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El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado representa mucho más que un reconocimiento personal: es un recordatorio internacional de que la crisis venezolana sigue encendida y que la causa democrática debe de atenderse con urgencia.

El Comité Noruego del Nobel la premió “por su incansable labor promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Justa y pacífica son dos palabras clave en el comunicado del Comité. Lo son porque he visto a algunos cuestionar el Nobel a Machado diciendo que ella pide la intervención de EUA y promueve un golpe de Estado, lo cual es absolutamente falso.

Que una figura de la oposición venezolana —obligada al silencio, a la clandestinidad, marginada electoralmente— reciba tal premio es una bofetada simbólica al régimen de Nicolás Maduro y una señal clara para todos los autócratas del continente: el mundo los está observando.

Pero lo que me ha llamado mucho la atención es la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con su escueta respuesta de “sin comentarios” al preguntársele sobre el reconocimiento a Machado en la mañanera se colocó del lado del régimen dictatorial, no del lado de la democracia. Ese sin comentarios no es neutralidad.

¿Por qué esa postura? ¿Qué pacto silencioso podría haber entre la 4T y Maduro?

El silencio diplomático que guarda México no es nuevo en la era de la 4T. México ha preferido mantener una política exterior que proyecte autonomía y rechazo a intervencionismos, pero a contentillo. Esa lógica de “no intervención” se vuelve sospechosa cuando la indiferencia ante crímenes contra la democracia se convierte en apoyos tácitos.

El argumento de la “autodeterminación de los pueblos” suena airoso e importante, hasta que choca con la realidad. ¿Por qué opina, interviene o apoya el actual gobierno mexicano en Bolivia, Ecuador o Perú con acentos críticos, pero guarda silencio respecto al deterioro democrático en Venezuela? Esa doble vara revela parcialidad. No hay autodeterminación verdadera si la región vive bajo gobiernos que actúan como arietes políticos entre sí.

Lo que se filtra entre líneas es la posibilidad de que la 4T tenga un arreglo —o al menos simpatía— con el régimen chavista, hoy madurista. Simpatía que se ahonda cuando anuncia la presidenta que no acudirá a la Cumbre de las Américas en diciembre porque no están invitados ni Maduro, ni Diaz Canel (Cuba), ni Ortega (Nicaragua).

¿Por qué ha decidido Sheinbaum seguir por la ruta de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto al régimen de Venezuela se trata? Ha optado por colaborar diplomáticamente, abstenerse de críticas contundentes, mantener canales abiertos sin cuestionamiento sobre la opresión a la oposición. Ella, que como opositora tanto peleó por jugar el juego democrático para llegar al poder ahora responde un “sin comentarios” que la hermana con el dictador Nicolás Maduro.

El Nobel a María Corina Machado no ha sido gratis. En su lucha ha sido acosada, vetada, criminalizada. Fue descalificada para competir en 2024, obligada al exilio interno, privada de espacio mediático y sometida a persecución constante. Pero el Nobel le da un altavoz universal, una defensa política colectiva. Ese altavoz es una victoria simbólica contra la censura.

El silencio mexicano, en cambio, es una derrota moral. Porque reconocer, o no, un Premio Nobel no es solo un acto diplomático, es una postura ante la historia.

María Corina Machado recibió el Nobel en nombre del pueblo venezolano: “este es un logro colectivo, no algo que merezco solo yo”. Pero mientras ella alza la voz, el gobierno mexicano prefiere apoyar con un “sin comentarios” a Nicolás Maduro.

La neutralidad frente a la dictadura también es complicidad.

Columna publicada en El Universal

México está ubicado junto a Texas y sus enormes reservas de gas natural. ¿Por qué, entonces, los mexicanos no cuentan con mejor infraestructura de ductos para aprovechar este privilegio que otorga la geografía?

Esto fue, palabras más palabras menos, lo que planteó hace unos días el exembajador de Estados Unidos en México y hoy subsecretario de Estado, Christopher Landau, durante el Concordia Summit en Nueva York. A su lado estaba François Poirier, CEO de TC Energy, compañía canadiense de infraestructura energética que desde hace casi un siglo opera ductos, instalaciones de almacenamiento y plantas de generación en Norteamérica. Landau recordó que desde su paso por la embajada, en tiempos de AMLO, ha hecho esta pregunta al gobierno mexicano. Y nada ha cambiado.

Poirier habló entonces del ducto submarino que TC Energy construye junto con la CFE en el sureste: el proyecto Puerta al Sureste. Este transportará gas natural desde Tuxpan, Veracruz, hasta Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco. Landau celebró que al fin se hiciera algo en esa región: “Nunca entendí por qué López Obrador se quejaba tanto de la falta de desarrollo en el sureste y, al mismo tiempo, dejaba pasar estas oportunidades para México. Los mexicanos hablan de desarrollar el sureste, justo Tabasco. La energía es catalizador del desarrollo y del crecimiento, pero no hacen nada por mejorar su infraestructura. Necesitan proyectos de infraestructura”, insistió Landau.

Poirier remató: gracias a ese proyecto conjunto, el abasto de gas natural en la zona podría duplicarse. Y, con la inversión adecuada, México podría volver a duplicarlo después.

Puerta al Sureste es un ejemplo claro de los beneficios de la integración energética en Norteamérica. Esta infraestructura clave fue posible gracias a una alianza entre una empresa canadiense, TC Energy, y el gobierno de México, a través de la CFE, para llevar gas natural estadounidense al sureste del país.

Este tipo de proyectos deberían de ser música para los oídos para la presidenta Sheinbaum en un momento tan complicado en las relaciones con Estados Unidos, donde Trump amenaza con cerrar fronteras e imponer aranceles.

En especial cuando la presidenta Sheinbaum ha reiterado que dentro del Plan México está la necesidad de aumentar la autosuficiencia energética como paso estratégico hacia la seguridad y la sostenibilidad. Coincido. Pero sin infraestructura esa meta es imposible.

En el Foro Energético que se llevó a cabo hace unos días en el Senado, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, dijo que el gas natural “es más importante que el petróleo y que el aceite, porque es el combustible de la transición: nos permite tener generación eléctrica con muy alta eficiencia. El gas convertido en electricidad es lo que sostiene a la economía mexicana”.

Las reservas nacionales de gas natural son significativas, pero no de acceso inmediato. De hecho, la producción cayó 35 por ciento entre 2010 y 2024. Nuestra capacidad está limitada. Por eso es urgente pensar en un plan energético de Norteamérica. No como dádiva de Estados Unidos, sino como integración que beneficie a los tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El modelo debería de ser claro: TC Energy pone la infraestructura; EUA, el gas natural; y México, la ventana para usarlo y exportarlo. Así ocurrió ya con el proyecto Altamira LNG, en Tamaulipas, desde donde New Fortress Energy comenzó a enviar gas a Europa. Dado que EUA carece de terminales de gas natural licuado en la costa oeste, México ha sido su vía hacia Asia.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿Vamos a aprovechar de verdad estas oportunidades que nos presenta le geografía?

