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Una jueza de Delaware accedió este miércoles a la petición del multimillonario Elon Musk para sumar las afirmaciones de un denunciante a su demanda contra Twitter, aunque negó la solicitud de retrasar el juicio con el que Musk pretende anular su acuerdo de compra por 44,000 millones de dólares por la compañía.

“Estoy convencida de que incluso un retraso de cuatro semanas supondría un riesgo de mayor daño para Twitter”, escribió la jueza Kathaleen McCormick de la Corte de Equidad de Delaware.

La jueza señaló que la firma sufre actualmente la renuncia de muchos empleados y “se ha visto obligada por meses a funcionar en medio de las dificultades que supone un acuerdo de fusión rechazado” por la parte compradora.

El equipo legal de Musk argumentó en el tribunal que la justicia exigía retrasar el juicio de cinco días, cuyo inicio actualmente está programado para el 17 de octubre, para poder investigar las acusaciones de que Twitter falseó la seguridad de sus datos.

Y es que el mes pasado se hicieron públicas unas denuncias que proporcionaron a Musk, la persona más rica del mundo, nueva arma para reforzar lo que, según los expertos legales, era un intento a largo plazo de abandonar el acuerdo sin pagar una cuota de rescisión de 1,000 millones de dólares.

El antiguo jefe de seguridad de Twitter, Peiter Zatko, un hacker informático conocido como “Mudge”, dijo a los reguladores que la empresa representó falsamente que tenía un sólido plan de seguridad de datos.

Zatko envió un largo documento a las autoridades estadounidense a inicios de julio pero solo se conoció públicamente a fines de agosto. Los abogados de Musk pidieron incluir las acusaciones del ex empleado de Twitter en su defensa.

La jueza entendió que Musk tiene derecho a modificar su querella, aunque no se pronunciará aún sobre los “méritos” o pertinencia de estas acusaciones, hasta que hayan sido completamente fundamentados y contraargumentados por las partes.

Twitter demandó a Musk para que cumpla su acuerdo de abril de comprar la empresa por 54.20 dólares por acción.

Elon Musk presentó nueva documentación para rescindir el acuerdo de compra con Twitter, citando revelaciones del exjefe de seguridad de la plataforma sobre importantes brechas de seguridad y datos de cuentas falsas, indicó un documento divulgado este martes.

En su presentación ante la SEC, el regulador bursátil estadounidense, los abogados de Musk dijeron que la información proporcionada recientemente por el denunciante Peiter Zatko evidenciaba “un mal manejo de gran alcance en Twitter (…) que probablemente tenga graves consecuencias para el negocio de Twitter”.

Musk, quien pelea en los tribunales para retirarse del acuerdo de compra de Twitter por 44,000 millones de dólares, ha pedido formalmente la comparecencia de Zatko para que comparta información sobre cuentas de spam y deficiencias en la protección de datos en Twitter.

El multimillonario espera que las acusaciones hechas por Zatko refuercen su caso. Zatko afirma que Twitter engañó a los usuarios y reguladores sobre brechas de seguridad “extremas y atroces”.

Según documentos judiciales publicados el lunes, se le ordenó a Zatko responder preguntas de los abogados de Musk el 9 de septiembre.

En una carta a la directora legal de Twitter incluida en la presentación ante la SEC, Mike Ringler, abogado de Musk, señaló “razones adicionales” para abandonar el plan de adquisición del gigante de las redes sociales.

“Denuncias de ciertos hechos, conocidos por Twitter antes o el 8 de julio de 2022, pero no revelados a las partes que representan a Musk antes o en esa fecha, han surgido desde entonces y brindan razones adicionales y distintas para rescindir el acuerdo de adquisición”, escribió Ringler.

Recordemos que a inicios de julio, Musk anunció que rompería el acuerdo de compra con la junta directiva de Twitter anunciado a fines de abril, acusando a la compañía de no cumplir con sus compromisos al no revelar la cantidad exacta de cuentas falsas y de spam.

La medida llevó a Twitter a demandar al multimillonario para obligarlo a cumplir los términos del acuerdo. El juicio, que está previsto que dure cinco días, y comenzará el 17 de octubre en un tribunal especial en una corte de Delaware.

