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La Fiscalía estadounidense entregó nuevas pruebas contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado en el país vecino de presuntos delitos de narcotráfico.

Algunas de las pruebas fueron aportadas por los gobiernos de México y Colombia, según se indicó en documentos judiciales.

Las nuevas pruebas, que incluyen “material protegido”, son de momento confidenciales y solo se ha hecho público un listado de las mismas.

Según este inventario, los fiscales han presentado registros financieros, fotografías rescatadas de Google Earth y metadata relacionada con documentos recuperados de dispositivos electrónicos de García Luna, además de documentos aportados por los gobiernos mexicano y colombiano, cuyo contenido tampoco se ha revelado.

Además, incorporaron comunicaciones sobre los negocios del acusado, un video de un encuentro entre Genaro Luna y otro preso de la cárcel neoyorquina donde espera juicio y registros de propiedad.

En el escrito, la Fiscalía precisa que durante el juicio también “tiene la intención” de ofrecer registros sobre “actividades comerciales realizadas con regularidad” y solicitadas a Islas Barbados, México y Panamá.

Recordemos que el gobierno de México pidió a Estados Unidos la extradición de García Luna en diciembre pasado, un año después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que planeaba solicitarla, una vez que concluyera sus propias diligencias respecto a los posibles delitos cometidos por el exfuncionario.

Antes de cualquier proceso de extradición, sin embargo, García Luna debe enfrentar los 5 cargos de los que le acusan las autoridades estadounidenses, entre ellos el de participar en un proyecto criminal continuado y el de conspiración para la importación de cocaína.

García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.

El exsecretario fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de la seguridad en nuestro país. De acuerdo con el gobierno estadounidense, ello habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

Fiscales estadounidenses dijeron este jueves que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico.

El fiscal del distrito este de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al juez federal del caso en la que explica que la fiscalía también tiene una “voluminosa” cantidad de grabaciones interceptadas.

Recordemos que García Luna está acusado por fiscales estadounidenses de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

Por el caso que se le sigue, el exfuncionario mexicano se encuentra preso en una cárcel neoyorquina.

García Luna, fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, y colaboró previamente en el gobierno de Vicente Fox.

El exfuncionario se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína libremente.

La fiscalía y los abogados de García Luna se preparan para ir a juicio. Lesko dijo en su carta que la fiscalía ha hecho pedidos de asistencia legal mutua a funcionarios extranjeros. Se han recibido algunas respuestas afirmativas, dijo, y se están esperando otras.

El fiscal le pidió al juez también que se posponga la audiencia judicial sobre el caso que estaba fijada para este mes ya que la fiscalía necesita más tiempo para ir preparando el juicio. El juez del caso es Brian Cogan, quien también presidió el juicio contra “El Chapo” Guzmán en 2018.

La nueva fecha para que se realice la audiencia es el23 de junio.

Este mismo jueves, un juez autorizó la incautación de cinco propiedades en México de Rafael Caro Quintero, o “RCQ”, cofundador del cartel de Guadalajara y ahora jefe de una grupo criminal que lleva su nombre.

La fiscalía del distrito este de Manhattan afirma que las propiedades, situadas en Guadalajara y cerca de esa ciudad, fueron compradas por RCQ con dinero del narcotráfico llevado a cabo por la organización Caro Quintero, un brazo del cartel de Sinaloa.

“Estados Unidos buscará aplicar esta orden a través de canales diplomáticos”, indicó la fiscalía en un comunicado tras la decisión del juez federal Eric Vitaliano.

Caro Quintero es acusado por la justicia estadounidense de ordenar en 1985 el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en México, tras torturarlo salvajemente. Es uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, por el que ofrece una recompensa de 20 millones de dólares.

RCQ fue detenido en 1985, juzgado en México y condenado a 40 años de prisión. Pero en 2013 un juez lo liberó por un tecnicismo legal. Poco después, la justicia volvió a pedir su captura, pero era demasiado tarde: RCQ había desaparecido.

