delitos, el 95.6% de los consultados dijo que sí deberían ser enjuiciados. 2.4% indicó que no

La cabeza de Peña Nieto es la más deseada por los mexicanos, ya que el 89.4% de los consultados desean que sea llevado a juicio. Carlos Salinas de Gortari es el segundo exmandatario más mencionado para ser llevado a juicio (88.5%). Les siguen Felipe Calderón (82.1%), Vicente Fox (78.0%) y Ernesto Zedillo (74.3%)

Tras conocerse la denuncia del exdirector de Pemex, en la que reconoció haber recibido dinero de Odebrecht, 86.7% de los mexicanos aseguran que Emilio Lozoya debería ir a prisión por los delitos en los que incurrió, mientras que sólo 7% cree que no debería por ayudar al gobierno a conocer la verdad y poder actuar contra otros exservidores públicos.

Y aunque la mayoría de los mexicanos apoya el enjuiciamiento de los exmandatarios, solo un 50.0% apoya que se realice una consulta ciudadana para tomar dicha decisión.

Sobre todos los nombres que aparecen en la denuncia de Lozoya, entre políticos, empresarios, periodistas, etc., el 55.0% de los consultados consideran que los todos los mencionados son culpables de actos de corrupción. Solo el 32.6% cree que se trata de una estrategia de defensa de Lozoya.

Sobre los videoescándalos de las últimas semanas, el 33.4% de los encuestados creen que el video y denuncia de Lozoya salieron a la luz con fines electorales. 30.4% consideran que es para atacar a los adversarios de AMLO y solo 28.8% creen que es parte de la lucha contra la corrupción.

Respecto al video de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, el 75% de los consultados creen que debe sancionarse a Morena en caso de que se compruebe que el dinero en cuestión fue utilizado para apoyar al partido.

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se dijo dispuesto y listo para acompañar una eventual propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de convocar a una consulta para enjuiciar a los expresidentes.

El coordinador de la bancada de morenista señaló que tras reunirse con el mandatario, éste le comentó que está evaluando la posibilidad de enviar la iniciativa al Congreso; sin embargo, Mario Delgado puntualizó que ellos, como legisladores, están dispuesto a solicitarla.

“Están las disposiciones establecidas en la ley y bueno estamos evaluando. Por su puesto que yo le manifesté que nosotros estamos en toda la disposición de hacer la petición conforme a la ley antes del 15 de septiembre para que pueda realizarse esta consulta”, dijo el morenista.

Delgado aclaró que la fecha para la consulta popular tendría que ser en el marco de la elección federal del 2021 tal y como lo estipula la ley, siempre y cuando se solicite antes del 15 de septiembre y reciba la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En las próximas dos semanas se tendrá que tomar esta definición que es yo creo de la mayor relevancia y de la cual nosotros estamos dispuestos a impulsar”, agregó.

Tal y como se ha expresado el presidente, Mario Delgado reiteró que se está acabando con la vieja figura del presidente intocable e impune, por lo que anunció que apenas comience el nuevo periodo ordinario de sesiones se buscará la aprobación de la reformar para quitarle el fuero al presidente.

Tr.as las declaraciones que emitió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acerca de las investigaciones que se siguen en Estados Unidos contra el Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, Felipe Calderón le recordó que la Justicia no es una asunto de consultas.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario agradeció «la buena intención» de AMLO, quien declaró en la mañana que Calderón no estaba, hasta ahora, sujeto a investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos.

Al respecto, Calderón le recordó a AMLO que la «justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes», pues AMLO declaró que para que su gobierno abriera una investigación, tendría que ser a partir de una consulta ciudadana que así lo avale.

Calderón respondió: «si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos».

AMLO dijo que la consulta ciudadana para decidir si se somete a juicio no sólo sería para el caso de Calderón, sino abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, desde Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Zedillo y Fox.

López Obrador reiteró que él desde que asumió, dijo que él optaba por ver «hacia adelante, que se terminara con el periodo neoliberal, que es sinónimo de corrupción».

Finalmente, Felipe Calderón envió una sugerencia al presidente López Obrador «concéntrese en la pandemia, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor en el México moderno. Lo necesitamos ahí».

Pidió que sus estrategas dejen de distraer a la opinión pública con temas relacionados a él.

Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, acusada de tráfico de personas, resultó positivo al Covid-19, por lo que recibirá el tratamiento para la enfermedad en prisión.

Raniere, de 59 años, no ha sido considerado como un paciente de alto peligro por el virus, ya que, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), sólo deben ser considerados en riesgo los presos, y pacientes en general, que tienen más de 65 años.