Twitter ganó algunas batallas en el caso, entre ellas, conseguir una fecha de juicio acelerada, además de que sus acciones subieron cuando los analistas predijeron que la plataforma le ganaría a Musk.

Pero la semana pasada, un juez estadounidense le dijo a Twitter que entregara más datos a Musk sobre el tema clave de las cuentas falsas, y el multimillonario espera que la denuncia de Zatko pueda cambiar aún más el rumbo a su favor.

Un juez aplazó para enero el inicio del juicio conta el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas y otros delitos.

El juez Brian Cogan decidió este lunes en una orden presentada en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses que la selección de los miembros del jurado empezará el 9 de enero de 2023 en lugar de octubre, que era el mes fijado para el inicio del proceso.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario, de 53 años, se encuentra en prisión en Nueva York desde hace año y medio.

La decisión de Cogan es en respuesta al pedido del abogado de García Luna, César de Castro, quien solicitó tener más tiempo para revisar todas las pruebas que la fiscalía del distrito este de Nueva York ha presentado.

El mes pasado los fiscales dijeron que planean entregar al abogado cinco aparatos electrónicos de un testigo de la fiscalía, además de 4,900 grabaciones de otro testigo. También dijeron que ya han entregado 6,100 páginas con testimonios de testigos del caso y que planean entregar otras 7,500 con declaraciones de testigos.

En total, los fiscales en el caso han presentado más de un millón de páginas que los miembros de la fiscalía consideran pruebas contra García Luna, dijo De Castro.

Además, muchas de las grabaciones presentadas, sostuvo el abogado, son en español y, por lo tanto, el equipo de defensa necesitará un intérprete.

Cogan dijo el lunes en su orden que otro juez tendrá a cargo la selección de jurado y después él presidirá el juicio.

El multimillonario Elon Musk vendió acciones de Tesla por un monto de casi 7,000 millones de dólares, según un documento legal divulgado ayer, en medio de la batalla legal con Twitter sobre un acuerdo de compra por 44,000 millones de dólares.

El fundador del fabricante de automóviles Tesla vendió unos 7.9 millones de acciones entre el 5 y el 9 de agosto, de acuerdo con el documento publicado en la página web de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el ente regulador estadounidense.

“En el caso (esperamos que poco probable) de que Twitter fuerce el cierre de este acuerdo y que algunos socios de capital no participen, es importante evitar una venta de emergencia de acciones de Tesla”, escribió Musk, el hombre más rico del mundo.

En abril, el magnate ya había vendido acciones de su grupo automotor por unos 8,500 millones de dólares para prepararse para la adquisición de la red social. En ese momento, había asegurado que no habría otras ventas de títulos de Tesla.

Musk desafía ahora al CEO de Twitter, Parag Agrawal, a “debatir públicamente el porcentaje de cuentas falsas” en la red al pedirle que “demuestre al público que Twitter tiene menos del 5% de usuarios diarios falsos o no deseados”.

La batalla legal entre el multimillonario y Twitter comenzará el 17 de octubre ante un tribunal especializado en derecho comercial del estado de Delaware, y durará cinco días.

Y es que recordemos que apenas roto el acuerdo de adquisición por parte de Musk, Twitter lo demandó para obligarlo a cumplir su promesa. El empresario contrademandó en el mismo tribunal, reclamándole que lo libere de ese pacto y ordene a Twitter que le pague daños y perjuicios.

Las posibilidades de que el propietario de Tesla acabe pagando sólo las indemnizaciones por romper el acuerdo (mil millones de dólares), o que el tribunal satisfaga sus demandas son muy bajas según los expertos.

Los accionistas de Twitter prevén reunirse el próximo 13 de septiembre para autorizar o no esta adquisición, que supondría un importante valor añadido para ellos.

Una jueza estadounidense fijo para octubre próximo el comienzo del proceso de Twitter contra el magnate Elon Musk para forzarlo a comprar la red social en 44,000 millones de dólares.

La jueza Kathaleen St. Jude McCormick accedió a la demanda de Twitter de hacer un juicio rápido y tendrá una duración de cinco días.

