Ante una epidemia de violencia homicida y corrupción implacable, los gobiernos recién elegidos en América Latina han presentado ambiciosos planes de reducción de la delincuencia. A pesar de provenir de gobiernos tanto de izquierda como de derecha, estos planes tienen un sorprendente denominador común: prescriben una intensificación del enfoque de la mano dura en la seguridad pública que implica una postura cada vez más dura sobre la aplicación de la ley y una fuerte dependencia de los militares.

En Brasil, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, lanzó una nueva estrategia contra la delincuencia a principios de febrero, apenas cuatro semanas después de la toma de posesión del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. El paquete es un extenso conjunto de medidas diseñadas desde la perspectiva de un juez. Las estrategias van desde la criminalización de fondos no declarados utilizados para campañas electorales (una práctica comúnmente conocida en Brasil como caixa dois) y el permiso legal para desplegar policías en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el contrabando de armas ilegal.

Las reacciones al plan por parte de expertos en seguridad han variado de un elogio cauteloso a una preocupación abierta, aunque algunos aspectos del paquete se han ganado los elogios de las asociaciones profesionales de seguridad pública y justicia penal. Algunos de los otros jueces de Moro, por ejemplo, han elogiado los cambios propuestos a los procedimientos de sentencia en prisión y ciertas medidas contra la corrupción. Otros han notado mejoras en la recopilación y análisis de datos que son cruciales para las investigaciones criminales, como la expansión de las bases de datos nacionales de medicina forense y balística.

Andrés Manuel López Obrador, o AMLO como se conoce al presidente de México, fue elegido en parte para revertir el enfoque militarizado de sus antecesores para combatir el crimen. Y no sin una buena razón. Doce años han pasado desde que el entonces presidente Felipe Calderón desplegó por primera vez las fuerzas armadas en el estado de Michoacán para enfrentar a las organizaciones de narcotraficantes. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, tampoco logró contener niveles sin precedentes de delitos violentos y corrupción generados por poderosos cárteles de la droga, además de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos por los militares.

Pero el nuevo plan de seguridad de AMLO ha sido rápidamente cuestionado por los críticos del enfoque de mano dura. Existe la preocupación de que sea similar, en muchos aspectos, a medidas anteriores que han dejado más de 200,000 mexicanos muertos y otros 37,000 desaparecidos. Los críticos acusan a AMLO de sostener, en lugar de revertir, la militarización de la seguridad pública, de no abordar el problema de la impunidad rampante del país (más del 90 por ciento de los crímenes en México quedan impunes), y de no invertir lo suficiente en la profesionalización de las numerosas fuerzas policiales del país. La propuesta de AMLO de ofrecer amnistía a los acusados ​​de corrupción no ha sido bien recibida entre los mexicanos que están frustrados con la supuesta colusión entre el gobierno y los cárteles de la droga.

¿Por qué los líderes latinoamericanos de izquierda y derecha continúan insistiendo en un enfoque de línea dura que no solo no se ha cumplido sino que en realidad ha aumentado la delincuencia y la corrupción? En todo el hemisferio, incluso en Brasil y México, los políticos a menudo explican la espiral de violencia argumentando que el enfoque de línea dura no ha funcionado correctamente, precisamente porque la mano no es lo suficientemente dura. Señalan los aumentos en homicidios, desapariciones y otros abusos al defender el asalto en lugar de intentar enfoques menos desencadenantes que impliquen una implementación efectiva y enfoques alternativos a la política de drogas. Incluso AMLO, que ha propuesto legalizar la posesión y el uso recreativo de pequeñas cantidades de marihuana, está presentando medidas de mano dura.

Parte del problema es que el legado de los gobiernos militares todavía tiene una gran importancia en el enfoque de las jóvenes democracias de América Latina para combatir el crimen. La fuerte influencia de las fuerzas armadas, más evidente ahora en el caso de Brasil, cuyo nuevo gobierno está encabezado por dos ex militares e incluye a otros ocho como ministros, también favorece las prácticas de seguridad militarizadas. En ambos casos, independientemente de la orientación política de estos gobiernos, los paquetes propuestos muestran que el pensamiento innovador en seguridad pública sigue siendo muy necesario para enfrentar la epidemia de violencia en América Latina.

Con información de americasquarterly.org