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El exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien se encuentra actualmente preso por delitos de corrupción, enfrenta un nuevo juicio, ahora por la presunta desaparición forzada, un delito de lesa humanidad.

Un juez determinó vincular a proceso al político, y le impuso como medida cautelar prisión preventiva, justificada por un año y seis meses de investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que pidió al juez iniciar un nuevo juicio por desaparición forzada, cometida en contra de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, identificado con las iniciales D.L.C.

Fue el Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, quien determinó que había elementos suficientes para el juicio.

Esta decisión no significa que Duarte de Ochoa sea culpable, sino que permitirá la aportación de pruebas de ambas partes.

El despacho Campuzano Abogados, que lleva la defensa del exgobernador, aseguró que es inocente del delito que se le imputa y aseguró que uno de los involucrados declaró en su contra bajo tortura.

«Se determinó que, tal como se ha manifestado en varias ocasiones, Duarte no es ni posiblemente responsable del delito de Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, el juez de control autorizó la continuación formalizada de la investigación, vinculándolo a proceso por presuntamente entorpecer una investigación de dicho delito, sin siquiera contar con las facultades para ello», expresó el abogado defensor Pablo Campuzano de la Mora.

Recordemos que el exgobernador actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, cumpliendo una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Durante su mandato en Veracruz, se desató una violencia sin precedentes relacionada con la operación de bandas del narcotráfico y su combate por parte del Estado.

En la última década, han sido localizadas a lo largo y ancho del territorio veracruzano un total de 642 fosas, donde 609 cuerpos han sido recuperados, así como 381 cráneos y más de 56 mil restos humanos.

Las acciones de Twitter serán suspendidas de la negociación de mañana viernes, según el sitio web de la Bolsa de Nueva York, dado que el multimillonario Elon Musk enfrenta la fecha límite del 28 de octubre, establecida por una corte, para cerrar la compra de la empresa.

Musk, la persona más rica del mundo, visitó ayer la sede de Twitter en San Francisco e insinuó que era el máximo responsable de la compañía tras actualizar su biografía de perfil a «Chief Twit».

A inicios de semana, la agencia Reuters informó que los inversores de capital, entre los que se encuentran Sequoia Capital, Binance, Qatar Investment Authority y otros, habían recibido de los abogados de Musk los documentos necesarios para comprometer la financiación.

La finalización del acuerdo marcaría el fin de una demanda de Twitter, que, junto con los inversores, ahora espera que el negocio se complete en sus términos originales de 54,20 dólares por acción, es decir, un total de 44,000 millones de dólares.

Musk dijo este a través de su cuenta de Twitter que estaba comprando la red social porque era importante para el futuro de la civilización tener una «plaza pública en línea donde una gran variedad de opiniones puedan debatirse de manera saludable, sin recurrir a la violencia».

«Twitter obviamente no puede ser un lugar infernal abierto a todos, donde pueda decirse todo sin consecuencias», señaló el magnate en un mensaje enviado a los anunciantes un día antes de la fecha límite para concretar la operación de compra, o se abrirá un proceso en la corte.

Además, en su mensaje adelanta que la publicidad tendrá un lugar relevante en la red en el futuro. Dijo que los anuncios, «si son bien entendidos, pueden entretener, complacer e informar» al usuario, explicándole por ejemplo que existe un tratamiento médico nuevo.

Musk concluye su menaje a los anunciantes señalando que Twitter aspira a convertirse en la plataforma de publicidad más respetada del mundo que fortalecerá sus marcas y hacer crecer sus empresas. «Construyamos juntos algo extraordinario».

La Trump Organization, compañía familiar del expresidente Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la justicia estatal de Nueva York por fraude y evasión fiscal, por lo que podría ser condenada a pagar hasta 1.6 millones de dólares en multas.

El juicio inició este lunes en la Corte Suprema del estado Nueva York en Manhattan con la selección del jurado.

Este proceso penal es el resultado de una investigación de la fiscalía neoyorquina sobre supuestas irregularidades en las cuentas de la empresa desde 2005, así como de sus ejecutivos que recibieron compensaciones salariales que ocultaron al fisco.