Columna publicada en El Universal

Sabemos que Donald Trump cree que el calentamiento global no existe. En este tema ha sido bastante consistente. En noviembre del 2012 publicó en Twitter que: “El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos con el fin de hacer que la manufactura estadounidense no sea competitiva.”

Desde su primera presidencia insistió en que el cambio climático era una enorme farsa, una fantasía que salía carísima. “No solo es una noticia falsa; es ciencia falsa” escribió en marzo del 2019.

Ahora Donald Trump ha dejado claro—otra vez—que no cree en el cambio climático y que su apuesta energética es fósil. En su reunión de gabinete de esta semana dijo que no permitirá que “se levanten más aerogeneradores” porque le parece que “son feos, no funcionan, matan aves y tiran el valor de las casas”. No fue solo retórica: su gobierno ordenó frenar las obras del parque marino Revolution Wind —frente a Rhode Island que llevaba cerca de un 80% de avance— y además anunció que buscará revocar permisos a otro proyecto frente a Maryland.

En la primera mitad del año, la inversión en renovables en Estados Unidos cayó 36 por ciento frente al periodo previo, según BloombergNEF, y por primera vez desde 2016 el país salió del top-5 eólico.  Para los inversionistas, la señal es clara: en Estados Unidos la política energética está enfocada en las energías fósiles.

Al mismo tiempo, China pisa el acelerador en sentido contrario. Ha trabajado en dejar atrás el carbón y el petróleo a un ritmo aceleradísimo y ha migrado hacia energías limpias y renovables. De ser en 2010 el país del mundo que más dependía de las energías fósiles, con el tremendo efecto en la contaminación de sus ciudades, para el 2025, China es ya el país que más energías renovables genera en el mundo.

Los datos sobre estas inversiones, que publicó esta semana Gerald Butts, de Eurasia Group, son impresionantes. En el primer semestre de 2025, China instaló casi 270 gigavatios (GW) de nueva energía renovable. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a seis veces más lo que EUA produjo en el 2024 y es mayor que toda la capacidad renovable instalada de la India. Su proyecto hidroeléctrico recién anunciado en el Himalaya, en el río Yarlung Tsangpo, producirá 60 GW, ósea 12 veces la energía que generan las cataratas del Niágara. La escala es inédita.

Así hoy tenemos, por un lado, a EUA como un petro-estado y por el otro a China como un electro-estado.

En medio de esta divergencia, México debería aprovechar. Nuestra capacidad instalada ronda 90 GW y el gobierno anunció 29 GW de nueva capacidad y un plan de 275 líneas de transmisión con más de 500 subestaciones. Son pasos que palidecen con lo que vemos en China pero van en la dirección correcta. Sin embargo es necesario que entendamos que el Estado no puede hacer todo solo y por tanto depende de inversiones privadas. Y estas inversiones exigen no sólo energía limpia, barata y confiable, también reglas del juego claras y sin dados cargados.

Frustra mucho ver que México tiene vientos a favor, que tenemos la oportunidad de atraer las inversiones en renovables que EUA está pateando ante un Trump que ha definido que la apuesta para su país son las energías fósiles, pero que nos negamos en ver el daño que nos hacemos solos.

La certidumbre jurídica es el núcleo. Pero a partir del 1 de septiembre que entrará en funciones el nuevo Poder Judicial, México ha optado por darse un balazo en ese corazón. Sin respeto a contratos, reglas estables y resolución rápida de controversias el riesgo país encarece el kilowatt antes de que se ponga el primer tornillo.

Tenemos la oportunidad de posicionarnos como la opción electro-industrial de Norteamérica. El costo de no hacerlo es alto: inversiones que migran a Europa o Asia ante un mundo en el que la energía competitiva definirá ganadores y perdedores.

La elección está en manos del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Columna publicada en El Universal

Era evidente que la presidenta saldría a desmentir a la DEA. Desde el caso Cienfuegos en 2020, México cerró la puerta a operaciones de agencias extranjeras con una reforma que limitó la actuación de agentes foráneos y les retiró inmunidades. AMLO calificó la detención del exsecretario de la Defensa como una intromisión inaceptable en los asuntos de México. Ese choque dejó cicatrices en la cooperación.

El 18 de agosto, la DEA difundió un comunicado sobre el llamado “Proyecto Portero”. Lo describió como una iniciativa bilateral para golpear a los operadores de los cárteles —los porteros de las rutas— y frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, con un componente de entrenamiento e intercambio de inteligencia en la frontera suroeste. El lenguaje sugería un nuevo nivel de coordinación con México.

La respuesta de Claudia Sheinbaum fue tajante: no existe acuerdo alguno con la DEA. Explicó que lo único que ocurrió fue un taller en Texas al que asistieron cuatro policías mexicanos y subrayó que cualquier entendimiento se negocia con el Departamento de Estado, no con una agencia. La presidenta aclaró que toda cooperación respetará la soberanía y que cada país operará en su propio territorio. No solo desinfló la narrativa del operativo conjunto, también marcó los límites institucionales.

Vale recordar que, a diferencia de su antecesor, el gabinete de seguridad de Sheinbaum, encabezado por Omar García Harfuch, ha buscado recomponer canales con Washington. Hemos visto extradiciones de alto perfil —incluida la de Rafael Caro Quintero en febrero— y reuniones constantes para coordinar acciones contra el fentanilo. Nada de eso elimina las fricciones históricas, pero sí perfilaba una etapa menos ríspida.

Y es que una cosa es darle un giro a la estrategia de seguridad de AMLO de “abrazos, no balazos” y otra es salir a admitir que hay nuevos abrazos, pero que estos son ahora con la DEA.

Por eso sorprendió el autogol de la DEA. Si “Portero” pretendía cubrir entrenamientos y flujos de información, venderlo como operación binacional fue innecesario y tóxico. En un país celoso de su soberanía y con Fuerzas Armadas empoderadas, las palabras importan tanto como los hechos: llamar operativo a un taller es encender alarmas de forma innecesaria.

Sheinbaum defendió su cancha y la DEA confundió el silbatazo de inicio con el gol. El riesgo es que los criminales aprovechen la distracción para seguir anotando. La tarea ahora es simple —aunque no sencilla—: menos ruido, más resultados; menos comunicados rimbombantes, más casos armados. Porque si la cooperación tropieza en la forma, pierde en el fondo.

Sheinbaum busca un punto medio entre lo que hizo AMLO y su gobierno. Quiere reabrir válvulas útiles sin ceder control. Por eso insiste en un acuerdo con La Casa Blanca que fije principios —soberanía, respeto territorial y coordinación sin subordinación— y ordene los canales. En ese marco, “Portero” solo tendría sentido como intercambio de información y capacitación; la ejecución, cada quien en su cancha.

En la relación México–Estados Unidos las palabras son política pública. Exagerar un taller como operación conjunta desata desacuerdos. La ruta, que debería de entender bien la DEA, es discreción operativa, métricas compartidas y mensajes sobrios que no regalen el balón a los cárteles.

