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MARU CAMPOS

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Fue el pasado lunes cuando se informó que cuatro integrantes de la comunidad mormona de Chihuahua fueron secuestrados el domingo por la noche en la zona de la sierra de ese estado.

Mediante un mensaje de vídeo publicado en la red social X, Adrián LeBarón informó de la desaparición de las cuatro personas, quienes viajaban por la sierra de Chihuahua: Miguel Ángel Moreno Sánchez, Shem Lamar Stubbs Gwin, Manuel Horacio Ríos Jacob y Christian Bruce LeBaron Johnson.

El mismo lunes, se informó que dos de los desparecidos habían sido localizados, confirmando que sí fueron secuestrados. Se trataba de Shem Lamar Stubbs Gwin y Christian Bruce LeBaron Johnson. Sin embargo, los otros dos permanecían en calidad de desaparecidos.

Ayer por la tarde, Julián confirmó que Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacob habían sido liberados. “Nos dicen que están golpeados, pero gracias a Dios, están vivos”.

El activista agradeció a las autoridades que atendieron el caso; a los medios de comunicación que difundieron el caso, y a la gente que estuvo con ellos todo el tiempo. “Esta es una muestra de que la gente cuando se mantiene unida y organizada, que decide no quedarse callada, puede obrar milagros”, sostuvo.

Así, se confirmó que los cuatro integrantes de la comunidad mormona en Chihuahua habían sido localizados, reuniéndose con su familia.

Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las declaraciones de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, quien pidió al gobierno federal dejar de hacerse “pendejo” en temas de seguridad que, afirmó, le compete atender.

“Nuestra postura es que estas cosas no deben de suceder, tenemos que prevenir que estas situaciones sucedan. Desgraciadamente son situaciones del fuero federal, donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa y los gobiernos del estado y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal”, dijo Campos Galván en un breve encuentro con medios.

Fue en ese punto donde la gobernadora exigió al Gobierno federal atienda los temas que le atañen y que acusó ha desatendido.

“Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública Federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, sino es que decir pendejo de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua”, agregó.

La panista afirmó que el caso de la desaparición y secuestro de los integrantes de la comunidad mormona no fue una situación del estado, sino que se trataba de delitos del fuero federal.

María Eugenia Maru Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho en consumación continuada, luego de que un juez acreditara el desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda y la entrega de dinero por una “nómina secreta”.

Además de Maru Campos, también fueron vinculados a proceso una exdiputada del PVEM, María Ávila Serna  y Rodrigo de la Rosa, exdiputado del PRI, quienes presuntamente participaron en los hechos.

Para emitir su falló, el juez tomó en cuanta las pruebas que presentó el Ministerio Público y que dijo, la defensa no logró aclarar. Entre ellas estuvo un contrato de servicios para el hermano de la alcaldesa con licencia quien recibió un millón 67 mil pesos en transferencias. También aparece un informe sobre cómo Maru junto a los dos exlegisladores aprobaron y firmaron diversas iniciativas en beneficio del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. También se presentaron 34 recibos de dinero firmados por Campos Galván.

La candidata panista es acusada de recibir más de 9 millones de pesos, entre 2014 y 2015.

Tras la audiencia de vinculación a proceso, Maru Campos ofreció un mensaje a los medios de comunicación, en el que reiteró que el proceso al que fue vinculada no significa culpabilidad, ni que pese sobre ella alguna sentencia, por lo que sus derechos políticos se encuentran a salvo.

“La vinculación a proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al ministerio público, ni significa que se hayan confirmado sus acusaciones. La definición del juez no es vinculante para una responsabilidad penal”, dijo la chihuahuense.

Indicó que apenas comienza el proceso formal de investigación, por lo que pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones correspondientes.

“Esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral, porque ahora hay una razón más para luchar para que las instituciones cumplan con su vocación y sirvan a los chihuahuenses, y no sirvan solo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra, desde el gobierno del estado y sus aliados políticos, construyendo artificialmente un caso que les permitiera continuar con la persecución personal y política en contra de una servidora y entregar el estado a MORENA”, sostuvo la candidata.