Así, falló en contra de Elon Musk, al denegar su pedido de aplazar el juicio solicitado por Twitter.  La jueza sentenció que el juicio comience en octubre debido a la “nube de incertidumbre” que pende sobre Twitter.

Recordemos que Twitter quiere obligar al multimillonario a cumplir su promesa de comprar la red social, y quiere que lo haga rápidamente porque dice que la prolongación de la disputa perjudica sus negocios.

Musk, el hombre más rico del mundo, se comprometió a pagar 54.20 dólares por acción de Twitter, pero hace unos días anunció que retiraba su intención de compra.

“Es un intento de sabotaje. Hace todo lo posible por arruinar a Twitter”, dijo William Savitt, el abogado que representa a Twitter en la Corte de Equidad de Delaware ante la jueza Kathaleen St. Jude McCormick.

La audiencia se realizó en forma virtual porque McCormick dijo que dio positivo para el COVID-19.

Pero, ¿qué es lo que está pasando entre Twitter y Elon Musk? En Broojula, Ana Paula Ordorica analiza el tema con Emilio “Pizu” Saldaña, Analista de Tecnologías para la Información.

 

Un juez en Estados Unidos ordenó este martes que no se revelen públicamente los nombres de los miembros del jurado del juicio al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, y que éstos sean escoltados al llegar y salir de la corte además de quedar aislados del público durante el día en el tribunal.

El juez Brian Cogan concedió así el pedido de la fiscalía de mantener al jurado anónimo y parcialmente aislado para garantizar su seguridad.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario se encuentra en prisión en Nueva York.

Los fiscales del distrito este de Nueva York dijeron meses atrás que les preocupaba que personas cercanas a García Luna llevaran a cabo una campaña de acoso, intimidación y violencia contra testigos en el juicio y sus familias. El juez Cogan estuvo de acuerdo este martes.

“Los hechos que presenta el gobierno muestran que García Luna, de forma repetida, dio prioridad a sus ganancias personales por encima de sus responsabilidades como funcionario público y, a cambio de millones de dólares, aseguró el éxito y seguridad de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y notorias del mundo”, escribió el juez.

Agregó que la violencia persistente y el amplio alcance del cártel hacen que sea razonablemente probable que los miembros del jurado puedan tener miedo por su seguridad si no se les garantiza anonimidad.

Los abogados de García Luna dijeron en abril que su cliente no es violento y que no tiene conexión con altos mandos del Cártel de Sinaloa y que, por lo tanto, los miembros del jurado no deberían quedar anónimos ni ser apartados del público.

Si eso ocurriera daría la impresión de que su cliente es culpable de los cargos que se le imputan y que eso no garantiza un juicio justo, aseguró el abogado César de Castro.

Durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán a fines de 2018 e inicios de 2019, el jurado también fue anónimo y estuvo parcialmente aislado.

El mes pasado los fiscales del caso de García Luna dijeron que poseían una grabación que demuestra que el exfuncionario habló con otro preso en la cárcel en la que se encuentra sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en su contra. También aseguraron que en la grabación García Luna mencionó a Jesús “El Rey” Zambada, un exlíder del Cártel de Sinaloa.

Los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses que realizaron la grabación incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que el preso se lo entregara a García Luna.

Según la fiscalía, García Luna y el otro preso llamaron por teléfono desde la cárcel al agente encubierto, aunque los fiscales no ofrecieron más detalles. El martes el juez Cogan hizo referencia a la grabación en su orden y dijo que es fácil pasar de acosar o intimidar a un miembro del jurado a llegar a manipularlo.

El actor Johnny Depp ganó este miércoles el juicio por difamación contra su expareja Amber Heard, aunque el jurado también le consideró responsable de difamar contra la actriz en una ocasión.

La victoria en este mediático juicio fue clara para Depp porque solo tendrá que pagar a Heard dos millones de dólares, mientras que Heard tendrá que cubrir más de 10, luego de que la jueza rebajara la pena que era de 15 millones.

El jurado, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, determinó por unanimidad que tres frases escritas por Heard en una columna de opinión publicada en 2018 en el diario The Washington Post eran falsas, difamatorias y fueron escritas con mala intención, a pesar de que no mencionaban explícitamente a Depp.