Columna publicada en El Universal

Dicen que hay dos cosas imposibles de ocultar: el amor y el dinero. En Estados Unidos, el ruido de la familia Trump es ensordecedor. Esta semana, David D. Kirkpatrick, de The New Yorker, calculó que desde su regreso a la Casa Blanca los Trump han generado alrededor de 3 mil 400 millones de dólares en ganancias ligadas a la presidencia. ¿Cómo lo hicieron y por qué no es un escándalo?

Antes de 2016, la Organización Trump vendía sobre todo el uso de su nombre. En su primera presidencia prometieron no abrir “nuevos negocios” que implicaran conflictos de interés. La segunda llegada a Washington cambió el guion. Con deudas legales, menos ingresos por licencias y urgencia de liquidez, el clan convirtió cada activo y cada evento en caja registradora.

Mar-a-Lago se volvió la “Casa Blanca de fin de semana”: elevó cuotas de inscripción hasta el millón de dólares y capitalizó mítines, cenas y reuniones con donantes. Las campañas y comités han gastado millones en hoteles y campos de golf del propio Trump, y además operan una tienda de mercancía política. Fuera del país, los acuerdos de licencias en el Golfo Pérsico —impensables sin la presidencia— rebasan los cien millones.

El capítulo más lucrativo es en cripto. World Liberty Financial, el vehículo familiar, atrajo inversiones de alto perfil —incluido el magnate chino Justin Sun y capital emiratí— y lanzó un token de “gobernanza” y un stable coin que se benefician del aura presidencial. A eso se suman el memecoin $TRUMP (y su versión $MELANIA), que han dejado ganancias de cientos de millones.

¿Por qué no estalla como escándalo nacional? Primero, porque en la cultura política estadounidense el éxito económico se ve con admiración. Segundo, porque, hasta ahora, no hay acusaciones firmes de desvío directo de recursos públicos: hay explotación al límite de vacíos éticos y legales. Y tercero, porque el sistema de contrapesos ha normalizado la mezcla entre política, negocio y espectáculo: si se eleva la cuota de Mar-a-Lago o se vende una gorra con la firma presidencial, buena parte del país lo ve como parte del show.

En México la música suena distinta. Aquí, mientras se sataniza el éxito privado desde el discurso, se tolera la ostentación en círculos oficiales: Andy López Beltrán admitió vacaciones en Japón y alegó espionaje; Mario Delgado fue fotografiado en Portugal y dijo que pagó con sus recursos; y Ricardo Monreal defendió su peregrinación por España. Al mismo tiempo, el directivo aduanero Alex Tonatiuh Márquez fue exhibido por relojes de alta gama y por la compra de un penthouse en Polanco no visible en su declaración patrimonial; y la dupla de Sergio Gutiérrez Luna y la diputada del PT Diana Karina Barreras presume bolsas y joyas de lujo. Luisa María Alcalde pidió a sus dirigentes no exhibir opulencia. El punto no es prohibir vacaciones ni consumo, sino la incongruencia con el discurso de sobriedad que el propio movimiento convirtió en bandera.

La comparación no absuelve a nadie. En Estados Unidos, la actual presidencia-empresa erosiona la idea republicana. En México, la opacidad patrimonial de servidores públicos destruye la confianza democrática. Lo que distingue a una y otra práctica no es la ética, sino la ruta del dinero: allá, la marca personal convertida en negocio; aquí, el poder público convertido en patrimonio privado.

Lo mínimo exigible, a norte y sur, es trazar líneas claras. Para los Trump: reglas que impidan monetizar la oficina desde el día uno —fideicomisos ciegos reales y prohibiciones efectivas de negocios con gobiernos extranjeros—. Para los nuestros: declaraciones patrimoniales auditables y sanciones ejemplares. El amor quizá siga siendo difícil de esconder; el dinero, por lo menos el público, que vuelva a ser rastreable.

Columna publicada en El Universal

Israel Vallarta es, al mismo tiempo, víctima y beneficiario de un sistema de justicia profundamente roto. Su caso es emblema de las fallas del proceso penal en México, pero también del olvido en el que caen las víctimas reales cuando el foco se coloca únicamente en los errores del Estado.

La historia es conocida, pero conviene recordarla: Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005, junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en el rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca. Ahí se encontraban secuestradas Cristina Ríos Valladares, su hijo y Ezequiel Elizalde Flores. Este último ha relatado que Cassez le inyectó un sedante para amputarle un dedo y enviarlo a su familia como presión para el rescate.

El caso estalló mediáticamente por el montaje que la entonces AFI organizó para la televisión. El arresto fue recreado frente a las cámaras y transmitido como si ocurriera en tiempo real. Fue tal la violación al debido proceso que, en 2013, la Suprema Corte ordenó la liberación inmediata de Cassez. Vallarta, sin embargo, permaneció preso, bajo prisión preventiva y entre denuncias de tortura. Nunca fue sentenciado. Pasó 18 años tras las rejas sin que se acreditara su culpabilidad ante un juez. No es justicia. Pero tampoco es del todo inocencia.

En múltiples declaraciones judiciales, al menos cuatro víctimas lo identificaron como parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco, que operó en el Estado de México y la Ciudad de México. Una de ellas también lo señaló por violación. Su familia tuvo un rol activo en la organización, y aunque algunas pruebas fueron cuestionadas, no todas fueron declaradas inválidas.

Pudo beneficiarse de las irregularidades procesales que en su momento permitieron la liberación de Cassez, pero su defensa eligió otra ruta: buscar probar su inocencia en lugar de acogerse a los mismos argumentos que ya habían sido validados por la Corte. Eso alargó su tiempo en prisión.

Finalmente, la jueza Mariana Vieyra Valdés dictó sentencia absolutoria. En una resolución de 465 páginas, argumentó que el “efecto corruptor” del montaje televisivo contaminó las pruebas y que, por “cosa juzgada refleja”, debía aplicar el mismo criterio que liberó a Cassez. La decisión se da a semanas de que ella ganara la elección en la que apareció en los acordeones como candidata para seguir en el cargo en el nuevo modelo judicial que impulsó el gobierno de Sheinbaum.

Curiosamente, esta misma jueza ha negado liberar a Martha Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, quien también ha estado en prisión sin sentencia por un presunto secuestro. ¿Doble rasero? ¿Conveniencia política? Son preguntas que exigen respuestas.

Hoy vivimos en un México donde puedes pasar dos décadas en prisión sin sentencia… y también en un México en donde un presunto secuestrador y violador puede quedar libre sin que se aclare su inocencia. Un país que ignora a las víctimas mientras convierte en mártires a quienes han sido parte del engranaje criminal, pero fueron mal procesados por el Estado.

La narrativa dominante apunta a las fallas del pasado, al sensacionalismo mediático y a los errores judiciales. Todo muy conveniente para un gobierno que, en menos de un mes, pondrá en marcha un nuevo sistema de justicia que promete ser aún peor que el actual.