El exdirector financiero de la Trump Organization y cercano a Donald Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable el pasado 18 de agosto de 15 cargos por defraudar y evadir impuestos por 1.76 millones de dólares en ingresos no declarados entre 2005 y 2021.

El exejecutivo, de 75 años, que trabajó para los Trump desde 1973, será uno de los testigos clave del juicio a la compañía actualmente dirigida por dos de los hijos del expresidente: Donald Trump Jr y Eric Trump, que tiene negocios inmobiliarios, hoteles y campos de golf en todo el mundo, así como a sus dos filiales Trump Corporation y Trump Payroll.

Weisselberg, que hasta ahora se había negado a testificar en contra de Donald Trump, vinculó directamente a la Organización Trump con «una amplia gama de actividades delictivas».

Según la acusación presentada el 1 de julio de 2021, era uno de los ejecutivos que «recibía partes sustanciales de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos».

Tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía, el exjecutivo, que antes de ser director financiero había sido contador y contralor de la compañía, pagará 2 millones de dólares de resarcimiento y se enfrenta a cinco meses de cárcel.

Bajo su supervisión, la compañía de la familia Trump, que se ha declarado no culpable, está acusada de haber mantenido dos contabilidades paralelas para esconder las prebendas que tanto él como otros ejecutivos recibían como complemento salarial.

Personalmente, Donald Trump no está acusado en este caso, pero es objeto, junto a tres de sus hijos mayores, de otra investigación civil emprendida por la fiscal de Nueva York, la demócrata Leticia James, que los acusa de mentir al fisco, a prestamistas y aseguradoras en un esquema que infravaloró el valor de sus propiedades para enriquecerse.

La oficina de James reclama 250 millones de dólares en multas al expresidente, que se prohíba a su familia dirigir negocios en el estado y a sus hijos, Donald Trump Jr, Eric Trump e Ivanka Trump, se les impida comprar propiedad inmobiliaria en el estado por un periodo de 5 años.

Este juicio es uno más de las muchas demandas penales y civiles que enfrenta Trump, entre otras, la posible obstrucción a la justicia y ocultación de documentos confidenciales sustraídos de La Casa Blanca y ha sido citado a declarar por la comisión del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Los abogados de Twitter interrogarán a Elon Musk bajo juramento en Delaware la próxima semana, esto como parte del juicio que mantienen por el intento del multimillonario de abandonar su acuerdo de compra por 44,000 millones de dólares.

Un tribunal de Delaware dijo este martes que la declaración de Musk está programada para el 26 y 27 de septiembre, es decir, para la próxima semana, aunque detalló que podría extenderse hasta el 28 de septiembre si es necesario.

Twitter y Musk están inmersos en una batalla legal cada vez más dura que ha implicado a algunos de los nombres más importantes de Silicon Valley y Wall Street.

Se han emitido citatorios para el multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle Corp; el ex presidente ejecutivo de Intel Corp Robert Swan; y el cofundador de Twitter Jack Dorsey, que actualmente es presidente ejecutivo de Block Inc.

Está previsto que el juicio comience el 17 de octubre en Wilmington, Delaware, y se espera que tenga una duración de 5 días.

Las dos partes se acusan mutuamente de haber roto el acuerdo de adquisición contraído en abril. Twitter quiere que un juez ordene a Musk que compre la empresa según lo acordado por 54.20 dólares por acción.

En tanto, Musk ha acusado que la plataforma ocultó datos y manipuló información sobre las cuestas falsas o spam de la red social.

Los accionistas de Twitter aprobaron este martes la oferta de Elon Musk para comprar la red social por 44,000 millones de dólares, incluso mientras el multimillonario intenta romper el acuerdo, informó la compañía.

La votación se produjo en una junta de accionistas que duró unos minutos y en la que la mayoría de los votos se emitieron a distancia.

Recordemos que Twitter acudió a los tribunales para obligar que Musk cumpla su compromiso de adquirir la empresa. El inicio del juicio está programado para que de inicio el próximo mes.