El texto, en el que la actriz afirmaba ser víctima de abuso doméstico, era el punto central del litigio, ya que en su demanda, Depp pedía 50 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios.

Finalmente, el veredicto estipuló que la actriz deberá pagar 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfaix, Virginia, Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350,000 dólares.

Si bien Depp ganó su demanda, el actor no salió completamente limpio del juicio, pues su exmujer había interpuesto una contrademanda, también por difamación, basada en dos afirmaciones expresadas por él y otra por su anterior abogado.

Finalmente, el jurado consideró que Depp difamó a Heard en una ocasión y, por tanto, deberá pagarle 2 millones de dólares para compensar daños. La corte no estipuló si esa cantidad se descontará del pago de la actriz o deberá abonarse de manera independiente.

En el juicio, que se alargó durante casi dos meses, tanto Heard como Depp se acusaron de abuso físico y verbal durante sus más de cinco años de relación, aportando fotografías y grabaciones de sus discusiones.

Además de las dos celebridades, también intervinieron psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien en una de las primeras declaraciones del juicio insistió en que el abuso se daba por parte de ambos.

A pesar de la atención mediática que han recibido los testimonios más turbulentos y gráficos de la pareja, el litigio era un proceso civil por difamación, por lo que el fin del jurado no era determinar a un culpable de maltrato o abuso.

Heard, que mantuvo la compostura en el juzgado mientras se leía el veredicto, publicó a la brevedad un comunicado en el que asumía la derrota y decía estar “decepcionada” y “desconsolada” por el resultado del mismo.

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas aun no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido”, afirmó.

 

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La actriz, conocida por protagonizar “Aquaman”, ha sido el blanco de feroces críticas formuladas en internet por los fanáticos de Depp. En su última declaración ante el jurado, la semana pasada, Heard afirmó que recibía amenazas de muerte “a diario”.

Por su parte, Depp no acudió a la lectura del veredicto ya que se encontraba de viaje en Londres, donde recientemente participó en un concierto con su amigo Jeff Beck. El equipo del actor publicó un comunicado en el que agradece que el jurado le haya “devuelto la vida”.

El juicio en Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de tráfico de drogas, iniciará el 24 de octubre del próximo año.

En esa fecha se iniciaría la selección de los miembros del jurado, dijo este miércoles una audiencia el juez Brian Cogan de la corte del distrito este de Nueva York.

El juez también fijó el 9 y 16 de enero de 2023 como fechas de reemplazo si el juicio no puede comenzar en octubre 2022.

Los jueces, fiscales y abogados de García Luna establecieron el inicio del juicio para dentro de un año debido a la enorme cantidad de pruebas que la fiscalía ha propuesto y al estudio del manejo de información confidencial. Más adelante se definirá qué evidencia formará parte o no del juicio.

La pandemia del COVID-19, además, retrasa cualquier procedimiento y el acceso que los abogados de García Luna tienen a éste en la cárcel.

Recordemos que García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones que lo relacionan con el narcotráfico.

La fiscalía del distrito este de Nueva York alega que García Luna recibió enormes cantidades de dinero del Cartel de Sinaloa a cambio de permitir que traficara cocaína a sus anchas. García Luna salió de México en 2012 y optó por vivir en Miami, Florida. Fue arrestado en 2019.

El tribunal de apelaciones con sede en Nueva York escuchó este lunes los argumentos orales en el marco de la apelación que presentara Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyos abogados buscan anular el juicio que lo condenó a cadena perpetua en Estados Unidos.

La defensa pidió en septiembre del año pasado un nuevo juicio, argumentando que el realizado en 2019 se vio empañado “por un exceso desenfrenado y por la extralimitación de poderes tanto del gobierno como del sistema judicial”.

Los principales argumentos de la defensa se basan en que uno de los jurados, bajo condición de anonimato, contó al sitio de noticias Vice que él y otros miembros se informaron sobre el caso en la prensa y las redes sociales durante el proceso, algo que estaba prohibido.