Mientras tanto, Israel Vallarta ya es visto como víctima… y algunos incluso lo perfilan como futuro senador.

Una pena.

Columna publicada en El Universal

En cualquier país que se precie de valorar la vida de sus ciudadanos Hugo López Gatell estaría cuando menos enfrentando demandas importantes por su gestión de la pandemia de COVID-19 como subsecretario de Salud en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Pero en México, un país en el que claramente la vida humana vale muy poco, López Gatell está empacando maletas para irse a Ginebra a representar a México ante la Organización Mundial de la Salud.

El “científico” que ignoró los lineamientos de la OMS para mitigar los efectos del virus, como usar cubrebocas y realizar pruebas para aislar a los contagiados, ahora se va a ese organismo a representar a México.

Según la OMS, México representó el 4.1 por ciento de las muertes en exceso en el mundo en 2020 y 2021, a pesar de tener solo el 1.6 por ciento de la población mundial. Esto significa que el exceso de mortalidad en México fue 2.6 veces mayor que su peso en la población global.

Además, de nuevo con datos de la OMS, México se ubicó en el cuarto lugar mundial en exceso de mortalidad entre países con más de cinco millones de habitantes, detrás de Perú, Bolivia y Ecuador.

Se estima que al menos el 37 al 39 por ciento de las más de 800 mil muertes en exceso que hubo no fueron atribuibles a condiciones preexistentes (como enfermedades crónicas, desarrollo económico, informalidad), lo que implica que alrededor de 300 mil muertes pudieron haberse evitado si México hubiera tenido un desempeño promedio en la gestión de la emergencia.

Por ello, Hugo López-Gatell pasó muy rápido de ser el Rock Star de la 4T a ser el Dr. Muerte.

¿Con qué cara se presentará López-Gatell en Ginebra ante estos datos? Y ¿qué pensarán los familiares de todos estos muertos de que ahora López-Gatell seguirá teniendo chamba en el gobierno y será nuestro representante en la OMS?

Algunos excusan la gestión de la pandemia que hizo López-Gatell diciendo que es un científico que hizo errores de político. El problema es que esos errores costaron cientos de miles de vidas. Y ahora premiarlo con un nuevo puesto político en el cual podría repetir errores, es demostrar que la vida de quienes murieron o quedaron con secuelas por COVID no valen nada.

En su perfil de X López-Gatell tiene una foto de él caminando con AMLO en Palacio Nacional. Ahí publicó un mensaje agradeciendo a Sheinbaum: “Es un gran honor haber sido designado… Esta distinción me compromete a seguir trabajando por la salud pública y el bienestar social… ¡Gracias por su confianza, querida presidenta!”.

Que López- Gatell agradezca la confianza de Sheinbaum, con quien tuvo una relación muy mala cuando ella gobernaba la CDMX, no deja de llamar la atención. En 2020 la entonces jefa de Gobierno se desmarcó de la estrategia federal: impuso pruebas masivas, defendió el uso obligatorio de cubrebocas y hasta tejió su propio sistema de datos mientras Gatell minimizaba la utilidad de estas medidas.

¿Por qué, entonces, este nombramiento? ¿Es de nueva cuenta Sheinbaum queriendo complacer a López Obrador al darle este nombramiento a pesar de que no es afín a López Gatell? O ¿es Sheinbaum abriendo una embajada de lujo para un actor incómodo en casa y evita así que se convierta en crítico desde la trinchera académica nacional?

Sea cual sea la respuesta, la señal para los mexicanos es inequívoca: en el servicio público puedes hacer mal tu trabajo y esto puede costar vidas, pero la lealtad a AMLO se precia y se premia por encima de todo.

Columna publicada en El Universal

Con base en cómo fue Trump 1.0 muchos han dicho y repetido hasta el cansancio que al presidente hay que tomarlo en serio pero no literal. Ahora que ha impuesto tarifas y sacudido los mercados financieros del mundo, la pregunta es si se debe de seguir aplicando la misma premisa con Trump 2.0.

¿Qué sigue ahora que Trump lleva una semana firme con sus tarifas? ¿Hay que tomarlo en serio y literal? ¿Apostar a que corregirá? O ¿qué estrategia es la mejor para los países y las empresas?

La respuesta a estas preguntas no es sencilla en primerísimo lugar porque no hay claridad ni en Trump ni en su gabinete de qué es lo que buscan con los aranceles. Por un lado tanto el presidente como su Secretario del Tesoro, Scott Bessent, han dicho que son una herramienta de negociación. Pero por el otro, tanto Trump como su asesor en la materia, Peter Navarro y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, han dicho que no son negociables. Que son la respuesta a una emergencia nacional ante décadas en que el mundo ha abusado de EUA.

Lo que ha resultado de estos mensajes contradictorios ha sido una enorme incertidumbre. Y por ello países y empresarios han decidido adoptar distintas posturas.

Por un lado están aquellos que han decidido confrontar a Trump. Ahí en primerísimo lugar está China que, si no hay un arreglo de último minuto, ya desde hoy enfrenta tarifas del 104 por ciento. La apuesta de Xi Jinping es que las tarifas de Trump no son una herramienta de negociación y que llegaron para quedarse. En ese sentido han preferido tomar a Trump en serio y literal y cree que, aun cuando una guerra comercial les cuesta a todos, ellos van a acabar ganando.

En una situación similar está Canadá cuyas tarifas retaliatorias entraron en vigor desde el mes pasado. Europa está en medio. El bloque ha decidido aplicar tarifas retaliatorias en algunos productos pero a la vez ha estado buscando negociar con Trump.

México está cien por ciento en modo negociador. El gobierno de Sheinbaum le apuesta a que México puede lograr colocarse como el país menos dañado en la guerra comercial.

Ha sido muy interesante ver la respuesta de los grandes empresarios estadounidenses. Hasta el momento han optado por no confrontar a Trump pero tampoco parece que le van a dar al presidente lo que él más quiere: mover sus inversiones de regreso a EUA. Hay demasiada incertidumbre.

La apuesta que han hecho hasta ahora es esperar en el corto plazo a ver si el desplome de las bolsas, el incremento de precios a sus consumidores y la presión política de los estadounidenses hace cambiar de opinión a Trump. Si eso no funciona, siempre está el Poder Judicial que podría cuestionar y potencialmente invalidar las acciones del presidente si determina que están basadas en una declaración de emergencia nacional injustificada o ilegal. Recordemos que las tarifas están sustentadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) que requiere una emergencia nacional válida.

En el mediano plazo está la posibilidad de que los electores le den un revés a los republicanos en las elecciones intermedias y con ello el freno venga del poder legislativo.

Es decir, los empresarios están a la espera de una rampa de salida.

Trump ha sido un político con un teflón fuertísimo. Todo lo que a otros políticos los habría sacado de la jugada, a él no solo no lo ha debilitado, lo ha fortalecido. Este teflón podría muy bien estar basado en que con él le ha ido bien a la economía norteamericana. Ahora que esto esta cambiado ¿se sostendrá el teflón? ¿lo seguirán apoyando miles de estadounidenses al ver que aumentan los precios sin que suban los salarios? ¿le tendrán la paciencia a un Trump que declara desde su campo de golf que no sean débiles, que aguanten la tormenta?

