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Nueve personas, originarios de Venezuela y Honduras, que estaban entre los 50 secuestrados, y que lograron escapar de sus captores, fueron localizados tras caminar extraviados por una carretera de Nuevo León.

Y es que un grupo de 50 migrantes que viajaba en un autobús de pasajeros desde San Luis Potosí hacia Nuevo León, fueron secuestrados por un grupo armado, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Agregó que los hechos se registraron el lunes en los límites de San Luis Potosí con Nuevo León en donde se interpuso la denuncia. Confirmó que los dos conductores también fueron secuestrados.

“Durante la madrugada del 15 de mayo de 2023 el propietario de un autobús (de pasajeros) que transportaba a un grupo de migrantes extranjeros tuvo conocimiento, mediante la localización del GPS del vehículo, que en el estado de San Luis Potosí, este se había salido de su ruta”, detalló la FGJNL.

Añadió que el vehículo “permaneció inmóvil durante 30 minutos y que los pasajeros habían sido privados de la libertad por individuos armados y encapuchados”.

La Fiscalía de Nuevo León señaló que derivado de estos hechos, el propietario del autobús presentó la denuncia por el robo de la unidad en San Luis Potosí y tras ello, las fiscalías de ambos estados trabajan de manera conjunta.

Sin embargo, más tarde, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios, apuntó que la Guardia Nacional confirmó que los hechos donde personas que viajaban en un autobús y habrían sido privadas de la libertad ocurrieron en territorio del estado de San Luis Potosí.

“De este lado (Nuevo León), la policía estatal Fuerza Civil ha logrado localizar a cielo abierto y auxiliar a varias personas extranjeras, que en primeras entrevistas confirman esta información (el lugar de los hechos) y quienes habrían logrado ponerse a salvo escapando de sus captores y saliendo de San Luis internándose en territorio de Nuevo León.

Puntualizó que la Guardia Nacional basa su afirmación en un rastreo satelital “que arroja datos incontrovertibles”.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí (FGJSLP) confirmó el hallazgo de una unidad de pasajeros en el municipio de Galeana, Nuevo León.

“Durante el transcurso de este día, marte 16 de mayo, autoridades de Nuevo León informaron a sus colegas de San Luis Potosí que había sido encontrada tal unidad, que al parecer transportaba migrantes”.

La FGJSLP detalló que “el suceso ocurrió en Nuevo León”, aunque las diversas Fuerzas de Seguridad de San Luis Potosí estaban al pendiente.

Esto lleva a que las fiscalías de ambos estados se “echen” la bolita sobre la jurisdicción del secuestro, pues ambas sostienen que los hechos ocurrieron en la otra entidad.

La cantidad de migrantes interceptados por las autoridades estadounidenses en la frontera con México se redujo a la mitad tras el fin del Título 42, norma adoptada durante la pandemia de COVID-19, informó el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

“En los últimos dos días, la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró una caída del 50% en la cantidad de encuentros en comparación con lo que experimentamos a principios de semana”, señaló Alejandro Mayorkas en entrevista con “State of the Union” de CNN.

Según el funcionario, alrededor de 6,300 migrantes cruzaron la frontera con México el viernes y 4,200 el sábado, números que describió como “notablemente bajos” en comparación con los 10,000 cruces diarios registrados a principios de semana.

Pero resaltó que “todavía es pronto” para hacer diagnósticos sobre el flujo migratorio. “Estamos apenas en el tercer día” afirmó, en referencia al fin del Título 42.

Recordemos que el Título 42 expiró el jueves a las 23:59 de Washington, y permitía la expulsión inmediata de migrantes sin visa o documentación, incluidos solicitantes de asilo, por razones sanitarias relacionadas con la pandemia de COVID.

Para evitar la afluencia masiva de migrantes tras su levantamiento, el gobierno del presidente Joe Biden desplegó miles de policías y militares en los casi 3,200 km que separan Estados Unidos y México, y aprobó nuevas restricciones al derecho de asilo.

Ayer, Biden dijo que la salida del Título 42 va “mucho mejor de lo que todos esperaban”, dijo a periodistas durante un paseo en bicicleta cerca de su casa en Rehoboth, Delaware.

Pero advirtió que hay “mucho más trabajo que hacer” y retiró su petición de “más ayuda del Congreso”.