El tiempo para lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) se le acaba al exdirector de Pemex; el plazo que el juez del Reclusorio Norte concedió a Lozoya para lograr un acuerdo en relación al juicio que enfrenta por el delito de lavado de dinero vence este domingo.

El juez otorgó un plazo de seis meses para que el excolaborador de Enrique Peña Nieto legara a un acuerdo con la Fiscalía que frenara el juicio por el caso Odebrecht.

Por ello, la defensa del exdirector Pemex solicitó al juez la ampliación del plazo original, ya que hasta ahora, la FGR no le ha concedido al exfuncionario el criterio de oportunidad por el que él y su defensa apostaron

De no lograrse el acuerdo, y de no ser otorgada la ampliación del plazo, la Fiscalía tendría que proceder con la acusación formal en contra el exdirector de Pemex, esto luego de que Lozoya fuera vinculado a proceso desde mediados del año pasado.

Y es que denuncia que el exfuncionario presentó ante la Fiscalía, y en la que menciona a expresidentes, exsecretarios y exlegisladores, no ha permitido proceder penalmente en contra de los involucrados.

El equipo legal de Lozoya busca con su solicitud de ampliación del termino, lograr un acuerdo con la Fiscalía, o bien definir y preparar su estrategia de defensa ante un eventual juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de ampliar el plazo hasta por un máximo de seis meses.

De igual forma, se informó que Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, también solicitará una prórroga para la conclusión de la investigación complementaria del caso en el que se encuentra involucrada.

Margarita Austin está acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa por presunto ocultamiento de sobornos que al parecer recibió su hijo, por parte de Odebrecht; derivado de la acusación, se encuentra en arresto domiciliario desde noviembre de 2019.

Con información de Animal Político

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose así en el primer exmandatario de Francia en recibir una pena de este tipo.

No obstante, Sarkozy, de 66 años, no irá a prisión ya que su pena a un año de cárcel en firme puede ser conmutada y el tribunal no ordenó su arresto tras pronunciar el veredicto.

Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, es el segundo exmandatario en ser condenado por la justicia, después de su antecesor y mentor político Jacques Chirac en 2011 por malversación de fondos públicos cometida cuando era alcalde de París. Pero por problemas de salud, Chirac nunca compareció ante la corte.

Sarkozy, que repitió incansablemente durante su juicio que nunca ha cometido “el más mínimo acto de corrupción”, escuchó su sentencia de pie frente al tribunal. El expresidente de derecha y sus abogados no hicieron ninguna declaración al salir de la sala.

El tribunal de París también condenó a la misma pena al exmagistrado, Gilbert Azibert, y al histórico abogado del expresidente, Thierry Herzog. Este último también fue condenado a una inhabilitación profesional de 5 años.

Los jueces dictaminaron que hubo un “pacto de corrupción” entre Sarkozy, Herzog y Azibert. Las penas son inferiores a las que había solicitado la fiscalía: cuatro años de prisión, dos de los cuales firmes, alegando que la imagen presidencial se había visto “afectada” por este caso que tuvo “efectos devastadores”.

Sarkozy fue condenado por haber intentado corromper, junto con Herzog, a Azibert, cuando éste era juez del Tribunal Supremo. Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el denominado caso Bettencourt.

A cambio, habría ofrecido a Azibert su ayuda para obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo consiguió.

Durante el juicio, que terminó el 10 de diciembre, la defensa protestó contra un caso basado en “fantasías” e “hipótesis” y pidió la absolución de los acusados.

Retirado de la política desde 2016 pero todavía muy popular en la derecha francesa, Sarkozy tiene varias cuentas pendientes ante la justicia. Está implicado en varios casos, incluidas las sospechas de financiación libia de su campaña de 2007, de la que salió victorioso.