Veremos.

Columna completa en El Universal

Ayer tuve la oportunidad de apoyar al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el lanzamiento del Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas. Es un esfuerzo importante encabezado por el empresario Max El Mann para responder a los aranceles de Estados Unidos.

México debería lograr detener y hasta evitar estos aranceles que propone Donald Trump. No con tarifas retaliatorias sino con argumentos de sentido común. Tomo datos que me parecen fundamentales de Pedro Casas Alatriste, Director de la American Chamber of Commerce.

Medir la relación comercial como suma-cero en dónde un país tiene déficit (el perdedor) y el otro un superávit (el ganador) es no ver la película completa. En 2023, de los 560 mil millones de dólares en exportaciones de México a Estados Unidos, 220 mil millones provinieron de la manufactura, maquila y servicios de exportación. El 80 por ciento de esa cantidad (176 mil millones de dólares) se originó en empresas estadounidenses que operan en México. A pesar de que Trump habla de un déficit comercial de 152 mil millones de dólares de Estados Unidos con México, la realidad es que gran parte de este comercio es intraempresarial, un modelo de coproducción, no un verdadero déficit.

Y es que la coproducción es el motor manufacturero entre Estados Unidos y México. Por cada dólar que Estados Unidos importa de México, 12.9 centavos son valor agregado estadounidense, frente a 4.8 centavos para el resto del mundo y solo 1.4 centavos para China. Además nuestro país es el principal comprador de exportaciones de pequeñas empresas estadounidenses. México compró más de 110 mil millones de dólares en bienes de pequeñas empresas estadounidenses en 2022, más que China, Japón, Corea, Suiza, India, Holanda y Alemania juntos.

Por ello, lejos de querer poner tarifas al comercio, sería mejor facilitar los intercambios comerciales entre empresas de EUA que mandan productos a México y viceversa.

Si vemos las exportaciones de EUA al resto del mundo, México y Canadá le agregan un 24 por ciento de valor mientras que China nunca ha llegado a agregarle más del 2 por ciento del valor.

Todos estos datos apelan al sentido común de porque la integración de ambos países debería no solo continuar sino fortalecerse. Pero sabemos que Trump no está interesado en ver estos datos. Y por ello la importancia del lanzamiento del Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas.

El comité busca hacer algo como lo que en su momento hizo ProMexico: promover inversiones en el país mediante el acompañamiento de empresas interesadas en traer su dinero al país. El trabajo será en equipo entre el CCE, el Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización, el CADERR, que encabeza Altagracia Gómez; la Secretaría de Economía y la Cancillería. Pretende sumarse a los objetivos del Plan México.

En su mensaje el día de ayer Altagracia Gómez aplaudió esta iniciativa y dijo que el CADERR no se había equivocado al haber sumado al CCE al Plan México. Habló de esquemas de inversión mixta y de la importancia de que la IP y el gobierno trabajen juntos.

Es buena noticia que a la incertidumbre que genera Donald Trump se le de respuesta. Este lanzamiento ocurre un día después de que la OCDE advirtiera que el PIB de México podría contraerse un 1.3% en 2025 y un 0.6% en 2026.

Los empresarios en México muchas veces pecan de voluntarismo. Creen que porque quieren algo, van a lograr crecimiento e inversiones. Veremos si en esta ocasión las múltiples mancuernas reunidas en la presentación de este Comité logran un mejor panorama para la economía del país en un entorno muy, muy complicado.

Columna publicada en El Universal

Ya se impusieron los aranceles. Ahora es el momento para que el gobierno piense y actúe para hacer de la economía mexicana más fuerte y competitiva porque el modelo de desarrollo de los últimos 30 años se terminó con el manotazo de ha dado Donald Trump.

Como bien sabemos, nuestra economía depende de la estadounidense. Pero ahora tenemos que ponernos las pilas y salir adelante sin ese enorme motor de desarrollo.

Sin embargo, en lugar de pensar en fortalecer el Estado de Derecho y en hacer del país uno atractivo para las inversiones a pesar de Donald Trump, tenemos a un gobierno que va derecho y no se quita en el intento por complicar las cosas a quienes aún le siguen apostando a México.

Un sector fundamental es el de las manufacturas. Mientras en Canadá el Primer Ministro Justin Trudeau anuncia medidas para ayudar a los sectores productivos que se verán afectados por los aranceles, aquí en México el sector maquilador y manufacturero tiene que lidiar con el SAT que los quieren hacer pagar un doble IVA y además busca cobrarles 44 mil millones de pesos tan solo por los periodos del 2019 al 2023 por cambios en las reglas del pago de impuestos.

Estamos hablando de 6 mil 800 empresas que, a pesar de ser formales, de pagar impuestos y de generar empleo para 3.3 millones de personas, ahora tienen que defenderse del cambio de reglas que el SAT decidió aplicar. El asunto ha escalado hasta la Suprema Corte.

Conforme a las reglas definidas por las autoridades, por años las empresas maquiladoras tenían que hacer algo conocido como ‘La vuelta en U’ que les permitía importar insumos para fabricar productos libres de impuestos pero implicaba sacar su mercancía a Estados Unidos y regresarla a México literalmente dando una vuelta en U en la frontera.

Como ’La vuelta en U’ era muy costosa, la autoridad introdujo una facilidad administrativa para que pudiera hacerse de manera virtual (en una computadora) y no física (sube las televisiones a un camión, paséalas del otro lado de la frontera y regrésalas a México). El llamado retorno virtual funcionó como un mecanismo sumamente exitoso que permitió a las maquiladoras crecer hasta ser parte fundamental del motor de desarrollo para México.

De pronto, el SAT decidió cambiar las reglas y definió que se debe de pagar impuestos tanto a la importación como a la venta, ósea una doble tributación. El tema ha estado en litigio y, como decía, ha escalado hasta llegar a la Suprema Corte. La semana pasada la Ministra Yazmine Esquivel presentó dos proyectos -cosa por demás rara – uno a favor del SAT y otro en favor de las empresas manufactureras.

La votación no logró una definición y ahora habrá que esperar a que la Ministra Esquivel presenté un nuevo proyecto y éste se vote. Mientras eso sucede el sector manufacturero está atorado en medio de dos enormes incertidumbres. La primera es la que nada tiene que ver con México: el desplante de Trump de ponernos aranceles. La segunda pieza de enorme incertidumbre es esperar a ver qué pase en la Suprema Corte.

¿Será la actual Corte la que vote el asunto, en donde hay expertos en temas fiscales como Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez? O ¿decidirá Esquivel esperar a que se vayan los expertos en junio para entonces poder presentar su proyecto ante la nueva Corte? Esto le daría un golpe muy fuerte a la industria maquiladora pero, una vez más, el SAT le estaría dando un triunfo (pírrico) al gobierno para poder sacar recursos de donde puedan para sus arcas cada vez más vacías.