El mandatario demócrata señaló que no tiene planes “a corto plazo” de visitar la frontera sur. “Sería perturbador”, dijo.

Ahora, antes de presentarse en la frontera, los migrantes deben obtener previamente una cita a través de una aplicación móvil de centralización de solicitudes de asilo, la CBP One, o tiene que haber sido rechazada su solicitud de asilo en alguno de los países de tránsito.

De lo contrario, pueden ser objeto de un procedimiento de deportación exprés a sus países de origen y una prohibición de ingreso a territorio estadounidense durante cinco años, todo esto mediante el Titulo 8, norma que entró en vigor el pasado viernes a primera hora.

“Estamos implementando nuestro plan exactamente como lo planeamos”, dijo Mayorkas ala cadena ABC. “Ya hemos expulsado a miles de migrantes: si intentan regresar, enfrentarán la prohibición de cinco años y un posible proceso penal”, subrayó.

En tanto, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez-Neto, dijo este lunes que tres días después del fin de la normativa todavía hay miles de personas en instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

Con todo, el responsable confirmó que los cruces de migrantes en la frontera con México se han reducido el 50% en comparación con los días previos al fin del Título 42, aunque avisó de que la situación es “fluida”, y que los traficantes de personas tratarán de aprovechar los cambios en la política migratoria.

En concreto, Núñez-Neto explicó que ha habido en torno a 5,000 detenciones cada uno de los últimos tres días. De estos, miles han sido deportados a sus países de origen mientras que otros cientos, provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, han sido devueltos a México bajo el Título 8.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a las oficinas de todos los estados del país que no expidan documentos migratorios ni otros permisos que permitan viajar dentro del país.

El gobierno federal hizo pública la noticia en una presentación difundida durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, después de que Estados Unidos revisara sus políticas fronterizas a última hora la noche de ayer.

El documento presentado refiere que ante la modificación del Título 42 y el cierre de las 33 estancias migratorias a nivel nacional esta semana, los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos “al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros”.

“También informó que los traslados se realizarán de manera inmediata, ya sea por vía terrestre o aérea en los cuales tendrán que ir acompañados por tres agentes migratorios”, se indicó.

Ante la conclusión del Título 42 en Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard informó que el flujo migratorio está en descenso, se mantiene en calma y sin confrontaciones.

Dijo que el personal de la Guardia Nacional se encuentra desarmado, continúan los patrullajes disuasivos y evitan confrontaciones con grupos de migrantes. Enfatizó que la actuación del personal está bajo estricto apego a los derechos humanos.

En tanto, llamó a migrantes y familias a no caer en engaños de traficantes de personas sobre la posibilidad de cruzar con facilidad la frontera norte de México ante la eliminación del Título 42.

Recordó la entrega de visas de trabajo o permisos humanitarios para personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Se trata de vías legales y formales de acceso al mercado laboral impulsadas por el gobierno de Estados Unidos a través de la aplicación CBP One.

Mencionó que México brinda alternativas de trabajo y refugio a quienes lo solicitan porque se trata de un derecho.

El titular de la SRE detalló que ayer, 11 de mayo, repatriaron a México un total de 942 personas migrantes: 909 de Venezuela; 17 de Cuba; 15 de Guatemala y uno de Haití.

El gobierno federal denunció este viernes el racismo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por aprobar ayer una ley que reanuda la construcción del muro fronterizo que inició Donald Trump, así como nuevas medidas antiinmigrantes.

“Esto está organizado porque el año que entra hay elecciones. Entonces, ¿qué es el cemento de estas ideas de quienes promueven esto? ¿Cuál es el cemento? El racismo contra las y los mexicanos, y en general todos los hispanoparlantes”, dijo el canciller Marcelo Ebrard quien participó en la conferencia matutina.

Ebrard criticó el proyecto de ley que impulsó el legislador republicano de Florida Mario Díaz-Balart que reactiva las obras del muro, restringe aún más los procesos de asilo y autoriza drones operativos 24 horas en la frontera con México.

La iniciativa se aprobó por 219 votos a favor de los republicanos y 213 en contra, pero no tiene probabilidades de prosperar porque el Senado está en manos de los demócratas, además de que el presidente Joe Biden ya anticipó que la vetará en caso de avanzar.

Por ello, el canciller acusó a los republicanos de insistir con esta ley “para sacar raja política” rumbo a las elecciones de 2024.