Asimismo, esgrime que el aislamiento total de “El Chapo” desde su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 le impidió colaborar en su defensa antes y durante el juicio.

El juez del tribunal de apelaciones del segundo circuito de Nueva York, Michael H. Park, aseguró que, asumiendo que todo lo que está en esas informaciones de prensa fuera cierto, no le parecía “suficiente para realizar un nuevo juicio”. Los fiscales refutaron también las alegaciones de la defensa.

El abogado del Departamento de Justicia, Brett Reynolds, recordó que las condiciones de detención previas al juicio “eran constitucionales”, ya que fueron de tipo “administrativo y no punitivo”.

Para argumentar esto, señaló que el reo había huido en dos ocasiones de la cárcel en México, “tenía un historial de intimidaciones y asesinatos de rivales y había dirigido su empresa criminal mientras estaba en la cárcel”. Asimismo, recordó que Guzmán Loera pudo reunirse con sus abogados 20 horas a la semana, al punto que se tuvo que conceder este beneficio a otros abogados.

Recordemos que en febrero de 2019, tras un extraordinario juicio de tres meses en la corte federal de Brooklyn, “El Chapo” fue hallado culpable de los 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego de los que era acusado. La justicia lo condenó a cadena perpetua.

La Fiscalía estadounidense entregó nuevas pruebas contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado en el país vecino de presuntos delitos de narcotráfico.

Algunas de las pruebas fueron aportadas por los gobiernos de México y Colombia, según se indicó en documentos judiciales.

Las nuevas pruebas, que incluyen “material protegido”, son de momento confidenciales y solo se ha hecho público un listado de las mismas.

Según este inventario, los fiscales han presentado registros financieros, fotografías rescatadas de Google Earth y metadata relacionada con documentos recuperados de dispositivos electrónicos de García Luna, además de documentos aportados por los gobiernos mexicano y colombiano, cuyo contenido tampoco se ha revelado.

Además, incorporaron comunicaciones sobre los negocios del acusado, un video de un encuentro entre Genaro Luna y otro preso de la cárcel neoyorquina donde espera juicio y registros de propiedad.

En el escrito, la Fiscalía precisa que durante el juicio también “tiene la intención” de ofrecer registros sobre “actividades comerciales realizadas con regularidad” y solicitadas a Islas Barbados, México y Panamá.

Recordemos que el gobierno de México pidió a Estados Unidos la extradición de García Luna en diciembre pasado, un año después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que planeaba solicitarla, una vez que concluyera sus propias diligencias respecto a los posibles delitos cometidos por el exfuncionario.

Antes de cualquier proceso de extradición, sin embargo, García Luna debe enfrentar los 5 cargos de los que le acusan las autoridades estadounidenses, entre ellos el de participar en un proyecto criminal continuado y el de conspiración para la importación de cocaína.

García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.

El exsecretario fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de la seguridad en nuestro país. De acuerdo con el gobierno estadounidense, ello habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

Fiscales estadounidenses dijeron este jueves que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico.

El fiscal del distrito este de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al juez federal del caso en la que explica que la fiscalía también tiene una “voluminosa” cantidad de grabaciones interceptadas.

Recordemos que García Luna está acusado por fiscales estadounidenses de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

Por el caso que se le sigue, el exfuncionario mexicano se encuentra preso en una cárcel neoyorquina.

García Luna, fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, y colaboró previamente en el gobierno de Vicente Fox.

El exfuncionario se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína libremente.

La fiscalía y los abogados de García Luna se preparan para ir a juicio. Lesko dijo en su carta que la fiscalía ha hecho pedidos de asistencia legal mutua a funcionarios extranjeros. Se han recibido algunas respuestas afirmativas, dijo, y se están esperando otras.

El fiscal le pidió al juez también que se posponga la audiencia judicial sobre el caso que estaba fijada para este mes ya que la fiscalía necesita más tiempo para ir preparando el juicio. El juez del caso es Brian Cogan, quien también presidió el juicio contra “El Chapo” Guzmán en 2018.

La nueva fecha para que se realice la audiencia es el23 de junio.

