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Organizaciones civiles acusaron al General Rafael Hernández Nieto de recibir “tratamiento preferencial” para seguir fuera de prisión su proceso judicial relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El General “recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria”, denunciaron en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Serapaz, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios”, indica un pronunciamiento conjunto.

Las organizaciones atribuyeron la medida a “la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas” en el actual sexenio.

El General está detenido por presunta delincuencia organizada desde del mes pasado, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 en Iguala, Guerrero, donde él era el comandante del 41 batallón de Infantería.

Las asociaciones recordaron que su nombre “es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada”.

“No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”, señalaron.

El hecho ocurre mientras crece la polémica desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, abandonó México en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha negado proteger al Ejército al señalar que hay 115 detenidos, incluyendo dos generales y el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Sin embargo, las ONG señalaron que el trato del general acusado “es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos”.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.

Jesús Murillo Karam seguirá bajo vigilancia en el área médica del reclusorio, después de que en las primeras horas de este viernes un juez federal le negara el cambio de la medida cautelar a prisión domiciliaria por motivos de salud.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, argumentó que la salud no fue una de las razones que él consideró para imponerle la prisión preventiva justificada.

Recordemos que el extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra preso por su vinculación al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se ha catalogado como un crimen de Estado.

Sobre la resolución a la solicitud de cambio de medida cautelar que determinó el juez de control este viernes, la defensa de Murillo Karam manifestó su sorpresa.

“Estamos sorprendidos de que a pesar de la irrefutable evidencia médica, el juez de control haya decidido anteponer la política criminal a la vida de un ser humano, manteniendo como argumento el riesgo de fuga”, expuso la defensa en un comunicado.

Agregó que el hecho que se mantenga en la torre médica “es una prueba de que el estado de salud de Murillo Karam es reservado y requiere tratamiento y observación tal como lo han señalado los médicos tratantes”, añadió la defensa que adelantó apelará la resolución.

“(Desde su detención) advertimos sobre las enfermedades que le habían sido diagnosticadas, entre ellas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral”, argumentó el equipo legal del exfuncionario.

Los abogados recordaron que desde el primer momento señalaron que “la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga fue una medida peligrosa y desproporcionada”, y precisaron que desde su ingreso al Reclusorio Norte, Murillo Karam ha sido trasladado en cinco ocasiones a diversos hospitales públicos.

La última ocasión registrada, el 19 de octubre, señalaron, ya no regresó al reclusorio, sino que fue llevado a 4 diferentes hospitales públicos.

Fue el pasado 15 de noviembre cuando se informó que Murillo Karam enfrentaba una denuncia por lavado de dinero que interpuso en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La denuncia se presentó el 14 de noviembre pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal.

La UIF detalló que esta nueva denuncia se desprendió de una serie de investigaciones en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers, que apuntaban diversos instrumentos de elusión fiscal utilizados por diversos personajes públicos alrededor del mundo, incluido México.

De acuerdo con el análisis de la Unidad, Murillo Karam posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el que se involucra una empresa familiar.

Un Juez de Control impuso como medida cautelar la prisión oficiosa preventiva contra del exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler detenido ayer en Oaxaca.

Luego de que el exfuncionario fuera presentado ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en el penal de Pacho Viejo, zona conurbada a la ciudad de Xalapa, se resolvió la medida cautelar por un año.

El juez imputó los dos delitos por los cuales es señalado Jorge “N”: desaparición forzada y secuestro, pero no vinculó a proceso al exfiscal, tal como pedían los representantes de la fiscalía. En tanto, la defensa de Winckler solicitó un plazo de 144 horas para poder armar la carpeta de su defensa.

La audiencia finalizó señalándose que la continuación de la misma se realizará próximo domingo 31 a las 12:00 horas.

Ayer, la fiscalía de Veracruz informó que fuerzas federales de seguridad detuvieron al exfiscal en Puerto Escondido, Oaxaca.

La orden de aprehensión fue girada por “los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro”, precisó la dependencia.

Recordemos que Winckler fue nombrado fiscal general de Veracruz el 30 de diciembre de 2016 y fue destituido el 3 de septiembre de 2019, por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia. Ese mismo mes fue girada una orden de detención en su contra.

Tal como el exfuncionario lo ha declarado con anterioridad, el abogado de Winckler, Rodolfo Félix Cárdenas, dijo al portal Animal Político que la imputación contra su cliente está sostenida en mentiras.

Será esta tarde cuando se realice la audiencia en la que un juez federal resolverá si mantiene o no en prisión preventiva a la exsecretaria federal, Rosario Robles, quien cumplió dos años de permanecer recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Y es que la semana pasada, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito resolvieron amparar de forma definitiva a Robles en contra de la prisión preventiva que le fue ratificada el año pasado.

Los tres magistrados del Noveno Tribunal indicaron que violando la Constitución e ignorando las pruebas aportadas por la defensa de la exfuncionaria, el juez de control que lleva el caso, Ganther Villalobos, decidió mantener en prisión a Rosario Robles, pese a que se reconoció que varias de las pruebas de la Fiscalía General de la República estaban desvirtuadas.

En la resolución se ordenó la realización de una nueva audiencia en la que se determinará la medida cautelar que se le impondrá a la exfuncionaria: confirmar la prisión preventiva o si podrá salir de prisión y seguir el proceso en libertad.

Recordemos que fue desde 2019 cuando Rosario Robles se presentó de forma voluntaria a una audiencia en la que fue acusada de haber incurrido en omisiones que facilitaron el desvío de más de 5 mil millones de pesos de las secretarias de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como parte de la llamada Estafa Maestra.

A pesar de que la defensa de Robles promovió un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, el cual se les concedió en marzo pasado, la FGR y la Auditoría Superior de la Federación promovieron una apelación, lo que llevó el caso al Noveno Tribunal.

La audiencia, que se realizará en el reclusorio Sur, a donde será trasladada Rosario Robles, se llevará a cabo a puerta cerrada debido a las medidas sanitarias a raíz de la pandemia.

Habrá que tomar en cuenta que a pesar de que el juez decida imponer otra medida cautelar a Robles, permitiendo que siga su proceso en libertad, la FGR cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra, por los delitos de por delincuencia organizada y lavado de dinero, la cual puede ser ejecutada en cualquier momento pues corresponde a un proceso distinto.

Este martes, un juez federal otorgó una suspensión definitiva al líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar cualquier orden de aprehensión en su contra.

El juez Décimo Catorce de Distrito en el Estado de México concedió la medida cautelar, luego de que el quejoso solicitó saber si existe alguna orden de captura en su contra solicitada por parte de la FGR.

“Se concede la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados precisados en el resultando primero de esta resolución a las autoridades señaladas en el cuarto considerando, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso quinto, para los efectos pronunciados en los considerandos sexto y séptimo”, se lee en el expediente.

A cambio de la medida cautelar, el líder sindical pagó una garantía de 20 mil pesos.