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Juan Sánchez Moreno, exdirector de Mandamientos Judiciales de Puebla, fue detenido por su implicación en el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado, en el que precisó que la detención fue en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

La detención de Sánchez, quien ocupó dicho cargo durante el gobierno de Mario Marín (2005-2011), responde a la orden que fue girada el pasado 11 de abril por el Primer Tribunal Unitario de Cancún.

“La orden de aprehensión deriva de la consignación hecha por el Ministerio Público Federal especializado en la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, quien presentó evidencia suficiente para determinar la probable responsabilidad de Juan ‘S’ en la comisión del delito referido”, indicó la FGR.

De acuerdo con la dependencia, Sánchez será traslado al Centro de Reinserción Social de Cancún, en Quintana Roo.

En esa entidad, hace 14 años, Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente por policías de Puebla a raíz de una demanda presentada por el empresario Kamel Nacif.

Por estos hechos, aún quedan pendientes las aprehensiones del exgobernador Marín, de Nacif y de Hugo Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la Policía Judicial de Puebla.

La periodista Lydia Cacho denunció que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) no publicó la alerta roja para la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

A través de su cuenta de Twitter, la periodista acusó que no existía ninguna alerta roja para Mario Marín, Kamel Nacif, Hugo Adolfo Karam Beltrán y Juan Sánchez Moreno, la cual tenía que emitirse el 13 de abril.

“La AIC es la responsable de hacer pública la búsqueda. ¡No hay alerta!”, dijo Cacho y acompañó el mensaje de una captura de pantalla de la página de Interpol.

En su denuncia arrobó al presidente Andrés Manuel López Obrador, tras acusar que se dejaron pasar 15 días “para que escaparan”.

La periodista recordó que Marín Torres, Nacif Borge, Karam Beltrán y Sánchez Moreno son prófugos de la justicia, según declaró la FGR, por lo que al subirlos a la página de la Interpol, se genera una Alerta Roja Internacional de búsqueda.

Cacho dijo que tras 15 años de perseguir a una red internacional de traficantes de niñas y niños de entre 2 y 15 años no se dará por vencida y pidió que los tribunales realicen su trabajo.

“Tenemos que sentar precedentes contra la colusión de servidores públicos y trata de personas”, afirmó Cacho.

El Primer Tribunal Unitario, con residencia en Quintana Roo, giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín y del empresario, José Kamel Nacif, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Otro al que también le libraron orden de aprehensión por este caso fue el exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.

Los delitos que se le imputan tanto a Marín como a Nacif Borge son abuso de autoridad y tortura cometidos durante la detención de la periodista hace 14 años.

La detención de Cacho se debió a la supuesta difamación y las calumnias contra el político y el empresario con la publicación de su libro “Los Demonios del Edén” en el que los señala por explotación sexual contra menores de edad.

El tribunal señala que el 26 de noviembre de 2018 se había negado la orden de aprehensión en contra de los implicados, sin embargo, se presentó una apelación con lo que se pudo liberar la orden desde el pasado 11 de abril.

“Sí, son 14 años de persecución, de abogadas y abogados, de pelear con el Sistema corrupto. De salir corriendo del país ante amenazas, de jueces y fiscales corruptos. El logro judicial es mío, de mi familia y abogad@s, de ustedes. Gracias”, dijo Lydia Cacho a través de twitter.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la impugnación del consejero Benito Nacif referente a la reducción de su salario que fue avalada por el Consejo General del órgano electoral. De modo que todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán un sueldo de 148 mil 122 pesos.

“Se propone desechar la demanda porque se estima que el presente juicio no es la vía para contravenir los actos impugnados y si bien lo conducente sería encauzar a juicio electoral, esto no llevaría a ningún fin práctico ya que toda vez ha habido un cambio de situación jurídica que lo ha dejado sin materia ya que el pasado 23 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación”, señaló el proyecto de sentencia elaborado por Janine Otálora Malassis, presidenta del TEPJF, el cual fue aprobado por unanimidad.

Según información de El Sol de México, Nacif impugnó la reducción salarial tras argumentar que al tratarse de que el INE es un órgano autónomo constitucional el hecho de reducir el salario implicaría violar su autonomía como instituto.

El Tribunal votó de manera unánime declinar este recurso legal, a parte de que no hubo discusión alguna del proyecto presentado por Otálora.

Benito Nacif, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, afirmó que durante el segundo debate presidencial, solo 6 de los 42 ciudadanos que asistirán, podrán hacer preguntas a los candidatos presidenciales, según la escaleta programada.

Para evitar que las preguntas tengan alguna inclinación política o se repitan, los moderadores y las personas las trabajarán antes del evento para formularlas correctamente. Nacif aseguró que esto garantizará “que no se repitan y que estén enfocadas en los temas del debate”, que serán comercio exterior, inversión y migración.

“Creemos que este formato facilita la interacción entre el ciudadano y los candidatos, y eso se logra si las preguntas se formulan directamente ahí en vivo a los candidatos presentes”, dijo Nacif.

El segundo debate se llevará a cabo el domingo 20 de mayo a las 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, en Tijuana, Baja California, en el gimnasio de la Universidad de Tijuana.

El INE contrató a una agencia que está entrevistado a 600 ciudadanos, la próxima semana elegirán a 60, de los cuales serán seleccionados los 42 que asistirán al segundo debate.

Luego que en días pasados el consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif, impugnó ante el Tribunal la decisión de la Junta General Ejecutiva de reducir los salarios de altos funcionarios en 10 por ciento; esta mañana aseguró en entrevista radiofónica que los salarios de los servidores públicos ‘están avalados por la Constitución’ Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento oficial que ‘yo respeto’.

 

El funcionario, que gana 177 mil al mes, advirtió que ‘no incluiré la reducción de mi salario. Impugné los acuerdos por los que la junta del INE reduce los’ mismos ‘de 32 consejeros electorales y de la Junta ampliada, ya que es importante que el órgano de las atribuciones de constitucionalidad, se pronuncie y nos diga si eso se puede o no se puede hacer’.

 

“Por ley, se prohíbe que a alguien le quiten el fruto de su trabajo sin algún motivo. El artículo 23 aclara que no se pueden reducir los salarios de los servidores públicos. El 127 dice que las remuneraciones de los (funcionarios) son irrenunciables. El órgano tiene que decretar si se es viable una reducción. Es la razón de ser de mis recursos ante el Tribunal Electoral”.

 

 

Se trata de ‘una impugnación para que se determine si esto es apegado a derecho o no. Es muy cierto que los salarios de los servidores, para muchas personas, son demasiado elevados, pero son los salarios que están en la ley, y si se quieren reducir, tiene que apegarse a la normativa. Y la ley es protectora de los salarios. Lo hace a través de convenios’.

 

“De normas de seguridad y estándares internacionales. Nadie está por encima de la Constitución. El INE e instituciones pasan por una coyuntura que demanda austeridad. Pero se debe cumplir con los derechos de sus trabajadores. Yo siempre respetaré la ley, y si la ley dice algo, es lo que se debe seguir”.

 

 

 

Con información de Excelsior / Foto: Archivo APO