“Nosotros, desde luego, rechazamos eso, pero es importante para la opinión pública aclarar de qué se trata: sacarle raja política, aprovechar el flujo migratorio, culpar a México preparando su campaña político electoral, porque el único cemento de ese partido hoy es el racismo”, sentenció.

El secretario aseveró que “hay una serie de mentiras que manejan” los republicanos, como el que los migrantes trafican fentanilo. También reiteró que “los planteamiento son inaceptables para México”.

“Se provocaría una crisis entre los dos socios principales. Estados Unidos es el principal mercado del mundo y México es el principal socio de Estados Unidos. Sería como si nos pusiéramos a darnos un tiro en el pie entre los dos. Vamos a decir: es absurdo”, manifestó.

El canciller también rechazó las declaraciones del senador republicano John Kennedy, quien afirmó que México “estaría comiendo comida para gatos” sin el apoyo de Estados Unidos, y quien exigió a la Agencia Antidrogas (DEA) que presione para usar militares estadounidenses contra cárteles mexicanos.

“Es una estrategia racista y falsa en contra de nuestro país, y lo vamos a seguir diciendo claramente, porque si no se dice nada y nos quedamos callados, primeramente estaríamos aceptando que pisoteen nuestro orgullo nacional”, comentó Ebrard.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que pedirá a los mexicanos en Estados Unidos, donde habitan cerca de 38 millones, que no voten por este tipo de políticos, es decir, por los republicanos que usan a México de ‘piñata’.

“Decirle a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses, que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos”, sostuvo López Obrador.

AMLO descartó represalias o diferencias con el gobierno del presidente Joe Biden, pues dijo, las “imprudencias” que se han cometido, y declaraciones desafortunadas, tienen que ver con la “politiquería” a la que recurren algunos políticos, en referencia a figuras como John Kennedy o el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Un simulacro de seguridad fue llevado a cabo la noche de ayer en el puerto internacional de San Ysidro, por agentes de la Guardia Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, el cual se pudo apreciar desde Tijuana, en México.

El ejercicio de seguridad fue realizado previo a la culminación del Titulo 42 en territorio estadounidense, con el fin de medir la capacidad que tienen los agentes de cerrar el acceso en caso de que se presente una emergencia, es decir, un intento de cruce masivo de migrantes.

La incertidumbre en la frontera México-Estados Unidos crece horas antes del fin, este jueves a la media noche, del Título 42, medida que adoptó el expresidente Donald Trump y continuó el presidente Joe Biden, para expulsar a migrantes bajo el argumento de la pandemia de COVID-19, declaración de emergencia que también termina este jueves en el país vecino.

En el cruce de Tijuana a San Diego, los agentes se desplegaron en los carriles 28 al 34, en donde realizaron diversas maniobras de contención, además lanzaron varias bombas de gas y durante los aproximadamente seis minutos que duró el despliegue también se escucharon algunas detonaciones.

El pasado 5 de mayo los agentes fronterizos también realizaron un simulacro similar, pues esperan que con la culminación del Título 42, decenas de miles de migrantes traten de llegar, vía terrestre, a buscar a suelo estadounidense el asilo humanitario.

De acuerdo con CBP, estas acciones son realizadas con la intención de inhibir los intentos de cruces de personas indocumentadas.

Tras el fin del Título 42, las autoridades estadounidense han señalado que se aplicará el Título 8, que señala que “las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser deportadas y los no ciudadanos pueden ser deportados a su país de origen”.

Además, a diferencia del Titulo 42, impone castigos a los migrantes que crucen de manera ilegal. Bajo este título, una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente. 

Y es que el número de migrantes capturados cruzando ilegalmente ha aumentado en las últimas semanas, con detenciones diarias que superaron las 10,000 el lunes y el martes pasado.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ariel Ruiz, analista de políticas públicas en el Instituto de Política Migratoria, sobre la finalización de la aplicación del Título 42, y la implementación del Título 8, así como de la situación que ya se vive en la frontera y que se espera se agrave en los próximos días.

Estados Unidos puso en marcha este miércoles un nuevo reglamento que denegará el asilo a la mayoría de inmigrantes que crucen de forma ilegal la frontera con México, una parte clave del plan del presidente Joe Biden de cara al término de las restricciones fronterizas por el COVID-19, conocidas como Título 42.

