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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró su postura a favor del respeto de la ley y del interés superior de la nación, esto en relación al caso de la ampliación del periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Luego de que asistiera, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la toma de posesión del gobernador Bonilla, lamentó “las malas interpretaciones” que se dieron a la “aparente falta de cortesía que reflejé” en el video grabado el viernes, el cual insistió, se hizo sin su conocimiento ni autorización.

La funcionaria subrayó que tanto en público como en privado sus valores dan congruencia a su actuar, y su posición sobre la denominada “Ley Bonilla se basa en el análisis jurídico de sus variables legales.

“Siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie”, enfatizó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Puntualizó que como declaró con anterioridad, el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso local, aunque esté en entredicho su constitucionalidad.

No obstante, recalcó que, como lo expresó en su comparecencia en el Senado de la República, así como en diversas entrevistas, ese asunto deberá resolverlo única y exclusivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Siento mucho las interpretaciones dadas al referido video por diferentes actores sociales, políticos, periodísticos y de las redes sociales, sobre la manera de expresarme. Sostengo que mis argumentos en público y privado, son congruentes y totalmente respetuosos de los ámbitos de competencia de los poderes del Estado”, enfatizó la encargada de la política interna del país.

Sánchez Cordero reconoció que eventualmente podría equivocar una expresión, pero la honestidad e integridad seguirán rigiendo de manera permanente su vida en lo público y privado, y seguirá siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado.

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó modificar el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a los efectos jurídicos de los votos que se emitan para la candidatura cancelada de Margarita Zavala.

Ante la renuncia de Zavala a su candidatura independiente a la presidencia de la República, el INE determinó que los votos emitidos a favor de una candidatura independiente con registro cancelado no son sufragios nulos, sino que deben ser considerados como votos a favor de candidatos no registrados.

Al respecto, la Sala Superior señaló que ante la renuncia de una candidatura, lo ordinario sería la adecuación de la boleta electoral. Sin embargo, dados los tiempos a los que se enfrentó la actual contienda electoral y la imposibilidad de reemprimir las boletas, las marcas realizadas en el recuadro correspondiente a Zavala deberán tratarse como votos nulos, tal y como sería el caso de cualquier otra marca colocada en un espacio que no corresponde a una candidatura válidamente registrada.

Por otro lado se señaló que si un ciudadano cruza el recuadro correspondiente a Margarita Zavala y otro de algún otro candidato registrado, en realidad implica la intención de voto respecto de este último.

“El Pleno determinó modificar el acuerdo emitido por el Consejo General, estableciendo que, cuando en la boleta electoral se marquen dos opciones de voto que involucren el recuadro de la ciudadana que canceló su registro y otro correspondiente a un candidato aun en la contienda, se debe considerar que el voto emitido en favor del candidato con registro es válido”, explicó el TEPJF.

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), estableció los efectos jurídicos de los votos que se emitan en favor de la candidatura cancelada de Margarita Zavala, el próximo 1 de julio.

Indicó que luego de analizar y determinar la imposibilidad material de reimprimir las boletas electorales de la elección presidencial y demás documentación electoral, el estatus jurídico será el de una candidata no registrada y, por lo tanto, los votos que llegue a obtener serán inválidos.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que era materialmente imposible reimprimir las boletas para la elección presidencial, sin afectar la certeza de diversas actividades posteriores e indispensables para garantizar el proceso electoral.

Insistió en que cualquier voto que se emita en favor de Zavala, ya que habrá un recuadro con su nombre en la boleta, o bien en el espacio en blanco para un candidato no registrado, será marcado como inválido.

 

Foto: Archivo APO

El equipo de defensa de Javier Duarte, Velasquez & Asociados, indicó que luego de analizar las acusaciones planteadas en materia federal, “operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, no resisten un análisis jurídico serio y por lo tanto se ha optado por proceder a enfrentarlas”.

A través de un comunicado de prensa, el despacho defensor del político mexicano indicó que el delito de delincuencia organizada presenta “graves vicios legales”, al considerar que “no se acredita, ni acaso se intenta probar, la existencia de una organización supuestamente delincuencial”, por lo que no cumple con los requerimientos necesarios para inculpar a Duarte de Ochoa. “Si falta un elemento esencial del delito en estudio, el resultado no es ni puede ser otro más que éste NO se cometió”.

Respecto a la acusación que recae sobre Duarte por operaciones con recursos de procedencia ilícita, indicaron que “no tiene el menor sustento jurídico y está planteado como si fuera un peculado”.

 

Aprovecharon para señalar directamente a Yunes Linares (actual gobernador de Veracruz) de violar “sistemáticamente el debido proceso al inmiscuirse en el asunto penal cuando en Veracruz la Fiscalía es autónoma del Ejecutivo constitucionalmente”.

 

El equipo defensor finaliza asegurando que “estamos frente a una orden de aprehensión que adolece de serios vicios” e indican que “estamos listos” para mostrar la inocencia de su cliente basado en la Constitución, leyes y jurisprudencia.

 

Foto: Archivo APO

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aceptó la renuncia de Humberto Castillejos Cervantes como Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, a quien agradeció la lealtad institucional y personal que el funcionario demostró, así como el desempeño eficaz que brindó al país.

 

A través de un comunicado, la presidencia de la República expresó que “Humberto Castillejos ha sido fundamental en el diseño, construcción, negociación y aprobación de las reformas estructurales de educación, financiera, fiscal, energía, competencia económica, telecomunicaciones, política, laboral, transparencia, anticorrupción, amparo, justicia penal y justicia cotidiana, que han dado al país un nuevo marco constitucional para el siglo XXI, así como en la defensa de su constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales del país. Como representante jurídico del Gobierno ha defendido eficazmente los intereses de la Federación como lo demuestra el resultado de decenas de juicios en los que ha intervenido”.

 

De igual forma, se informó que se ha decidido nombrar como nuevo Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, a Misha Leonel Granados, quien se desempeñaba como Consejero Adjunto con el licenciado Humberto Castillejos. 

 

Foto: Twitter