Esta primera condena para Nicolas Sarkozy llega a pocos días de que se enfrente a un segundo juicio el 17 de marzo en el caso “Bygmalion”, relativo a los gastos de su campaña presidencial de 2012.

Foto: Twitter @descifraguerra

Los abogados de Donald Trump iniciaron la defensa del expresidente en su juicio político negando enérgicamente que tuviera papel alguno de incitación del asalto al Capitolio y dijeron que la acusación en contar del republicano está motivada por el “odio” y es parte de una “cacería de brujas” demócrata.

Los abogados dijeron a los senadores que Trump tenía derecho a cuestionar los resultados de la elección de 2020 y que al hacerlo, incluso en un discurso que precedió el asalto al Capitolio, eso no significó incitar los actos de violencia que se produjeron.

Trataron de volver los argumentos de los acusadores en su contra al comparar los cuestionamientos demócratas del triunfo de Trump en 2016 con la actitud de Trump en la última elección. Cuando Trump imploró a sus seguidores que “pelearan como demonios” el 6 de enero, eso no se diferenciaba con la retórica de los demócratas en cuanto a incitar a la violencia.

“Esta es retórica política que es prácticamente imposible de distinguir del lenguaje utilizado por la gente de todo el espectro político durante cientos de años”, dijo Michael van der Veen, uno de los abogados de Trump. “Innumerables políticos han hablado de luchar por nuestros principios”.

Después de una acusación que recurrió a imágenes violentas del asalto al capitolio, el juicio político pasó a los abogados defensores, que hicieron una concesión fundamental: la violencia fue tan traumática, inaceptable e ilegal como dicen los demócratas, pero Trump no la ordenó. Van der Veen dijo que el asalto fue realizado por personas que “secuestraron” para sus propios fines lo que debía ser un evento pacífico. Incluso dijo que habían hecho planes para ejercer la violencia antes de que Trump hablara. “Uno no puede incitar lo que iba a suceder”, añadió.

Reconocer los horrores de la jornada tuvo por objeto debilitar el impacto de los argumentos demócratas y apelar a lo que consideran el asunto medular del juicio, y con más posibilidades de ganar: si es que se puede considerar al entonces presidente Trump responsable de incitar el ataque del 6 de enero. Cinco personas murieron a causa del asalto al Capitolio y sus secuelas.

Es un argumento dirigido a los senadores republicanos, que quieren sumarse a condenar la violencia, pero sin llegar a condenar al ahora exmandatario. “No lo han vinculado en absoluto con Trump”, dijo David Schoen, uno de los abogados del expresidente.

El proceso podría culminar con una votación este fin de semana por parte de los senadores, que fungen como jurado.

En documentos legales y alegatos al inicio de la semana, los abogados de Trump dejaron en claro su posición, de que los responsables de los disturbios fueron los revoltosos que asaltaron el edificio y que están siendo juzgados por la justicia.

Al finalizar su presentación ayer, los demócratas utilizaron videos y palabras de la turba el 6 de enero para incriminar a Trump. “Nos invitaron a venir”, dijo uno. “Trump nos envió”, dijo otro. “Él va a estar feliz. Estamos luchando por Trump”. “Realmente creyeron que toda esta invasión fue por órdenes del presidente”, dijo la representante Diana DeGette. “El presidente les dijo que vinieran”.

El objetivo de los fiscales fue retratar a Trump no como un espectador sino como el “incitador en jefe” que durante meses difundió mentiras y estimuló a sus seguidores a no reconocer la elección.

Además de la condena, los demócratas piden que sea vetado de cualquier función pública federal en el futuro.

Los congresistas designados para ejercer la acusación contra el expresidente Donald Trump en su juicio político, impeachment, han pedido al exmandatario que preste testimonio durante el proceso.

Jamie Raskin, el líder de los ‘managers’, como se conoce a los congresistas que actúan como una especie de fiscales, ha enviado una carta al equipo legal de Trump solicitando que testifique antes o durante el impeachment, que dará comienzo el próximo martes.

