Ana Paula Ordorica
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AMLO se lanza ahora contra la ONU-DH; la acusa que estar en su contra

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este lunes al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, de estar en su “contra” por denunciar la violencia desatada en medio de las elecciones federal, que acumula decenas de asesinatos relacionados.

“El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento. Ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador respondió a las declaraciones de Türk, quien este lunes pidió desde Ginebra que “este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse de la violencia”, en referencia a las elecciones del próximo 2 de junio en nuestro país.

Aunque las campañas oficiales comenzaron el viernes pasado, la consultora Data Int documentó el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, en el que en total han matado a 76 personas “potencialmente vinculadas al proceso”.

Con ello, van un 20% más de asesinatos que en los comicios de 2021.

Tan solo este fin de semana, asesinaron a Alfredo González Díaz, aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, municipio de Guerrero.

“Muy lamentable en Atoyac este asesinato de un aspirante del PT”, comentó al respecto este lunes el mandatario.

Ante los señalamientos del alto comisionado de la ONU, López Obrador aseveró que su Gobierno está “apoyando a todos” los políticos, sin importar su afiliación partidista. “A todos los que solicitan, la protección se les da”, sostuvo.

Pero denunció que “hay ese ambiente” en el que sus “adversarios” promueven la narrativa “de la violencia, el agravio a periodistas y a candidatos, o sea, buscando enrarecer” el ambiente y hablar de “las elecciones de Estado”.

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Señal de intolerancia gubernamental, dice la ONU-DH sobre espionaje del Ejército

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó este martes su “profunda preocupación” por los actos de vigilancia ilícita del Ejército a periodistas y activistas durante la actual administración.

“Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.

La oficina de la ONU se refirió a la información que se desprendió del hackeo que el Colectivo Guacamaya hizo a miles de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la investigación periodística “Ejército Espía”, que la semana pasada señaló que el Ejército habría espiado, ya con López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Aunque el presidente ha afirmado que su gobierno “no espía a nadie”, el organismo internacional advirtió que “es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares”.

Advirtió que los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una señal de intolerancia gubernamental a la crítica.

Y es que este espionaje a periodistas surge mientras la prensa en México vive una violencia inédita, con 18 comunicadores asesinados en lo que va del año, según el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

También se difunde en medio de las crecientes políticas de militarización de México, como trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, pese a que López Obrador prometió mantener civil al crearlo en 2019, así como a las nuevas empresas estatales para que las Fuerzas Armadas administren aeropuertos y el Tren Maya.

Recordemos que una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron poco más de 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que cerca de 15,000 fueron en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esta información, también periodística, fue condenada por el gobierno federal y autoridades y políticos afines a la 4T, cosa que no sucedió esta ocasión pese a que el presidente y la Sedena reconocieron y confirmaron el hackeo del colectivo Guacamaya.

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ONU-DH pide que no se descarte la labor periodística de Arjón López como causa de su asesinato

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este viernes el crimen del periodista Juan Arjón López, asesinado en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora.

“La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena y llama a esclarecer el asesinato del periodista Juan Arjón López en Sonora”, dijo el organismo en un comunicado.

El martes, el cuerpo de Arjón López, titular del programa “A qué le temes”, fue encontrado sin vida, a una semana de que fuera visto por última vez. Fue localizado a unos kilómetros de la frontera con Arizona, Estados Unidos.

ONU-DH recordó que el reportero divulgaba, entre otros temas, denuncias ciudadanas de la zona de San Luis Río Colorado, así como reportes de hechos policiacos y, adicionalmente, trabajaba en un restaurante de su localidad.

Señaló que de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Sonora, la causa de muerte de Arjón López indicaría que podría tratarse de un homicidio por traumatismo craneoencefálico, además de presentar otras marcas de golpes violentos en su cuerpo.

El crimen del reportero independiente se convirtió en el decimocuarto asesinato que ocurre en el país contra periodistas en lo que va de 2022, aunque el gobierno federal reconoce 12, de los que ayer informó hay 29 detenidos o buscados, de los cuales 21 ya han sido vinculados a proceso.

“El número de asesinatos de periodistas que se registra en México es motivo de preocupación”, comentó Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH.

Peña Palacios refirió que una de las medidas más eficientes contra la reiteración de los homicidios y agresiones “es la lucha contra la impunidad, es decir, llevar a los autores tanto materiales como intelectuales ante la justicia”, añadió.

La ONU-DH, que expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares del reportero, instó a que no se descarte la labor periodística de Arjón López como una de las líneas de la investigación, “recordando que los antecedentes personales de la víctima no anulan los riesgos específicos que enfrentan las y los periodistas”.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde 2000, al menos 154 comunicadores han sido asesinados en México en posible relación con su labor periodística. Desde que el presidente López Obrador llegó al poder se han contabilizado alrededor de 2,000 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 39 asesinatos.

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ONU-DH lamenta que gobierno de EPN se empeñe en defender “la verdad histórica”

Con motivo del cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) subrayó que el caso no es sólo una herida abierta, sino un símbolo de las desapariciones en México.

La ONU-DH lamentó que en el último año el actuar de las autoridades se haya caracterizado por la defensa de la versión oficial del caso, calificada a principios del 2015 por la Procuraduría General de la República como la “verdad histórica”.

El organismo reiteró que dicha versión es insostenible. “Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture”.

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México dijo que es preocupante la respuesta del Gobierno y su afán de reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial. “Resulta inusitado que el Gobierno haya promovido más de 200 impugnaciones en contra de la histórica y garantista sentencia del Tribunal Colegiado, hoy confirmada por el mismo órgano jurisdiccional federal, cuyos alcances deben observarse plenamente”.

Por el contrario, saludó las señales del Gobierno entrante que apuntan a construir con las familias y las organizaciones que les acompañan una ruta de trabajo que permita rediseñar una estrategia tendiente a materializar la justicia y la verdad, pues dijo que para las familias han sido cuatro años de portar una dolorosa carga con entereza.

 

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Gobierno Federal responde a la ONU-DH sobre informe de caso Ayotzinapa

Luego del informe que publicó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el que se señalaron supuestas violaciones de derechos humanos durante la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de México reiteró su determinación por esclarecer plenamente el caso.

 

El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló como preocupante que el Informe de la ONU-DH arrojara conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial.

 

Afirma que tal como se expresa en el informe, lo detallado son cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes, por lo que dijo, el Informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso.

 

El Gobierno mexicano reiteró que tal como se hizo del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas.

 

“De los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente. No obstante, se continúan realizando las diligencias correspondientes. Ello, aunado al hecho que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales”, indicó el Gobierno a través de un comunicado. 

 

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ONU-DH señala casos de tortura en investigación de Ayotzinapa

Esta mañana la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó su informe “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, en el que se señaló que hay sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en la etapa inicial de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014, se les habría detenido arbitrariamente y torturado.

 

 

En el documento se analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes; y tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas revelan numerosas lesiones, además de que al analizar las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, se tienen fuertes elementos para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas.

 

En el informe se señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley.

 

Se describe que en muchos casos se ofrecieron “justificaciones no plausibles y contradictorias” para explicar las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”.

 

En el informe se destaca además la existencia de una serie de declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los partes médicos.

 

La ONU-DH llamó a que cualquier prueba del caso Ayotzinapa, sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo la tortura, se excluya o se declare nula y sin efecto, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y con las normas del derecho internacional.

 

De igual forma pidió a la PGR realizar investigaciones en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de derechos humanos.

 

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