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El senador de Morena, Ricardo Monreal, propuso una reforma para sancionar, de manera severa, conductas ilegales que se realizan en el contexto de la pandemia de COVID-19, como el ofrecimiento de vacunas no autorizadas, venta de falsos negativos para poder viajar o falsificación de medicamentos, entre otros.

El coordinador parlamentario planteó que en la Ley General de Salud se establezca una pena de hasta más de 22 años de prisión, a quien adultere o falsifique medicamentos destinados a la prevención o tratamiento de enfermedades trasmisibles con motivo de un brote o epidemia, y que no cumplan con los requisitos establecidos.

Precisa que esta sanción se impondrá a las personas que ofrezcan la aplicación de vacunas que no han sido debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente y que, por ende, no cuentan con el registro correspondiente para ser comercializadas y, mucho menos, suministradas a la población.

Sugirió incluir en el Código Penal Federal castigar, hasta con cinco años de prisión, a las personas que, a sabiendas de ser portadora de enfermedad declarada epidemia por la autoridad sanitaria, haga uso de certificados médicos falsos y pongan en riesgo a otros en transportes y otro medio de servicio público federal o local.

Monreal Ávila propuso que las penas aumenten, hasta en una mitad, para aquellos que se aprovechen de las condiciones ocasionadas por una emergencia sanitaria para cometer el delito de fraude.

De la misma manera, planteó que en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se agregue la obligación de los proveedores de informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades y calidad de los productos de alto consumo en una pandemia.

El líder de la bancada de Morena sugiere otorgar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de verificar que los proveedores implementen los protocolos de seguridad sanitaria ordenados por la autoridad de salud.

Y es que el morenista ha indicado que durante la pandemia este tipo de conductas han aumentado y afectan directamente la economía, salud e, incluso, la vida de la población mexicana. Subrayó que estos fraudes han dejado serias afectaciones, especialmente en grupos sociales en condición de vulnerabilidad.

“En otras palabras, el contexto derivado de la pandemia actual se ha convertido en un nicho de oportunidades para lucrar con insumos de alta necesidad y demanda, mediante transacciones con sobreprecio o fraudulentas”.

El Congreso del Estado de México aprobó este jueves por unanimidad, reformas al Código Penal local para tipificar como delito, con penas de hasta 14 años de prisión, la difusión de imágenes, audios, textos o contenido visual de naturaleza erótica o sexual, a través de medios digitales, sin la autorización del sujeto.

Las modificaciones al Código Penal establecen penas de uno a cinco años de prisión y multas de 200 a 500 unidades de medida a quien, con la anuencia del sujeto, haya obtenido imágenes, audios, textos, grabaciones, de naturaleza erótica, sexual y las revele, publique o difunda sin consentimiento.

Las penas y sanciones se aumentarán hasta una mitad cuando el sujeto activo haya sido cónyuge, concubina o concubinario, o haya tenido alguna relación sentimental afectiva, de confianza, o laboral con la víctima, o haya cometido la conducta con fines lucrativos o haciendo uso de su calidad de servidor público.

La reforma indica además que quien coaccione, hostigue o exija a otra persona la elaboración remisión de imágenes o grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótico, sexual, bajo amenaza de revelar, publicar, difundir o exhibir, podría recibir de tres a siete años de prisión y una multa de 200 a 400 unidades de medidas de actualización.

Las penalidades aumentarán al doble cuando el delito se cometa en contra una persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aún y cuando mediare su consentimiento, y será perseguido de oficio.

En el marco de los dos meses que se cumplieron desde la entrada en marcha de la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que en dos meses presentará los resultados de las verificaciones que se hicieron contra gasolineras que vendieron litros incompletos durante el desabasto de gasolinas.

Indicó que durante la contingencia se recibieron seis mil quejas en las 12 entidades afectadas.

“Malamente tuvieron el valor u osadía de no dar litros completos. Los tenemos en la mira (y) los estamos verificando”, comentó Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, durante la reunión de trabajo del Consejo Consultivo del Consumo de la Ciudad de México.

Detalló que el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco fueron las entidades con el mayor número de quejas recibidas, con 209, 195 y 188, respectivamente, y les siguieron Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León y Querétaro, con 92, 41, 36, 33 y 30, en ese orden.

“Considero que en un lapso de dos meses se habrá concluido y entonces atenderemos que vayan al día. Atendimos las de otras partes del país, pero no las donde había una crisis o problema de desabasto y, por tanto, se nos acumularon en estos dos meses”, manifestó el funcionario.

Reconoció que las gasolineras identificadas con esas prácticas no fueron clausuradas por la contingencia en los 12 estados del país, pero “no echaremos en saco roto esas quejas, porque las estamos investigando”. En total, el proceso de verificación le tomaría a la Procuraduría cuatro meses.

Sheffield Padilla advirtió que los establecimientos que hayan incurrido en dicha falta podrían recibir una multa de entre 40 mil y 800 mil pesos por bomba que haya presentado irregularidad. Remató indicando que en algunos casos se podría establecer un arresto de 36 horas o la imposición de una multa de hasta 10% de las ventas registradas anualmente.

Jeff Sessions, secretario de Justicia de Estados Unidos, ha indicado que todos los fiscales federales del país deberán “acusar” a los sospechosos detenidos, con el delito más serio que puedan probarles, con el fin de impedir que salgan al ser considerados delitos no graves.

En el oficio que emitido el Departamento de Justicia, Sessions trazó sus nuevas instrucciones para tomar decisiones en casos federales, ordenando que su nuevo principio es “que los fiscales deben acusar y perseguir el delito más grave y fácilmente demostrable”.

“Los delitos más serios son aquellos que llevan las directrices más sustanciales, incluyendo sentencias mínimas obligatorias”, subrayó Sessions.

Sessions también retiró una parte de la iniciativa conocida como ‘Smart on Crime’, que buscaba perseguir los crímenes serios más graves y reducir el número de criminales acusados con delitos no violentos relacionados con drogas que de lo contrario daría pie a  sentencias mínimas obligatorias e irían en contra de sus nuevas directrices.

 

Con información de CNN / Foto: Archivo APO