La decisión de sacarlo de la lista de peligro niega la posibilidad de que pague una fianza que le permita sobrellevar la enfermedad fuera de la cárcel.

Su defensa solicitó la semana pasada que se le entregaran los registros médicos de Raniere para verificar su estado de salud, informó la cadena CBS6 Albany.

Raniere solicitó un nuevo juicio a principios de mes, por considerar que el proceso actual estaba plagado de irregularidades.

Hasta el momento no se ha aceptado su solicitud, aunque el juez Nicholas Garaufis decidió postergar hasta el 21 de mayo la sentencia, que inicialmente estaba planificada para el 16 de abril.

El hombre se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de que se le dicte condena por los crímenes de los que ha sido acusado.

Raniere enfrenta cargos por extorsión, lavado de dinero, asociación para delinquir, fraude electrónico, robo de identidad, tráfico sexual y trabajo forzoso.

Dichas actividades ilícitas habrían sido realizadas con la fachada de un grupo de superación personal al que estaban vinculadas herederas millonarias y celebridades del mundo de los espectáculos como Allison Mack, actriz de la serie de televisión Smallville.

La Cámara de Diputados se erigió este jueves como órgano de acusación y aprobó con 271 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, el juicio político contra Rosario Robles, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en relación a la llamada Estafa Maestra.

“Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga, o Rosario Robles Berlanga, por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”, leyó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas.

Los diputados señalaron que fueron trasgredidos los artículos 126 y 134 de la Constitución, así como diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, añadió.

De igual forma, el Pleno designó al diputado Pablo Gómez y a la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, ambos de Morena, y a Ana Ruth García Grande del PT, para sostener la acusación aprobada en contra de Robles Berlanga ante el Senado de la República. 

Pablo Gómez resaltó que es un momento histórico, pues después de 94 años en que no se había instaurado un procedimiento se presentan conclusiones acusatorias en un procedimiento de juicio político.

Explicó que la acusación se basa en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, ademas de que se apoyaron en lo que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República, “en lo que nos han informado los propios organismos utilizados como instrumento para la desviación de recursos y su dispersión”.

El morenista indicó que la acusación “no es a una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal desapegada de la ley y de manera completamente corrupta”. Recalcó que no se trata de un asunto personal, sino que la Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado, sin importar la persona de la que se trataba, sino las funciones que desempeñaba y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados”.

Gómez Álvarez aclaró que la presunción de inocencia siempre se respetó y el periodo de pruebas fue ampliado por la propia Sección para dar oportunidad a que hubiera más elementos y la defensa presentara todo lo que quisiera.

El legislador sostuvo que se cumplieron con los plazos de la ley, “escrupulosamente». Indicó que se realizó  un procedimiento limpio porque quieren tener la autoridad moral para reclamar a los servidores públicos de alto rango que se apeguen a la ley y que protejan los intereses públicos.

“Aquí no hay venganzas, linchamientos, ni verdugos. Hay una Cámara de Diputados en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales históricas”, dijo. «No es tema de personas, partidos, chivos expiatorios, ni verdugos», concluyo.

Por su parte, la defensa de Rosario Robles acusó que sin importarle a los diputados de Morena una pandemia como  el Covid-19, la Cámara de Diputados hizo un montaje de juicio para desprestigiar públicamente a su clienta.

Aseguraron que todo se trata de un ataque a Rosario Robles por su condición de mujer, por ser destacada y por ser objeto de una venganza, pues dijeron, en ningún momento se han respetado sus derechos y los plazos que asisten a la defensa.

Pese a lo que sostuvieron los diputados de Morena, aseguraron que el proceso ha estado infestado de irregularidades, mentiras y atropellos. «Se trata de una saña inédita, que los llevó a saltarse 126 expedientes de juicio político que estaban antes que el de Rosario Robles».

Finalmente, desde el reclusorio, Rosario Robles hizo pública una carta a través de su cuenta de Twitter, la cual es manejada por su hija Mariana Moguel, en la que afirmó que «del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen».

La fiscalía de Estados Unidos se opuso este jueves a que Genaro García Luna, que espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares, pues dijo que existe «un riesgo de fuga inaceptable».

En una carta registrada en el juzgado, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, argumenta que la «combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan» y solicita que se le mantenga detenido.

El fiscal señala que García Luna «tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo» porque se enfrenta a entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que le acusa la autoridad, y además «la fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado» con nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cartel de Sinaloa.