El reglamento crea una nueva presunción de que los inmigrantes que lleguen a la frontera no tienen derecho al asilo si han pasado por otros países sin buscar protección antes o si no han utilizado las vías legales de entrada a Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la nueva regla significaría consecuencias más duras para los que cruzan la frontera ilegalmente.

En lugar de ser expulsados rápidamente a nuestro país, podrían ser deportados y excluidos de Estados Unidos durante cinco años si no califican para el asilo.

“Estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar irregularmente es contra la ley y que aquellos que no sean elegibles para la ayuda (asilo) serán devueltos rápidamente”, dijo Mayorkas en una conferencia de prensa en Washington.

El funcionario culpó al Congreso por no aprobar una reforma migratoria significativa “durante más de dos décadas”, y agregó que los legisladores no han proporcionado los fondos solicitados por la administración Biden para agentes fronterizos, instalaciones y transporte.

Y es que el gobierno de Biden se está preparando para un posible aumento de los cruces fronterizos no autorizados, que ya se encuentran en niveles récord, cuando se levanten mañana las restricciones por el COVID-19, aplicadas inicialmente en marzo de 2020.

Una gran cantidad de migrantes se ha acumulado en México esta semana, mientras miles de personas que cruzan a Estados Unidos han sobrecargado las ciudades fronterizas.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo este martes que con el final dentro de dos días del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, se producirá un “desastre masivo” en la frontera con México, por el previsible incremento de la llegada de indocumentados.

“Esta semana veremos un desastre masivo con la expiración del Título 42”, señaló DeSantis hoy en una conferencia de prensa.

El gobernador de Florida se refería así al término de la política migratoria declarada durante la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de la COVID-19, y al amparo de la cual el gobierno del expresidente Donald Trump Y el del presidente Joe Biden han aplicado la expulsión expedita de cientos de miles de migrantes.

DeSantis señaló que incluso está dispuesto a prestar ayuda para el control migratorio, a pesar de que no es un estado que hace frontera con México ni tiene jurisdicción para ello.

Sostuvo además que en su opinión la idea que se transmite a los migrantes de que si llegan a territorio de Estados Unidos serán dejados en libertad en el interior del país norteamericano no sirve como disuasión, por lo que resaltó que esa forma de actuación “no va a funcionar”.

DeSantis dijo que apoya reforzar el muro fronterizo con México, el cual “nunca será suficiente” ya que los carteles continúan ejerciendo sus actividades ilícitas.

Recordemos que se espera que en cualquier momento, el gobernador anuncie su candidatura a las primarias de los republicanos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra DeSantis,

“Ahora me entero que el gobernador de Florida, imagínese la Florida, llena de migrantes, ahora está tomando medidas represivas, inhumanas en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato (presidencial)”, dijo AMLO.

“¿Qué, no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente? ¿Qué, tiene que valerse del dolor del pueblo, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente para sacar raja política? Eso es inmoral, eso es politiquería”, acusó.

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, informó este lunes de que la Guardia Nacional ha creado una nueva unidad para interceptar migrantes en la frontera, a medida que aumenta el flujo migratorio de cara al fin de una de las políticas migratorias adoptadas desde el gobierno de Donald Trump.

“Estamos desplegando una nueva unidad llamada Fuerza Táctica Fronteriza de Texas, que estará en los puntos calientes a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y devolver a los migrantes que traten de cruzar de forma ilegal”, dijo Abbott, que ha alertado de que el fin de la emergencia fronteriza supondrá “una catástrofe”.

El republicano se refirió al fin del Título 42, que permite a la Administración negar la oportunidad de solicitar asilo a los migrantes por cuestiones sanitarias y que fue impuesta a raíz de la pandemia de coronavirus.

“Las tropas estarán equipadas con aviones, barcos, equipos antidisturbios para estar preparados ante cualquier cosa que puedan encontrar en la frontera”, explicó Abbott, según reportó el diario ‘The Washington Times’.

Texas ya desplegó unos 10,000 efectivos de la Guardia Nacional junto a 1,200 policías del Departamento de Seguridad Pública del estado, quienes el gobierno de Abbott ha dicho, lograron impedir la entrada de 37,000 personas que trataban de cruzar la frontera.