Y mientras los accionistas aprobaron la oferta de compra, el exjefe de seguridad de la compañía, Peiter «Mudge» Zatko, compareció ante el Senado de Estados Unidos, en donde reiteró sus señalamientos de que Twitter es incapaz de proteger los datos de sus usuarios porque muchos trabajadores tienen acceso a esa información y no rastrea adecuadamente la posible infiltración de agentes extranjeros.

«Los fallos de seguridad de Twitter amenazan la seguridad nacional, comprometen la privacidad y la seguridad de los usuarios y, en ocasiones, amenazan el futuro de la empresa», dijo Zatko durante su comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara Baja.

El exejecutivo, que trabajó para la red social desde noviembre de 2020 y hasta su despido en enero pasado, aseguró que avisó en reiteradas ocasiones a la dirección sobre los problemas de ciberseguridad, pero la empresa «rechazó hacer los cambios necesarios para crear una plataforma más segura».

Las revelaciones de Zatko han sido utilizadas por Musk para justificar su decisión de cancelar la compra de la red social.

Twitter rechazó las acusaciones de su exjefe de seguridad, asegurando que son parte de una «falsa narrativa» contra la empresa y que están plagadas de «inconsistencias e imprecisiones». Además, afirmó que Zatko fue despedido por «un liderazgo poco efectivo y «un desempeño pobre» en sus tareas.

Durante su comparecencia, el exdirectivo afirmó que la empresa «desconoce cuánta información tiene, dónde la tiene y de dónde viene, por lo que no puede protegerla». Según un estudio interno citado por Zatko, la compañía solo sabe para qué utiliza el 20% de la información que recolecta de los usuarios, como correos, números de teléfono o geolocalización.

Zatko opinó que esta gestión insegura de la información supone un «riesgo» para la seguridad nacional y la democracia estadounidense, además de acusar a la empresa de «engañar deliberadamente» a las agencias reguladoras para esconder sus problemas.

Uno de los asuntos que llamó más la atención de los legisladores, fue el de la supuesta infiltración de agentes extranjeros de China o de la India dentro de la compañía.

Zatko aseguró que Twitter no tiene los mecanismos para identificar a los agentes extranjeros que se infiltran en la empresa, y que solo los descubre cuando lo alerta una agencia externa.

El director general de Twitter, Parag Agrawal, fue citado ante el Comité del Senado pero descartó su comparecencia para no comprometer el proceso judicial que tiene abierto la empresa con Elon Musk.

Una jueza de Delaware accedió este miércoles a la petición del multimillonario Elon Musk para sumar las afirmaciones de un denunciante a su demanda contra Twitter, aunque negó la solicitud de retrasar el juicio con el que Musk pretende anular su acuerdo de compra por 44,000 millones de dólares por la compañía.

«Estoy convencida de que incluso un retraso de cuatro semanas supondría un riesgo de mayor daño para Twitter», escribió la jueza Kathaleen McCormick de la Corte de Equidad de Delaware.

La jueza señaló que la firma sufre actualmente la renuncia de muchos empleados y «se ha visto obligada por meses a funcionar en medio de las dificultades que supone un acuerdo de fusión rechazado» por la parte compradora.

El equipo legal de Musk argumentó en el tribunal que la justicia exigía retrasar el juicio de cinco días, cuyo inicio actualmente está programado para el 17 de octubre, para poder investigar las acusaciones de que Twitter falseó la seguridad de sus datos.

Y es que el mes pasado se hicieron públicas unas denuncias que proporcionaron a Musk, la persona más rica del mundo, nueva arma para reforzar lo que, según los expertos legales, era un intento a largo plazo de abandonar el acuerdo sin pagar una cuota de rescisión de 1,000 millones de dólares.

El antiguo jefe de seguridad de Twitter, Peiter Zatko, un hacker informático conocido como «Mudge», dijo a los reguladores que la empresa representó falsamente que tenía un sólido plan de seguridad de datos.