Este mismo jueves, un juez autorizó la incautación de cinco propiedades en México de Rafael Caro Quintero, o “RCQ”, cofundador del cartel de Guadalajara y ahora jefe de una grupo criminal que lleva su nombre.

La fiscalía del distrito este de Manhattan afirma que las propiedades, situadas en Guadalajara y cerca de esa ciudad, fueron compradas por RCQ con dinero del narcotráfico llevado a cabo por la organización Caro Quintero, un brazo del cartel de Sinaloa.

“Estados Unidos buscará aplicar esta orden a través de canales diplomáticos”, indicó la fiscalía en un comunicado tras la decisión del juez federal Eric Vitaliano.

Caro Quintero es acusado por la justicia estadounidense de ordenar en 1985 el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en México, tras torturarlo salvajemente. Es uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, por el que ofrece una recompensa de 20 millones de dólares.

RCQ fue detenido en 1985, juzgado en México y condenado a 40 años de prisión. Pero en 2013 un juez lo liberó por un tecnicismo legal. Poco después, la justicia volvió a pedir su captura, pero era demasiado tarde: RCQ había desaparecido.

El tiempo para lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) se le acaba al exdirector de Pemex; el plazo que el juez del Reclusorio Norte concedió a Lozoya para lograr un acuerdo en relación al juicio que enfrenta por el delito de lavado de dinero vence este domingo.

El juez otorgó un plazo de seis meses para que el excolaborador de Enrique Peña Nieto legara a un acuerdo con la Fiscalía que frenara el juicio por el caso Odebrecht.

Por ello, la defensa del exdirector Pemex solicitó al juez la ampliación del plazo original, ya que hasta ahora, la FGR no le ha concedido al exfuncionario el criterio de oportunidad por el que él y su defensa apostaron

De no lograrse el acuerdo, y de no ser otorgada la ampliación del plazo, la Fiscalía tendría que proceder con la acusación formal en contra el exdirector de Pemex, esto luego de que Lozoya fuera vinculado a proceso desde mediados del año pasado.

Y es que denuncia que el exfuncionario presentó ante la Fiscalía, y en la que menciona a expresidentes, exsecretarios y exlegisladores, no ha permitido proceder penalmente en contra de los involucrados.

El equipo legal de Lozoya busca con su solicitud de ampliación del termino, lograr un acuerdo con la Fiscalía, o bien definir y preparar su estrategia de defensa ante un eventual juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de ampliar el plazo hasta por un máximo de seis meses.

De igual forma, se informó que Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, también solicitará una prórroga para la conclusión de la investigación complementaria del caso en el que se encuentra involucrada.

Margarita Austin está acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa por presunto ocultamiento de sobornos que al parecer recibió su hijo, por parte de Odebrecht; derivado de la acusación, se encuentra en arresto domiciliario desde noviembre de 2019.

Con información de Animal Político

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose así en el primer exmandatario de Francia en recibir una pena de este tipo.

No obstante, Sarkozy, de 66 años, no irá a prisión ya que su pena a un año de cárcel en firme puede ser conmutada y el tribunal no ordenó su arresto tras pronunciar el veredicto.

Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, es el segundo exmandatario en ser condenado por la justicia, después de su antecesor y mentor político Jacques Chirac en 2011 por malversación de fondos públicos cometida cuando era alcalde de París. Pero por problemas de salud, Chirac nunca compareció ante la corte.

Sarkozy, que repitió incansablemente durante su juicio que nunca ha cometido “el más mínimo acto de corrupción”, escuchó su sentencia de pie frente al tribunal. El expresidente de derecha y sus abogados no hicieron ninguna declaración al salir de la sala.

El tribunal de París también condenó a la misma pena al exmagistrado, Gilbert Azibert, y al histórico abogado del expresidente, Thierry Herzog. Este último también fue condenado a una inhabilitación profesional de 5 años.

Los jueces dictaminaron que hubo un “pacto de corrupción” entre Sarkozy, Herzog y Azibert. Las penas son inferiores a las que había solicitado la fiscalía: cuatro años de prisión, dos de los cuales firmes, alegando que la imagen presidencial se había visto “afectada” por este caso que tuvo “efectos devastadores”.