En la carta, alega que su testimonio es necesario, ya que rechazó las afirmaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que le acusó de incitar el asalto al Capitolio del 6 de enero, evento que ha desencadenado el juicio político, el segundo al que se somete Trump.

“Hace dos días, presentó una respuesta en la que negó muchas acusaciones fácticas establecidas en el artículo de juicio político”, dice Raskin en el documento. “A la luz de su impugnación de estas acusaciones fácticas, le escribo para invitarlo a prestar testimonio bajo juramento (…) sobre su conducta el 6 de enero de 2021”, señala.

La carta en sí no es una citación, sino que requiere el testimonio de Trump de manera voluntaria, aunque el ‘manager’ demócrata ha sugerido que, si se niega, la acusación podría usar la negativa en su contra.

“Nos reservamos todos y cada uno de los derechos, incluyendo el de establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte interferencia adversa con respecto a sus acusaciones”, advertido el legislador demócrata.

En la presentación del caso contra Trump en un escrito legal el martes, los fiscales, que argumentaron que el expresidente debe ser condenado porque “amenazó el sistema constitucional que protege las libertades fundamentales”, le acusaron de provocar “violencia” contra el Congreso estadounidense en un intento de revertir “radicalmente” la transferencia pacífica de poder entre administraciones.

En esta ocasión, Trump está acusado de “incitar a la rebelión” durante los disturbios y el asalto al Capitolio. La Cámara de Representantes, de amplia mayoría demócrata, aprobó iniciar el juicio político contra el exmandatario el 13 de enero, en una votación en la que diez republicanos dieron su apoyo.

El asalto, que dejó cinco muertos, tuvo lugar el día que el Congreso de Estados Unidos celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un “fraude”, aunque no proporcionó pruebas al respecto.

Sobre la petición que hicieran los demócratas, el expresidente anunció esta tarde que no testificará en el juicio político, y calificó el procedimiento de “inconstitucional”.

“El presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional”, afirmó el jueves su portavoz, Jason Miller, en una declaración difundida por el diario The Washington Post, después de que la defensa del exgobernante calificara el proceso de “maniobra de relaciones públicas” de los demócratas.

Una jueza federal de Estados Unidos “canceló” este miércoles la audiencia del juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien es acusado de desvío de dinero y delitos electorales.

El comienzo del proceso legal, de una duración de dos semanas, estaba previsto para mañana jueves de forma virtual debido a la pandemia.

En un breve comunicado, la jueza Lauren Fleischer Louis no determina una nueva fecha para el juicio contra Duarte, preso en Miami desde el 8 de julio del año pasado, acusado de “malversación agravada y conspiración agravada”.

Duarte, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral, permanece en una cárcel de Florida después de que la jueza Fleischer Louis le negara la libertad bajo fianza.

El fiscal Jason Wu, que representa al gobierno de México, ha expuesto que existe “peligro de fuga” de Duarte y dijo que el exfuncionario ha incurrido en faltas tales como transferencias de más de seis millones de dólares a dos empresas en las que era el accionista mayoritario mientras estaba al frente del gobierno estatal.

El 30 de septiembre pasado la defensa solicitó “desestimar la denuncia de extradición, argumentando que todos los cargos penales subyacentes a la denuncia están prescritos por los estatutos de limitaciones mexicanos o estadounidenses”.

En una posterior audiencia virtual de noviembre ambas partes analizaron la prescripción de cargos bajo la ley mexicana y la validez de una nota diplomática entregada por el gobierno de México a la Fiscalía estadounidense, en la que se amplían y detallan los cargos contra Duarte.

El juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra preso en Estados Unidos acusado de desvío de dinero y delitos electorales, fue aplazado para el 14 de enero del próximo año, según informaron autoridades de Chihuahua.

Ni la Fiscalía del sur de Florida ni el tribunal han informado hasta ahora de esa decisión, que tampoco está incluida en los documentos judiciales del caso. Fue el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, quien confirmó la información.