Zatko envió un largo documento a las autoridades estadounidense a inicios de julio pero solo se conoció públicamente a fines de agosto. Los abogados de Musk pidieron incluir las acusaciones del ex empleado de Twitter en su defensa.

La jueza entendió que Musk tiene derecho a modificar su querella, aunque no se pronunciará aún sobre los «méritos» o pertinencia de estas acusaciones, hasta que hayan sido completamente fundamentados y contraargumentados por las partes.

Twitter demandó a Musk para que cumpla su acuerdo de abril de comprar la empresa por 54.20 dólares por acción.

Elon Musk presentó nueva documentación para rescindir el acuerdo de compra con Twitter, citando revelaciones del exjefe de seguridad de la plataforma sobre importantes brechas de seguridad y datos de cuentas falsas, indicó un documento divulgado este martes.

En su presentación ante la SEC, el regulador bursátil estadounidense, los abogados de Musk dijeron que la información proporcionada recientemente por el denunciante Peiter Zatko evidenciaba «un mal manejo de gran alcance en Twitter (…) que probablemente tenga graves consecuencias para el negocio de Twitter».

Musk, quien pelea en los tribunales para retirarse del acuerdo de compra de Twitter por 44,000 millones de dólares, ha pedido formalmente la comparecencia de Zatko para que comparta información sobre cuentas de spam y deficiencias en la protección de datos en Twitter.

El multimillonario espera que las acusaciones hechas por Zatko refuercen su caso. Zatko afirma que Twitter engañó a los usuarios y reguladores sobre brechas de seguridad «extremas y atroces».

Según documentos judiciales publicados el lunes, se le ordenó a Zatko responder preguntas de los abogados de Musk el 9 de septiembre.

En una carta a la directora legal de Twitter incluida en la presentación ante la SEC, Mike Ringler, abogado de Musk, señaló «razones adicionales» para abandonar el plan de adquisición del gigante de las redes sociales.

«Denuncias de ciertos hechos, conocidos por Twitter antes o el 8 de julio de 2022, pero no revelados a las partes que representan a Musk antes o en esa fecha, han surgido desde entonces y brindan razones adicionales y distintas para rescindir el acuerdo de adquisición», escribió Ringler.

Recordemos que a inicios de julio, Musk anunció que rompería el acuerdo de compra con la junta directiva de Twitter anunciado a fines de abril, acusando a la compañía de no cumplir con sus compromisos al no revelar la cantidad exacta de cuentas falsas y de spam.

La medida llevó a Twitter a demandar al multimillonario para obligarlo a cumplir los términos del acuerdo. El juicio, que está previsto que dure cinco días, y comenzará el 17 de octubre en un tribunal especial en una corte de Delaware.

Twitter ganó algunas batallas en el caso, entre ellas, conseguir una fecha de juicio acelerada, además de que sus acciones subieron cuando los analistas predijeron que la plataforma le ganaría a Musk.

Pero la semana pasada, un juez estadounidense le dijo a Twitter que entregara más datos a Musk sobre el tema clave de las cuentas falsas, y el multimillonario espera que la denuncia de Zatko pueda cambiar aún más el rumbo a su favor.

Un juez aplazó para enero el inicio del juicio conta el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas y otros delitos.

El juez Brian Cogan decidió este lunes en una orden presentada en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses que la selección de los miembros del jurado empezará el 9 de enero de 2023 en lugar de octubre, que era el mes fijado para el inicio del proceso.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario, de 53 años, se encuentra en prisión en Nueva York desde hace año y medio.

La decisión de Cogan es en respuesta al pedido del abogado de García Luna, César de Castro, quien solicitó tener más tiempo para revisar todas las pruebas que la fiscalía del distrito este de Nueva York ha presentado.

El mes pasado los fiscales dijeron que planean entregar al abogado cinco aparatos electrónicos de un testigo de la fiscalía, además de 4,900 grabaciones de otro testigo. También dijeron que ya han entregado 6,100 páginas con testimonios de testigos del caso y que planean entregar otras 7,500 con declaraciones de testigos.

