El Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), Alonso Israel Lira Salas, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la que informó sobre el desmantelamiento de una red que lucraba con alimentos que eran enviados a Venezuela.
Explicó que el Gobierno de Venezuela emitió en 2016 un “Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica”, por el que se crearon los “Comités Locales de Abastecimiento y Producción” (CLAPS), programa que tenía como finalidad distribuir, entre la población afiliada a éstos, despensas de alimentos a precios subsidiados.
Fue en ese programa que se detectó que un grupo de empresas y personas física, mexicanas y extranjeras, que han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, adquiriendo alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la crisis alimentaria que aqueja a Venezuela.
Explicó que el modo de actuar de dichas empresas y personas físicas se dio mediante tres mecanismos de operación: la adquisición de productos de baja calidad; exportarlos a Venezuela con sobre precio, y; revenderlos a la población venezolana en un valor 112% mayor al costo real.
A lo largo de la investigación se detectó a diversos operadores, como el señor Alex “N”, aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, así como Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, quienes, con el propósito de obtener los productos alimenticios que deben suministrar al gobierno venezolano, acudieron a diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas.
Al detectar la operación de los referidos, el agente del Ministerio Público de la Federación celebró un acuerdo reparatorio en los siguientes términos:
1.- Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “ACNUR”, de la cantidad de $3’000,000.00 de dólares, lo que equivale aproximadamente a 56 millones pesos; los cuales serán destinados para atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe.
2. Los imputados se comprometen a no efectuar ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país, con motivo del programa CLAPS de Venezuela.
El funcionario de la PGR informó que como parte de la investigación se localizaron 1300 contenedores marítimos en tierras mexicanas, que contenían aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias, cuyo destino era Venezuela.
Sin embargo precisó que al analizar que los productos alimenticios son perecederos y que tienen como destinatarios finales la población de Venezuela, se tomó la decisión de no impedir que las despensas fueran transportadas y entregadas a sus beneficiarios.
