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NORMATIVA

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El Consejo de Estado de Francia impuso este lunes al Estado, una doble multa de 10 millones de euros por incumplir la normativa europea sobre la contaminación atmosférica, como ya lo había hecho una primera vez en 2021 porque aunque se constatan mejoras, se siguen superando los límites de emisiones.

Cada una de las multas corresponden al incumplimiento durante dos semestres (el último de 2021 y el primero de 2022) de las reglas comunitarias sobre los límites de emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) y micropartículas, que se han superado en varias áreas urbanas, en particular las de París, Lyon y Marsella.

El dinero se lo repartirán Los Amigos de la Tierra, que fue la primera organización que interpuso un procedimiento en 2017 ante la máxima instancia de recursos administrativos, y otras ONG comprometidas en la lucha contra la contaminación atmosférica.

El Consejo de Estado precisó en un comunicado que el próximo año volverá a examinar la acción pública desde el segundo semestre de 2022 para evaluar el respeto de una normativa que estipula unos topes de contaminación que deberían estar cumpliéndose desde 2010.

En su dictamen, indicó que las últimas cifras muestran que “la situación globalmente ha mejorado pero sigue siendo frágil o mala en cuatro zonas”.

Por una parte, la evolución ha sido favorable en Grenoble, donde ya no se sobrepasa el umbral de la concentración de dióxido de nitrógeno; y lo mismo ocurre en París con las micropartículas.

Por el contrario, en Toulouse en 2021 se constató una concentración media anual de NO2 justo por debajo del límite y en ascenso respecto al año anterior.

Las concentraciones de ese gas contaminante disminuyeron globalmente en las áreas urbanas de París, Lyon y Aix-Marsella en 2021 respecto a 2021, pero se volvieron a superar los límites fijados por la normativa.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del gobierno de la Ciudad de México informó este domingo que bajo el compromiso de vigilar el estricto cumplimiento a la normatividad en materia de desarrollo urbano y evitar una consecuente afectación a la calidad de vida de las personas, se inició mesas de diálogo con distintas empresas inmobiliarias.

Señaló que los particulares mostraron interés por ajustarse a lo marcado en el programa general, parciales y delegacionales de desarrollo urbano, al reconocer que en muchos casos se estaban incumpliendo las normas.

Detalló que a la fecha suman alrededor de 150 compañías y agrupaciones del sector atendidas por la Seduvi como la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), quienes han respondido a la necesidad de respetar la zonificación con los niveles permitidos, los porcentajes máximos de construcción y mínimos de área libre.

Señaló que los inmobiliarios han mostrado su disposición de modificar sus desarrollos, especialmente en lo relativo a los Estudios de Impacto Urbano y Uso de Suelo, indispensables para iniciar la ejecución de sus obras; para posteriormente solicitar la manifestación de construcción ante la alcaldía correspondiente, autoridad encargada de  verificar que las construcciones se apeguen a lo autorizado.

Enfatizó que actualmente suman casi 200 proyectos arquitectónicos en revisión, en cuyo proceso colaboran también la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras y Servicios, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Secretaría de Medio Ambiente y cada una de las instancias realiza observaciones a fin de hacer los cambios que atiendan las disposiciones aplicables.

“La Seduvi de ninguna forma ha detenido ni ocasionado afectaciones al desarrollo de la Ciudad de México, únicamente tiene el firme propósito de aplicar el orden y la legalidad que permita la inclusión y el respeto de los derechos de las personas”, remató la dependencia.