La Fiscalía, dice su titular en ese sentido, ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene «recursos poderosos en México», donde ha vivido toda su vida hasta 2012, como «funcionarios corruptos» del Gobierno mexicano y miembros del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado.

El fiscal recuerda que Joaquín «El Chapo» Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa que fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal ante el que ahora se enfrenta García Luna, estuvo fugitivo en México durante quince años y Rafael Caro Quintero, otro de sus capos, lo sigue estando pese a que la Justicia lo busca para arrestarlo desde 2013.

La Fiscalía señala que el exsecretario de segurdad ha dicho tener «dificultades financieras» como para no poder «cruzar la frontera con México conduciendo», pero el Gobierno ha averiguado que en los últimos años ha adquirido múltiples empresas inmobiliarias que, en total, están valoradas en casi 4 millones de dólares.

«La investigación del Gobierno ha revelado que a lo largo de varios años, el acusado ha usado varias técnicas para ocultar el verdadero tamaño de sus empresas financieras, incluyendo empresas pantalla y compradores de paja que adquirieran activos para él», agrega.

El juez Cogan decidirá esta mañana en una vista programada a las 11:00 horas si otorga la libertad condicionada para el excolaborador de Felipe Calderón, a cambio de la fianza de un millón de dólares que solicitaron sus abogados.

El juicio penal de Harvey Weinstein por crímenes sexuales comenzará este próximo lunes en Nueva York, dos años después del escándalo que dio nacimiento al movimiento #MeToo, el cual derribó a decenas de hombres poderosos acusados de acoso o agresión sexual.

El exproductor de cine independiente de 67 años, hasta el escándalo uno de los ejecutivos más poderosos de Hollywood, puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua si es hallado culpable de agresión sexual depredadora en este juicio que debe durar unas seis semanas.

Casi 90 mujeres, incluidas las famosas actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, le han acusado de acoso o agresión sexual desde que el diario The New York Times reveló varias acusaciones en su contra el 5 de octubre de 2017.

Pero Weinstein será juzgado en la Suprema Corte de Nueva York solamente por agresiones contra dos mujeres, ya que los demás delitos han prescrito.

Una de las acusadoras es la exasistente de producción Mimi Haleyi. Asegura que el exproductor de «Pulp Fiction» le practicó sexo oral contra su voluntad en el apartamento de éste en Nueva York en julio de 2006.

La segunda acusadora permanece en el anonimato. Afirma que Weinstein, cofundador de la productora Miramax Films, la violó en una habitación de hotel de Nueva York en marzo de 2013.

La acusación fue modificada en agosto para incluir el testimonio de la actriz de «The Sopranos» Annabella Sciorra. Los fiscales esperan que su relato ayude a convencer al jurado de que Weinstein es un depredador sexual en serie.

Si es hallado culpable por el jurado y recibe una pena de cárcel será un hito para el movimiento #MeToo, que lucha contra el acoso sexual y el abuso de poder en Hollywood y otras industrias, del periodismo a la gastronomía o la música.

Desde que surgió el movimiento luego del tsunami de acusaciones contra Weinstein, casi todos los hombres que fueron acusados y perdieron sus puestos de trabajo han evitado procesos penales.

Es poco probable que Weinstein presente testimonio. En general, los acusados penales prefieren guardar silencio en sus procesos para no incriminarse a sí mismos. Sus defensores intentan desde hace meses minar la credibilidad de las dos acusadoras que le han demandado.

Divulgaron correos electrónicos y mensajes de texto telefónicos que, aseguran, muestran una relación cordial entre las mujeres y Weinstein durante varios meses luego de los supuestos episodios de agresión.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que, como toda persona, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido ayer en Texas, Estados Unidos, tiene derecho a un juicio justo y a una defensa adecuada.

La funcionaria federal añadió que la propia Fiscalía General de la República (FGR), informó que iniciará una investigación y solicitará al Juez de Control la orden de aprehensión con fines de extradición contra García Luna.

“Lo único que les puedo decir yo, juzgadora desde hace más de 25 años, que todas las personas, como un derecho humano, tenemos el derecho a un juicio justo, al acceso a la justicia y a una defensa adecuada», sostuvo.

La titular de la Segob dijo desconocer si la detención de García Luna por los delitos de conspiración para traficar cocaína y declaraciones falsas a autoridades judiciales federales podría alcanzar al expresidente Felipe Calderón.