Además de la creación y despliegue de esta nueva unidad, Abbott anunció que están preparando leyes para considerar un “delito grave” la entrada ilegal y permitir la expulsión de los migrantes.

El gobernador tampoco dejó pasar la oportunidad para acusar al presidente Joe Biden de la situación que se vive en la frontera, la cual prevén que se complique aún más.

“Estamos tratando con un número de personas nunca visto antes que han cruzado la frontera y este año estableceremos un nuevo récord histórico”, dijo.

Adelantó que para finales de mes quiere aprobar una nueva ley estatal para declarar delito grave la entrada de inmigrantes. Una norma, apuntó, que otorgue a la autoridades la potestad de “detener a estas personas en la cárcel por un delito grave o, como alternativa, devolverlos a México”.

Además declaró que también se planteará penalizar con un mínimo de diez años de cárcel a aquellas personas que ayuden a “esconderse” a los migrantes sin papeles.

Al menos ocho personas murieron y otras diez resultaron heridas ayer tras ser embestidas por un vehículo en Brownsville, Texas, en la frontera con México, frente a un centro de refugio para migrantes.

Las fuerzas de seguridad informaron que, por el momento, el incidente era tratado como accidente, aunque un testigo dijo a la agencia AFP que el conductor había gritado insultos al grupo antes de acelerar.

“Recibimos una llamada por una camioneta gris que se pasó una luz roja y atropelló a varias personas. Confirmamos que hay siete personas que fallecieron y otras que han ido al hospital”, dijo Martín Sandoval, portavoz de la policía de Brownsville.

Medios locales informaron después que otra persona murió en un hospital, por lo que el número de fallecidos se elevó a ocho.

El oficial dijo a la prensa que las personas estaban esperando en una parada de autobús cuando fueron arrolladas.

“Tenemos que son casi como diez (heridos) pero puede haber más. El chofer del vehículo lo tenemos detenido, está bajo arresto, pero lo tenemos en el hospital porque él también recibió varias heridas”, agregó Sandoval.

El conductor del vehículo será procesado por conducción temeraria, pero podría ser objeto de otros cargos, según dijo la policía.

Al respecto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro pidió investigar el suceso en el que murieron varios venezolanos.

“Venezuela exhorta a las autoridades estadounidenses (…) a investigar en profundidad los hechos y esclarecer sus causas, con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia”, indicó la Cancillería en un comunicado, sin precisar el número de migrantes de ese país muertos.

El obispo de Brownsville, Daniel Flores, dijo en un comunicado que los fallecidos eran “hombres inmigrantes de Venezuela” y exhortó a “resistir la tendencia corrosiva de desvalorar las vidas de los inmigrantes, los pobres y los vulnerables”.

El incidente tuvo lugar cuando el gobierno de Estados Unidos se prepara para el levantamiento del Título 42, una medida que por la pandemia de COVID ha permitido a los agentes de la patrulla fronteriza deportar o rechazar a los migrantes sin siquiera aceptar sus solicitudes de asilo.

El vencimiento de esta norma, programada para este jueves, hace que las autoridades teman un aumento en el número de migrantes que ingresan ilegalmente por el sur de Estados Unidos.

El arrollamiento masivo tuvo lugar frente al Centro Ozanam, un albergue de acogida de personas sin hogar y migrantes muy activo en las últimas semanas debido a “la afluencia actual” de personas que cruzan la frontera desde México.

Las víctimas se encontraban en un grupo de unas 25 personas que esperaban en una parada de autobús, relató Víctor Maldonado, director ejecutivo del centro de acogida. Describió como una “escena espeluznante”, con partes de cuerpos a lo largo de la calle. Indicó que el grupo era compuesto únicamente por venezolanos que acababan de desayunar en las instalaciones.

El centro Ozanam está abierto 24 horas, explicó Maldonado. Comentó que alojan a personas que vienen migrando desde Chile, Colombia, Ecuador, China, Ucrania y Venezuela.

Este hecho se produce un día después de que un hombre matara al menos a ocho personas en un centro comercial, también en Texas, en el tiroteo masivo más reciente que sacudió al país.

Foto: Twitter @venezuelasos86

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Interpol rescataron a lo largo de 2022 a 4,549 migrantes víctimas de trata, tráfico de personas o delitos similares, informó el INM este viernes.

