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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció esta mañana que “altos funcionarios de Estados Unidos” tenían relación con Genaro García Luna, quien es acusado de narcotráfico y cuyo juicio arrancó ayer con la selección del jurado en una corte de Nueva York.

“Evidentemente era muy influyente García Luna en los medios de información, pero no solo en México, sino tenía relaciones, que pueden ser relaciones de trabajo, con altos funcionarios del Gobierno estadounidense”, manifestó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Al exhibir un artículo de The New York Times sobre el exfuncionario, acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar sus operaciones, López Obrador pidió “que si estuvieron involucradas autoridades de Estados Unidos que sean llamadas a declarar y que participen”.

“Entonces por eso es muy importante el juicio, hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias. ¿Cómo esta doble vida? Por un lado se le premia, se le reconoce y, por el otro lado, él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada”, expresó López Obrador.

“Se tiene que ver qué relaciones había, si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín, y quiénes se beneficiaban, qué otras autoridades”, añadió  AMLO.

En ese sentido, solicitó a Estados Unidos devolver dinero a México si se demuestra que funcionarios de aquel país recibieron sobornos relacionados con el juicio.

“Claro que sí, lo estamos planteando ya en general, en todos los casos. Lo que es dinero de México tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos nos tienen que devolver el dinero”, indicó.

García Luna compareció ayer en la primera jornada de selección del jurado que dirimirá su responsabilidad en la acusación de narcotráfico, que se prevé se extienda durante las próximas ocho semanas.

Al respecto, López Obrador reiteró su solicitud de difundir toda la información del juicio por la relevancia del exfuncionario, quien fue el máximo encargado de la Seguridad durante el inicio de la llamada “guerra contra el narco” en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Sobre el papel del expresidente Felipe Calderón, AMLO esbozó tres posibles escenarios: que García Luna sea inocente y por ende no haya ningún papel del exmandatario en el caso; que García Luna sí es culpable de lo que se le acusa pero que Calderón no estaba al tanto de sus acciones y por lo tanto solo hubo un descuido de su parte, y que Genaro García Luna sí es culpable y Calderón estaba al tanto de todo lo que sucedía.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendió este martes la sanción que el gobierno federal había impuesto a la revista Nexos, por supuestamente incurrir en el uso de “información falsa”.

El tribunal otorgó medidas cautelares a Nexos para protegerla de una multa de casi 1 millón de pesos, y de la inhabilitación con la que el gobierno le impedía participar en contratos públicos por dos años.

“La suspensión de las sanciones habilita nuevamente a Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura para celebrar contratos con dependencias que utilizan recursos federales. Se suspende también, provisionalmente, la multa”, informó la revista a través de un comunicado.

Adicional, la Secretaría de la Función Pública debe retirar a Nexos de su portal de proveedores inhabilitados.

Recordemos que la sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) se trató de un procedimiento administrativo iniciado en 2018 contra la revista fundada en 1978, cuyo director es el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, crítico del presidente López Obrador.

La SFP acusó al medio de proporcionar información falsa para lograr un contrato por adjudicación directa en la campaña institucional del Instituto Mexicano para el Seguro Social (IMSS) para promover la salud pública del país llamada “Chécate-mídete-muévete”.

Y aunque la dependencia detalló la investigación, la sanción despertó la preocupación de diversos sectores, especialmente la de los analistas e intelectuales, quienes se refirieron a dicha acción como una represalia a las críticas hacia el gobierno.

Ante el falló de hoy, miembros del comité editorial de Nexos celebraron la decisión del Tribunal como una muestra de la independencia judicial.  “Afortunadamente todavía hay instituciones en el Estado mexicano dispuestas a frenar los abusos del gobierno”, comentó el periodista Leo Zuckermann.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones internacionales han calificado la sanción impuesta a Nexos como otro de los intentos del presidente López Obrador de estigmatizar la prensa en uno de los países más peligrosos para el periodismo.

Al menos nueve comunicadores mexicanos han sido asesinados este año, según el recuento más reciente de la SIP.

Comuneros y abogados del poblado Salazar, en el Estado de México, aseguran que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), intentó extorsionarlos para que le permitieran tomar posesión de terrenos a cambio de la libertad de ocho personas de la comunidad, que más tarde fueron consideradas presos políticos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se obtuvo los testimonios de cinco personas que estuvieron presentes en dichas reuniones en el 2018.

Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, sus abogados y otros compradores de predios se reunieron con ellos en 2018 para intentar dirimir una controversia sobre tierras comunales en el Estado de México. La oferta del hijo del director de CFE, aseguran esos testigos, era despojarlos de sus tierras a cambio de que los comuneros quedaran libres.

“Nos citaron para llegar a un convenio que nosotros les firmáramos, pobladores de Salazar, las tierras que ellos habían comprado a cambio de que les daban la libertad a los presos que tenían allá en Almoloya de Juárez”, contó Maribel Becerril, madre de Daneyra Kikey y Yuriko Maribel Becerril, dos de las presas de la comunidad de Salazar.

“Decían que si les dábamos las tierras, si los dejábamos bardar nuestras tierras, él (Bartlett Álvarez) les daba la libertad. que porque él tenía contacto directo con la persona indicada, que tenía detenidas a las personas que estaban allá”, añade el testimonio.

Una de las abogadas del caso Salazar, Esther Goujón, lo recuerda así: “Nos chantajeaban, les dejamos libres a su gente a cambio de que nos dejen las tierras. ¿Por qué te vamos a dejar las tierras?”.