Sarkozy fue condenado por haber intentado corromper, junto con Herzog, a Azibert, cuando éste era juez del Tribunal Supremo. Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el denominado caso Bettencourt.

A cambio, habría ofrecido a Azibert su ayuda para obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo consiguió.

Durante el juicio, que terminó el 10 de diciembre, la defensa protestó contra un caso basado en “fantasías” e “hipótesis” y pidió la absolución de los acusados.

Retirado de la política desde 2016 pero todavía muy popular en la derecha francesa, Sarkozy tiene varias cuentas pendientes ante la justicia. Está implicado en varios casos, incluidas las sospechas de financiación libia de su campaña de 2007, de la que salió victorioso.

Esta primera condena para Nicolas Sarkozy llega a pocos días de que se enfrente a un segundo juicio el 17 de marzo en el caso “Bygmalion”, relativo a los gastos de su campaña presidencial de 2012.

Foto: Twitter @descifraguerra

Los abogados de Donald Trump iniciaron la defensa del expresidente en su juicio político negando enérgicamente que tuviera papel alguno de incitación del asalto al Capitolio y dijeron que la acusación en contar del republicano está motivada por el “odio” y es parte de una “cacería de brujas” demócrata.

Los abogados dijeron a los senadores que Trump tenía derecho a cuestionar los resultados de la elección de 2020 y que al hacerlo, incluso en un discurso que precedió el asalto al Capitolio, eso no significó incitar los actos de violencia que se produjeron.

Trataron de volver los argumentos de los acusadores en su contra al comparar los cuestionamientos demócratas del triunfo de Trump en 2016 con la actitud de Trump en la última elección. Cuando Trump imploró a sus seguidores que “pelearan como demonios” el 6 de enero, eso no se diferenciaba con la retórica de los demócratas en cuanto a incitar a la violencia.

“Esta es retórica política que es prácticamente imposible de distinguir del lenguaje utilizado por la gente de todo el espectro político durante cientos de años”, dijo Michael van der Veen, uno de los abogados de Trump. “Innumerables políticos han hablado de luchar por nuestros principios”.

Después de una acusación que recurrió a imágenes violentas del asalto al capitolio, el juicio político pasó a los abogados defensores, que hicieron una concesión fundamental: la violencia fue tan traumática, inaceptable e ilegal como dicen los demócratas, pero Trump no la ordenó. Van der Veen dijo que el asalto fue realizado por personas que “secuestraron” para sus propios fines lo que debía ser un evento pacífico. Incluso dijo que habían hecho planes para ejercer la violencia antes de que Trump hablara. “Uno no puede incitar lo que iba a suceder”, añadió.

Reconocer los horrores de la jornada tuvo por objeto debilitar el impacto de los argumentos demócratas y apelar a lo que consideran el asunto medular del juicio, y con más posibilidades de ganar: si es que se puede considerar al entonces presidente Trump responsable de incitar el ataque del 6 de enero. Cinco personas murieron a causa del asalto al Capitolio y sus secuelas.

Es un argumento dirigido a los senadores republicanos, que quieren sumarse a condenar la violencia, pero sin llegar a condenar al ahora exmandatario. “No lo han vinculado en absoluto con Trump”, dijo David Schoen, uno de los abogados del expresidente.

El proceso podría culminar con una votación este fin de semana por parte de los senadores, que fungen como jurado.

En documentos legales y alegatos al inicio de la semana, los abogados de Trump dejaron en claro su posición, de que los responsables de los disturbios fueron los revoltosos que asaltaron el edificio y que están siendo juzgados por la justicia.

Al finalizar su presentación ayer, los demócratas utilizaron videos y palabras de la turba el 6 de enero para incriminar a Trump. “Nos invitaron a venir”, dijo uno. “Trump nos envió”, dijo otro. “Él va a estar feliz. Estamos luchando por Trump”. “Realmente creyeron que toda esta invasión fue por órdenes del presidente”, dijo la representante Diana DeGette. “El presidente les dijo que vinieran”.

El objetivo de los fiscales fue retratar a Trump no como un espectador sino como el “incitador en jefe” que durante meses difundió mentiras y estimuló a sus seguidores a no reconocer la elección.