Mediante el operativo Itzel III, ambas instituciones detectaron a 2,115 extranjeros retenidos por delincuentes dedicados al tráfico de personas.

En la operación Turquesa IV, por otra parte, se identificaron a 2,434 personas provenientes de diversos países que se encontraban en situación irregular.

Asimismo, 11 sujetos que participaban en el tráfico ilícito de migrantes fueron detenidos y puestos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Como parte de las tareas migratorias, durante 2022 se llevaron a cabo 13,686 visitas de verificación y 25,330 acciones de verificación migratoria en territorio nacional”, resumió el INM.

De igual forma, 2,848 Agentes Federales de Migración (AFM) fueron capacitados en materia de identificación de víctimas de trata y tráfico de personas.

El informe se conoce cuando la región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.

Nuestro país ha registrado también un incremento anual de más del 43% en el número de “personas en situación irregular en México” en 2022, cuando detectó 444,439.

El gobierno federal reconoció este viernes que existe un “importante” flujo de migrantes en los últimos días ante el fin del Título 42 de Estados Unidos la próxima semana.

El canciller Marcelo Ebrard advirtió que los traficantes de personas, los llamados “polleros” o “coyotes”, engañan a los migrantes con la promesa de llevarlos a Estados Unidos y que puedan ingresar, ahora que termine la medida.

“Estamos viendo un flujo en los últimos días muy importante sobre la base de un engaño, que es: le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, ‘apúrense para llegar a Estados Unidos cruzando México porque el 11 de mayo van a quitar el Título 42’”, indicó Ebrard al intervenir en la conferencia matutina.

Explicó que el flujo se da ante la expiración, el próximo jueves, del Título 42, una medida que adoptó el expresidente Donald Trump y que continuó Joe Biden, para expulsar a migrantes por razones sanitarias, específicamente con el argumento de la pandemia de COVID-19.

En este contexto, el canciller denunció que los traficantes “le están diciendo a las personas que, como esa disposición ya no va a estar vigente, que ahora sí se pueden ir a Estados Unidos”. Detalló que se tienen informes de que los coyotes están cobrando entre 5,000 y 7,000 dólares a las personas.

Ebrard, quien no precisó la cifra en que ha incrementado la migración estos días, recordó que el fin del Título 42 no implicará que Estados Unidos detendrá la expulsión inmediata de migrantes que crucen por la frontera con México, por lo que es “falso” que a partir del 12 de mayo tengan vía libre.

“No es cierto, porque ya nos lo hicieron saber así los americanos (estadounidenses) ahora que hicieron una conferencia de prensa, que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto. Tienen otras disposiciones legales”, detalló.

Y es que recordemos que la región afronta un inédito flujo migratorio en la región con más de 2.76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.

En tanto, México ha registrado un incremento anual de más del 43% en el número de “personas en situación irregular” en 2022, cuando alcanzó los 444,439 casos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes al gobierno federal,  investigar y sancionar a los responsables del incendio que mató a 40 migrantes en una estación del INM en Ciudad Juárez, así como reparar adecuadamente los daños a las víctimas.

“A un mes de los hechos señalados, la CIDH reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, y urge al Estado a actuar con debida diligencia para investigar, sancionar a responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos”, dijo el organismo en un comunicado.

La Comisión condenó las muertes, pero reconoció las acciones del Estado tras la tragedia, como la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional; la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias; el inicio de las investigaciones, y la creación de un consejo para la protección de derechos humanos de los migrantes.

Sin embargo, pidió a México aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las víctimas y la entrega de sus cuerpos a sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos.

Además, recordó que los migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos, lo que implica esclarecer, investigar y procesar a los responsables “y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado”.

Dijo también que tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos.

Lo anterior incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles.

La CIDH remarcó que el Estado debe ser garante de derechos frente a las personas bajo custodia.

Recordó que, según lo indicado en el principio 68 de los Principios Interamericanos, “el Estado debe garantizar que la detención se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y solo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo”.

Tras la tragedia, una decena de personas han sido detenidas, mientras que el director del INM, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso el domingo porque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de omisión de funciones por su rol en los hechos, aunque se mantiene en libertad y al frente del Instituto.

El gobierno estadounidense enviará 1,500 soldados a la frontera con México en medio de un previsto aumento de las llegadas de migrantes cuando se levanten las restricciones que se implementaron con motivo de la pandemia.