En total, los fiscales en el caso han presentado más de un millón de páginas que los miembros de la fiscalía consideran pruebas contra García Luna, dijo De Castro.

Además, muchas de las grabaciones presentadas, sostuvo el abogado, son en español y, por lo tanto, el equipo de defensa necesitará un intérprete.

Cogan dijo el lunes en su orden que otro juez tendrá a cargo la selección de jurado y después él presidirá el juicio.

El multimillonario Elon Musk vendió acciones de Tesla por un monto de casi 7,000 millones de dólares, según un documento legal divulgado ayer, en medio de la batalla legal con Twitter sobre un acuerdo de compra por 44,000 millones de dólares.

El fundador del fabricante de automóviles Tesla vendió unos 7.9 millones de acciones entre el 5 y el 9 de agosto, de acuerdo con el documento publicado en la página web de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el ente regulador estadounidense.

«En el caso (esperamos que poco probable) de que Twitter fuerce el cierre de este acuerdo y que algunos socios de capital no participen, es importante evitar una venta de emergencia de acciones de Tesla», escribió Musk, el hombre más rico del mundo.

En abril, el magnate ya había vendido acciones de su grupo automotor por unos 8,500 millones de dólares para prepararse para la adquisición de la red social. En ese momento, había asegurado que no habría otras ventas de títulos de Tesla.

Musk desafía ahora al CEO de Twitter, Parag Agrawal, a «debatir públicamente el porcentaje de cuentas falsas» en la red al pedirle que «demuestre al público que Twitter tiene menos del 5% de usuarios diarios falsos o no deseados».

La batalla legal entre el multimillonario y Twitter comenzará el 17 de octubre ante un tribunal especializado en derecho comercial del estado de Delaware, y durará cinco días.

Y es que recordemos que apenas roto el acuerdo de adquisición por parte de Musk, Twitter lo demandó para obligarlo a cumplir su promesa. El empresario contrademandó en el mismo tribunal, reclamándole que lo libere de ese pacto y ordene a Twitter que le pague daños y perjuicios.

Las posibilidades de que el propietario de Tesla acabe pagando sólo las indemnizaciones por romper el acuerdo (mil millones de dólares), o que el tribunal satisfaga sus demandas son muy bajas según los expertos.

Los accionistas de Twitter prevén reunirse el próximo 13 de septiembre para autorizar o no esta adquisición, que supondría un importante valor añadido para ellos.

Una jueza estadounidense fijo para octubre próximo el comienzo del proceso de Twitter contra el magnate Elon Musk para forzarlo a comprar la red social en 44,000 millones de dólares.

La jueza Kathaleen St. Jude McCormick accedió a la demanda de Twitter de hacer un juicio rápido y tendrá una duración de cinco días.

Así, falló en contra de Elon Musk, al denegar su pedido de aplazar el juicio solicitado por Twitter.  La jueza sentenció que el juicio comience en octubre debido a la «nube de incertidumbre» que pende sobre Twitter.

Recordemos que Twitter quiere obligar al multimillonario a cumplir su promesa de comprar la red social, y quiere que lo haga rápidamente porque dice que la prolongación de la disputa perjudica sus negocios.

Musk, el hombre más rico del mundo, se comprometió a pagar 54.20 dólares por acción de Twitter, pero hace unos días anunció que retiraba su intención de compra.

«Es un intento de sabotaje. Hace todo lo posible por arruinar a Twitter», dijo William Savitt, el abogado que representa a Twitter en la Corte de Equidad de Delaware ante la jueza Kathaleen St. Jude McCormick.

La audiencia se realizó en forma virtual porque McCormick dijo que dio positivo para el COVID-19.

Pero, ¿qué es lo que está pasando entre Twitter y Elon Musk? En Broojula, Ana Paula Ordorica analiza el tema con Emilio «Pizu» Saldaña, Analista de Tecnologías para la Información.

 

Un juez en Estados Unidos ordenó este martes que no se revelen públicamente los nombres de los miembros del jurado del juicio al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, y que éstos sean escoltados al llegar y salir de la corte además de quedar aislados del público durante el día en el tribunal.