La nueva audiencia del expriísta, preso en Miami desde el pasado 8 de julio, estaba programada inicialmente para el próximo 10 de noviembre.

Duarte, quien ha alegado “persecución política” de parte de su sucesor, Javier Corral, permanece en una cárcel de Florida después de que la jueza Lauren Fleischer Louis le negara la libertad bajo fianza.

“Hace unos momentos, se acaba de terminar una audiencia que se llevó vía telefónica, en donde se discutieron la ampliación de algunos plazos, en cuanto a las alegaciones jurídicas que presentaría tanto la defensa como la Fiscalía de Distrito Sur de Miami, en relación con el caso de extradición del exgobernador de Chihuahua para presentar argumentos a favor y en contra de la extradición” informó Espinoza Cortés.

El fiscal Jason Wu, que representa al gobierno de nuestro país, ha expuesto que existe “peligro de fuga” de Duarte y dijo que el exgobernador ha perjudicado a una gran comunidad con transferencias de más de seis millones de dólares que hizo como gobernador a dos empresas en las que era el accionista mayoritario.

En un fallo el 14 de septiembre, la jueza Louis señaló que “la ausencia de evidencia de una huida anterior (de Duarte) no es suficiente para demostrar que no hay riesgo de que huya ahora”.

La defensa de Duarte había señalado que él estaba “cooperando” con el gobierno estadounidense desde hacía más de tres años, argumento que la jueza tampoco tuvo en cuenta una posible liberación. Por otro lado, Louis invalidó también el argumento de que la pandemia de Covid-19 impide una apropiada defensa de Duarte, debido a las restricciones de visitas en la prisión.

Duarte ha sido señalado junto a otros miembros del PRI de desviar casi 13.5 millones de dólares a campañas políticas, de acuerdo con una denuncia del gobernador Corral.

“Las partes estuvieron de acuerdo, esperamos que se oficialice. Esto no modifica la situación legal del ex mandatario, seguirá preso allá en la cárcel de Miami hasta la fecha de extradición y hasta que sea extraditado a México” precisó el funcionario estatal.

El expolicía de Mineápolis, Minesota, en Estados Unidos, Derek Chauvin, acusado del asesinato del afroamericano George Floyd, a quien mantuvo varios minutos presionándole el cuello con la rodilla, salió este miércoles de prisión en libertad bajo fianza.

Según registros penitenciarios divulgados por los medios locales, Chauvin, que se encontraba detenido desde mayo y debe comparecer ante los tribunales en marzo próximo por la muerte de Floyd, fue liberado tras depositar una fianza de un millón de dólares.

El exagente fue trasladado este miércoles de la prisión estatal de la localidad de Oak Park Heights, en Minesota, a la cárcel del condado de Hennepin, en Mineápolis, de la que salió en libertad.

Chauvín es el último de los cuatro exagentes implicados en la muerte de Floyd que sale en libertad condicional a la espera de juicio, después de sus excompañeros Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane, presentes en la detención del afroamericano y acusados de complicidad en el asesinato por no haber hecho nada por evitarlo.

Recordemos que la muerte de Floyd desencadenó múltiples manifestaciones contra la violencia policial en al menos una veintena de ciudades de Estados Unidos, muchas de las cuales derivaron en enfrentamientos y saqueos.

El expolicía, de 44 años y que llevaba 19 en la policía de Mineápolis, será juzgado por homicidio y homicidio en segundo grado en un tribunal del condado de Hennepin, en un juicio programado para marzo que podría incluir a sus tres excompañeros.

Se teme que la liberación de Chauvin genere tensiones en Mineápolis, principal escenario de las protestas más violentas por la muerte de Floyd. Según medios locales, las autoridades de Mineápolis ya están alerta ante la posibilidad de nuevos disturbios.