El personal militar tomará datos, apoyará almacenes y efectuará otras tareas administrativas para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueda enfocarse en el trabajo de campo, declaró la vocera de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre.

Los soldados “no ejercerán funciones policiales ni interactuarán con migrantes ni inmigrantes”, afirmó Jean-Pierre. “Ello dejará libre a los agentes de la Patrulla Fronteriza para que puedan cumplir con sus importantes labores policiales”.

Los militares cumplirán esta misión por 90 días, informó el portavoz del Pentágono brigadier general de la Fuerza Aérea Pat Ryder, “hasta que la Patrulla Fronteriza pueda encarar estas necesidades con apoyo contratado”.

Y es que las restricciones por la pandemia de COVID-19 permiten a las autoridades rechazar a miles de migrantes que crucen la frontera, pero finalizarán el próximo 11 de mayo, por lo que las autoridades fronterizas se preparan para un previsto incremento en el número de llegadas.

Incluso en medio de las restricciones, el gobierno ha registrado cifras sin precedentes de personas que cruzan la frontera desde México.

La semana pasada, funcionarios anunciaron que procurarían agilizar el examen de los migrantes que busquen asilo en la frontera, deportarán rápidamente a quienes consideren que no reúnen los requisitos y sancionarán a quienes crucen de manera ilegal hacia Estados Unidos o vengan desde otro país en su tránsito hacia la frontera estadounidense.

También abrirán centros afuera de Estados Unidos para las personas que huyan de la violencia y la pobreza, para que soliciten viajar por aire legalmente y se establezcan en Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros de procesamiento serán abiertos en Guatemala y Colombia, y después habrá otros.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que el pedido de enviar tropas a la frontera es parte de su esfuerzo por prepararse para asumir cabalmente la misión fronteriza, incluyendo gestiones para reducir la migración, mejorar los procesamientos y agilizar las deportaciones de migrantes.

“El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza está invirtiendo en tecnologías y personal para reducir su necesidad de apoyo del Departamento de Defensa en los próximos años, y seguimos pidiendo al Congreso que nos apoye en esta tarea”, dijo la agencia en una declaración.

La caravana ‘Viacrucis Migrante’ aceptó las propuestas que le hiciera del Instituto Nacional de Migración (INM), con lo que se logró disolver la caravana que buscaba llegar a la Ciudad de México.

El INM dijo que los ofrecimientos que se hicieron fueron para evitar que los migrantes “pongan en riesgo su salud y su vida al transitar de manera irregular por territorio mexicano”.

En una asamblea a mano alzada, desde el parque central de Villa Comaltitlán, la comunidad migrante aceptó la propuesta de recibir Visas Por Razones Humanitarias para mujeres y niños, mientras que para hombres y mujeres que viajan solos, se aceptó el otorgamiento de las Formas Migratorias Múltiples (FMM) por un lapso de 45 días, lo que les permitirá transitar sin problemas legales por el país.

El director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, quien acompañaba la caravana, destacó que con este acuerdo, lo más importante es que las personas van a transitar y poder llegar a su destino.

“Qué bueno que el INM ha decidido otorgar esos documentos porque realmente es lo que se necesita para que deje de ser una cárcel Tapachula”, consideró.

Elementos de Grupos Beta levantaron un censo en la plaza Villa Comaltitlán, donde se contabilizaron un total de mil 186 personas, de las que 814 son adultos y 372 en núcleos familiares, entre los que se encuentran 126 menores de edad acompañados y cinco no acompañados, mismos que tendrán oportunidad de contar con los beneficios acordados como alimento y agua.

Las autoridades migratorias también dieron a conocer que no proporcionarán autobuses para la movilidad de personas migrantes, aunque destacaron que podrán desplazarse por sus propios medios y con el documento migratorio que les permite transitar por el país de forma legal.

El INM destacó que las personas censadas, en su mayoría, son de países centroamericanos y de Venezuela.

Puntualizó que todos los menores de edad no acompañados y núcleos familiares serán canalizados al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que la Procuraduría de la Defensa del Menor resuelva su situación y el INM acatará de manera inmediato su determinación.

Se cumple un mes del incendio que mató a 40 migrantes que se encontraban en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La noche de ayer se difundieron nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del centro de detención, que muestran los momentos previos al incendio y el trato de los oficiales a los migrantes.