¿De verdad creemos que el horno está para estos bollos?

Apostilla: la respuesta a los aranceles de Trump de “nos vemos el domingo en el Zócalo” son la mejor señal de que el gobierno auténticamente cree que el horno está para bollos.

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Mientras en México el gobierno actual se ha dedicado a desmantelar la independencia del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra que sí cree en los tribunales independientes. Es por eso que en la disputa que ha amenazado abrir con Google por haber cambiado el nombre del Golfo de México a Golfo de América, Sheinbaum ha dicho que el gobierno mexicano acudirá a tribunales internacionales para dirimir esta acción que le parece injusta.

Sheinbaum ha reiterado que el cambio de nombre solo es válido para la plataforma continental de Estados Unidos y no para todo el Golfo de México, y ha expresado su intención de defender el nombre histórico del golfo mediante acciones legales.

Hasta el momento no ha aclarado Sheinbaum a cuál tribunal internacional acudiría, pero el que más lógica haría es la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y tiene competencia para resolver disputas entre Estados sobre cuestiones legales, incluyendo controversias territoriales o de soberanía. Sin embargo, para que la CIJ tenga jurisdicción, México y Google (o el país donde está registrado Google) deberían aceptar su competencia, lo cual puede ser complicado dado que Google es una empresa privada y no un Estado.

Dejando de lado si procediera o no en la CIJ, suena maravilloso que la presidenta Sheinbaum vea el valor de los tribunales para defender a México de una acción que le parece injusta. Para eso es el Poder Judicial, en lo local y en lo internacional. Para defensa de un acto arbitrario, así provenga este del más poderoso gobierno del mundo.

El problema es que en México, con la reforma judicial aprobada, nos están dejando indefensos a los ciudadanos y empresas, en especial para protegernos como particulares de acciones en las que la autoridad abuse de su poder y/o viole la ley.

No solamente eso. Como se promulgó la reforma judicial con prisas, esto ha generado una andanada de errores. Ahora es el mismo gobierno el que viola las reglas que ellos mismos aprobaron. Primero cuando le quitaron al Poder Judicial la nominación de sus candidaturas por incumplir los tiempos, aunque lo hiciera para acatar una suspensión judicial. Ahora, por tener el tiempo encima, se quieren publicar las boletas electorales con errores. Nombres que deben estar no están. No hay datos completos de los que sí deben estar; se quiere meter después del plazo legal los nombres de las tres Ministras afines a Morena y un largo etcétera en un intento por tener todo listo para imprimir 600 millones de boletas antes del 20 de febrero.

En el estira y afloja están el Poder Legislativo y el Ejecutivo ahora culpando al INE de ser el encargado de corregir los errores. Así le están pagando su sumisión.

Por lo anterior, el país atraviesa por momentos de incertidumbre jurídica absoluta. A pesar de que tenemos a una presidenta que, como demuestra cuando quiere acudir a tribunales internacionales para defender el nombre del Golfo de México, reconoce la importancia de tener instituciones jurídicas sólidas e independientes.

¿Le serviría a México acudir a la CIJ si sus jueces fueran sumisos a Trump, como ocurrirá con los jueces electos en México en junio que le deberán su cargo a Morena? Claro que no.

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El mundo ha cambiado con la llegada de Donald Trump a La Casa Blanca. Desde mucho antes de que el presidente de EUA dijera que su palabra favorita era tarifas, México tendría que haberse puesto las pilas para pensar en una estrategia de desarrollo diametralmente distinta a la que hemos seguido los últimos treinta años. Una que si bien se enfocara en el fortalecimiento comercial con Norteamérica, también incluyera el desarrollo interno. Pero no lo hicimos.

Nos hemos conformado con ser el socio cercano a Estados Unidos. Festejamos el crecimiento de la industria automotriz basada en las cadenas productivas del TMEC. Nos creímos fuertes gracias a ese acuerdo comercial. Incluso aplaudimos cuando en el 2023 rebasamos a China como el principal exportador a EUA. No nos preocupó esa dependencia. Pensamos que con eso podía alcanzarnos para crecer sin tomar en cuenta la importancia de fortalecernos internamente.

China, a diferencia de México, lleva décadas preparándose para competir con Estados Unidos. Y decidió que una de las industrias con las que lo haría de manera importante sería precisamente la automotriz. No se agacharon al ver a Norteamérica fortalecerse en una industria que es intensiva en creación de empleos. Al contrario. Se pusieron las pilas e idearon una estrategia que comenzó en 2007 cuando al frente de Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Partido Comunista nombró a un ex ejecutivo de Audi.

Además se ideó una campaña de inversión con cuotas específicas puestas por el gobierno a los bancos para hacer préstamos agresivos para el sector automotriz. El Ministerios de Educación empujó la preparación de ingenieros. Y las reglas para construcción de fábricas e insumos automotrices fueron sencillas y claras para acelerar su apertura y funcionamiento.

Hoy China es el exportador más grande de automóviles en el mundo. La industria automotriz representa el 6 por ciento de su economía. Hay más graduados de las carreras de Ciencia y Tecnología en China que todos los graduados de todas las materias en Estados Unidos.

Así que mientras China se puso las pilas y ha hecho de su país una locomotora capaz de resistir las reglas de un Donald Trump aislacionista, México se quedó esperando a que el futuro llegara. Y ahora nos ha alcanzado. Y lo ha hecho cuando estamos muy mal preparados. Cuando internamente nos hemos autoinfligido daños graves. Tenemos una sociedad políticamente polarizada y profundamente desigual. En los últimos seis años hemos crecido en promedio menos del 1 por ciento (.85 por ciento, para ser exactos). En donde sí ha habido un crecimiento importante es en los índices de violencia.

Todo esto nos deja a merced del inquilino de La Casa Blanca y sus desplantes. Si la semana pasada se sintió un respiro de alivio porque Trump pospuso la entrada en vigor de los aranceles, esta semana volvemos a estar en modo emergencia ante el anuncio de tarifas para el acero y aluminio.

En China no le tienen miedo a Trump. A pesar de las tarifas que le impuso a ese país Donald Trump en su primer mandato, tarifas que siguen vigentes, China sigue exportando al mundo entero incluyendo a Estados Unidos. Solo como ejemplo, sus exportaciones de acero se han duplicado y han inundado los mercados internacionales, en especial en Asia y América Latina. La locomotora China sigue a toda velocidad, a pesar de Trump.

México, por el contrario, está en una muy mala posición para enfrentar a Trump. Winston Churchill dijo que nunca se debe dejar que una buena crisis se desperdicie. ¿Será esta crisis para nuestro país lo que finalmente nos ponga a hacer la tarea interna o más bien el último clavo de nuestro ataúd?