Las dos autopsias practicadas al cadáver de Floyd, una oficial y otra independiente, mostraron que su muerte fue un homicidio; mientras que la que ordenó su familia apuntó a la “asfixia” como motivo, la del forense citó un “paro cardiorrespiratorio” ocurrido mientras le inmovilizaban.

La petición para que se celebre una consulta popular que pregunte a la ciudadanía de México si quiere que se investigue y, en su caso, se presenten cargos contra los expresidentes, llegó esta tarde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que  es quien decidirá si procede o no la convocatoria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió por la mañana al Senado la petición formal y la cámara alta la turnó de forma de inmediata al máximo tribunal, que decidirá sobre su constitucionalidad.

López Obrador propuso el referéndum para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones de mitad del sexenio y que son clave para que el presidente mantenga la mayoría en el Congreso.

La consulta podría ser una forma de atraer votantes a las urnas porque los comicios de medio período a menudo tienen una participación baja, pero además podría desviar la atención de los problemas del gobierno actual con la economía y la pandemia de coronavirus al centrar la atención en abusos del pasado.

López Obrador ve la consulta nacional como un mecanismo para concretar sus acusaciones de una “corrupción sistemática” desde 1988, cuando inició la puesta en marcha de programas económicos conservadores y privatizaciones, un periodo que el mandatario califica de “neoliberal o neoporfirista”.

En paralelo a la petición de López Obrador, miembros de Morena, llevan un par de semanas recogiendo firmas ya que el trámite para iniciar la petición de la consulta también podía iniciarse si se recaban casi dos millones de rúbricas. El presidente esta mañana que sí las habían logrado recabar.

En la parte final de su mensaje con motivo el segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre su propuesta de llevar a cabo una consulta ciudadana para que sea el pueblo quien decida si los expresidentes son llevados a juicio por su presunta participación en actos de corrupción.

“He dicho, y reitero, que yo votaría por no someterlos a proceso pues mantengo la postura que sostuve en mi toma de posesión, según la cual, en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo”, dijo AMLO.

López Obrador aseguró que como muchos mexicanos fue víctima del fraude electoral, por lo que sabe del daño que ocasionan las autoridades impuestas. Por eso, dijo, se reformó la Constitución y se castigará con cárcel y sin derecho a fianza a quien utilice el presupuesto público en beneficio de partidos y candidatos o adultere el carácter libre y democrático de las elecciones.

Añadió que desde Francisco I. Madero, nunca un presidente había sido tan atacado como él.

“Los conservadores están enojados porque ya no hay corrupción y perdieron privilegios. Sin embargo, gozan de una absoluta libertad de expresión y ello es prueba de que hoy se garantizan las libertades y el derecho a disentir. La represión política ha quedado en el pasado”.

AMLO aseguró que se está llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México, la cual se está logrando de manera pacífica.

Dijo que aunque hay oposición al gobierno, la mayoría de los habitantes de México aprueban su gestión. “Gracias a todas y a todos por la confianza. No les fallaremos”.

Insistió en que es mucho lo realizado en sus casi primeros  dos años de gobierno, y dijo que de los 100 compromisos que hizo en el Zócalo el primero de diciembre de 2018, se han cumplido 95.

Aseguró que desde el primer día de su gobierno se ha aplicado el Proyecto de Nación por el que los mexicanos votaron el 1 de julio de 2018, aunque reconoció que circunstancias imprevistas e infortunadas como la pandemia de Covid-19 ha obligado a hacer ajustes.

“Estoy convencido que la mejor manera de evitar retrocesos en el futuro depende mucho de continuar con la revolución de las conciencias para lograr a plenitud un cambio de mentalidad que, cuando sea necesario, se convierta en voluntad colectiva, dispuesta a defender lo alcanzado en beneficio del interés público y de la nación. Sigamos pues haciendo patria, por nosotros y por las nuevas generaciones, que sabrán honrar la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México”, concluyó AMLO.