En el video, de 16 minutos y 25 segundos, se observa el momento en que los migrantes, presuntamente en forma de protesta, tras enterarse de su deportación, colocan las colchonetas frente a los barrotes de la celda y les prenden fuego.

Previo al fuego, los funcionarios del INM y el guardia de seguridad privada no toman acciones para disuadir a los migrantes de escalar la protesta. Incluso, cuando notan el fuego y el humo comienza a expandirse, huyen de la estancia, sin abrirles la puerta.

Según lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el personal que estaba presente al momento del incendio, no tenía la llave de la celda.

Sobre los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta semana cargos contra el director del INM, Francisco Garduño, el máximo responsable de ejecutar la política migratoria en nuestro país, y quien está a la espera de que el próximo domingo el juez determine si le imputa.

El pasado martes compareció por última vez en el juzgado del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, y la FGR lo acusó de “incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”.

Además de Garduño, varios funcionarios del INM están inmersos en el proceso judicial, entre los que se destacan el jefe de la institución en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero, ahora en prisión preventiva; o el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, en libertad condicional.

También se encuentran en prisión dos cargos intermedios y tres agentes de la estación migratoria de Ciudad Juárez; un guardia de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que operaba en la estación migratoria; y el migrante que supuestamente inició el incendio.

Tras el incendio, el INM recibió críticas por su gestión de la crisis migratoria y por la condición en la que retiene a los migrantes en centros como en el que ocurrió la tragedia.

El padre Alejandro Solalinde, cercano al presidente López Obrador, insistió en una modificación de la política migratoria de México que conllevaría la desaparición del INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Según ha declarado a medios, las negociaciones al respecto están muy avanzadas.

La tragedia con los migrantes provocó una condena inmediata de organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, que denunciaron las negligencias que condujeron a la tragedia, posiblemente evitable si se hubiese facilitado la salida de los migrantes privados de su libertad.

El reclamo más directo llegó del gobierno de El Salvador, que consideró los hechos como “un crimen de Estado” y dijo que el gobierno de México cometió “una masacre”.

El embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas, reclamó el pasado martes una reparación por sus connacionales muertos y los nueve que, pese a sobrevivir, fueron hospitalizados.

Los migrantes fallecidos, 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, fueron repatriados a sus respectivos países al cabo de unas semanas.

Tras el reclamo de Guatemala, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, garantizó que repararían a las familias de los 40 migrantes fallecidos y a quienes resultaron heridos, aunque no dio más detalles.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró este miércoles que se garantizará la reparación del daño a las familias de los 40 migrantes que murieron en un incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a quienes resultaron heridos.

“La instrucción que tenemos y que hemos venido haciendo a través de la subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión de Atención a Víctimas, de la CEAV, es entablar comunicación con las familias, con los deudos, en el caso de los que fallecieron, y con los heridos o con sus familiares cercanos y garantizarles en todo caso la reparación de los daños”, dijo el funcionario.

López Hernández aseguró que hasta ahora no existe una solicitud formal por parte del Gobierno de Guatemala de reparar el daño a los migrantes afectados o a las familias de los fallecidos en el hecho del pasado 27 de marzo.

La aclaración del titular de SEGOG llega después de que el embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas Sosa, declarara a medios que solicitó al gobierno mexicano la reparación del daño para los deudos de 19 migrantes guatemaltecos que murieron en el incendio.

“No hemos tenido alguna petición formal de parte del Gobierno de Guatemala o del embajador Chicas Sosa, pero se está dando permanente atención a ellos”, apuntó Adán Augusto López. “No hay solicitud formal como tal de parte del gobierno de Guatemala”, insistió

Asimismo, dijo que desde que tuvieron conocimiento de los hechos se prestó auxilio a los familiares de quienes fallecieron y atención a los heridos.

Precisó que hasta ahora permanecen hospitalizados 9 migrantes y que en la atención de estas personas intervinieron diversas dependencias del gobierno federal.

Sobre el tema, el secretario justificó que el director del INM, Francisco Garduño, permanezca en su cargo aunque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de manera formal en el caso del incendio que mató a los 40 migrantes.

“Se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos del instituto a su cargo. No le quita tiempo, porque él además constantemente recorre todos los estados del país”, afirmó el titular de Gobernación, dependencia de quien depende el INM.