Al ser cuestionada sobre si la gravedad de las acusaciones amerita una investigación paralela por parte de las autoridades de México, mencionó que “creo que el Fiscal (Alejandro Gertz Manero) ya tiene una investigación. Él lo ha mencionado, él dice que tiene una carpeta de investigación integrada».

Sánchez Cordero aprovechó para confirmar que el embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, quien fue exhibido en un video robando un libro en ese país sudamericano, arribó esta mañana a la Ciudad de México.

La funcionaria comentó que el diplomático, quien presentó sus cartas credenciales en agosto de este año, venía en el mismo vuelo en el que ella arribó a territorio nacional, tras asistir a la toma de posesión del presidente argentino Alberto Fernández.

“Ya se vino para acá (para México). De hecho, venía en el mismo avión que yo. Ya aterrizó él también aquí en México», declaró.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, solicitó este jueves formalmente a los legisladores la redacción de los cargos para el proceso de destitución contra el presidente, Donald Trump, a quien acusó de «abuso de poder» para su «beneficio personal».

«Nuestra democracia está en juego. El presidente no nos deja otra opción», dijo Pelosi desde el Congreso en la que remarcó que Trump abusó de su poder para su beneficio político personal a expensas de la seguridad nacional del país.

Asimismo, afirmó que las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución y aseguró que toma la decisión con «tristeza y humildad».

La solicitud de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata de más alto rango en el Gobierno del país se produjo un día después de que este miércoles comenzara en el Comité Judicial de la Cámara Baja la segunda fase de la investigación para un juicio político contra Trump.

Después de dos semanas de audiencias públicas dirigidas por el Comité de Inteligencia de la Cámara, encargado de hallar pruebas en el comportamiento de Trump para iniciar un juicio político contra él, ahora es el turno del Comité Judicial, para definir si esas ofensas son suficientes o no para continuar con el proceso.

Una vez se redacten los cargos, y previa aprobación del Comité, se someterá a votación en el pleno de la Cámara de Representantes, donde se espera que salga adelante sin problemas dada la mayoría de los demócratas en la cámara de 235 frente a 199 republicanos.

No hay fecha por el momento para esta votación, pero se prevé que se realice antes del final del año.

El segundo y último capítulo del juicio político tendrá lugar en el Senado, donde los republicanos cuenta con una ligera mayoría de 53 escaños frente a 47 de los demócratas. No obstante, las leyes exigen para que un proceso de destitución salga adelante que se dé el respaldo de dos tercios de la Cámara Alta, por lo que sería necesario el voto a favor de la destitución de Trump de una veintena de senadores republicanos, algo improbable.

El presidente Donald Trump anunció este lunes que considerará «seriamente» colaborar en la investigación previa a un juicio político que lleva a cabo la Cámara de Representantes en su contra, como le instó la líder demócrata Nancy Pelosi.

«Aunque no he hecho nada malo y no me gusta darle credibilidad a esta parodia de justicia, me gusta esta idea y, para que el Congreso pueda concentrarse nuevamente (en su papel legislativo), consideraré seriamente» testificar, dijo Trump en un tuit, respondiendo a una entrevista de Pelosi difundida ayer.

Y es que la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes urgió a Trump a testificar y lo instó a no intimidar al denunciante que lanzó la alerta que inició la investigación en el Congreso.

Las investigaciones de los demócratas buscan averiguar si el presidente presionó a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para que investigara al expresidente Joe Biden, un posible rival de Trump de cara a las elecciones de 2020.

El mandatario republicano no especificó si tenía en mente alguna forma específica de testificar; lo que se sabe es que el equipo que lo defiende podría oponerse a que comparezca ante el Comité de Inteligencia de la Cámara.

Durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller para aclarar si el equipo de campaña de Trump trabajó con los rusos para obtener una ventaja en las elecciones de 2016, el presidente contestó por escrito.

Su colaboración con la investigación solo se produjo después de que sus abogados negociaran los preguntas y en decenas de oportunidades Trump contestó que no recordaba los hechos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana en su conferencia de prensa matutina, que no hay una confabulación de las instituciones para perjudicar a la exsecretaria federal en la pasada administración, Rosario Robles, quien es acusada de ejercicio indebido del servicio público.

Luego de que la exfuncionaria diera a conocer una carta a través de sus familiares en la que pide al mandatario un juicio justo y le cuestionara la supuesta “saña” en su contra, López Obrador subrayó que en su gobierno no se persigue a nadie ni se fabrican delincuentes.

El mandatario lamentó la situación que enfrenta quien fuera la primera jefa de gobierno de la capital del país y subrayó que no está en sus manos detener procesos que ya están en curso por denuncias presentadas con anterioridad.