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Ya puso fecha Donald Trump. El sábado 1º de febrero entrarán en vigor tarifas a las exportaciones de México y Canadá hacia Estados Unidos. Muchos economistas y analistas han estado diciendo que Trump no va a poner estas tarifas porque serían un impuesto a los consumidores estadounidenses y por ello no le convendría. Sin embargo, ayer la vocera presidencial, Karoline Leavitt, reiteró en rueda de prensa que los aranceles siguen sobre la mesa ante lo que Trump considera falta de ayuda de México y Canadá en contener los flujos irregulares de migrantes y fentanilo.

¿Por qué está dispuesto Trump a darse un balazo en el pie – o quizás en alguna otra parte del cuerpo más dolorosa – ante la evidencia de que sería un error? Y ¿por qué lo está haciendo en contra de sus socios comerciales más importantes? Además ¿cómo es esto lógico si al mismo tiempo quiere avanzar su guerra comercial con China? El sentido común diría que lo mejor para Trump y Estados Unidos sería fortalecer sus lazos con sus aliados más importantes y así debilitar a China que es quién le está compitiendo por el poderío global.

Pues… hay un argumento que posiblemente sea el que esté impulsando a Trump por el camino tarifario. En la edición de diciembre de Foreign Affairs, el profesor de finanzas de la Universidad de Pekín, Michael Pettis, escribe que las tarifas podrían ayudar a la economía de Estados Unidos. Pettis no es cercanísimo a Trump pero sí está siendo usado por algunos MAGA’s para justificar esta implementación de tarifas.

Las tarifas, escribe Pettis, son un impuesto al consumo y un subsidio para los productores locales del mismo producto. Por ello, las tarifas de Trump no necesariamente van a ser malas para la economía estadounidense. De hecho, pueden incentivar el ahorro y la producción doméstica.

El punto de partida es que hoy los estadounidenses consumen demasiado, mucho más de lo que producen. Por ello deben importar esta diferencia. Así, al poner tarifas se impondría un impuesto al consumo que además serviría como subsidio a la producción. Las tarifas podrían de esta forma generar un aumento en el PIB, resultando en más empleos, mayores salarios y menor deuda.

La tesis de Pettis ha agarrado tanta tracción que ha sido comentada tanto por partidarios como por detractores. Entre los partidarios está Kenneth Austin, economista que trabajó en el Departamento del Tesoro, quien argumenta que los países con superávit comercial deben reducir su exceso de ahorro y desequilibrios financieros para abordar los desequilibrios comerciales globales.

Hay muchísimos detractores de Pettis. Pero la opinión que me parece más interesante es la del ex columnista del New York Times, premio Nobel de Economía, Paul Krugman, quien hizo una publicación en Substack comentando a Pettis. Krugman reconoce la importancia de las ideas que plantea, pero mantiene una postura más cautelosa sobre la eficacia de las tarifas como solución a los desequilibrios comerciales.

Al final sabemos que Trump utiliza las tarifas como una herramienta transaccional y quizás le tenga sin cuidado todas estas discusiones académicas. Sin embargo, como sus intenciones generan reacciones, vale la pena que en México tengamos claras las distintas posturas que pueden alimentar la visión trumpista. Por lo pronto General Motors ya dijo que está preparado para aumentar su producción en EUA y reducirla en México y Canadá.

Los tiempos complejos para nuestro país, que depende tanto del comercio con Estados Unidos, parece que apenas comienzan.

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El Senador expanista, Miguel Ángel Yuñez Márquez, construyó su carrera política sobre los hombros de su padre, Miguel Ángel Yuñez Linares. Linares fue primero Priista, luego brincó al PAN y ahí estuvo al frente del ISSSTE desde donde Andrés Manuel López Obrador lo señaló por ser un corrupto y una cuota de Elba Esther Gordillo.

Grabaciones sobre las rencillas entre ambos políticos sobran. Pero hoy todo es miel sobre hojuelas entre el clan Yuñez y Morena.

La clave fue el voto del Senador Yuñez Márquez para la Reforma al Poder Judicial. No importa que sobre él pesaran acusaciones de falsificación de documentos y fraude procesal. El expediente estaba guardado en un cajón desde el 2021. Pero cuando en Morena vieron que era necesario lograr los votos para que se aprobara la reforma judicial, lo desempolvaron y con eso lo “incentivaron” para que diera su voto al oficialismo. A cambio, el pasado 26 de noviembre un juez canceló la orden de aprehensión que se había girado en su contra.

Osea que le llegó el perdón. La extorsión judicial para aprobar una reforma que los morenistas venden como la respuesta a la corrupción en el Poder Judicial. El chiste se cuenta solo.

En Estados Unidos están viviendo su propio escándalo por un perdón otorgado desde el poder. Me refiero al indulto que le otorgó el presidente Joe Biden a su hijo Hunter, quien enfrentaba acusaciones de evasión fiscal y posesión ilegal de armas. Las condenas implicaban potencialmente décadas de prisión pero aún así, Joe Biden había dicho en repetidas ocasiones que no le otorgaría un indulto ya que confiaba en el sistema de justicia.

El domingo pasado el presidente dio un giro de 180 grados y decidió siempre sí indultar a su hijo. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos otorga un indulto a un hijo. Lo más cercano a este tipo de perdón había sido el que otorgó el presidente Gerald Ford a Richard Nixon y el de Bill Clinton a su hermano por posesión y tráfico de cocaína.

Luego vino Donald Trump quien perdonó, entre otras personas, a su consuegro por defraudación fiscal. Y ahora Trump ha prometido que cuando asuma la presidencia indultará a todos los presos por el asalto al Capitolio.

El que Trump haya abusado y pretenda abiertamente abusar del perdón presidencial no ha minimizado las críticas al indulto de Biden a su hijo Hunter. No solo los republicanos han atacado esta acción del presidente, también algunos demócratas que sienten que con esto Biden se rebaja al mismo nivel de Trump al demostrar que hay una justicia para los ciudadanos comunes y corrientes y otra para las élites. Que, en efecto, el sistema de justicia está viciado como tantas veces lo dijo Trump. Que es una herramienta para golpear a enemigos políticos.

Yo leo el perdón de Biden a su hijo como una lamentable pero legítima preocupación por lo que vendrá en Estados Unidos. Sobre todo si tomamos en cuenta los nombramientos que ha hecho Trump para puestos claves en la materia. Entre ellos, Pam Bondi, una ultra MAGA que sigue sin reconocer la victoria de Biden en el 2020, ha sido nominada para Fiscal General; y Tulsi Gabbard, para la Dirección Nacional de Inteligencia. Además de que Gabbard no tiene experiencia en inteligencia, preocupan sus posturas políticas alineadas con Rusia y la amenaza de la politización del trabajo de los servicios de inteligencia bajo su liderazgo.

Yuñez Márquez y Hunter Biden representan dos perdones controversiales, sin duda. Pero sigo creyendo que hay de indultos a indultos. Y asombra que mientras en EUA han pegado el grito en el cielo por el indulto, que es una figura legal, en México se está utilizando la justicia para extorsionar y nadie dice nada.