Además de la condena, los demócratas piden que sea vetado de cualquier función pública federal en el futuro.

Los congresistas designados para ejercer la acusación contra el expresidente Donald Trump en su juicio político, impeachment, han pedido al exmandatario que preste testimonio durante el proceso.

Jamie Raskin, el líder de los ‘managers’, como se conoce a los congresistas que actúan como una especie de fiscales, ha enviado una carta al equipo legal de Trump solicitando que testifique antes o durante el impeachment, que dará comienzo el próximo martes.

En la carta, alega que su testimonio es necesario, ya que rechazó las afirmaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que le acusó de incitar el asalto al Capitolio del 6 de enero, evento que ha desencadenado el juicio político, el segundo al que se somete Trump.

“Hace dos días, presentó una respuesta en la que negó muchas acusaciones fácticas establecidas en el artículo de juicio político”, dice Raskin en el documento. “A la luz de su impugnación de estas acusaciones fácticas, le escribo para invitarlo a prestar testimonio bajo juramento (…) sobre su conducta el 6 de enero de 2021”, señala.

La carta en sí no es una citación, sino que requiere el testimonio de Trump de manera voluntaria, aunque el ‘manager’ demócrata ha sugerido que, si se niega, la acusación podría usar la negativa en su contra.

“Nos reservamos todos y cada uno de los derechos, incluyendo el de establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte interferencia adversa con respecto a sus acusaciones”, advertido el legislador demócrata.

En la presentación del caso contra Trump en un escrito legal el martes, los fiscales, que argumentaron que el expresidente debe ser condenado porque “amenazó el sistema constitucional que protege las libertades fundamentales”, le acusaron de provocar “violencia” contra el Congreso estadounidense en un intento de revertir “radicalmente” la transferencia pacífica de poder entre administraciones.

En esta ocasión, Trump está acusado de “incitar a la rebelión” durante los disturbios y el asalto al Capitolio. La Cámara de Representantes, de amplia mayoría demócrata, aprobó iniciar el juicio político contra el exmandatario el 13 de enero, en una votación en la que diez republicanos dieron su apoyo.

El asalto, que dejó cinco muertos, tuvo lugar el día que el Congreso de Estados Unidos celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un “fraude”, aunque no proporcionó pruebas al respecto.

Sobre la petición que hicieran los demócratas, el expresidente anunció esta tarde que no testificará en el juicio político, y calificó el procedimiento de “inconstitucional”.

“El presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional”, afirmó el jueves su portavoz, Jason Miller, en una declaración difundida por el diario The Washington Post, después de que la defensa del exgobernante calificara el proceso de “maniobra de relaciones públicas” de los demócratas.

Una jueza federal de Estados Unidos “canceló” este miércoles la audiencia del juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien es acusado de desvío de dinero y delitos electorales.

El comienzo del proceso legal, de una duración de dos semanas, estaba previsto para mañana jueves de forma virtual debido a la pandemia.

En un breve comunicado, la jueza Lauren Fleischer Louis no determina una nueva fecha para el juicio contra Duarte, preso en Miami desde el 8 de julio del año pasado, acusado de “malversación agravada y conspiración agravada”.

Duarte, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral, permanece en una cárcel de Florida después de que la jueza Fleischer Louis le negara la libertad bajo fianza.

El fiscal Jason Wu, que representa al gobierno de México, ha expuesto que existe “peligro de fuga” de Duarte y dijo que el exfuncionario ha incurrido en faltas tales como transferencias de más de seis millones de dólares a dos empresas en las que era el accionista mayoritario mientras estaba al frente del gobierno estatal.

El 30 de septiembre pasado la defensa solicitó “desestimar la denuncia de extradición, argumentando que todos los cargos penales subyacentes a la denuncia están prescritos por los estatutos de limitaciones mexicanos o estadounidenses”.

En una posterior audiencia virtual de noviembre ambas partes analizaron la prescripción de cargos bajo la ley mexicana y la validez de una nota diplomática entregada por el gobierno de México a la Fiscalía estadounidense, en la que se amplían y detallan los cargos contra Duarte.