El juez Brian Cogan concedió así el pedido de la fiscalía de mantener al jurado anónimo y parcialmente aislado para garantizar su seguridad.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario se encuentra en prisión en Nueva York.

Los fiscales del distrito este de Nueva York dijeron meses atrás que les preocupaba que personas cercanas a García Luna llevaran a cabo una campaña de acoso, intimidación y violencia contra testigos en el juicio y sus familias. El juez Cogan estuvo de acuerdo este martes.

«Los hechos que presenta el gobierno muestran que García Luna, de forma repetida, dio prioridad a sus ganancias personales por encima de sus responsabilidades como funcionario público y, a cambio de millones de dólares, aseguró el éxito y seguridad de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y notorias del mundo», escribió el juez.

Agregó que la violencia persistente y el amplio alcance del cártel hacen que sea razonablemente probable que los miembros del jurado puedan tener miedo por su seguridad si no se les garantiza anonimidad.

Los abogados de García Luna dijeron en abril que su cliente no es violento y que no tiene conexión con altos mandos del Cártel de Sinaloa y que, por lo tanto, los miembros del jurado no deberían quedar anónimos ni ser apartados del público.

Si eso ocurriera daría la impresión de que su cliente es culpable de los cargos que se le imputan y que eso no garantiza un juicio justo, aseguró el abogado César de Castro.

Durante el juicio a Joaquín «El Chapo» Guzmán a fines de 2018 e inicios de 2019, el jurado también fue anónimo y estuvo parcialmente aislado.

El mes pasado los fiscales del caso de García Luna dijeron que poseían una grabación que demuestra que el exfuncionario habló con otro preso en la cárcel en la que se encuentra sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en su contra. También aseguraron que en la grabación García Luna mencionó a Jesús «El Rey» Zambada, un exlíder del Cártel de Sinaloa.

Los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses que realizaron la grabación incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que el preso se lo entregara a García Luna.

Según la fiscalía, García Luna y el otro preso llamaron por teléfono desde la cárcel al agente encubierto, aunque los fiscales no ofrecieron más detalles. El martes el juez Cogan hizo referencia a la grabación en su orden y dijo que es fácil pasar de acosar o intimidar a un miembro del jurado a llegar a manipularlo.

El actor Johnny Depp ganó este miércoles el juicio por difamación contra su expareja Amber Heard, aunque el jurado también le consideró responsable de difamar contra la actriz en una ocasión.

La victoria en este mediático juicio fue clara para Depp porque solo tendrá que pagar a Heard dos millones de dólares, mientras que Heard tendrá que cubrir más de 10, luego de que la jueza rebajara la pena que era de 15 millones.

El jurado, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, determinó por unanimidad que tres frases escritas por Heard en una columna de opinión publicada en 2018 en el diario The Washington Post eran falsas, difamatorias y fueron escritas con mala intención, a pesar de que no mencionaban explícitamente a Depp.

El texto, en el que la actriz afirmaba ser víctima de abuso doméstico, era el punto central del litigio, ya que en su demanda, Depp pedía 50 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios.

Finalmente, el veredicto estipuló que la actriz deberá pagar 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfaix, Virginia, Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350,000 dólares.

Si bien Depp ganó su demanda, el actor no salió completamente limpio del juicio, pues su exmujer había interpuesto una contrademanda, también por difamación, basada en dos afirmaciones expresadas por él y otra por su anterior abogado.

Finalmente, el jurado consideró que Depp difamó a Heard en una ocasión y, por tanto, deberá pagarle 2 millones de dólares para compensar daños. La corte no estipuló si esa cantidad se descontará del pago de la actriz o deberá abonarse de manera independiente.

En el juicio, que se alargó durante casi dos meses, tanto Heard como Depp se acusaron de abuso físico y verbal durante sus más de cinco años de relación, aportando fotografías y grabaciones de sus discusiones.

Además de las dos celebridades, también intervinieron psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien en una de las primeras declaraciones del juicio insistió en que el abuso se daba por parte de ambos.