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores informó la noche de ayer que hicieron formal, ante la Mesa Directiva, la petición de consulta popular, para investigar y en su caso llevar a juicio a los expresidentes de la República.

En el documento presentado, los legisladores señalaron que a partir de que se conoció la denuncia que presentó Emilio Lozoya en la Fiscalía General de la República (FGR) hay elementos para presumir que algunos expresidentes participaron en presuntos actos de corrupción.

“Consideramos de la mayor relevancia que slos mecanismos de participación ciudadana directa puedan fortalecer la actuación de los órganos de gobiernno para que vivamos en un país donde la justicia se ejerza de manera adecuada”, precisaron los senadores de Morena.

En línea con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los legisladores de la 4T indicaron que la solciitud tiene como propósito que las ciudadanas y ciudadanos ejerzan su derecho de votar en un ejercicio democrático y expresen su opinión sobre un tema de trascendencia nacional.

En la solicitud, se detalla la prregunta que propone Morena para que se aplique en la consulta: ‘Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Al igual que AMLO, quien ha dicho que no quieres ser el verdugo o a quien señalen de vengativo, los legisladores prefirieron deslindarse del resultado de dicha encuesta, y dijeron que “las y los mexicanos determinarán si están de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes de México que sean presuntamente responsables de la comisión de algún delito durante el ejercicio de sus funciones.

Los Senadores remataron indicando que desde el inicio del actual gobierno, se ha dicho que no se trata de un acto de venganza el llevar a los expresidentes a juicio, sino un acto de justicia.

De acuerdo a la más reciente encuesta de El Universal, 9 de cada 10 personas está a favor de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) persiga a exfuncionarios que hayan cometido delitos, incluidos los expresidentes.

Al preguntar si el gobierno de la Cuarta Transformación debería o no investigar a funcionarios, incluidos los expresidentes por su presunta participación en actos de corrupción, el 92.1% dijo que si deberían de ser investigados. Solo el 4.4% indicó que no

La ciudadanía no solo quiere que se les investigue, pues al preguntar si la 4T debería llevar a juicio a funciones de gobiernos anteriores o del actual que cometan delitos, el 95.6% de los consultados dijo que sí deberían ser enjuiciados. 2.4% indicó que no

La cabeza de Peña Nieto es la más deseada por los mexicanos, ya que el 89.4% de los consultados desean que sea llevado a juicio. Carlos Salinas de Gortari es el segundo exmandatario más mencionado para ser llevado a juicio (88.5%). Les siguen Felipe Calderón (82.1%), Vicente Fox (78.0%) y Ernesto Zedillo (74.3%)

Tras conocerse la denuncia del exdirector de Pemex, en la que reconoció haber recibido dinero de Odebrecht, 86.7% de los mexicanos aseguran que Emilio Lozoya debería ir a prisión por los delitos en los que incurrió, mientras que sólo 7% cree que no debería por ayudar al gobierno a conocer la verdad y poder actuar contra otros exservidores públicos.

Y aunque la mayoría de los mexicanos apoya el enjuiciamiento de los exmandatarios, solo un 50.0% apoya que se realice una consulta ciudadana para tomar dicha decisión.

Sobre todos los nombres que aparecen en la denuncia de Lozoya, entre políticos, empresarios, periodistas, etc., el 55.0% de los consultados consideran que los todos los mencionados son culpables de actos de corrupción. Solo el 32.6% cree que se trata de una estrategia de defensa de Lozoya.

Sobre los videoescándalos de las últimas semanas, el 33.4% de los encuestados creen que el video y denuncia de Lozoya salieron a la luz con fines electorales. 30.4% consideran que es para atacar a los adversarios de AMLO y solo 28.8% creen que es parte de la lucha contra la corrupción.

Respecto al video de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, el 75% de los consultados creen que debe sancionarse a Morena en caso de que se compruebe que el dinero en cuestión fue utilizado para apoyar al partido.