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El lunes amanecimos con una amenaza de Donald Trump que publicó en su red social, Truth Social. Ahí escribió que en su primer día como Presidente va a imponer un arancel del 25 por ciento a México y Canadá hasta que el fentanilo y los indocumentados dejen de entrar a Estados Unidos.

La estrategia ya la vimos antes. Trump 1.0 hizo algo similar en mayo del 2019 cuando publicó en twitter que o dejaban de llegar caravanas de migrantes a Estados Unidos o impondría un arancel a productos mexicanos del 5% que iría incrementando. El arancel nunca entró en vigor porque México usó a la Guardia Nacional para frenar el flujo de migrantes.

En esta ocasión la respuesta a Trump fue de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue una respuesta razonable, sensata y firme. En resumen, Sheinbaum le dice a Trump que México impondría tarifas retaliatorias a las de EUA, pero que eso simplemente arrancaría una guerra comercial de la que la región de norteamerica saldría perdiendo. Sheinbaum menciona además a empresas estadounidenses como General Motors o Stellantis como las primeras que resultarían afectadas por este tipo de tarifas.

Bien por la respuesta de la presidenta. La incógnita que aun me queda es, si estamos viendo lo complicado que va a ser lidiar con un Trump 2.0 que nos quiere usar como piñata política ¿por qué nos ponemos de pechito para que la relación bilateral y las inversiones se vean afectadas?

Primero está la Ley Judicial que elimina los contrapesos de toda república democrática. A ello hay que agregar la desaparición de los órganos autónomos. Para cumplirle el capricho al ex presidente López Obrador de desaparecer a las instancias que le pusieron los mínimos frenos durante su presidencia, se está teniendo que hacer todo un circo, maroma y teatro que afecta al país. Ya bajó su perspectiva de crecimiento Moodys y esto apenas empieza.

La Ley Judicial es un desórden completo. Quieren justificar la avalancha de registros de última hora con la clásica de que “así somos los mexicanos que dejamos las cosas para el último momento”, cuando a todas luces es evidente que la inscripción para puestos de elección popular en el Poder Judicial no ha entusiasmado. Punto. Es un fracaso. Y lo mismo ocurrirá con la elección del 2025.

Esto mina el Estado de Derecho. A ello hay que agregar la desaparición de los órganos autónomos. Si bien el documento del TMEC no menciona la palabra autónomos, en los capítulos 18, 21 y 22 enfatizan que México, Estados Unidos y Canadá deben de contar con instituciones independientes en telecomunicaciones, competencia y en el sector energético. Va a ser muy complicado de convencer a quienes piensen en invertir en México o a quienes quieren ganar una controversia comercial que el traslado del IFT, Cofece, CRE, etc. a las Secretarías de Estado en un gobierno con tanto poder y sin un Judicial independiente garantiza esta independencia. Con las reglas del juego que estamos poniendo nos convertimos en un socio poco confiable; en un socio incómodo.

Para acabarla de amolar, desgraciadamente en esta ocasión la amenaza de Trump nos agarra divididos a México y a Canadá para hacer un frente común ante Trump. Justin Trudeau no amaneció con ganas de enojarse con México. Sus dichos responden a que en México les estamos imponiendo tarifas, derechos les llaman, en el sector minero. Pero Trudeau no es el único en hablar de un acuerdo comercial sin México, a él se le han sumado Pierre Poilievre, líder de la oposición, y Doug Ford, Primer Ministro de Ontario, la provincia más poblada de Canadá.

Buena respuesta verbal y escrita de Sheinbaum a Trump, pero no se pude decir lo mismo de las acciones de su gobierno y del legislativo que controla Morena.

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La buena noticia es que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió regresar a México a la escena internacional con su presencia en la Cumbre del G20. La mala es que fue ahí para hablar de un programa de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y con ello sigue sin ser ella la que claramente tenga en sus manos la agenda del gobierno. La peor es que decidió que ese tema fuera el fracasado programa Sembrando Vida.

En su discurso desde Río de Janeiro Sheinbaum propuso que los gobiernos de las principales economías del mundo destinen 1 por ciento de su gasto militar a un plan de reforestación para sembrar árboles en zonas deforestadas. Hay que sembrar vida en lugar de sembrar odio, dijo la presidenta de México.

Muy raro que hable de pacificación con la cantidad de muertes en México. Van más de 200 mil homicidios y 50 mil desaparecidos en tiempos de la 4T, de la que ella presume representar su segundo piso. Urge la pacificación, empezando en casa.

Y muy raro que hable de reforestación con la cantidad de árboles que se talaron en el sureste mexicano para construir el Tren Maya. La organización CartoCrítica hizo un análisis sobre el Tren Maya. Utilizando imágenes satelitales la ONG determinó que el proyecto de 10 mil 831 hectáreas deforestó un 61 por ciento del área. Estamos hablando de 6 mil 600 hectáreas deforestadas por un tren que costó más de 500 mil millones de pesos y lo que destaca es la falta de usuarios.

La propuesta de Sheinbaum llama la atención cuando acaba de enviar un presupuesto que le recorta el 40 por ciento de sus recursos a la Semarnat. Es, después de la Sedena, la secretaría a la que más le aplicaron la tijera. Entonces ¿por qué ir a hablar de un tema ante los lideres mundiales que en casa claramente no se está priorizando?

“Vengo a nombre de un pueblo, generoso, solidario y sabio a hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir”, dijo Sheinbaum al lanzar su propuesta. Sembrando Vida ha generado deforestación, corrupción y clientelismo.

Como sus beneficiarios deben tener un área de 2.5 hectáreas libres para recibir 6 mil 250 pesos mensuales, varios agricultores decidieron talar árboles buenos para poder recibir el dinero. Tan solo en el año en que arrancó, 2019, se reportó que contribuyó a la destrucción de más de 70 mil hectáreas de bosques y selvas. Ya dentro del programa las semillas entregadas no se pensaron para el terreno en el cual se plantarían. Mucho de lo sembrado murió. Ante la falta de supervisión, generó corrupción. Cerca de las elecciones de junio, los beneficiarios recibieron pagos adelantados de dos meses en un acto claramente clientelar.

Sheinbaum desperdició su primera entrada en la escena internacional al ir a proponer el programa Sembrando Vida. Mucho más sentido para ella y para el mundo habría sido hablar del uso de energías renovables, por ejemplo. Es algo que trae en su agenda. Es un área que podría sumarle a México con inversiones en el sector. Y es un tema que, con un Elon Musk susurrándole al oído a Donald Trump, podría agradar incluso a la agenda del próximo presidente de EUA ya que su impulso por los vehículos eléctricos entra dentro de esta agenda de descarbonización.

Realmente inexplicable por qué decidió la presidenta Sheinbaum que esa fuera su primera carta para jugar en el escenario internacional.

Lo salvable de la visita a Brasil fue marcar una diferencia al estar presente, por un lado, y el haber sostenido reuniones bilaterales con otros Jefes de Estado, algo que López Obrador nunca hizo por su idea provinciana de que la mejor política exterior es la interior.

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