“Lamento mucho todo esto, nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie; lo dije desde mi toma de posesión: no es mi fuerte la venganza; no podemos detener proceso en curso, iniciados”, dijo AMLO.

Añadió que eso corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), “que es autónoma, independiente, no depende del presidente”, además de que hay participación del Poder Judicial de la Federación, que también es un órgano autónomo e independiente.

El Ejecutivo federal afirmó que el dictamen de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que inhabilita a Robles Berlanga por un periodo de 10 años para ejercer cargos en la administración pública federal por falsear su declaración patrimonial, es un trámite administrativo y no implica una decisión judicial.

“A nadie se le fabrican delitos, eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia. Eso era antes, cuando a los adversarios, a los que consideraban enemigos, los destruían creándoles, fabricándoles delitos, eso se había hasta hace poco y se hizo durante mucho tiempo en los gobiernos anteriores, nosotros no actuamos de esa manera”, puntualizó.

Recordemos que la exfuncionaria lleva más de un mes recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

A través de un carta que leyó su hija Marian Moguel en las inmediaciones del penal de Santa Martha Acatitla, la exsecretaria federal Rosario Robles, emitió un posicionamiento respecto a la sanción que le fue impuesta por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Robles Berlanga indicó que se enteró a través de los medios de comunicación de la inhabilitación de 10 años antes de ser notificada oficialmente por la dependencia.

Lamentó que la SFP haya considerado una sanción de tal magnitud por un «préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar, porque jamás se utilizó», pero le parezca que no hay problema que un funcionario del gabinete actual, Manuel Bartlett, no declarara propiedades por millones de pesos.

En la carta, recordó que tiene ya más de un mes, desde que el juez Delgadillo Padierna le declarara prisión preventiva por un delito no grave basándose en una licencia que se acreditó no es la suya.

«Han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de inocencia y el debido proceso. Nunca se tomó en cuenta que me presente voluntariamente al citatorio judicial aún cuando muchos amigos, amigas, y familiares me aconsejaron no lo hiciera por que seguramente se trataba de una “trampa”. Lo fue», dijo Rosario Robles.

Señala que el proceso en su contra se trata de una confabulación en la que instituciones del estado han violentado la legalidad, pues dijo, no han podido demostrar que ella tenga un peso que no sea producto de su trabajo o que alguna autoridad la declare culpable de nada en el ámbito penal.

Cuestionó la actuación del juez que dijo, tiene un evidente conflicto de interés; enfatizó que jamás en los seis años de sui gestión como secretaria de estado la ASF presentó denuncias ni acusaciones en su contra.

Fue en ese punto donde se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). «Exijo un juicio justo. En lugar de eso me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de su gobierno. ¿Por qué esa saña? Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que todos los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad».

Cuestionó si no tiene el mismo derecho que una ciudadana francesa (en referencia a Florence Cassez) al debido proceso, o si tienen más derechos las personas vinculadas al caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 normalistas.

Luego de los señalamientos que se han hecho respecto al parentesco del Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra Rosario Robles,  con la diputada Dolores Padierna de Morena, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fijó postura.

«Informamos que hasta el momento no se ha presentado una queja o recurso formal ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) derivado de un asunto resuelto por el Juez».

Señalaron que de ser presentado, será resuelto en estricto apego a derecho, como ocurre con todas las resoluciones del CJF.

Detallaron que en la resolución del caso Robles, el Juez invocó como fundamento para dictar la prisión preventiva el
artículo 168, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), pues estimó actualizada la medida cautelar con motivo de haberse presentado dos domicilios distintos entre el declarado  por la imputada y el que obra en poder de las autoridades.

Lo anterior, señaló, constituye la presunción de riesgo de fuga con base en el CNPP.

Respecto al turno por el que se asigna un asunto, se aclara que los Centros de Justicia Penal Federal se rigen por un doble filtro en el caso de la Ciudad de México: el primero confiere competencia temporal (quincenal) a cada Centro de manera rotativa; y el segundo, ya dentro de cada órgano la asignación de asuntos a juezas y a jueces es aleatoria, automatizada y exclusiva a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

El CJF subrayó que el diseño del sistema de justicia adversarial prevé que un Juez que fungió en su calidad de Control en una etapa del procedimiento no podrá conocer del propio asunto en la etapa de juicio, debiendo conocer otro Juez del mismo Centro de Justicia Penal, o del Centro más cercano en caso de no ser posible.