Tras cerca de 12 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Hidrocarburos, que según el planteamiento del gobierno federal, busca fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y combatir el robo de combustibles.

El dictamen aprobado deriva de una iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió a la Cámara de Diputados el pasado 26 de marzo.

Con lo aprobado, se actualiza y regula el almacenamiento mínimo de petrolíferos. “También, robustece el marco jurídico en materia de contrabando de combustibles, y suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”, indicó el comunicado.

Además, se incluye como causal de revocación de permisos emitidos por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, el contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y que haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente.

Incorpora la posibilidad de que las autoridades puedan llevar a cabo la suspensión de los permisos que emitieron, “a fin de garantizar los intereses de la nación y dejar a salvo los derechos de terceros”.

Morena y partidos aliados defienden que la iniciativa tiene como eje central devolver a Pemex un mayor control de precios y llevar a cabo cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.

El diputado de Morena, Diego Eduardo Del Bosque Villarreal, afirmó que la reforma ayudará a recuperar la soberanía energética. “La política energética neoliberal ha sido un auténtico pillaje y nos ha llevado al fracaso; somos un país petrolero y a pesar de eso tenemos cifras alarmantes de importación de gasolina”.

Sin embargo, la oposición consideró que el dictamen sepulta todo intento y esfuerzo de tener un sector energético competitivo, sostenible, sustentable y la atracción de inversiones, y pone en riesgo a los pequeños y medianos empresarios que no cuentan con la capacidad de almacenamiento.

El diputado del PAN, Marco Antonio Adame Castillo, mencionó que la iniciativa genera incertidumbre jurídica, monopolios estatales, aumento de precios y ahuyentará las inversiones en el sector energético.

Por el PRI, la diputada Soraya Pérez Munguía indicó que el dictamen es inconstitucional; busca expropiar los recursos e instalaciones de empresas privadas que participan en el mercado de hidrocarburos de manera desproporcionada; podría resultar en el incremento de los precios de los bienes y servicios ofrecidos, con impacto en el poder de compra de los consumidores, aumento de costos y pérdidas de competitividad de las empresas.

De la misma manera que la Ley de la Industria Eléctrica, suspendida judicialmente, esta normativa ha recibido críticas de la oposición, del sector empresarial y de analistas que consideran que es inconstitucional y abre la puerta a la expropiación.

“Esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes como el de seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional”, denunció en días pasado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió este miércoles que dicha ley podía afectar la competencia al no dar suficiente “certidumbre” a las empresas públicas y privadas.

El dictamen fue remitido al Senado para su discusión y eventual aprobación.