A pesar de la atención mediática que han recibido los testimonios más turbulentos y gráficos de la pareja, el litigio era un proceso civil por difamación, por lo que el fin del jurado no era determinar a un culpable de maltrato o abuso.

Heard, que mantuvo la compostura en el juzgado mientras se leía el veredicto, publicó a la brevedad un comunicado en el que asumía la derrota y decía estar «decepcionada» y «desconsolada» por el resultado del mismo.

«La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas aun no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido», afirmó.

 

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La actriz, conocida por protagonizar «Aquaman», ha sido el blanco de feroces críticas formuladas en internet por los fanáticos de Depp. En su última declaración ante el jurado, la semana pasada, Heard afirmó que recibía amenazas de muerte «a diario».

Por su parte, Depp no acudió a la lectura del veredicto ya que se encontraba de viaje en Londres, donde recientemente participó en un concierto con su amigo Jeff Beck. El equipo del actor publicó un comunicado en el que agradece que el jurado le haya «devuelto la vida».

El juicio en Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de tráfico de drogas, iniciará el 24 de octubre del próximo año.

En esa fecha se iniciaría la selección de los miembros del jurado, dijo este miércoles una audiencia el juez Brian Cogan de la corte del distrito este de Nueva York.

El juez también fijó el 9 y 16 de enero de 2023 como fechas de reemplazo si el juicio no puede comenzar en octubre 2022.

Los jueces, fiscales y abogados de García Luna establecieron el inicio del juicio para dentro de un año debido a la enorme cantidad de pruebas que la fiscalía ha propuesto y al estudio del manejo de información confidencial. Más adelante se definirá qué evidencia formará parte o no del juicio.

La pandemia del COVID-19, además, retrasa cualquier procedimiento y el acceso que los abogados de García Luna tienen a éste en la cárcel.

Recordemos que García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones que lo relacionan con el narcotráfico.

La fiscalía del distrito este de Nueva York alega que García Luna recibió enormes cantidades de dinero del Cartel de Sinaloa a cambio de permitir que traficara cocaína a sus anchas. García Luna salió de México en 2012 y optó por vivir en Miami, Florida. Fue arrestado en 2019.

El tribunal de apelaciones con sede en Nueva York escuchó este lunes los argumentos orales en el marco de la apelación que presentara Joaquín «El Chapo» Guzmán, cuyos abogados buscan anular el juicio que lo condenó a cadena perpetua en Estados Unidos.

La defensa pidió en septiembre del año pasado un nuevo juicio, argumentando que el realizado en 2019 se vio empañado «por un exceso desenfrenado y por la extralimitación de poderes tanto del gobierno como del sistema judicial».

Los principales argumentos de la defensa se basan en que uno de los jurados, bajo condición de anonimato, contó al sitio de noticias Vice que él y otros miembros se informaron sobre el caso en la prensa y las redes sociales durante el proceso, algo que estaba prohibido.

Asimismo, esgrime que el aislamiento total de «El Chapo» desde su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 le impidió colaborar en su defensa antes y durante el juicio.

El juez del tribunal de apelaciones del segundo circuito de Nueva York, Michael H. Park, aseguró que, asumiendo que todo lo que está en esas informaciones de prensa fuera cierto, no le parecía «suficiente para realizar un nuevo juicio». Los fiscales refutaron también las alegaciones de la defensa.

El abogado del Departamento de Justicia, Brett Reynolds, recordó que las condiciones de detención previas al juicio «eran constitucionales», ya que fueron de tipo «administrativo y no punitivo».

Para argumentar esto, señaló que el reo había huido en dos ocasiones de la cárcel en México, «tenía un historial de intimidaciones y asesinatos de rivales y había dirigido su empresa criminal mientras estaba en la cárcel». Asimismo, recordó que Guzmán Loera pudo reunirse con sus abogados 20 horas a la semana, al punto que se tuvo que conceder este beneficio a otros abogados.

Recordemos que en febrero de 2019, tras un extraordinario juicio de tres meses en la corte federal de Brooklyn, «El Chapo» fue hallado culpable de los 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego de los que era acusado. La justicia lo condenó a cadena perpetua.

