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Este martes la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Mariana Robles informó que Fibra Uno, desarrollador del complejo inmobiliario Mítikah, garantizó el pago de la multa que le interpuso la dependencia por 40 millones 833 mil 537 pesos, luego de que en mayo pasado derribaron 80 árboles en el pueblo de Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Esta garantía se dio a través del pago de la multa a una afianzadora.

La funcionaria dijo: “Estamos en proceso de espera de un Recurso de Inconformidad, pero (la empresa) garantizó el pago de la multa. Eso significa que pagó una fianza que asegura que si el juez determina que tiene que pagar la multa está garantizado el pago”

El pasado 31 de mayo, personal de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental notificó a Fibra Uno que fueron acreedores a dicha sanción, pero la empresa interpuso un Recurso de Inconformidad, por lo que se detuvo el plazo de 15 días para pagar la multa.

A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente refirió que mientras transcurre el procedimiento jurídico, se sostienen mesas de trabajo con vecinos, quienes solicitaron llevar a consulta el proyecto de recuperación del espacio público en materia ambiental en Real de Mayorazgo. Dicho proyecto tiene como objetivo recuperar y ampliar las áreas verdes en las banquetas y camellones de la zona.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que los desarrolladores de la Torre Mítikah fueron acreedores a una sanción superior a los 40 millones de pesos, luego de que el 3 y 4 de mayo derribaron 80 árboles en el pueblo de Xoco, alcaldía Benito Juárez, sin contar con la autorización correspondiente.

Se detalló que FIBRA UNO fue notificada esta tarde sobre la multa a través de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental.

Fue a través de las redes sociales que ciudadanos denunciaron la tala de los árboles en la calle Real de Mayorazgo, esquina con avenida Universidad, por lo que personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) y la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) acudieron verificar los hechos.

Detallaron que la DGEIRA notificó el pasado 13 de mayo a la empresa el acuerdo administrativo mediante el cual se les concedió el término legal previsto en la legislación para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, y en su caso, presentaran los documentos o pruebas que consideraran necesarias para atender el proceso.

Sin embargo, la dependencia señaló que fue el 21 de mayo que la empresa ingresó ante la Oficialía de Partes del área correspondiente un escrito en el que hizo sus manifestaciones respecto al acuerdo notificado, sin demostrar que tuvieran los documentos que les autorizara el derribo de los árboles.

Con base en los elementos que hizo llegar la Empresa Inmobiliaria, se procedió a elaborar la resolución correspondiente en la que se impuso la sanción de cuarenta millones ochocientos treinta y tres mil quinientos treinta y siete de pesos.