Salazar es una zona boscosa en el municipio de Lerma, a 20 kilómetros de Santa Fe en la Ciudad de México, dedicada a la siembra.  La disputa por las tierras empezó en los años setenta cuando la comunidad de Salazar y el Ejido San Mateo Atarasquillo iniciaron un proceso judicial agrario para dirimir a cuál de esas poblaciones corresponden 217 hectáreas.

Sin embargo, no es la única información que este fin de semana salió a la luz sobre los Bartlett. El periodista Carlos Loret de Mola publicó en The Washington Post que, la casa  que fungió como sede del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue propiedad de la empresa Top Real Estate Company, siendo el socio mayoritario de dicha empresa José de Jesús Hernández Torres, colaborador cercano desde hace 49 años de Manuel Bartlett Díaz.

Hernández Torres resulta también ser socio de León Manuel Bartlett Álvarez, en una empresa hotelera llamada Xibalba Resorts ubicada en Cancún, Quintana Roo.

Se trata de la casa ubicada en Chihuahua 216, en la colonia Roma; la empresa Top Real Estate Company, de Hernández Torres, rentó en 2017 la propiedad  a Morena, partido que llevó a triunfo a López Obrador. El contrato fue por un año cuatro meses, fijando un precio de 130,000 pesos mensuales. Posteriormente, el contrato se renovó en 2019 y la renta aumentó a 138,000 mensuales.

Cuando AMLO trasladó sus oficinas a Palacio Nacional al tomar posesión al cargo, el inmueble quedó como centro de operaciones del partido (Morena). La dirigencia de Yeidckol Polevnsky la ocupaba como oficina y después anunció que, para no seguir pagando renta, Morena compraría la propiedad dado el valor simbólico que tenía, “eran las oficinas de López Obrador”.

“Este episodio no es una casa más ligada a un funcionario muy cuestionado. El inmueble era la casa de campaña de López Obrador, fue la sede del gobierno electo de México, la oficina del presidente entrante donde se tomaron decisiones centrales sobre el destino del país y se hicieron reuniones de impacto internacional”, publica Loret de Mola.

Esta mañana durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que su administración tenga lazos con el gobierno de Irán, como se dio a conocer en el periódico Wall Street Journal (WSJ).

El mandatario relató que hace unos días alguien le comentó que un columnista mexicano había escrito que el diario estadounidense hablaba de que tenía información de vínculos del gobierno mexicano con el de Irán

Ante ello López Obrador opinó que el periódico no es objetivo, “la verdad es que ni leo eso. Si me preguntan les contesto que no es objetivo, me consta”, enfatizó el presidente.

Hizo referencia a una columna escrita por la periodista Anastasia O’Grady, quien cita a “una fuente de inteligencia, confiable le aseguró que desde que López Obrador asumió la presidencia había establecido relaciones con el gobierno de Irán”:

“Qué importancia le puedo dar a eso nada. No me quita el tiempo”, indicó López Obrador al señalar que dedica poco tiempo a polemizar con sus adversarios.

AMLO aseguró que está enfocado en México, en transformar al país a través de una fórmula sencilla: combatiendo la corrupción y la impunidad, y lo que se ahorre destinarlo al bienestar del pueblo.

El delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, emitió un comunicado en el cual habla sobre los señalamientos en su contra, por incurrir en supuestos conflictos de interés, al tener participación en una red de empresas farmacéuticas, en especial con Abisalud.

El delegado afirmó que persisten quienes buscan ensuciar la exitosa ruta de la Cuarta Transformación(4T) que ha trazado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aprovechó su comunicado para insistir que ni él ni algún miembro de su familia forma parte de la empresa Abisalud. “Nadie de nosotros, participa de forma alguna en licitaciones o ventas para gobiernos”.

Reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias.

“Rechazo tajante las intenciones de desacreditar a mi persona, a mi familia y al proyecto de nación por el que luchamos” añadió Lomelí.

Sin embargo, fue este mismo jueves que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una nueva relación del delegado federal con la empresa farmacéutica.

Señalan que Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, esposo de una diputada de Morena, es accionista mayoritario de Abisalud, y quien además funge como apoderado legal en cuatro empresas que Carlos Lomelí reconoce como propias.

Tadeo Martínez, esposo de la diputada local en Jalisco por Morena, Érika Pérez García, recibió las acciones de Abisalud tras la renuncia de José Hiram Torres Salcedo, quien actualmente se desempeña como regidor de Morena en Zapopan.

MCCI destaca que Torres Salcedo fue secretario particular de Carlos Lomelí y compitió como candidato para alcalde de Zapopan en los comicios de 2018.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ligó al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La dependencia acusó que el ex gobernador y el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez recibieron sobornos de grupos del narco como el CJNG y los Cuinis.

“Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecieron cruelmente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas”, señaló Sigal Mandelker, subsecretaria de terrorismo e inteligencia financiera estadounidense.

Por lo anterior, agregó, “estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias, incluido el aislamiento del sistema financiero de los Estados Unidos”.

El departamento del Tesoro explicó que todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas, o de cualquier entidad que les pertenezca, directa o indirectamente, en 50 por ciento o más, y se encuentren en Estados Unidos o en control de personas en esa nación, serán bloqueados.

En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, informó que en colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló cuentas de 42 personas, entre ellas las de Roberto Sandoval e Isidro Avelar Gutiérrez.

Las autoridades detallaron que Avelar Gutiérrez recibió sobornos de estas organizaciones narcotraficantes a cambio de dictar fallos judiciales favorables a sus miembros principales, en tanto que Roberto Sandoval está relacionado con actos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales y la aceptación de sobornos del narco.