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se dijo dispuesto y listo para acompañar una eventual propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de convocar a una consulta para enjuiciar a los expresidentes.

El coordinador de la bancada de morenista señaló que tras reunirse con el mandatario, éste le comentó que está evaluando la posibilidad de enviar la iniciativa al Congreso; sin embargo, Mario Delgado puntualizó que ellos, como legisladores, están dispuesto a solicitarla.

“Están las disposiciones establecidas en la ley y bueno estamos evaluando. Por su puesto que yo le manifesté que nosotros estamos en toda la disposición de hacer la petición conforme a la ley antes del 15 de septiembre para que pueda realizarse esta consulta”, dijo el morenista.

Delgado aclaró que la fecha para la consulta popular tendría que ser en el marco de la elección federal del 2021 tal y como lo estipula la ley, siempre y cuando se solicite antes del 15 de septiembre y reciba la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En las próximas dos semanas se tendrá que tomar esta definición que es yo creo de la mayor relevancia y de la cual nosotros estamos dispuestos a impulsar”, agregó.

Tal y como se ha expresado el presidente, Mario Delgado reiteró que se está acabando con la vieja figura del presidente intocable e impune, por lo que anunció que apenas comience el nuevo periodo ordinario de sesiones se buscará la aprobación de la reformar para quitarle el fuero al presidente.

Tr.as las declaraciones que emitió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acerca de las investigaciones que se siguen en Estados Unidos contra el Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, Felipe Calderón le recordó que la Justicia no es una asunto de consultas.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario agradeció “la buena intención” de AMLO, quien declaró en la mañana que Calderón no estaba, hasta ahora, sujeto a investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos.

Al respecto, Calderón le recordó a AMLO que la “justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes”, pues AMLO declaró que para que su gobierno abriera una investigación, tendría que ser a partir de una consulta ciudadana que así lo avale.

Calderón respondió: “si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”.

AMLO dijo que la consulta ciudadana para decidir si se somete a juicio no sólo sería para el caso de Calderón, sino abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, desde Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Zedillo y Fox.

López Obrador reiteró que él desde que asumió, dijo que él optaba por ver “hacia adelante, que se terminara con el periodo neoliberal, que es sinónimo de corrupción”.

Finalmente, Felipe Calderón envió una sugerencia al presidente López Obrador “concéntrese en la pandemia, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor en el México moderno. Lo necesitamos ahí”.

Pidió que sus estrategas dejen de distraer a la opinión pública con temas relacionados a él.

Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, acusada de tráfico de personas, resultó positivo al Covid-19, por lo que recibirá el tratamiento para la enfermedad en prisión.

Raniere, de 59 años, no ha sido considerado como un paciente de alto peligro por el virus, ya que, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), sólo deben ser considerados en riesgo los presos, y pacientes en general, que tienen más de 65 años.

La decisión de sacarlo de la lista de peligro niega la posibilidad de que pague una fianza que le permita sobrellevar la enfermedad fuera de la cárcel.

Su defensa solicitó la semana pasada que se le entregaran los registros médicos de Raniere para verificar su estado de salud, informó la cadena CBS6 Albany.

Raniere solicitó un nuevo juicio a principios de mes, por considerar que el proceso actual estaba plagado de irregularidades.

Hasta el momento no se ha aceptado su solicitud, aunque el juez Nicholas Garaufis decidió postergar hasta el 21 de mayo la sentencia, que inicialmente estaba planificada para el 16 de abril.

El hombre se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de que se le dicte condena por los crímenes de los que ha sido acusado.

Raniere enfrenta cargos por extorsión, lavado de dinero, asociación para delinquir, fraude electrónico, robo de identidad, tráfico sexual y trabajo forzoso.

Dichas actividades ilícitas habrían sido realizadas con la fachada de un grupo de superación personal al que estaban vinculadas herederas millonarias y celebridades del mundo de los espectáculos como Allison Mack, actriz de la serie de televisión Smallville.