La Fiscalía estadounidense entregó nuevas pruebas contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado en el país vecino de presuntos delitos de narcotráfico.

Algunas de las pruebas fueron aportadas por los gobiernos de México y Colombia, según se indicó en documentos judiciales.

Las nuevas pruebas, que incluyen «material protegido», son de momento confidenciales y solo se ha hecho público un listado de las mismas.

Según este inventario, los fiscales han presentado registros financieros, fotografías rescatadas de Google Earth y metadata relacionada con documentos recuperados de dispositivos electrónicos de García Luna, además de documentos aportados por los gobiernos mexicano y colombiano, cuyo contenido tampoco se ha revelado.

Además, incorporaron comunicaciones sobre los negocios del acusado, un video de un encuentro entre Genaro Luna y otro preso de la cárcel neoyorquina donde espera juicio y registros de propiedad.

En el escrito, la Fiscalía precisa que durante el juicio también «tiene la intención» de ofrecer registros sobre «actividades comerciales realizadas con regularidad» y solicitadas a Islas Barbados, México y Panamá.

Recordemos que el gobierno de México pidió a Estados Unidos la extradición de García Luna en diciembre pasado, un año después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que planeaba solicitarla, una vez que concluyera sus propias diligencias respecto a los posibles delitos cometidos por el exfuncionario.

Antes de cualquier proceso de extradición, sin embargo, García Luna debe enfrentar los 5 cargos de los que le acusan las autoridades estadounidenses, entre ellos el de participar en un proyecto criminal continuado y el de conspiración para la importación de cocaína.

García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.

El exsecretario fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de la seguridad en nuestro país. De acuerdo con el gobierno estadounidense, ello habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

Fiscales estadounidenses dijeron este jueves que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico.

El fiscal del distrito este de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al juez federal del caso en la que explica que la fiscalía también tiene una «voluminosa» cantidad de grabaciones interceptadas.

Recordemos que García Luna está acusado por fiscales estadounidenses de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

Por el caso que se le sigue, el exfuncionario mexicano se encuentra preso en una cárcel neoyorquina.

García Luna, fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, y colaboró previamente en el gobierno de Vicente Fox.

El exfuncionario se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína libremente.

La fiscalía y los abogados de García Luna se preparan para ir a juicio. Lesko dijo en su carta que la fiscalía ha hecho pedidos de asistencia legal mutua a funcionarios extranjeros. Se han recibido algunas respuestas afirmativas, dijo, y se están esperando otras.

El fiscal le pidió al juez también que se posponga la audiencia judicial sobre el caso que estaba fijada para este mes ya que la fiscalía necesita más tiempo para ir preparando el juicio. El juez del caso es Brian Cogan, quien también presidió el juicio contra «El Chapo» Guzmán en 2018.

La nueva fecha para que se realice la audiencia es el23 de junio.

Este mismo jueves, un juez autorizó la incautación de cinco propiedades en México de Rafael Caro Quintero, o «RCQ», cofundador del cartel de Guadalajara y ahora jefe de una grupo criminal que lleva su nombre.

La fiscalía del distrito este de Manhattan afirma que las propiedades, situadas en Guadalajara y cerca de esa ciudad, fueron compradas por RCQ con dinero del narcotráfico llevado a cabo por la organización Caro Quintero, un brazo del cartel de Sinaloa.

«Estados Unidos buscará aplicar esta orden a través de canales diplomáticos», indicó la fiscalía en un comunicado tras la decisión del juez federal Eric Vitaliano.

Caro Quintero es acusado por la justicia estadounidense de ordenar en 1985 el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en México, tras torturarlo salvajemente. Es uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, por el que ofrece una recompensa de 20 millones de dólares.

RCQ fue detenido en 1985, juzgado en México y condenado a 40 años de prisión. Pero en 2013 un juez lo liberó por un tecnicismo legal. Poco después, la justicia volvió a pedir su captura, pero era demasiado tarde: RCQ había desaparecido.